La ambigüedad de Washington ante el declive opositor y el ascenso del chavismo en la calle

Carlos Fazio

La grave crisis política postelectoral en Venezuela entró en una nueva fase después del sábado 17 de agosto. Ese día, la líder de la extrema derecha local, María Corina Machado, había convocado a una movilización denominada “Gran Protesta Mundial por Venezuela” que estuvo muy por debajo de las expectativas iniciales. Las imágenes y videos aéreos de la concentración fueron lastimosos y contrastaron con la fuerza exhibida en las concentraciones del candidato triunfador, Nicolás Maduro.

Como ocurría con el ‘gobierno’ fantoche de Juan Guaidó, hechura de Washington, la ultraderecha venezolana solo puede presumir de legitimidad fuera del país y en las redes sociales. Observadores locales calificaron el acto de Machado como un fiasco a nivel territorial, simbólico y anímico, lo que se ha traducido en una percepción de declive acelerado alrededor de quien se puso a la cabeza de la intentona golpista a la medianoche del pasado 28 de julio, con acciones violentas propias de terrorismo urbano, tras la pacífica y concurrida jornada electoral.

Si en la profusa y sostenida narrativa prefabricada y difundida urbi et orbi por los medios hegemónicos occidentales –en particular en las capitales de América Latina y Europa– sobre el supuesto triunfo del testaferro de Machado, Edmundo González, el 70% de los venezolanos votaron a favor del excandidato de la Plataforma Unitaria Democrática, ello debería haberse expresado en una masiva transversalidad de actores y sujetos sociales volcados a las calles en Caracas y otras ciudades del país y del exterior. Lo que no ocurrió.

La realidad indica que la agenda putschista patrocinada por las usinas de la guerra no convencional del Pentágono y las operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) no ha logrado romper el consenso por una vida social de las y los venezolanos alejada de los traumatismos económicos y existenciales de los violentos ciclos insurreccionales de la oposición en 2014, 2017 y 2019.

Llama la atención, también, que después de las escaramuzas fallidas de los días 29 y 30 de julio, y pese a la presión de Estados Unidos y varias cancillerías latinoamericanas, dirigentes políticos de la oposición tradicional, como Manuel Rosales o Henry Ramos Allup, no incorporaron el concepto “fraude” a su vocabulario político y las señales de acompañamiento a las iniciativas de María C. Machado en esta etapa son mínimas o inexistentes; por lo que pareciera que el apoyo como coalición unitaria estaba circunscrito exclusivamente a lo electoral. Ello, sumado al enfriamiento entre sus seguidores, parece indicar una pérdida paulatina de la iniciativa política de quien ha sido erigida, en el exterior, como la “dama de hierro” venezolana.

EU y la diplomacia de guerra vs. Lula y Petro

No obstante, factores geoeconómicos y geopolíticos inciden en el desarrollo del conflicto venezolano desde el frente externo. Al respecto cabe citar, en la coyuntura, la reaparición de antiguos esquemas de presión y desestabilización estadounidenses, con ataques directos a la soberanía nacional del país sudamericano por la diplomacia de guerra de Washington.

Así, mientras por un lado el Departamento de Estado ejerce una creciente presión diplomática sobre el eje conformado por Brasil, Colombia y México para llevarlos a su terreno y debilitar su posición como interlocutores y mediadores regionales autónomos, por otro, funcionarios de la administración Biden han intensificado declaraciones que aluden a una eventual reanudación del programa de sanciones contra la paraestatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Con su carga de ambigüedad estratégica y sobre la base del desconocimiento de los resultados oficiales emitidos por las autoridades electorales de Venezuela, la Casa Blanca busca garantizar la conducción y el tutelaje de la crisis política de alcance regional en función de los intereses de seguridad nacional del imperio, donde el factor energético (petróleo/gas) es fundamental de cara a la elección presidencial de noviembre próximo entre Kamala Harris y Donald Trump.

En medio de una controversia poselectoral que se encuentra en proceso de resolución en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la escalada de presiones diplomáticas de EU busca explotar las vacilaciones y contradicciones de los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente, y fabricar un consenso regional que con la intervención de la maloliente y moribunda Organización de Estados Americanos (OEA), permita la adopción de una postura más agresiva y hostil hacia el gobierno de Nicolás Maduro.

La reciente propuesta de una repetición de elecciones esbozada con matices por Lula y Petro –que inicialmente respaldó el presidente Joe Biden, luego desmentido por un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EU que adujo una mala interpretación de una pregunta periodística–, indica que el camino tejido por Washington en los últimos días ha buscado consumar ese objetivo.

Bajo la influencia de su asesor Celso Amorim, Lula sugirió la formación de un gobierno de coalición o la convocatoria a elecciones con un comité electoral independiente y observadores internacionales, mientras Petro propuso un levantamiento de sanciones, una amnistía general, garantías para la acción política y un gobierno de cohabitación transitorio que conduzca a nuevos comicios. A su vez, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, mostró desacuerdo con esas propuestas, considerando imprudente la injerencia extranjera en asuntos internos de otro país.

Según la interpretación de la página web Misión Verdad, la iniciativa de Lula y Petro, ampliamente rechazada por todo el espectro político venezolano, puede interpretarse como una salida elegante al dilema planteado por las presiones del secretario de Estado, Antony Blinken. Según el medio, con eso intentaron, al mismo tiempo, no conceder a Washington el reconocimiento al candidato opositor Edmundo González –el delfín de María Corina Machado, financiada por EU y con derecho de picaporte en la Casa Blanca–, pero tampoco al presidente Maduro el reconocimiento a su victoria ni la validación del contencioso electoral en el TSJ.

Lula y Petro parecen no haber comprendido que, en tiempos de gran polarización geopolítica, jugar en un terreno resbaladizo y oscilante es una pésima señal, en un contexto internacional donde la autonomía estratégica define el perfil de los países en el marco del gran momento multipolar impulsado por potencias como China y Rusia, motores, a su vez, del BRICS+10. Es debido a ese escenario –en el cual Venezuela aspira jugar un rol protagónico a corto plazo dado su papel como eslabón fundamental en la cadena de suministro global de hidrocarburos–, que EU reactivó el hostigamiento económico como principal arma de coerción, ahora bajo la mampara de la crisis poselectoral.

Proceso que incluye, además, el virtual alejamiento venezolano del imperio del dólar dado su potencial acoplamiento al BRICS, que está por poner en funcionamiento un nuevo sistema de mensajería financiera similar al SWIFT, que puede acabar con el dominio global del billete verde y reconfigurar el panorama del comercio mundial.

En medio de la escalada de presiones diplomáticas, el programa de exenciones petroleras otorgadas a Venezuela por la administración Biden, así como la intensificación de las sanciones unilaterales, extraterritoriales e ilegales incluye una fase de administración de licencias que permite ajustar el enfoque conforme cambien las circunstancias y urgencias del mercado energético global, así como en criterios de conveniencia en relación con la seguridad nacional y energética del imperialismo estadunidense.

Si bien Maduro amenazó con pasar los bloques de petróleo y gas explotados por firmas occidentales a sus aliados del BRICS, no hay que descartar que en esta nueva fase de agresión contra Venezuela, los estrategas en Washington hayan elaborado un plan de contención dirigido a reforzar fuentes alternativas que cubran las necesidades energéticas del país (previsiblemente con la mira puesta en las vastas reservas de arenas bituminosas de Canadá y los nuevos pozos descubiertos en Guinea Ecuatorial y el Golfo de México), a fin de evitar las presiones de grandes empresas como Chevron, Eni, Repsol, Shell, BP y otras, con operaciones y proyectos conjuntos con PDVSA.

En ese contexto, las propuestas pusilánimes y a todas luces injerencistas de Lula y Petro, aunque han servido para frenar la inicial violencia del terrorismo guarimbero de María Corina Machado y la ultraderecha venezolana, y no satisfagan plenamente el objetivo imperial de elevar la hostilidad regional hacia el gobierno venezolano, se traducen en un apalancamiento de la narrativa de desconocer la victoria electoral de Nicolás Maduro y permitiría a la administración demócrata de Joe Biden ganar tiempo, distribuir el foco de atención

sin perder el sentido de la escalada multiforme propia de la guerra híbrida en curso y retrasar la imposición de sanciones petroleras que afectarían sus intereses energéticos, en especial en un contexto electoral estadunidense donde un desbalance en la inflación o en los precios de la gasolina, a causa de una medida improvisada, podría seguir catapultando la candidatura del republicano Donald Trump.

A manera de síntesis, parecería esbozarse en la etapa un fortalecimiento del chavismo bravío a nivel territorial, con eje en los consejos comunales, las organizaciones de base y la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que hicieron una lectura correcta de lo que estaba en juego en esta elección y actuaron en consecuencia. Si ganaba la ultraderecha iba a ir por todo, como hace hoy Javier Milei en la Argentina, ya que uno de los objetivos de María Corina Machado y Cía. era desarticular totalmente a las organizaciones territoriales. Todo indica que el chavismo ha vuelto a adueñarse de las calles frente a una derecha que parece esfumarse, no obstante lo cual Washington seguirá impulsando su guerra híbrida por varios carriles.

*Escritor, periodista y académico uruguayo residente en México. Doctor Honoris Causa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Autor de diversos libros y publicaciones