Adelanto de elecciones y afirmación de los pasos autoritarios en Ecuador
Edgar Isch L.
El viernes 27 de marzo el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció sorpresivamente un cambio en el calendario electoral, adelantando las próximas elecciones locales para el 29 de noviembre de este año, cuando debían realizarse el 14 de febrero de 2027. Corresponde elegir alcaldes, prefectos provinciales, concejales de los municipios, consejeros provinciales, las juntas parroquiales y los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), lo que demuestra la importancia del proceso
La decisión ha sido justificada en unas posibles afectaciones por el Fenómeno del Niño, que organismos científicos no prevén con tantos meses de antelación y que es una situación cíclica que no por primera vez coincidiría con periodos electorales. Más aún, se dice que el informe es “reservado” pero en sus previsiones señalarían que se afectarían solo al 5% de los recintos electorales, sin impedir el desarrollo general del proceso.
Además, la decisión se tomó por cuatro votos contra el de la consejera Elena Nájera, quien cuestionó el informe que sirvió de base y señaló que una decisión de este tipo no se siguió ni siquiera en los momentos de la pandemia del Covid. Coincidencia o no, a las pocas horas del mismo día renunció el director del Instituto Nacional de Meteorología, aunque no ha hecho referencia al calendario electoral.
La decisión adolece de graves errores:
- Se muestra inconstitucional por cuanto según los artículos 148 y 130 de la Constitución hablan de posibilidades de adelanto por graves crisis políticas, incluyendo la “muerte cruzada” y destitución del presidente.
- En concordancia, el artículo 87 del Código de la Democracia, establece que el adelanto de comicios solo procede bajo figuras excepcionales de crisis política.
- La Norma 408-24 de la Contraloría General del Estado, determina que los informes meteorológicos no son respaldo suficiente para modificar plazos legales.
Estas referencias por si mismas demuestran que se está quebrando la seguridad jurídica electoral. Aun si la situación fuera realmente grave a nivel nacional, surge una pregunta indispensable: ¿Por qué adelantan y no prefieren aplazar las elecciones?
En realidad, este es un interés del gobierno. Gobierno que, en todo caso, debería cumplir con la obligación de defender a la población y proteger a las personas y la naturaleza de los efectos de cualquier amenaza previsible, pero no demuestra tomar acciones ante situaciones como las fuertes lluvias, inundaciones incluidas, vividas en estos meses.
En este y otros casos, la mayoría del Consejo Electoral demuestra que el organismo está controlado por los intereses del gobierno de Daniel Noboa, dejando de lado la independencia a la que está obligado el organismo y sus consejeros. Las organizaciones políticas contrarias al gobierno desde posiciones de izquierda e incluso de la derecha oligárquica tradicional, ven muy reducidos los plazos para organizarse y nombrar candidatos, un proceso más controlado desde el poder central, sin dejar de lado que pudieron haber conocido con tiempo que esto iba a pasar.
Aún peor, la campaña electoral abierta y en medios de comunicación se reduce a 15 días, prácticamente la mitad del plazo normal, lo que dificulta que el pueblo conozca propuestas y candidaturas de quienes no tiene los millones de dòlares que poseen el presidente y sus aliados para manejar la publicidad.
Gobierno apurado
El gobierno tiene aquí otro interés visible. Tomando en cuenta que su imagen va cayendo o, lo que es lo mismo, crece el rechazo popular al grado de colocarlo como uno de los gobernantes del continente con peores índices de aceptación, elude así que este proceso continúe y se agrave por la falta de solución de problemas sociales, como lo ofreció.
No hay una real reducción del crimen organizado ni de los altos índices de muertes violentas, mientras el FBI estadounidense ya tiene oficina en el país y es manifiesta la intervención militar estadounidense. Por el contrario, pocos días atrás el New York Times reveló que esa conjunción de fuerzas preparó el bombardeo de una granja lechera de una familia campesina, lo que fue propagandizado como ataque al narcotráfico.
Es posible que piensen que el adelanto le evitará también su reducción electoral porque posiblemente volverán los cortes de luz generalizados en el país, hoy más difíciles de enfrentar porque Noboa dañó las relaciones comerciales con Colombia y no se le podrá comprar energía eléctrica para suplir el déficit ecuatoriano. Hay además indicadores de la reducción de la capacidad de gasto de las familias, lo cual golpea distintos estratos sociales, no solo a los más pobres.
Pero hay otras acciones legales que con este cambio queda bajo la perspectiva de cualquier análisis electoral. Por un lado, la progresista Revolución Ciudadana -por decisión de un juez del Tribunal Nacional Electoral- está suspendida por nueve meses, lo que le impide participar como tal y solo puede hacer alianzas a partir de que sus candidatos inmediatamente se desafilien a esa organización.
Y, por otro lado, los partidos nacionales Construye y Unidad Popular están sometidos a un proceso de eliminación de su registro legal. En el caso del partido de izquierda Unidad Popular, uno de los más importantes opositores a las políticas de la extrema derecha hoy en el gobierno, se pretende que no cuentan los nombres de los afiliados al Movimiento Popular Democrático, organización con la que se fusionó, y que, además, inexplicablemente habría pasado de tener 206.771 afiliados a 31.015,sin que se presenten las evidencias de miles de desafiliaciones, por inexistentes. En solo diez días estos partidos deben presentar su descargo, sin que sea una condición válida.
Estas acciones del Consejo Nacional Electoral y jueces electorales van en dirección de contar sòlo con candidatos del gobierno o de organizaciones que, por su debilidad organizativa, no puedan estar en condiciones de competir electoralmente. El sueño de un partido único está presente en todo ello.
No se puede olvidar que en este momento el mismo Consejo y el Tribunal Electoral podrían asfixiar económicamente a organizaciones sociales como la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Yasunidos (de defensa del Yasunì) y la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), mediante multas y procedimientos cuestionables.
Todas ellas, organizaciones democráticas de organización de importantes sectores populares, que por ello han confrontado con el gobierno de Noboa.
Como se ve, la democracia en Ecuador enfrenta cada vez peligros más fuertes. Se ratifica que la extrema derecha utiliza los mecanismos democráticos para tomar el poder, pero que luego la democracia se presenta como un estorbo para sus afanes autoritarios y de dominio integral sobre las mayorías de la sociedad. Noboa sigue ese camino, al igual que otros gobernantes del continente.
* Académico y ex ministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)