Bolivia, en la encrucijada de sus fuerzas populares
Paula Giménez y Matías Caciabue
La renuncia del Ministro de Justicia, Iván Lima, uno de los ministros fuertes del presidente Luis Arce, el anuncio de un pase a cuarto intermedio en los bloqueos planteados para el 30 de septiembre por el evismo, y el acuerdo con los Ponchos Rojos para procurar que ninguna de las fracciones de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari” se apropie de la sede hasta tanto resuelva su unidad, ha disipado, al menos de manera momentánea, la tensión creciente de la coyuntura política boliviana.
El reemplazo de los miembros de la justicia fue una de las demandas de la larga marcha emprendida por el expresidente Evo Morales hacia La Paz. Sin embargo, el nombramiento de César Siles como nuevo ministro de Justicia, fue calificado por Evo Morales como un “cuoteo político” del vicepresidente David Choquehuanca.
“El nombramiento de Siles como ministro de Justicia responde a un cuoteo político de David Choquehuanca, toda vez que la nueva autoridad fue funcionario de la Cancillería y es el principal autor de mi inhabilitación como candidato a senador”, publicó Morales en sus redes sociales.
Los recientes acontecimientos -que incluyen movilización de bases y demostraciones de fuerza- han traído a la superficie la interna que se dirime en el MAS, renovando la discusión sobre el ejercicio de la democracia y el uso del poder en el país. Todo ello en medio de un deterioro económico en las condiciones de vida, bloqueos de carreteras, movilizaciones masivas, protestas urbanas, y un intento de golpe militar.
El pueblo boliviano enfrenta problemas para mantener reservas internacionales, lo cual ha generado dificultades en la importación de bienes esenciales, aumentando así la inflación mientras que la reducción en la exportación de gas, crucial para la economía boliviana, ha afectado aún más la situación financiera del país.
Evo Morales impulsó así la llamada “Marcha para salvar la Patria”, no sólo por la disputa política de cara a las próximas elecciones en 2025, sino en reclamo por el contexto marcado por un empobrecimiento de los sectores populares bolivianos a partir del aumento desproporcionado de los alimentos.
En el marco de la disputa por el instrumento electoral el pasado 3 de septiembre, en el Congreso Ampliado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales confirmó la expulsión del presidente Luis Arce y del vicepresidente 
David Choquehuanca del partido, y convocó a la gran la gran movilización, que comenzó el 17 de septiembre, que culminó el lunes 23 en la ciudad de La Paz.
Días más tarde, sectores afines a Luis Arce convocaron a una marcha nacional “en defensa de la democracia” para hacer frente a lo que nombraron como “intentos de desestabilización política”, oponiéndose a las medidas promulgadas en el congreso del MAS.
Desde el oficialismo, con una insistente llegada a medios de comunicación, algunos sectores campesinos y de la Central Obrera Boliviana (COB) calificaron la movilización convocada desde el sector evista del MAS como una “marcha de la muerte”, en un intento de instalar que Evo Morales busca desestabilizar el gobierno del Presidente Luis Arce.
La movilización política del MAS que partió hacia La Paz desde Caracollo, Departamento de Oruro, con un petitorio de demandas sociales y un pedido de levantar la inhabilitación de Evo Morales, fue sumando miles de adherentes en cada una de las localidades en las que se detuvo, recorriendo 189 kilómetros durante siete días en los que también se presentaron enfrentamientos contra las fracciones arcistas y represión policial.
Es que en enero de 2024, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Sentencia 1010/2023, la cual establece que la reelección presidencial indefinida no existe y tampoco es un derecho humano, anulando así una sentencia previa, aprobada por este mismo tribunal en 2017, que decía lo contrario, mucho más en línea con lo dicho en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
El TCP señaló que “el presidente y el vicepresidente en Bolivia solo pueden ejercer su mandato por dos períodos 
continuos o discontinuos”, cláusula hecha a la medida de la inhabilitación que el gobierno pretende sobre la figura de Morales para cualquier elección futura, ya que ha gobernado en tres periodos: 2006-2009; 2009-2014 y 2014-2019.
Frente a esta medida, sectores como el Pacto de Unidad, y el grueso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), afines al ex presidente Evo Morales, anunciaron movilizaciones exigiendo en sus consignas hasta la renuncia de los magistrados.
Desde el mes de enero, los sectores evistas manifiestan su descontento con una demanda legítima: la convocatoria a las elecciones judiciales y la renuncia de magistrados que, tras postergarse las elecciones, extendieron su mandato de forma inconstitucional.
La marcha iniciada el 17 de septiembre hacia La Paz puede interpretarse como algo más que un reclamo por la transparencia del poder judicial: es la demostración de que la fractura dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) y el gobierno de Luis Arce está en un punto de difícil retorno.
Mientras Morales aboga por una mayor escucha a las demandas populares, Arce mantiene en el cargo a magistrados cuya legitimidad ha sido fuertemente cuestionada, tanto en lo constitucional como en lo popular. El resultado es un creciente malestar social que ha generado oportunidades para que ciertos sectores militares -muestra fidedigna de la vitalidad de las fuerzas opositoras- intenten subvertir el orden constitucional como lo hicieron hace pocos meses.
El 26 de junio de 2024, el General Zúñiga y sus tropas intentaron tomar la sede del poder ejecutivo en la Plaza Murillo, exigiendo la liberación de “presos políticos” (entre ellos la ex presidenta de facto, Jeanine Añez) y la renovación del gabinete de Arce. Con consignas que recordaban el pasado oscuro reciente que dejó muertos y heridos, Zúñiga justificó sus acciones bajo la bandera de “salvar” a Bolivia de la división que, según él, provocaba el ex-presidente Evo Morales.
Sin embargo, la rápida respuesta popular dejó claro que la memoria de lucha en contra del golpe de Estado de 2019 que llevó a Áñez al poder, sigue viva y activa en la conciencia política del pueblo boliviano. Más de 30 militares y civiles están siendo investigados en busca de esclarecer esta aventura que desde sectores evistas fue definida como un “autogolpe” y que, de mínima, señala una mala administración de la denominada conducción civil de la defensa, producto del vínculo público e histórico de amistad entre el Presidente Arce y el General Zúñiga. El ex presidente Evo Morales afirmó que, antes de su detención, Zúñiga le dijo a sus camaradas y familiares “Lucho me ha traicionado”, confirmando así otra hipótesis, que señala la posibilidad de que Luis Arce intentara esta maniobra para ganar popularidad, en medio de la interna y el difícil momento económico que atraviesa el país.
La “Marcha para salvar la patria” fue emprendida por Evo Morales como un llamado a defender los ideales de la Revolución Democrática y Cultural que fundó el Estado Plurinacional de Bolivia, reivindicando la participación activa de los movimientos sociales y denunciando el mandato de Arce como un gobierno que defeccionó hacía algunas agendas de neoliberalización de la economía.
El descontento de Morales, quien ha afirmado públicamente que no buscaba con esto derrocar al presidente, se ha manifestado principalmente con críticas hacia esa gestión económica, mostrando desacuerdo con la problemática de la escasez de combustible, la creciente deuda externa y la vuelta al diálogo con el Fondo Monetario Internacional.
Sin embargo, este sector no es el único que se movilizó en contra de la gestión del Gobierno. Los llamados Ponchos Rojos, pertenecientes a la organización Tupac Katari, bloquearon durante siete días la ruta hacia Copacabana. Llegaron a La Paz en una marcha desde El Alto para exigir la devolución de su sede sindical de San Pedro, que disputan con sectores a fines al gobierno. También entregaron un pliego petitorio al Gobierno, y amenazaron con retornar las movilizaciones en caso de no obtener respuestas.
Entre los pedidos del sector está la recuperación de la sede sindical, un pedido de solución a la subida de precios en la canasta familiar, el abastecimiento de diésel y el dólar, la reducción del salario del 50 por ciento a funcionarios públicos, la condonación de deudas por créditos tomados en la época de la pandemia e incluso la renuncia del presidente y el adelantamiento de elecciones presidenciales, entre otros.
Por su parte Morales y sus seguidores habían otorgado un plazo de 24 horas al Ejecutivo para realizar cambios en su gabinete ministerial, al concluir su marcha en La Paz. Ante la falta de respuesta, los “evistas” amenazaron con llevar adelante un bloqueo nacional de carreteras, el 30 de septiembre si no se cumplían sus exigencias.
El diálogo convocado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, para acercar las partes fracasó cuando la representación del evismo se levantó de la mesa, aludiendo a la falta de garantías para dicha conversación. Esto no impidió, sin embargo que el Gobierno realizara los desplazamientos necesarios para aliviar la tensión. No sin antes acusar de manera pública a Evo Morales de amenazar la democracia.
El gobierno convocó así al cuerpo diplomático acreditado en el país e informó que las acciones llevadas adelante podrían interrumpir el orden democrático. En la Asamblea General de Naciones Unidas, la canciller boliviana, Celinda Sosa, denunció intentos desestabilizadores con el fin de acortar el gobierno de Arce.
¿Puede calificarse como un intento golpista la movilización de las bases populares en reclamo de una situación económica apremiante y en contra de las obstaculizaciones judiciales, para la participación política, a tan pocos años del Golpe de Estado en 2019? ¿Es comparable esta situación con aquella? Por supuesto, nada de eso resulta creíble.
Evidentemente Bolivia se encuentra en una encrucijada. El futuro del Estado Plurinacional depende de la capacidad de sus liderazgos para escuchar y dar síntesis a las demandas populares. Evo Morales, con su marcha hacia La Paz, representa a un sector amplio del pueblo boliviano que no quiere retroceder en los avances democráticos, económicos y políticos logrados. El gobierno de Luis Arce, mientras tanto, experimenta una aguda crisis económica, política y social, sin base política para enfrentar con éxito la coyuntura presente.
Pese a los recientes pasos dados, el escenario continúa abierto. A esto se agrega el reciente pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que observó que la reelección indefinida no puede considerarse un Derecho Humano, pero no especificó si la reelección discontinua se atiene a las mismas limitaciones.
Mientras tanto, y en medio de las tensiones hacia el interior de las fuerzas populares bolivianas, la derecha se encuentra alerta para hacer de esta crisis una oportunidad. Los medios de comunicación no se cansan de instalar a la figura de Evo Morales, personificación histórica ineludible del denominado “proceso de cambio”, como un líder violento y antidemocrático.
La crisis política de Bolivia -la principal reserva en el triángulo del litio en la región- seduce a los grandes actores de los proyectos estratégicos mundiales en un contexto en el que la guerra se libra en múltiples dimensiones.
Toda ésta situación plantea la urgencia de encontrar caminos para proponer una economía que resuelva las demandas reales y urgentes del pueblo boliviano, además de profundizar las acciones que sean necesarias para asumir el control de las riquezas territoriales ampliamente codiciadas.
Los tiempos de este escenario abierto, deberán acelerarse y encontrar las síntesis sociales y políticas necesarias antes de que las fracciones de la ultraderecha boliviana, de evidente matriz colonial, racista, violenta y golpista, hallen la salida del laberinto de sus propias internas económicas, políticas y regionales.
El movimiento popular ha dado un mensaje claro y los potenciales caminos hacia una solución no parecen encontrarse dando respuestas conservadoras a la delicada coyuntura política local y regional.
* Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Caciabue es Licenciado en Ciencia Política . Ambos son investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).