A los 86 años, murió el genocida Alberto Fujimori
Mariana Álvarez Orellana
El presidente y luego dictador peruano Alberto Fujimori, quien cargaba con cinco condenas y varios procesos judiciales por genocidio, terrorismo de Estado y fraude, falleció en Lima a la edad de 86 años. Gobernó el país entre 1990 y 2000, aunque en realidad, su jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos fue el verdadero poder detrás del trono, con el apoyo de los militares,
La puesta en práctica del neoliberalismo durante la gestión de gobierno de Alberto Fujimori (1990-2001) en el Perú, implicó el desmantelamiento del ordenamiento constitucional, conduciendo a la instauración de una dictadura sostenida con el apoyo de las Fuerzas Armadas. El régimen fujimorista se prolongo por medio de dos reelecciones, la primera en 1995, la segunda en abril del 2000, en las cuales predominaron la corrupción, el fraude y el terrorismo de Estado.
Durante este régimen los peruanos fueron desposeídos de sus empresas, despojados de sus derechos sociales y garantías civiles, y víctimas de un genocidio que según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación causo la muerte de setenta mil personas.
En abril de 2009 Fujimori se convirtió en el primer presidente en la historia de Perú en ser sentenciado por un tribunal de Justicia. La condena fue calificada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos como “un precedente histórico en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos”.
Fujimori fue identificado como responsable de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer y como autor intelectual de 25 asesinatos y lesiones graves a decenas de personas en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta durante su gestión (1990–2000), atribuidas a un escuadrón militar clandestino que él manejaba y se conocía como Grupo Colina.
Una de las masacres ocurrió en la zona popular de Barrios Altos el 3 de noviembre de 1991, donde fueron asesinadas 15 personas, incluido un niño de 8 años. Ese día, hombres encapuchados irrumpieron en una fiesta pensando que se trataba de una reunión de insurgentes. Debido a un error de comunicación terminaron matando a civiles inocentes. La masacre de Barrios Altos fue el primer homicidio múltiple en Lima contra civiles perpetrado por un escuadrón militar.
Alberto Fujimori también fue responsabilizado de la masacre de La Cantuta, una universidad que forma maestros de escuela, en la que murieron nueve estudiantes y un profesor. El hecho ocurrió el 18 de julio de 1992, cuando el Grupo Colina, irrumpió en las instalaciones de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), secuestrando y desapareciendo a nueve estudiantes y a un profesor.
Los estudiantes y el docente fueron extraídos de la universidad y llevados a un descampado en la zona de Cieneguilla, en el este de la capital peruana, donde fueron acribillados y enterrados.La Justicia peruana confirmó en enero de 2020 que Fujimori debía ser juzgado por el “caso Pativilca”, en el que se atribuye al grupo Colina el asesinato de seis dirigentes comunales de esa localidad del norte de la región Lima.
Tambien se responsabilizò a Fujimori de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, y de las esterilizaciones forzadas realizadas en comunidades indígenas y campesinas. Esos delitos fueron cometidos en el marco del denominado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Durante la vigencia del programa más de 217.000 mujeres, la mayoría indígenas, fueron esterilizadas entre 1996 y 2000, atentando contra sus derechos humanos.
Su liberación
La libertad de Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad ha sido una bandera de la derecha peruana. El Tribunal Constitucional de Perú ordenó en diciembre último su liberación desconociendo sentencias internacionales y protestas de quienes se oponen a la decisión.
El Tribunal Constitucional de Perú había ordenado liberar a Fujimori, pero el Estado del Perú recibió un pronunciamiento de la La Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) donde le requería que: “para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad de Alberto Fujimori Fujimori, hasta tanto este Tribunal internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales en el 147 Período Ordinario de Sesiones“.
La decisión de liberarlo desacata la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y desconoce tratados internacionales firmados por el país. El abogado Carlos Rivera señaló que la decisión “viola la resolución de la Corte IDH e insulta la memoria de las víctimas de la dictadura fujimorista”.
La alianza entre la presidenta Dina Boluarte y la derecha parlamentaria aprobó una ley que puede dejar en libertad a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002. Se trata de 600 casos relacionados a graves violaciones a los derechos humanos
El gobierno de Boluarte es responsable de la muerte de al menos 49 personas en la represión a las protestas sociales de 2022 y 2023, cuando se concretó el golpe contra el presidente Pedro Castillo. Por ello, fue denunciada ante la Corte Penal Internacional.
El Poder Judicial peruano también está siendo fuertemente cuestionado. Entre otros casos, por el indulto al genocida y ex presidente Alberto Fujimori y la anulación de solicitud de prisión para su hija Keijo Fujimori en un juicio por lavado de activos en el que está implicada. El expresidente buscaría ser candidato en las elecciones del 2026.
Por su parte, el expresidente Castillo sigue detenido y el Poder Judicial dispuso en junio ampliar por 14 meses la prisión preventiva por el presunto delito de rebelión (siendo presidente electo del Perú).
Fujimori fue visto por última vez públicamente el pasado 5 de septiembre, cuando salió de la Clínica Delgado en Miraflores donde se le realizó un examen por el cáncer a la lengua, acompañado por su hijo menor Kenji. La prensa le preguntó respecto de su postulación a la Presidencia en las elecciones generales de 2026: “Vamos a ver, vamos a ver”respondió.
*Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)