La CELAC en tiempos de Trump
Ariela Ruiz Caro
A 30 de los 33 miembros de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) les queda clara la importancia de contar con un mecanismo de coordinación política regional en momentos en que el gobierno estadounidense ha corrido el telón de fondo y mostrado abiertamente su preocupación por “la fuerte presencia china en su patio trasero”, la cual debe detenerse. Así lo dijo el secretario de Defensa de ese país, Pete Hegseth, en una entrevista en el programa The Will Cain Show, luego de haber suscrito con la Autoridad del Canal de Panamá una declaración conjunta que esboza una nueva cooperación militar.
Sin embargo, la Argentina y Paraguay, por tener gobiernos obsecuentes al gobierno de Donald Trump, y Nicaragua, por plantear mayores exigencias a las que son posibles de consensuar en este foro, sabotearon la declaración de Tegucigalpa aprobada por los otros 30 miembros durante la última Cumbre Presidencial realizada en Honduras del 10 de abril.
Minimalismo
La IX Cumbre de la CELAC, en Tegucigalpa, contó con la presencia de once Presidentes. Además de Xiomara Castro, quien ostentaba la presidencia pro tempore, participaron los jefes de Estado Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia, quien recibió la presidencia pro témpore del organismo hasta 2026), Claudia Sheinbaum (México), Luis Arce (Bolivia), Miguel Díaz-Canel (Cuba) y Yamandú Orsi (Uruguay). A ellos se sumaron los primeros ministros de Guyana, Mark Anthony Phillips; de Belice, Juan Antonio Briceño; y de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves; y Leslie Voltaire, representante de Haití. El resto de los 33 miembros enviaron a sus cancilleres u otros representantes.
Sin embargo, la Declaración no reflejó lo expresado por muchos de los representantes que propusieron medidas más firmes y drásticas de integración y coordinación regional destinadas a frenar las repercusiones de la caótica política arancelaria implementada por el actual Presidente Donald Trump y su afán de frenar la presencia china en la región. La declaración fue más bien minimalista y tuvo un carácter general, a tal punto que fue suscrita por los gobiernos de Nayib Bukele, de El Salvador; de Daniel Noboa, de Ecuador; y de José Raúl Mulino, de Panamá.
Esta cuenta con apenas 8 artículos que refrendan su compromiso por el fortalecimiento de la CELAC como el mecanismo de concertación política que integra a todos los países de la región; la plena vigencia de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, sustentada en la promoción y el respeto a los propósitos y principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, el multilateralismo, el respeto a la autodeterminación, la no injerencia en los asuntos internos, la soberanía y la integridad territorial; y el rechazo a la imposición de medidas coercitivas unilaterales, contrarias al Derecho Internacional, incluidas las restrictivas al comercio internacional.
Además, subraya la importancia de concertar intervenciones conjuntas de la CELAC en los foros multilaterales en temas de interés común y continuar el diálogo político para profundizar los lazos de cooperación de la CELAC con otros países y grupos regionales, además de expresar su firme respaldo a la estabilidad de Haití y apoyarla en sus esfuerzos de normalización de la situación política, económica y social, con un enfoque integral de desarrollo.
Un aspecto novedoso es que los 30 países firmantes expresaron su convicción común de que es oportuno y adecuado que una persona nacional de un Estado de América Latina y el Caribe ocupe la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, al considerar que, de los nueve secretarios generales que ha tenido la ONU hasta la fecha, sólo uno provino de un Estado de la región (Javier Pérez de Cuellar, de Perú) y recordaron que el cargo nunca había sido ocupado por una mujer. La propuesta por una opción femenina para ocupar el cargo de la Secretaría General de las Naciones Unidas en la Declaración se contrapone a la postulación del argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), quien ha confirmado su intención de postularse.
La histeria de la Argentina y Paraguay
La Argentina, mediante un comunicado de su Cancillería, denunció la violación de procedimientos y exigió el respeto al principio de consenso en la CELAC, por lo que dejó constancia formal de que la Declaración de Tegucigalpa carece de validez y no puede considerarse un documento oficial del organismo. En él se señala que a pesar de que la Argentina no otorgó su consenso para la adopción de la declaración final, la Presidencia pro tempore hondureña “intentó imponer dicho texto de manera ilegítima, invocando una figura inexistente en el marco normativo de la CELAC: el llamado “consenso suficiente”.
Según dicho comunicado, esta expresión ambigua e imprecisa contradice el principio de consenso pleno, piedra angular del funcionamiento institucional de la CELAC, tal como lo establece su documento fundacional “procedimientos para el funcionamiento orgánico de la CELAC”.
Paraguay también expresó firmemente su disconformidad y no otorgó el consenso para la adopción del documento en una nota entregada a la secretaria de la CELAC. Además, exigió que dicha aclaración fuera insertada en el texto de la Declaración y dejó sentado que “esta no puede considerarse como emanada de la IX Cumbre de Jefes y Jefas de Estados y de Gobierno de la CELAC”. Pero la Presidencia pro tempore, ejercida por Honduras, indicó que había “suficiente consenso” para la declaración de Tegucigalpa y no tomó en cuenta las posiciones de la Argentina y Paraguay.
Nicaragua, como ya se mencionó, también descartó suscribir la declaración final por considerar que no atendía las problemáticas regionales y globales. Pero a diferencia de la Argentina y Paraguay, que tienen la misión de torpedear y debilitar la CELAC, la cancillería nicaragüense reiteró que “seguirá participando, trabajando y empujando la unidad e integración de la región, a la vez que [insiste] que no puede aceptar ni acompañar el documento presentado como propuesta de declaración, porque no refleja las complejas realidades que viven los pueblos del mundo y la región”.
No fue casualidad que, mientras tenía lugar la IX Cumbre de la CELAC, el Presidente Javier Milei realizaba una visita bilateral a su par de Paraguay, Santiago Peña, el FMI aprobaba el préstamo de 20.000 millones de dólares a la Argentina y se esperaba la visita del secretario del Tesoro Scott Bessent para el lunes 14.
Cambiar las reglas
La posición de Nicaragua responde a un despiste político y no a la deliberada intención de la Argentina y Paraguay de sabotear la soberanía, autonomía y dignidad de América Latina y el Caribe y de protegerla del fuego cruzado entre Estados Unidos y China bajo el paraguas de la CELAC, el organismo de coordinación política de la región, que actualmente adquiere relevancia.
En un escenario donde Estados Unidos intenta tomar control absoluto del Canal de Panamá, confrontar militarmente al narcotráfico en territorio mexicano, presionar por ahuyentar las inversiones chinas de la región y reducir el comercio con el país asiático, es fundamental la existencia de la CELAC para preservar la autonomía frente a cualquiera de las dos superpotencias. Para mayo está previsto el IV Foro China-CELAC, con presencia de Presidentes y Jefes y Jefas de Estado en Pekín, evento que preocupa a Estados Unidos. Ese gobierno intentará sabotear cualquier acuerdo que considere perjudicial a sus intereses a través de sus aliados incondicionales, aunque fueran beneficiosos para la región.
Las declaraciones de la CELAC no deberían regirse por el principio de consenso, pues siempre habrá en la región Presidentes como Jair Bolsonaro (que lo primero que hizo fue abandonar el organismo al cual Lula se incorporó tan pronto asumió su mandato), Javier Milei o Álvaro Uribe. En ese sentido, sería importante modificar la legislación y reemplazar el principio de unanimidad que rige actualmente para aprobar declaraciones, por el de mayoría cualificada o alguna otra fórmula similar.
Un ejemplo de ello es el denominado Grupo de Amigos de la Mayoría Cualificada para cambiar la vigente regla de unanimidad con la que funciona el Consejo Europeo en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), y pasar a la de una mayoría cualificada, tal como ya existe en muchas otras áreas de acción comunitaria. La propuesta fue presentada por el ex canciller Olaf Scholtz en mayo de 2023.
El internacionalista Jesús A. Núñez Villaverde señala que son muchas las ocasiones en las que la Unión Europea (UE) no llega en tiempo y forma a adoptar decisiones operativas en política exterior, de seguridad y defensa. En tiempo porque se dilatan los plazos hasta que se logra la unanimidad entre 27 actores con visiones, estrategias e intereses no siempre coincidentes. Y en forma porque, obligados al mínimo común denominador, lo acordado no suele tener la fuerza suficiente para alcanzar los objetivos perseguidos.
Lo sostenido por Núñez Villaverde se pone de manifiesto en el informe que presentó el Parlamento Europeo en noviembre de 2022, que refleja el descontento generado por las disfunciones que provoca la obligada unanimidad: desde mitad de 2016 se han producido 30 vetos individuales, amenazas de veto o retrasos en la adopción de medidas sobre PESC. El mismo informe confirma que en los últimos diez años hubo al menos 25 relevantes llamadas de atención sobre la necesidad de modificar dicha regla, sin éxito alguno.
De hecho, en organismos importantes como, por ejemplo, la OEA, el grueso de las resoluciones se aprueba por mayoría cualificada y, en algunos casos, mayoría simple. Lo mismo ocurre en el FMI, el BID o el Banco Mundial. El sistema de aprobación por consenso en la CELAC requiere de la modificación de su Tratado, lo que no es simple. Pero sin ello, la CELAC no podrá cumplir con los objetivos para los que fue creada, los mismos que hoy adquieren relevancia fundamental para nuestra región.
*Asesora de la Presidencia de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, Montevideo; investigadora del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (CEPES), consultora de la Comisión Económica para América Latina yel Caribe, Naciones Unidas (CEPAL), Santiago de Chile.