La guerrita de Trump contra las drogas
Mucha parafernalia y pocas perspectivas de resultados concretos. Si el presidente Donald Trump quisiera realmente poner fin al tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, no lo logrará con el cerco naval a Venezuela ni aún con una invasión militar a ese país. Maniobras que podrían hipotéticamente culminar con un derrocamiento de Nicolás Maduro, a un alto costo político y sin grandes logros en la lucha contra el narcotráfico.
Al día siguiente de que millones de ciudadanos norteamericanos desfilaran bajo el lema “No Kings”, Trump hizo un nuevo gesto de arrogancia hacia América Latina, acusando al presidente de Colombia de ser “el líder del narcotráfico ilegal” al tiempo que anunció el corte de los subsidios para el país. Esto, luego de que Gustavo Petro denunciara el asesinato del pescador colombiano Alejandro Carranza a manos de fuerzas navales estadounidenses, cuando realizaba sus faenas en mar territorial de su país.
Si de verdad el mediático jefe de la Casa Blanca quisiera librar a Estados Unidos y al mundo del flagelo de las drogas, debería partir controlando el alto narco consumo en su país, además de tomar medidas efectivas para detener el tráfico de armas desde territorio norteamericano a América Latina que alimentan los carteles del crimen organizado. Por último, pero no menos importante, tendría que sumarse a los esfuerzos por fiscalizar los flujos financieros internacionales, cada vez más voluminosos y descontrolados, gracias entre otros mecanismos a los lavados de activos con inversiones brujas y a las criptomonedas, que tienen al propio Trump entre sus impulsores más conspicuos.
Maduro en la mira
Megalómano insaciable, Trump ocupó en septiembre la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas para autoproclamarse el gran pacificador, que había puesto fin hasta entonces a siete guerras, una de las cuales nunca existió y varias otras que no habían pasado de cortas rencillas fronterizas.
En octubre alcanzó la gloria con el acuerdo de paz en Gaza, negociado sobre la sangre de más de sesenta y ocho mil palestinos y que Estados Unidos podría haber impuesto mucho antes, como principal abastecedor de armas a Israel y permanente protector del Estado judío mediante el veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Para algunos analistas internacionales, la decepción que Trump sufrió al no ser reconocido con el Nobel de la Paz, fue parcialmente compensada con el otorgamiento del galardón a María Corina Machado, la líder opositora a Maduro en Venezuela. A partir de ahí, algunos pretendieron hilar más fino y aventuraron que el Parlamento noruego la legitimó como la futura gobernante en concordancia con los planes para derrocar al actual gobierno venezolano.
Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, un halcón de la política exterior estadounidense hacia América Latina, anhelan desembarcar a Maduro del poder y Corina Machado les dio la razón a quienes la ven como la carta de Washington cuando se apresuró a dedicar el Nobel de la Paz al mandatario republicano. Más aún, el 17 de octubre Machado transmitió felicitaciones a Benjamín Netanyahu por su conducción de la ofensiva en Gaza contra los palestinos. Otra sintonía con Trump.
Más allá de creer o no en teorías conspirativas que en una curva elíptica pasan por Oslo para desembocar en el Caribe, lo cierto es que todos estos movimientos conducen a la cruzada trumpiana contra las drogas, que tiene como única manifestación la ofensiva naval contra lanchas y también un submarino de narcotraficantes con cargas ilícitas destinadas al mercado norteamericano. Cargamento, en la narrativa de la Casa Blanca, que reportan ingresos al gobierno de Maduro, calificado como una narco dictadura.
Hay que admitir que la propia naturaleza delictual del narcotráfico impediría aportar pruebas duras que respalden tal acusación. Resulta decidor al respecto que junto con lanzar en septiembre su ofensiva naval en el Caribe, Trump publicitó una recompensa de cincuenta mil dólares para quien aporte información sobre los negocios ilícitos de Maduro, tal vez en un intento de provocar deserciones en el círculo más cercano del presidente de Venezuela. En la misma línea hay que leer la autorización para que la CIA (Agencia Central de Inteligencia) realice acciones encubiertas y hasta letales en territorio venezolano.
Guerra sucia
Se configura así con todas sus letras un escenario de acciones encubiertas, típico de una guerra sucia con el fin de derrocar a un gobernante latinoamericano antidemocrático, pero cuyo pecado original, más allá de que se le califique de dictador, es su condición de enemigo de Estados Unidos y aliado de Rusia y China.
Esta guerra, llevada al terreno de la lucha contra el narcotráfico, no pasa de ser una guerrita que podrá dejar un reguero de víctimas en las aguas del Caribe, pasto para tiburones, en una confusión de pescadores y traficantes como ya se evidencia entre los 27 muertos contabilizados entre comienzos de septiembre y mediados de octubre. Como en una comedia o tragedia de equivocaciones, dos muertos identificados eran pescadores de Trinidad y Tobago, además del colombiano Carranza. Los únicos dos capturados son un colombiano y un ecuatoriano. O sea, ningún venezolano.
Las verdades a medias son también mentiras a medias. El Cartel de los Soles, según la retórica oficial estadounidense, es una organización criminal que reúne a Maduro con altos funcionarios de su gobierno y mandos militares, pero no hay evidencias concretas de su existencia. El Tren de Aragua, la organización mafiosa nacida en un penal venezolano sí tiene existencia probada con ramificaciones en varios países latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos, pero sus vínculos con el gobierno de Caracas no han sido fehacientemente demostrados.
Trump necesitaría pruebas irrebatibles para justificar una acción militar directa en Venezuela, al estilo de la que el presidente George H. W. Bush ordenó en 1989 en Panamá para capturar bajo cargos de narcotráfico al general y gobernante Manuel Noriega, exagente de la CIA.
La amenaza de una invasión es celebrada por la oposición a Maduro y por sectores de extrema derecha en otros países, especialmente aquellos que suponen que una “normalización democrática” de Venezuela sería el preámbulo de una caída del régimen socialista de Cuba.
La intervención en Panamá fue prácticamente un paseo para los marines, pero es una apuesta arriesgada en Venezuela, donde Maduro galvaniza a sus seguidores para enfrentar una agresión externa y cuenta con fuerzas armadas leales, además de señales de apoyo de Rusia que podrían sumar a China, trasladando al norte de Sudamérica una disputa de superpotencias. Ello, sin menospreciar el costo político para Washington de los rechazos latinoamericanos a una reedición de la diplomacia de las cañoneras en una región que se niega a volver a ser el patio trasero. Un costo que crecería aún más si Trump persiste en sus amenazas a Colombia.
La narrativa de la guerra contra las drogas, como pantalla para una desestabilización y derrocamiento del gobierno de Venezuela, es frágil, muy frágil.
Del Pacífico al Caribe
Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, citó a fines de agosto el Informe Mundial de Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), donde se señala que 87 % de los estupefacientes producidos en Colombia se moviliza por la ruta del Pacífico hacia el mercado norteamericano. Esta ruta es importante en el tráfico de drogas, no solo hacia Estados Unidos, sino también hacia Europa. En contraste, solo un ocho por ciento de la droga sale de las costas del Caribe y la Guajira colombiana.
Una estrategia efectiva contra las drogas depende de la colaboración entre países productores y consumidores. Tradicionalmente las políticas oficiales de Estados Unidos se han concentrado en la represión militar, directa o mediante acuerdos, de los cultivos de coca y marihuana, así como de los laboratorios clandestinos de fabricación de estupefacientes, entre los cuales crecen ahora día a día las drogas químicas como el fentanilo.
Es hora de que Estados Unidos enfrente con decisión el consumo, área en que Trump marca más bien un retroceso, negando fondos a agencias y servicios públicos de tratamiento y rehabilitación de adictos.
La Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y la Salud (NSDUH por su sigla en inglés) estableció que 29,7 millones de adultos (alrededor de 8 % de la población total) sufren en los Estados Unidos un trastorno por uso de sustancias. En este universo, un 74 % consume también alcohol y 38 % registra adicción a drogas ilícitas. Las pérdidas que genera esta situación ascienden a 740 mil millones de dólares cada año, por bajas de productividad, gastos médicos y crímenes asociados a estos consumos.
Un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), publicado en la revista Addiction en septiembre de 2024, reveló un gran aumento en las muertes por sobredosis de fentanilo combinado con estimulantes. La proporción de muertes por esta combinación se incrementó más de 50 veces entre 2010 y 2021, pasando de 0,6 % a 32,3 % de las muertes por sobredosis.
Armas y lavado de dinero
A comienzos de junio, en una rueda de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló lo siguiente: “En una de las llamadas que tuve con el presidente Trump, le decía, ¿Cómo puede explicar usted que un lanzagranadas que tiene un grupo de la delincuencia organizada, pase de manera ilegal de su país a mi país? ¿Dónde están las revisiones que tienen que hacer ustedes en la frontera?”
México, recalcó la mandataria, ha disminuido el paso de drogas hacia los Estados Unidos, sobre todo de fentalino y otras sustancias sintéticas. Por ello, se demanda reciprocidad. “Lo que pedimos es que haya una reducción de las armas de Estados Unidos a México”.
Los planteamientos de Sheinbaum tienen un amplio respaldo de organismos especializados independientes. Small Arms Survey, estima que en ocho años (2016-2024) el contrabando de armas de Estados Unidos a América Latina y el Caribe creció 120 %. Solo hacia México e calcula que cada año un millón de armas cruzan ilegalmente la frontera, y no se trata solamente de pistolas o revólveres de bajo calibre, también de lanzagranadas, ametralladoras y fusiles de ataque, réplicas del AKA ruso y de otras marcas militares.
La mayoría de las armas incautadas en América Latina y el Caribe proceden de tres estados norteamericanos, Florida, Texas y Georgia, donde la permisividad para adquirirlas es mayor que en la laxitud general que impera en estos casos en los Estados Unidos, aupada por la conservadora y supremacista Asociación del Rifle.
La ingobernabilidad del empobrecido Haití pasa por la multiplicación de pandillas que se nutren de este tráfico de armas. Del mismo modo, los frecuentes toques de alarma en América Latina por la expansión del crimen organizado y el narcotráfico, que la extrema derecha usa como plataforma electoral, tienen el insumo del suministro ilegal de equipos balísticos desde la tierra de Donald Trump.
Las finanzas son otra arma del narcotráfico a través de los lavados de activos. Se calcula que apenas el 2 % de los dineros que proceden de actividades delictuales, sobre todo del narcotráfico, son detectados cuando se reinvierten en negocios lícitos, como los proyectos inmobiliarios, muy presentes en la economía estadounidense. Trump, que labró su fortuna en este sector, no parece interesado en combatir el blanqueo de capitales en su proclamada guerra contra las drogas.
Tax Justice Network, un organismo especializado en investigar evasiones fiscales en el mundo, creado el año 2003 en Gran Bretaña, en el informe emitido en 2022 en vísperas de la cumbre del Grupo de los Siete, puso a Estados Unidos a la cabeza de las economías “más cómplices” en el ocultamiento de la procedencia de los dineros.
Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón contribuyeron a dar marcha atrás en los esfuerzos por controlar el origen de los activos ilegales, con sus políticas de secreto financiero, conocidas también como secreto bancario.
Tax Justice Network identificó en su informe a Estados Unidos, Suiza, Singapur, Hong Kong y Luxemburgo como las economías que mueven más dineros ilícitos, sobre todo por la falta de control sobre los depósitos de los no residentes. En el ranking de la organización, Estados Unidos duplica a Suiza por su complicidad en la falta de control sobre movimientos financieros poco transparentes.
Un estudio de 2021 de la misma organización estableció que Estados Unidos es responsable con su permisividad de que el resto del mundo pierda cada año unos veinte mil millones de dólares por impuestos evadidos.
Las cañoneras de la US Navy que apuntan hoy contra Venezuela son una gran maniobra político-propagandística, pero las claves para combatir las drogas pasan más bien por el control financiero, políticas para disuadir el consumo y medidas que impidan la adquisición y contrabando de armas desde Estados Unidos a América Latina.
Donald Trump seguramente insistirá el próximo año en su postulación al Nobel de la Paz ytal vez se presentará ante el Parlamento noruego como solucionador de otra guerra: la del narcotráfico. Es capaz de lograrlo, como en una producción hollywoodense llena de efectos especiales pero sin contenido real.
*Gustavo González Rodríguez, Periodista y escritor. Magíster en Comunicación Política, Periodista y Diplomado en Periodismo y Crítica Cultural en la Universidad de Chile. Fue director de la Escuela de Periodismo de esa misma universidad (2003-2008) y presidente de la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional en Chile (1992-1995).