Congreso mexicano aprueba la reforma judicial: habrá elección popular de jueces
Gerardo Villagrán del Corral
Con una inédita discusión de seis rondas en lo general, que no podía cambiar la decisión de la mayoría, la alianza oficialista que respalda al presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobó la reforma al Poder Judicial, que prevé la elección popular en 2025 de nuevos ministros, magistrados y jueces. La votación en lo general se cerró con 359 votos a favor, cero abstenciones y 135 votos en contra, tras 12 horas de discusión .
La nueva mayoría absoluta de Morena y sus aliados estrenó su fuerza con la primera gran reforma del denominado plan C, durante una sesión que se extendió hasta la madrugada de este miércoles. El proceso fue descrito como el paso de una élite ilustrada a una generación de abogados comunes con percepción de la realidad social.
Al proyecto de reforma judicial se opuso la derecha mexicana, el emprsariado e, incluso, el gobierno de Estados Unidos. El embajador Ken Salazar aseguró que la iniciativa representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México, llamó a los legisladores a modificarla e incluso amagó con controversias y acciones por parte de su país si se aprueba en sus términos actuales.
López Obrador calificó el exabrupto como una burda actitud intervencionista, desafortunada e imprudente, y estimó que no se trata de una opinión personal del embajador, sino de la postura del Departamento de Estado.
Elección popular de jueces
El proyecto de ley aprobado plantea la elección por voto popular de ministros, jueces y magistrados, la reducción de la Suprema Corte, la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina. Ya fue aprobado en lo general en la Cámara de Diputados y la reforma continúa su camino para discutirse en lo particular, con las objeciones que disponga la oposición. Luego se discutirá en el Senado.
El largo debate, en momentos ríspido, osciló entre los señalamientos de los partidos opositores -PAN, PRI y MC- del presunto desacato a las tres suspensiones provisionales de jueces a la postura de Morena respecto de que la reforma es resultado de la votación del 2 de junio.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que una de las razones por las que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió en febrero un paquete de 20 iniciativas fue por la intromisión grosera del Poder Judicial en las decisiones del Legislativo y porque un Congreso sin mayoría morenista rechazó enmiendas constitucionales fundamentales. “Dijimos a la gente que si votaban por nosotros lo hacían por las reformas del Presidente. A nadie engañamos”, expresó.
La reforma prevé cambios a la operación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El número de ministros se reduce de 11 a nueve; se extinguen la primera y segunda salas; el número de votos de ministros para que sean obligatorias sus sentencias pasa de ocho a seis.
La votación se realizó pese a la presión creciente tanto de trabajadores del Poder Judicial de una veintena de Estados que mantienen un paro indefinido de labores en protesta y exigen un diálogo abierto, como de las principales asociaciones empresariales del país, que temen un descenso en la inversión. Los magistrados que se opusieron vieron amenazados los intereses de casta y clase a los que representan.
El salario de los ministros no podrá ser mayor al del presidente de la República; se reduce de 15 a 12 años la duración de los ministros en su encargo; la pensión de retiro de ministros quedará sin efecto y si los que están en funciones quieren participar en la elección deberán renunciar.
El dictamen dispone que, para todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación, estará prohibido el financiamiento público o privado de las campañas y la contratación de espacios en radio y televisión, pero sí tendrán derecho a tiempos oficiales en medios electrónicos; los partidos no podrán intervenir en el proceso.
¿Destituciones?
Mientras, las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf expusieron que procede la destitución mediante juicio político, así como la inhabilitación para desempeñar cualquier otra función en el servicio público, para los ministros y otros funcionarios del Poder Judicial que se han declarado en paro como medida de presión contra la reforma constitucional que busca sanear a ese rubro del Estado.
Las tres ministras disidentes, quienes se han negado a sumarse al golpeteo político instigado por la presidenta del máximo tribunal, Norma Piña, señalan que es causal de destitución incurrir en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Este posicionamiento exhibe hasta qué punto la mayor parte de la cúpula de la Judicatura hizo a un lado la Constitución, las normas que el Poder Judicial se dio a sí mismo, la ética y el último rastro de decoro profesional, en el afán de mantener los escandalosos privilegios económicos y la negativa a rendir cuentas a la ciudadanía, que consideran esenciales para llevar a cabo sus labores, señala el diario La Jornada.
“Con estos conatos de insurrección, la mafia que controla la SCJN y el CJF ha causado un daño gravísimo al Poder Judicial, eliminando su ya precaria credibilidad y exhibiéndose ante la opinión pública como lo que es: un grupo que se siente dueño de las instituciones, que las mantiene secuestradas en beneficio de sus familiares y allegados, y que no tiene otra causa que la defensa de prebendas injustificables”, añade.
* Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)