¿Al fin una luz de esperanza para los refugiados colombianos?
LUIS FERNANDO GÓMEZ | La esperanza que clarísimamente se comienza a respirar al interior de Colombia, tras décadas de confrontación abierta entre todos los bandos armados, definitivamente está llegando a las personas víctimas del conflicto que día a día, durante los últimos 15 años vienen añorando su tierra y su gente.
Luis Fernando Gómez – Alainet
Una mujer colombiana refugiada en Venezuela, al preguntársele qué significaba para ella en su situación la palabra “patria”, contuvo la respiración, cerró sus párpados para detener las lágrimas y prefirió callar. Seguramente bajo este nuevo clima que se abre en Colombia, ella y muchos otros colombianos expulsados de sus territorios se comenzarán a preguntar si existe esa patria en la cual nacieron y la que les negó la protección de sus derechos.
¿Podrán retornar esas miles de familias que, por proteger sus vidas, huyeron dejándolo todo abandonado?
Queremos desde aquí preguntarnos por las implicaciones del inicio de un proceso de negociación formal entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en relación con el panorama que se abre para los casi 460 mil colombianos que se encuentran en situación de necesidad de protección internacional en los países vecinos de la región, bien como refugiados, solicitantes o en un limbo jurídico.
Un proceso ya anunciado desde su toma de posesión como presidente
Casi desde el comienzo del gobierno del presidente Santos se comenzó un proceso de reconstrucción de las relaciones diplomáticas con los países vecinos, en particular Venezuela y Ecuador, con los que por lo menos desde el año 2007 se habían resquebrajado, gracias a una política internacional de micrófono y agresión implementada por el gobierno de Colombia durante los años 2002 al 2010.
Primero fueron las relaciones comerciales: comenzar a saldar deudas que desde Venezuela se tenían con los exportadores colombianos; luego, la discusión de temas relacionados con políticas fronterizas de integración, de cooperación militar y en otros aspectos. Finalmente, el tema de los flujos migratorios comenzó a ser tenido en cuenta en estos espacios de diálogo bilateral de los Estados. Inicialmente con acuerdos como retirar por parte del gobierno Ecuatoriano la exigencia para los colombianos que viajaran a ese país de contar con el pasado judicial refrendado por la entidad que para ese momento se llamaba Departamento de Seguridad en Colombia. Luego, el retiro del requisito de visa para que los colombianos puedan visitar la República de Venezuela.
En esta misma línea el gobierno colombiano se comprometió en aportar una muy discreta suma de 500 mil dólares para la atención de las personas refugiadas en el Ecuador. Por primera vez, el gobierno colombiano reconoció el drama de las víctimas del conflicto armado que se encuentran en el extranjero y el esfuerzo, poco o mucho, que los países vecinos han hecho por atender a esta población.
La presentación, al comienzo del gobierno Santos, al Congreso de Colombia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, representó una señal en la dirección de iniciar definitivamente un proceso de construcción de la Paz desde la perspectiva de la reparación y la reconciliación. La implementación de dicha Ley lleva ya un año dentro de Colombia, y más o menos a finales del año 2011 se abrió una discusión en el marco de este proceso, sobre la situación de las víctimas que se encuentran viviendo fuera de Colombia, bien como refugiadas reconocidas por otros estados, personas con necesidad de protección internacional o muchas otras que prefirieron hacerse invisibles en los lugares de llegada.
Hemos comprobado cómo en este tema se ha partido prácticamente de cero desde el gobierno nacional. Sin embargo debe decirse que durante el primer semestre del año 2012 se han dado avances en un intento de las entidades encargadas del registro de las víctimas y de quienes deben adelantar el proceso de reparación, incluyendo la devolución de las tierras usurpadas, por aclarar el panorama, consultado con organismos y organizaciones que han trabajado con las víctimas fuera y dentro de Colombia.
Una meta personal del presidente Santos
Su abuelo fue presidente de Colombia, su familia ha participado de la vida pública del último siglo en el país, como lo hacen los príncipes en Europa en su juventud hizo parte de la fuerza naval. Él se formó en las mejores universidades del mundo, participó de la mayoría de los gobiernos colombianos en el tiempo reciente bien como ministro de hacienda, de gobierno o, al final del gobierno Uribe, siendo el ministro estrella de la cartera de defensa.
Al parecer desde siempre se preparó para gobernar al país, y como si hubiese sentido que fuera su destino, ser el presidente que lograra terminar con el Conflicto Armado y traer la paz en Colombia. Caminar hacia esa aparente meta personal,ha significado moverse hábilmente entre los partidos políticos, aliarse con disímiles líderes del país, ejecutar libretos cual actor de teatro como cuando siendo ministro de defensa atacaba al presidente venezolano Hugo Chávez y días después de ser elegido primer mandatario de los colombianos lo nombró públicamente como su nuevo mejor amigo. En definitiva ha demostrado ser un político contemporáneo en todos los sentidos que esto pueda significar hoy en día.
Independiente de cualquier consideración sobre el tipo de sociedad que desde su concepción política impulsa, su empecinamiento por conseguir con éxito un acuerdo para finalizar la confrontación armada en Colombia, parece llenar de esperanza a los más contrastantes sectores sociales del país, la región y el continente.
Una guerra que se alimenta a sí misma por factores internos y externos
Esta última guerra colombiana que se ha prolongado por más de 50 años, además de haber generado la mayor cantidad de desplazamiento forzado interno en el mundo, se ha convertido en un ciclo de no acabar puesto que se alimenta a sí misma por factores internos como los intereses en la tierra, los caudillismos regionales y el ímpetu guerrerista de algunos sectores extremos tanto a la derecha como a la izquierda.
Se nutre también de factores externos importantes tales como: el negocio del narcotráfico, las tensiones políticas continentales entre los Estados Unidos y otras potencias emergentes, y definitivamente las nuevas perspectivas del comercio internacional donde el control de los territorios dentro de Colombia y sobre todo en las regiones fronterizas determinarán ventajas para ciertos sectores legales e ilegales.
Más que la paz, como ideal, lo que anima en este momento es la terminación de la confrontación armada. Esto permitiría avanzar en discusiones amplias dentro del país sobre los factores estructurales de la violencia y la necesidad de la inclusión de distintas posiciones de cara al país, sin ser criminalizadas como hasta ahora ha sucedido. Mientras la guerra continúe, muchísimos temas de la vida nacional seguirán siendo decididos sin mayor consulta en la lógica de un Estado de Excepción. Cabe la pregunta que se nos abre hacia el futuro: ¿qué tipo de país se fue construyendo mientras andábamos en el espejismo de la guerra frontal contra el terrorismo?
¿Existen condiciones en Colombia para que las familias y personas refugiadas regresen?
La gran pregunta que se ha puesto sobre la mesa, al pensar en el retorno de las y los colombianos que tuvieron que huir de la guerra en sus territorios y que fueron acogidos por otros países, es si existen las condiciones dentro de Colombia para que estas familias y personas regresen a sus lugares de origen. Los retornos tienen que, además de ser voluntarios y con suficiente información, contar con garantías de seguridad para que no se repitan las violaciones de los derechos de las personas, razón por la cual dejaron su país.
Es cierto, e innegable, que no se encuentra Colombia en un escenario del postconflicto, persisten los riesgos sobre la vida y tranquilidad de las personas. Los grupos armados heredados del paramilitarismo mantienen control sobre vastas zonas del territorio, aun en medio de la negociación de la paz persistirán los enfrentamientos armados. Más aun, cuando el ELN no ha iniciado formalmente un proceso de acuerdos con el gobierno nacional, por decirlo de una manera amplia: la violencia generalizada, razón fundada que reconoce la Declaración de Cartagena como motivación para solicitar protección de otro Estado, persiste en el presente.
El inicio de las conversaciones de paz plantea muchas interrogantes; el tema del retorno de las familias y personas refugiadas colombianas debe ser parte del debate.
Bogotá (Colombia), 6 de septiembre de 2012
– Luis Fernando Gómez, Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe (SJR LAC)