Argentina: Mayor y más costoso endeudamiento, hasta el nuevo default

Horacio Rovelli

La deuda juega siempre un rol condicionante de la economía, propicia la fuga de capitales y se paga con el sacrificio del pueblo y con el patrimonio natural y construido del país deudor.

En la Argentina, el primer empréstito se firmó el 1º de julio de 1824 con el Banco Baring Brothers de Londres. Fueron 2.000 obligaciones de 500 libras cada una, a razón de 6% anual, totalizando 1.000.000 de libras esterlinas, de las cuales ingresaron al país 570.000 debido a descuentos, comisiones y el pago adelantado de intereses. Se terminó de pagar 80 años después, por un monto mucho mayor.

Bartolomé Mitre en 1864 tomó otro crédito con la banca inglesa por 2,5 millones de libras para financiar la guerra con Paraguay. El país recibió sólo 1,9 millón debido a los descuentos por el riesgo país y las comisiones. En 1867 envió nuevamente a Norberto de la Riestra a Londres para gestionar un nuevo empréstito por 2,5 millones que, restando gastos y comisiones, dejó un remanente de 1.735.703 libras. Al concluir la Presidencia de Mitre, la deuda externa se había incrementado en cinco millones de libras esterlinas.

Mitre, otro gran mentiroso (pero inteligente y culto), va a decir: “Cuando las Provincias Unidas no encontraban un solo argentino que le preste un real, el capital inglés envío a una sola de sus provincias (Buenos Aires) la cantidad de cinco millones de libras esterlinas… Brindo por el fecundo consorcio del capital inglés y del progreso argentino” [1].

También ha sido Mitre el preclaro precursor del despido en masa a los empleados públicos que no pensaban como él, destituidos “porque asistían a determinados clubes, o no asistían a los clubes oficiales que él mandaba a organizar” [2]. Después de Pavón, cuando como gobernador de Buenos Aires se convirtió de facto en Presidente de la Nación, declaró cesantes a todos los agentes de la Confederación Argentina.

Mitre utilizó todos los resortes represivos del Estado y atacó, persiguió y mató a los caudillos que se le oponían (entre ellos Chacho Peñaloza, mientras Felipe Varela muere en el destierro) e invadió Paraguay en la guerra de la Triple Infamia impulsado por Inglaterra.

Ese camino de beneficio al capital inglés y enriquecimiento de una minoría parásita y rentista (se convirtieron en grandes hacendados vendiéndole carne y trigo a la rubia Albión) continuó sin interrupciones durante los gobiernos conservadores. En 1916, cuando asumió la presidencia de la República Hipólito Yrigoyen, la deuda estatal era de 121 millones de libras. Los gobiernos de Yrigoyen y de Marcelo T. de Alvear pagaron los intereses y parte del capital, pero debieron renovar vencimientos. La deuda disminuyó en 20 millones de libras.

De 1929 a 1938 se sucedieron los gobiernos de facto de José F. Uriburu y Agustín P. Justo y la deuda siguió aumentando, hasta llegar a 110 millones de libras esterlinas, y descendió fuertemente durante la Segunda Guerra (1939-1945). En 1946 se utilizaron las acreencias sobre Inglaterra para nacionalizar servicios públicos y para 1952 se había saldado la deuda externa total.

Tras el golpe militar de 1955, la Argentina se endeudó con bancos europeos (Club de París) en 700 millones de dólares, y en 1956 se incorporó al FMI y al Banco Mundial.

La deuda se incrementó en la administración de Arturo Frondizi, que acordó el primer empréstito con el FMI y dejó un saldo adeudado de 1.800 millones de dólares. Disminuyó en el gobierno de Arturo Illia a 1.650 millones de dólares, y volvió a incrementarse con la autodenominada Revolución Argentina a 5.092 millones de dólares (tres veces más que al fin del gobierno de Illia).

En el tercer gobierno peronista (y sobre todo después de la muerte de Perón y de la renuncia el 1º de octubre de 1974 del ministro José Gelbard), la deuda ascendió a 7.875 millones de dólares en diciembre de 1975, y a 8.948 millones a marzo de 1976 (Banco Central, Memoria 1976, p. 8). La fuerte devaluación del tipo de cambio en junio de 1975 (un dólar pasó de valer 10 a 26 pesos) la tornó impagable.

La dictadura militar de 1976-1983 llevó la deuda bruta a 45.100 millones de dólares. El gobierno de Raúl Alfonsín aceptó y legitimó la deuda heredada al reemplazar los títulos firmados por Domingo Cavallo y González del Solar por los rubricados por Juan Sourrouille y Alfredo Concepción, del gobierno democrático, que a su vez no pudo pagar la mitad de los intereses. Carlos Menem con las privatizaciones amortizó una parte, pero la volvió a aumentar con el plan de convertibilidad y el ingreso de deuda por capitales especulativos. Y Cavallo, en el gobierno de Fernando De la Rúa, terminó acordando un plan canje y nuevas deudas con el FMI, que hicieron que a diciembre de 2001 la misma ascendiera a 144.279 millones de dólares.

Durante el interinato de Eduardo Duhalde tuvo lugar la pesificación asimétrica a favor de las grandes empresas endeudadas [3], principalmente del Grupo Clarín, Techint (familia Rocca), Ledesma (Blaquier), Pérez Companc, Eurnekián, Bulgheroni, Macri, Werthein, Roemmers, Aluar, La Anónima (familia Braun) y Coto. Todas ellas estaban endeudadas en dólares, que pagaron en pesos al convertirlos a la paridad “un peso igual a un dólar”. La diferencia la pagó la administración nacional, por lo que la deuda pública se incrementó sideralmente y llegó a ser de 398.832 millones de dólares en mayo de 2023, cuando asumió Néstor Kirchner.

El gobierno de Kirchner continuó durante dos años con la suspensión del pago de la deuda. Luego ofreció el primer canje, con una quita del 65% promedio del capital, y extendió los plazos hasta 2021. Con lo que no se pagó afuera aumentó salarios, jubilaciones y pensiones (otorgó jubilaciones a quienes tenían la edad pero no los aportes) y realizó obras públicas, revirtiendo la regresión distributiva y estimulando el mercado interno. En enero de 2006 canceló la deuda con el FMI tras 50 años de tutoría y dependencia.

En los doce años y medio que administró el país, el kirchnerismo logró que la deuda no fuera un problema, no solo porque disminuyó fuertemente su magnitud y los intereses que devenga, sino porque generó superávit fiscal y comercial en los primeros años, y tras la crisis de securitización y del “campo” de 2008-2009, con la ingeniería suficiente para sustentar la capacidad de repago.

La administración de Cambiemos, que asumió el gobierno nacional en diciembre de 2015, volvió a endeudar al país. Las necesidades financieras del Tesoro Nacional dejaron de atenderse principalmente con fuentes domésticas y en pesos, y comenzaron a cubrirse a través de un proceso acelerado de endeudamiento externo, para beneficio de los acreedores y de sectores hegemónicos empresariales que compraron las divisas que ingresaban, que el Banco Central les vendía sin límites a los bancos, y que fugaron.

Esa compra y fuga de divisas eclosionó en junio de 2018 y obligó al gobierno de Macri a acordar nuevamente con el FMI. Luis Caputo fue nombrado presidente del Banco Central y, entre junio y septiembre de 2018, vendió el crédito otorgado por el FMI, de 15.000 millones de dólares, e hizo que la directora general del FMI, Christine Lagarde, pidiera su renuncia por fugar fondos del organismo. La Carta Constitutiva del FMI lo prohíbe expresamente y establece que debe auditar el destino del crédito, aunque no lo hizo: la simple amenaza bastó para que Mauricio Macri le pidiera al trader que dejara el cargo.

El gobierno presidido por Alberto Fernández, a su vez:

-No investigó la deuda dejada por la administración de Cambiemos [4];

• Con reservas internacionales del BCRA, merced a un superávit comercial que entre 2020 y 2022 superó los 34.000 millones de dólares, vendió 28.472 millones de dólares de esas reservas al precio oficial a las empresas privadas, para que paguen sus supuestas deudas (Datos del Balance Cambiario al 30 de septiembre de 2023).

-El déficit fiscal heredado y agravado por la asistencia a la población por la pandemia del Covid-19 (en este caso justificadamente) fue financiado con la colocación de títulos de deuda en pesos en el mercado interno, pero ajustables por inflación, por dólar oficial o por las dos cosas (Bonos dual) por un monto total de $ 57,5 billones (en pesos pero equivalente a unos 71.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial), cuando se habían heredado deudas en pesos por un monto mucho menor [5].

A ello se sumó la deuda con los importadores, a quienes se les permitió comprar del exterior (mayoritariamente de sus casas matrices, como es el caso de las empresas de energía y las automotrices, más las armadurías de productos electrónicos de Tierra de Fuego) y el mismo gobierno del Frente de Todos, mediante las comunicaciones A 7874 y 7877 del BCRA, les consintió suscribir letras (Lediv) en pesos a tipo de cambio oficial con cobertura dólar linked (se ajusta de acuerdo al precio del dólar oficial, y Caputo el 12 de diciembre de 2023 devaluó nuestra moneda en más de un 100%).

Es el antecedente del BOPREAL (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre) del gobierno de Milei, por la Comunicación A 7918 del BCRA, que tiene vencimiento el 31 de octubre de 2027. El mismo gobierno de Milei estima que, por este procedimiento, la deuda externa se acrecienta en unos 36.000 millones de dólares.

Dentro de la deuda bruta no aparecen los BOPREAL, por considerar que son fruto de las importaciones y que se contabilizan cuando se pagan, ni los dos REPO por 3.000 millones de dólares, por considerar que son títulos con compromiso de recompra. De hacerlo, la deuda bruta al 30 de noviembre de 2025 sería de 484.985 millones de dólares.

A su vez, y en clara continuación del gobierno de Alberto Fernández, el de Milei aumentó la deuda pública por tres grandes factores:

1. El “canje forzoso de los pasivos remunerados del BCRA” (la llamada por los grandes medios “bomba de las Leliq”) por deuda directa del Tesoro nacional. De acuerdo al informe de la Secretaría de Finanzas de la Nación, las colocaciones del Tesoro para absorber la deuda del BCRA (que eran en pesos y era deuda del BCRA con los bancos) totalizaron 43.366 millones de dólares.
2. La conversión de déficit fiscal de la gestión de Alberto Fernández en deuda pública por un monto total de 53,7 billones de pesos a diciembre 2023. A su vez, se convirtieron en títulos de deuda que permitieron, tras la devaluación del 12 de diciembre de 2023, el ingreso de capitales extranjeros que ganaron más de 80% anual en dólares al ser la tasa de interés y/o de ajuste de esos bonos en pesos superior a la devaluación de 2024 [6].
3. La “capitalización de intereses” por la emisión de títulos cupón cero y letras de capitalización (Lecap, Nocap, y Boncap). Este diseño permite al Tesoro capitalizar los intereses en lugar de abonarlos, razón por la cual las cuentas públicas presentan un superávit financiero acumulado en 11 meses de 2025 de 5,96 billones de pesos, pagando intereses por 9,91 billones de pesos, mientras en el mismo lapso capitalizó intereses contabilizados por la Secretaría de Finanzas de la Nación por 42.927 millones de dólares.

Total deuda bruta, administración nacional

La deuda para 2026

Según la Secretaría de Finanzas de la Nación, la deuda externa (en divisas) que vence en 2026 asciende a 17.102 millones de dólares. Incluyen bonos por 4.216 millones, deuda con organismos internacionales de créditos por 4.216 millones, y con el FMI por 4.250 millones.

De esa suma, en enero vencen títulos (Bonar y Bonos globales en divisas norteamericanas) por 4.324 millones, más vencimientos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por 199 millones. En total, significan 4.523 millones de dólares.

El Tesoro de la Nación cuenta con menos de un tercio de esa suma. Espera la liquidación de las exportaciones de trigo y hasta las divisas de quienes “blanquearon capitales”, que a partir de enero van a poder usar el saldo de su cuenta CERA, tanto en pesos como en dólares, y podrían comprar títulos públicos, para acercarse a una parte importante del desembolso. Igual van a tener que colocar REPO por no menos de 2.500 o 2.600 millones de dólares, y los bancos intervinientes le cobrarían al Tesoro una tasa no menor a la del BONAR 2029 (910 millones de dólares en el mercado local, el 11 de diciembre de 2025), que fue del 9,26% anual, desmintiendo en los hechos la supuesta baja del “riesgo país” para beneficio de los acreedores.

Esa es la razón por la que Caputo plantea financiarse en el año mediante el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que se crearía en el proyecto de reforma laboral, con un 3% del aporte de los empleadores a la ANSeS que se detraen y derivan a ese fondo, que sería administrado por el capital privado y que Caputo estima equivalente a 4.000 millones por año. También plantea un nuevo “blanqueo” de capitales, y siempre la posibilidad abierta del canje de deuda que consta en el artículo 55 del Presupuesto Nacional 2026, que permitiría reprogramar el pago de intereses y capital.

En febrero vence deuda con el FMI por 784 millones de dólares. En 2026, entre capital e interés, suman 4.250 millones, pero el directorio del FMI se encamina a aprobar el programa que implica posibilidades de refinanciamiento, pese al incumplimiento en la meta de reservas internacionales del BCRA (en diciembre debían ser negativas en 3.200 millones de dólares y son 5,5 veces mayor). A cambio, el gobierno de Javier Milei se comprometió a comprar al menos 10.000 millones de dólares en el primer semestre de 2026.

Toda la estrategia de deuda de 2026 se centra en acceder al crédito externo para cubrir pagos de capital y evitar que el Banco Central tenga que emitir para comprar divisas.