Tensión entre vecinos: Colombia suspende exportación de electricidad a Ecuador

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Colombia y Ecuador atraviesan una fuerte tensión diplomática y comercial tras la decisión de Bogotá de suspender, hasta nuevo aviso, las exportaciones de electricidad hacia su vecino del sur. La medida golpea un insumo estratégico para Quito, que en época de estiaje llega a cubrir con energía colombiana alrededor del 8% de su demanda nacional.

Desde Bogotá, el gobierno de Gustavo Petro presenta la suspensión como una decisión “responsable, preventiva y soberana”, orientada a proteger la seguridad energética interna ante la variabilidad climática y el riesgo de un nuevo fenómeno de El Niño. El Ministerio de Minas y Energía insiste en que primero debe garantizarse el suministro de hogares e industria colombianos y deja la puerta abierta a reactivar las transacciones solo si reaparecen excedentes claros en el sistema eléctrico.

Al mismo tiempo, la Casa de Nariño vincula la decisión al choque comercial desatado por la “tasa de seguridad” del 30% impuesta por Daniel Noboa a una serie de productos colombianos. El propio ministro Edwin Palma subrayó que la suspensión de las ventas de energía y los aranceles recíprocos buscan defender “el interés nacional, la soberanía energética y la dignidad” de Colombia frente a lo que Bogotá considera una agresión económica.

“Esta es una decisión responsable, preventiva y soberana”, afirmó el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, al justificar la suspensión.

Quito respondió con un mensaje de calma técnica, al afirmar que el sistema eléctrico ecuatoriano tiene capacidad para cubrir de forma autónoma la demanda diaria, aunque reconoce el impacto en los meses secos. Analistas locales advierten que Ecuador deberá incrementar el uso de generación térmica, lo que encarecerá costos y presionará aún más a un país ya golpeado por apagones y déficit de oferta.

En el plano regional, expertos coinciden en que no hay ganadores claros: Colombia arriesga ingresos por exportaciones, mientras Ecuador pierde una fuente clave de energía barata y confiable. La disputa exhibe la fragilidad de la integración energética andina y obligará a ambos gobiernos a buscar una salida política si quieren evitar que la crisis comercial derive en daños duraderos para sus economías y su credibilidad internacional.