Argentina: Dinero y Estado

Horacio Rovelli

La Constitución argentnal define el rol económico del Estado al establecer las reglas de comportamiento de la sociedad, propiciando el crecimiento del producto y la mejora en la distribución del ingreso. En su Preámbulo afirma que el Estado debe “promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

Por ende, al Estado le cabe un rol principal de fijar objetivos para alcanzar el bienestar general (que exige tener un trabajo digno y cuya remuneración permita vivir dignamente) y que sea sustentable en el tiempo. Es el mandato de nuestra carta magna, por eso se debe tener un programa de gobierno, un plan para gobernar el futuro, que el peronismo resumió en tres objetivos: independencia económica, soberanía política y justicia social.

El economista Abba Lerner, nacido en Moldavia en 1903 (en esa época Imperio ruso, hoy Ucrania), estudió en Cambridge y difundió el keynesianismo en diversas universidades de los Estados Unidos, donde falleció en 1982. Afirmaba que el pleno empleo, la estabilidad de precios y un estándar de vida decente para todos los individuos son objetivos macroeconómicos claves. Es responsabilidad de un Estado perseguirlos y promoverlos, que es lo que exige nuestra Constitución Nacional. Dejar estos objetivos al libre mercado es como conducir un coche sin volante.

Las políticas públicas deben ser valoradas por su capacidad para lograr los objetivos macroeconómicos para los que están diseñadas. La política fiscal, el gasto del gobierno y sus impuestos, su endeudamiento, la emisión de nueva moneda, todo ello debe llevarse a cabo únicamente mediante la evaluación de los resultados de estas acciones en la economía.

Lerner aseguraba que para alcanzar el pleno empleo es necesario utilizar el gasto público para crear puestos de trabajo directamente. Por un lado, la creación de empleo directo en la obra pública, y por otra parte en servicios y actividades públicas y sociales que normalmente no son llevadas a cabo por el sector privado y son necesarias para toda la población, como son la salud, la educación, la política de bienestar, el gasto previsional, la defensa nacional, la seguridad, la preservación del ambiente, etc.

Lerner sostiene que, si en una economía hay desempleo, es porque falta dinero. La capacidad ociosa (máquinas paradas, sobrestock de mercancías, suspensión de turnos y/o de tareas, cierre de establecimientos, etc.) y la desocupación de trabajadores demuestran palpablemente que hay una demanda insuficiente.

Y a su vez, el Estado debe financiarse principalmente mediante los impuestos directos, que son los que recaen sobre las personas, empresas, sociedad, etc., gravando la tierra, los bienes inmuebles, patrimonio, sucesiones, dividendos, compra de divisas, renta financiera, etc. Paralelamente, el Estado, que extrae dinero de esos sectores, debe canalizarlo en la población y garantizar la IBIF (Inversión Interna Bruta Fija), para que sea sustentable.

No es otra cosa que lo que hicieron los gobiernos nacionales y populares en nuestro país (y en el mundo).

En cambio, la propuesta de libre mercado es el eufemismo para que sean los grandes capitales los que regulen (establezcan las reglas de juego). Así, generan excedentes que fugan de la Argentina; para ello hacen prevalecer la moneda estadounidense sobre la propia. A su vez, para frenar la depreciación del peso, suben las tasas de interés bancaria y de los títulos de deuda, lo que provoca recesión económica, cierre de pequeños y medianos establecimientos, concentración económica, extranjerización de la economía, exclusión social, pobreza e indigencia.

Es más, basta ver lo sucedido en la economía argentina en el año 2025, donde el balance cambiario del BCRA demuestra que, en 11 meses, fueron comprados 36.013 millones de dólares por residentes de nuestro país.  Así, el BCRA se endeuda de manera tal que las reservas internacionales netas son negativas (que el FMI estima deficitarias en 17.200 millones de dólares al 30 de noviembre de 2025).

A su vez, la deuda con ese organismo internacional de crédito no deja crecer y, al 31 de diciembre de 2025, era de 57.230 millones de dólares, de los cuales vencen en el corriente año 2026, 4.400 millones de dólares (dentro de esa deuda, el 1 de febrero de 2026, se deben pagar intereses por 784 millones de dólares).

La situación actual

Por supuesto, el mundo no es lo que era en el siglo pasado. Cada vez es mayor la hegemonía del capital financiero y su política de derivados y endeudamiento, donde el dinero digital reemplaza al dinero de papel.

“El control de los datos, los servidores y las redes de comunicación están concentrados en unas pocas manos corporativas. Según los datos del mercado, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud y Microsoft Azure dominan cerca del 70% de la infraestructura global de la nube pública. En Europa, esta cifra asciende a un asfixiante 92% bajo control de firmas estadounidenses. Esto no es solo una ‘preocupación’ teórica sobre soberanía digital; es una vulnerabilidad estratégica (…). Los cajeros automáticos y las aplicaciones bancarias caerían, y la moneda física, que ya es un porcentaje mínimo de la masa monetaria, sería insuficiente para cubrir la demanda básica.

El Estado perdería, en horas, la capacidad de recaudar impuestos o de pagar los salarios de sus funcionarios, médicos y policías. En los hospitales, los registros de pacientes, la asignación de quirófanos y la gestión del suministro de medicamentos dependen de bases de datos centralizadas” [1].

En ese marco, nuestro país se subordina para ser hoy dirigido por el capital financiero de Manhattan, como lo es toda la plana mayor de Economía y Finanzas, e incluso la Cancillería. También lo es el Presidente, que se jacta de ser obediente del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Con él (y con ellos), la burguesía local, en su rol de socio menor, son partícipes del saqueo y del pillaje, como lo demuestra la compra de los 36.013 millones de dólares en 11 meses, su participación en las concesiones y en Vaca Muerta, su apoyo a la política impositiva y laboral costeando a los estudios jurídicos y tributarios, poniendo sus políticos pagos y corrompiendo a los que pueden.

Subordinación que beneficia a una minoría rentista y parásita, pero condena a la población, a su industria, a la construcción, al comercio ligados al mercado interno, a ser parias en su patria.

La deuda como instrumento de dominación

La pregunta obligada es cómo llegamos a una deuda pública nacional de 494.067,4 millones de dólares en diciembre de 2025, cuando era de 240.665 millones de dólares en diciembre de 2015 (de los cuales 121.634 millones de dólares eran intra sector público) y se había cancelado, después de 50 años, la deuda con el FMI.

¿Por qué el gobierno de Alberto Fernández no investigó a dónde se fueron los 82.400 millones que incrementaron la deuda nacional en el gobierno de Macri, incluidos los 44.690 millones de dólares del FMI? Tampoco se informó si el FMI realizó la auditoría del destino de esos fondos. Sí sabemos que su directora gerente, Christine Lagarde, le exigió la renuncia al por ese entonces presidente del BCRA, Luis Caputo (hoy ministro de Economía).

La administración de Alberto Fernández no solo incrementó la deuda pública nacional en 47.609 millones de dólares, sino que dejó pasivos remunerados del BCRA (Leliq, Notaliq y pases pasivos) por 22.723.283 millones de pesos (al tipo de cambio oficial del 7 de diciembre de 2023, equivalente a unos 56.800 millones de dólares), que el gobierno de Javier Milei licuó al devaluar más de un 100% el 12 de diciembre de 2023, para luego convertirlo en deuda del Tesoro de la Nación. A esto hay que sumarle otras deudas e intereses leoninos que paga y que capitaliza y que hacen que la deuda pública a diciembre de 2025 sea de 494.067,4 millones de dólares.

1. No cobra impuestos directos como plantea Abba Lerner; por ejemplo, no renovó para el año 2025 el impuesto PAIS que gravaba la compra de divisas en un 25%. Se fugaron (compra de personas humanas, dice el balance cambiario del BCRA) en 11 meses 36.013 millones de dólares, privando al fisco de un ingreso de 9.003,25 millones de dólares.

También es ridículo lo que se recauda de impuesto a los bienes personales (gravamen a la riqueza); la recaudación anual del año 2025 fue de 1,9 billones de pesos (que representa el 1,01% del total de la recaudación tributaria nacional) y que incluso, en términos nominales (valores corrientes), fue menor en un 13,7% a lo recaudado en el año 2024.

Y pagan muy poco de impuesto inmobiliario rural (que recaudan las provincias), principalmente los grandes dueños de nuestras tierras:

1. 1. High Luck Group (China) — Más de 1.000.000 ha (principalmente arrendadas, dedicadas a agricultura y ganadería).
   2. Grupo Benetton (Italia) — 920.000 ha (Patagonia principalmente, ovejas y lana).
   3. Integra Lithium / José Luis Manzano (Argentina) — 750.000-800.000 ha (incluye litio y campos).
   4. Grupo Walbook (Gran Bretaña) — 600.000 ha.

      

   5. Familia Menéndez-Behety / Braun-Menéndez (Argentina) — 550.000-600 ha en la Patagonia.
   6. Arauco (Grupo Angelini, Chile) — 264.000 ha (forestal, principalmente en Misiones).
   7. Cresud / Eduardo Elsztain (IRSA, Argentina) — 205.000-260.000 ha propias en Argentina
   8. Grupo MSU (Santos Uribelarrea, Argentina) — 172.000 ha (agro y energía).
   9. Alto Paraná S.A. / Otros forestales — 150.000-200.000 ha.
   10. Estomonte AG (offshore; Suiza) — 300.000-400.000 ha (estimado histórico).
   11. Corporación América / Eduardo Eurnekian (Argentina) — 150.000-200.000 ha (agro y aeropuertos).
   12. Joe Lewis (Hidden Lake, Gran Bretaña) — 12.000-15.000 ha (con acceso exclusivo a Lago Escondido).
   13. Adecoagro — 100.000-210.000 ha (agro intensivo).

Hay un trabajo, “La extranjerización de tierras en nuestro país”, realizado por los investigadores del CONICET Julieta Caggiano y Matías Oberlin, donde demuestran que se superan los límites del 5% de la tierra en manos extranjeras, en que las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas —tanto en el norte como en la cordillera— y en territorios con recursos hídricos, mineros o con ventajas logísticas como puertos. En cuanto a las nacionalidades de los principales poseedores de tierras, el listado es encabezado por ciudadanos estadounidenses con más de 2,7 millones de hectáreas. Para dimensionarlo: los estadounidenses poseen una superficie mayor que la provincia de Tucumán.

También tributan muy poco cuando exportan. Luciano Orellano, autor de Argentina sangra: por las barrancas del Río Paraná, Ed. Ágora, y dirigente de “Todos por Soberanía Nacional”, dice en su página web: “Viterra, Cargill, Cofco, Aceitera General Deheza, Dreyfuss, Bunge, Molinos Agro, Toepffer, Vista Or, ACA, Unión Agrícola de Avellaneda, Swift, Molfino Hermanos, General Motors, SADESA, Acindar y Quickfood, desde la provincia de Santa Fe, exportaron en 2024, 29.697.487.000 dólares.

Estas 17 empresas que usan aire, tierra, agua, rutas, rieles y capacidad intelectual y física de la gente de la provincia y que apenas tributan algo de lo que facturan, vendieron casi el triple del presupuesto total de Santa Fe para 2026.  Su facturación diaria es de 38.764.383 dólares. En ese mismo período, por cada 24 horas, se producen 122 accidentes laborales. Ese flagrante contraste habla con claridad de la concentración, extranjerización de riquezas y resignación política ante el poder económico”.

2. Paga altas y confiscatorias tasas de interés. Meyer Amschel Rothschild, primer presidente y fundador de la Banca Rothschild, decía: “Permítanme emitir y controlar la moneda de una nación y no me preocuparé por quién haga las leyes”.

Es claro el rol del Banco Central de un país; en el nuestro, en cambio, la misión que le imponen los acreedores encabezados por el JP Morgan es la de garantizar la renta financiera a los grandes tenedores de títulos de deuda pública, y por eso, devalúan violentamente y después atrasan permanentemente el tipo de cambio. Esto lo hacen para que los intereses de la deuda en pesos superen la devaluación del dólar. Por eso tenemos en el año 2026 vencimiento en divisas (incluido el FMI) por 17.600 millones de dólares, y en pesos por 137 billones (el tipo de cambio oficial, unos 90.000 millones de dólares) [2].

La Secretaría de Finanzas licita la deuda en pesos dos veces al mes. La primera licitación de enero fue el día 14 y refinanció casi la totalidad de los vencimientos (9,37 billones de pesos), pero pagó una tasa del 49,16% anual para 44 días (con vencimiento el 27 de febrero de 2026) en una letra que capitaliza intereses.

Si el Tesoro de la Nación paga intereses en torno al 50% anual, la que los bancos les cobran a las pymes no baja del 75–80% anual, y el descubierto en cuenta corriente es a una tasa mayor, como lo es también la de financiamiento de la tarjeta de crédito. Cuando dicen que la inflación del año 2025 medida por el IPC del INDEC fue del 31,5%.  Es obvio que  estas tasas son confiscatorias del capital, cuando el dinero lo emite y debe fijar su precio el BCRA, y este BCRA lo hace para beneficio exclusivo del prestamista.

La respuesta es que el país está endeudado y debe pagar esas tasas y esos plazos medidos en días. Cuando no se investiga cómo se generó esa deuda, ni la fuga de capitales.

Entonces, ¿por qué Japón, que cerró el año 2025 con una deuda equivalente a 4,34 billones de dólares, que representa el 112% de su PIB, deuda casi nueve veces mayor que la deuda pública nacional argentina, paga tasa de interés por esta de 2,1% anual para bonos a diez años?

La respuesta está en el PIB y en la participación del comercio internacional de Japón. Es el quinto exportador mundial de mercancías, esencialmente automóviles, maquinaria eléctrica, equipos de transporte y tecnología avanzada. Sus principales mercados son China, Estados Unidos y Corea del Sur en ese orden. Su tasa de desocupación es del 2,6% de la población, y la IBIF (Inversión Interna Bruta Fija) fue del 27,8% del PIB en 2025.

La Argentina en el 2025 representó solo el 0,23% del comercio mundial, vende básicamente alimentos y productos primarios, su tasa de IBIF es menos del 14% del PIB, y la tasa de desocupación según el INDEC es del 7,6%, pero la precarización del trabajo permite esconder la realidad.

Esa debilidad intrínseca de nuestro país hace que la moneda (la emitida por el BCRA) solo tenga valor con respecto al dólar; por ende, en lugar de obtener divisas para el comercio externo, la Argentina debe obtener divisas para pagar su deuda. Japón viene devaluando el yen (160 yenes por dólar, cuando hace diez años rondaba los 120 yenes) para conseguir su superávit comercial, y paga su deuda en su moneda.

 Propuesta monetaria

La propuesta es que coexistan dos monedas. La actual emitida por el BCRA referenciada con el dólar y la “moneda inconvertible” creada por Mauricio Prelooker en su libro La economía del desastre [3], donde afirma: “La moneda inconvertible pone punto final a la desmonetización, inyectando el circulante que hace falta para aceitar la economía, ampliando el mercado de consumo y elevando la demanda interna global.

Esta inyección de fondos frescos representa un shock de liquidez, que no le costará al país ni un centavo de intereses. Será un ahorro gigantesco con respecto a los intereses que el Estado se ve obligado a pagar anualmente a los acreedores del exterior”.

Una moneda inconvertible que tiene las siguientes características:

1. Sería un billete de banco [4] que tendría curso legal de aceptación obligatoria tanto para el sector público como para el privado. En el caso del privado, puede aceptar un porcentaje del pago en la moneda no convertible (que a él le sirve para pagar impuestos y servicios).
2. No se podría comprar con ellos pesos ni divisas u otros valores convertibles (joyas, oro, etc.) ni títulos, acciones, cheques o cualquier otro instrumento bancario sujeto a interés. Sólo se podría comprar y vender en el mercado interno y pagar los impuestos.
3. A medida que el Estado fuera recibiéndolos, rescataría esos billetes, reemplazándolos por pesos, y el remanente sería rescatado al cabo, por ejemplo, de cinco años (financiación genuina del Estado).
4. El respaldo de esta moneda es el Estado (nacional, provincial y hasta municipal) y un aval constituido por el impuesto a los bienes personales en la nación, a la propiedad rural en las provincias o la tasa municipal.

La inyección de liquidez no inflacionaria que implicaría este “autopréstamo” pondrá rápidamente en marcha el aparato productivo ahora semi paralizado o inactivo. Esto permitiría encarar obras públicas de proyección. Prelooker —que conocía bien el país por haber asesorado largamente a cooperativas de producción— tenía en mente un plan integral del Bermejo-Paraná, que posibilitaría incorporar a la producción tantas hectáreas de regadío como las actualmente existentes (además de ahorrar los daños cíclicos de las inundaciones), creando importantes fuentes de trabajo.

Una vez consolidado el círculo virtuoso de trabajo y consumo, sería innecesario mantener los planes “trabajar” y otros subsidios. Los únicos que no se verían beneficiados por medidas como estas serían los bancos tenedores de la deuda y su cohorte de voceros profesionales que medran con las eternas refinanciaciones.

Notas

[1] “El Gran Apagón: los Estados solos inquilinos de la realidad”, Lic. Alejandro Marcó del Pont (El Tábano economista, 11 de enero 2026).
[2] Un porcentaje importante de la deuda en pesos está en poder de dependencias y agencias públicas nacionales.
[3]  Grupo Editor del Encuentro.
[4] También puede ser una moneda digital, como es actualmente en Tafí Viejo la moneda “Ferro”.

 

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)