Ley de Amnistía marca un nuevo momento político en Venezuela
Pablo Rodríguez
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática el jueves, en segunda discusión. El texto fue luego remitido de inmediato a la Presidencia para su promulgación y entrada en vigencia mediante su publicación en Gaceta Oficial.
La ley fue tramitada en tres etapas: aprobación en primera discusión el 4 de febrero, más dos sesiones de discusión artículo por artículo. El proyecto se sometió a una consulta nacional e incorporó ajustes en al menos 16 artículos antes de su votación final.
Durante la sesión del 19 de febrero todos los bloques parlamentarios respaldaron el texto, lo que fue presentado como un acuerdo político excepcional. La norma establece una amnistía general y plena para delitos políticos y ciertas faltas cometidas en trece episodios de conflictividad entre 1999 y 2026, con exclusiones expresas como parte del consenso alcanzado.
Tras la sanción parlamentaria, el documento fue enviado al Palacio de Miraflores para su firma por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, paso previo a su promulgación formal. En el acto de firma, Rodríguez afirmó que “hay que saber pedir perdón, hay que saber recibir perdón”, al presentar la norma como herramienta de pacificación y reencuentro.
“Ha sido un acto de grandeza, de desprendimiento, nos estamos desprendiendo un poco de intolerancia y estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela”, dijo la presidenta encargada. “Esta ley es una esperanza para Venezuela, un paso decisivo para que el país se despoje del odio y la intolerancia, y se reencuentre sobre la base del respeto a los derechos humanos”, remarcó.
Delcy Rodríguez, flanqueada por el presidente de Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez y el ministro de Interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuea (PSUV), Diosdado Cabello, recordó el 3 de enero de este año, la madrugada del ataque militar de Estados Unidos y el secuestro del presidente Nicolás Maduro: “venimos de momentos dramáticos para nuestra República”, indicó.
“Venimos de un 3 de enero de 2026, que quedará registrado en la historia de nuestra Patria como una agresión inédita por parte de una potencia nuclear a través de una agresión militar. Eso nos tocó la conciencia y el alma a las venezolanas y los venezolanos”, indicó.
La ley fija un plazo de 15 días para que los tribunales revisen los casos y apliquen la amnistía, bajo seguimiento de una comisión especial de la Asamblea Nacional. Esa comisión ya realizó una primera reunión el mismo viernes. Tras el encuentro el presidente del grupo, Jorge Arreaza, insistió en que los tribunales deben actuar rápido.
Claves jurídicas
La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática es una norma penal de carácter excepcional que extingue la acción y la pena por determinados hechos, sin declarar inocencia ni revisar el fondo de las causas. Se apoya en la competencia de la Asamblea Nacional para decretar amnistías y en los límites constitucionales fijados por el artículo 29 de la Constitución, que prohíbe amnistiar crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad.
En su núcleo, la ley concede una amnistía general y plena a personas investigadas, procesadas o condenadas por delitos políticos y conexos cometidos entre el 1 de enero de 1999 y la fecha de entrada en vigencia. El efecto jurídico principal es la extinción de la responsabilidad penal, la cesación de medidas de coerción personal y el archivo de procesos, incluidas solicitudes de extradición vinculadas a los hechos amnistiados.
El texto incorpora un catálogo de exclusiones que actúa como límite material a la amnistía y busca compatibilizarla con las obligaciones internacionales en derechos humanos. Quedan fuera quienes estén incursos en violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional y lesiones gravísimas, delitos de corrupción y tráfico de drogas, así como ciertos actos vinculados a operaciones armadas recientes como la denominada Operación Gedeón.
Desde la óptica procesal, la ley ordena a los tribunales revisar de oficio los expedientes y declarar la extinción de la acción penal y de la pena en un plazo breve, lo que transforma la amnistía en una causa legal obligatoria de sobreseimiento o de excarcelación. También extingue efectos accesorios como inhabilitaciones y restricciones a derechos civiles y políticos, salvo en los supuestos expresamente excluidos.
En el plano constitucional, expertos han subrayado que la norma intenta responder a críticas formuladas a la amnistía de 2016, impulsada por la Asamblea Nacional controlada por la oposición y declarada inconstitucional por el TSJ por abarcar delitos comunes y afectar derechos de las víctimas.
Hechos abarcados
La ley fija un marco temporal general que va del 1 de enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026, pero no amnistía todo lo ocurrido en ese lapso, sino que lo acota a una lista de “episodios de conflictividad” expresamente nombrados. El texto aprobado menciona trece momentos o etapas de crisis política y social, cada uno definido como contexto dentro del cual pueden ser amnistiados delitos políticos y conexos.
Entre los hechos concretos señalados destacan: el golpe de Estado fallido contra Hugo Chávez de abril de 2002 y el paro o huelga petrolera de 2002-2003. También se incluyen las protestas de 2004 ligadas al referendo revocatorio, así como las movilizaciones estudiantiles y políticas de 2007, asociadas al cierre del canal de televisión RCTV.
La ley incorpora además los ciclos de protestas contra el presidente Maduro en febrero de 2014 y meses de 2017 y 2019, considerados por el texto como etapas de “convulsión social” en las se registraron decenas de muertos. Se suma el período posterior a las elecciones presidenciales de julio de 2024, marcado por la operación de sectores ligados a María Corina Machado de desconocer los resultados oficiales y “calentar” la calle.
Otro bloque de hechos incluidos se vincula a la actuación de la Asamblea Nacional opositora entre 2016 y 2021 y a procesos penales abiertos contra diputados, asesores, periodistas y defensores de derechos humanos en ese contexto. El texto también alude de forma específica a los hechos relacionados con las elecciones primarias de la oposición en 2023, señalando que las imputaciones por delitos políticos y conexos en ese marco pueden ser amnistiadas.