En libertad lonko Facundo Jones Huala: los golpes contra su pueblo
Andrés Figueroa Cornejo
Este 16 de agosto, la Corte Suprema de Santiago, intentando compensar el daño brutal cometido contra el lonko y luchador por la autonomía y territorio del pueblo mapuche Facundo Jones Huala, resolvió la liberación del ahora ex prisionero político indígena. El fallo de la máxima autoridad judicial del Estado chileno señala: «Teniendo presente que el condenado reingresó a cumplir el saldo de pena el 4 de enero del 2024, la pena se cumplió el 14 de junio de 2024, de manera que como se ha venido razonando, se encuentra ilegalmente privado de su libertad (…) (y por tanto) se declara que ha lugar al recurso de amparo interpuesto en favor Francisco Facundo Jonas Huala, debiendo tenerse por cumplido el saldo de pena que cumple el amparado en causa RUC N° 1300038520-9 y darse libertad inmediata».
María Isabel Huala es la madre de Facundo. Ella es cabeza de una familia que proviene del puelmapu, territorio mapuche que está al este de la cordillera de los Andes (Argentina) y fue ella también quien interpuso un recurso de amparo en la Corte Suprema de Santiago para la más pronta liberación de su hijo, dado que el weichafe de 36 años de edad cumplió su condena el 14 de junio de 2024 y, sin embargo, continuaba cautivo en un penal chileno.
Producto de semejante injusticia, Facundo adelantó una huelga de hambre de más de 50 días.
Al respecto, el 14 de agosto, María Isabel Huala indicó: los errores de cómputo (de los días que duraba su condena) son responsabilidad de los tribunales de la localidad de Río Bueno y de Gendarmería. Según el juicio de extradición que lo trasladó de Argentina a Chile, mi hijo terminó pena en junio de este año», y añadió mientras sostenía entre sus manos la fotografía de un joven: «durante este calvario, mi otro hijo, Fausto, debido al miedo tremendo que tenía por la suerte que pudiera correr su hermano en huelga de hambre, en un arrebato de angustia se quitó la vida el 1 de agosto, hace apenas unos días».
La madre de Jones Huala planteó la excepcionalidad del caso de Facundo debido a que «mi hijo fue extraditado desde la Argentina para cumplir su condena acá, en Chile. Es decir, la situación de mi hijo confirma que ambos Estados se encuentran concertados contra el pueblo mapuche».
La condición política de Facundo Jones Huala se inscribe en el ideario de la lucha por la recuperación del territorio ancestral mapuche ubicado en Argentina y Chile, desde una perspectiva autónoma y anticolonialista respecto de ambos Estados, los cuales, de manera prácticamente sincrónica, hace alrededor de 150 años se dieron a la misión genocida, racista y supremacista de liquidar política, económica, cultural y militarmente la resistencia indígena, apropiarse de sus tierras y riquezas, e intentar por todos los medios de asimilar y alienar a su población.
En la actualidad, el territorio mapuche se encuentra expropiado por el capitalismo extractivista y latifundistas de origen europeo. Por ello, el combate del autonomismo mapuche se define anticapitalista y responde, a diferencia de las erradas etiquetas propias del dogmatismo eurocéntrico de muchas izquierdas políticas, a una visión de mundo y espiritualidad, relaciones sociales mutuas y con la naturaleza, específicas de su trayecto histórico y que no guardan ningún vínculo con las identidades argentinas y chilenas.
El caso
El 21 de diciembre de 2018, el lonko, comunero y líder de su pueblo, 
en una audiencia realizada en el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia fue condenado con presidio por el delito de incendio y porte ilegal de arma de fuego, en el marco de una acción reivindicativa donde se incendió el fundo Pisu Pisué en Río Bueno, en 2013.
A mediados del 2018, la justicia argentina concedió la extradición de Jones Huala tras permanecer cuatro años en la clandestinidad.
Antes de ser condenado por los tribunales chilenos a fines de 2018, Facundo sufrió una persecución cinematográfica encabezada por la Interpol.
Las policías de uno y otro Estado realizaron allanamientos en distintas comunidades mapuche en Argentina, provocando graves y oscuros hechos.
Entre los operativos policiales y de inteligencia política institucional, las fuerzas de seguridad embistieron contra la lof Cushamen de la provincia argentina de Chubut, donde el joven Santiago Maldonado fue desaparecido y posteriormente asesinado; y el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en la zona del lago Mascardi de la provincia de Río Negro, donde agentes policiales asesinaron al joven Rafael Nahuel.
Ambos crímenes todavía mantienen un gran impacto en las agrupaciones sociales y de derechos humanos.
El 27 de junio de 2017, en tanto los mandatarios de Argentina, Mauricio Macri, y Chile, Michelle Bachelet, celebraban «un nuevo impulso entre los dos países en los afectos e integración», el lonko Jones Huala fue arrestado por la Gendarmería argentina en la provincia de Río Negro. Casi un año después, en marzo de 2018, cuando en Chile ya gobernaba el hoy extinto Sebastián Piñera, un juez de Bariloche declaró la extradición contra el dirigente mapuche. El 28 de agosto de ese año, la Corte Suprema de Argentina confirmó su extradición.
Entonces, la defensa de Jones Huala dirigida por la abogada argentina Sonia Ivanovic, presentó en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una medida cautelar en la que solicitó la revisión de la factibilidad de la extradición, debido a que la persecución estatal con fines de extradición se trataba de «un mal uso y aplicación discriminatoria de la Ley de Inteligencia».
La entidad internacional mandató al Estado argentino a abstenerse de ejecutar la extradición mientras la medida cautelar estaba en trámite.
No obstante, y haciendo caso omiso del señalamiento anterior, el 11 de septiembre de 2018, sin avisar previamente a Jones Huala ni a su abogada, un equipo de agentes de la Interpol metieron a Facundo en un helicóptero y lo llevaron a Chile, al Centro Penitenciario de Valdivia.
El calvario de Facundo y su familia alcanzó un remanso transitorio este 16 de agosto de 2024, con la puesta en libertad del lonko por la Corte Suprema de Chile. Acaso es la hora de que su madre María Isabel tenga el tiempo para hacer el duelo de Fausto, quien se suicidó hace dos semanas.
Héctor Llaitul
Paralelamente, el prisionero político mapuche y werken de la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, Héctor Llaitul, condenado a 23 años de cárcel según las leyes del Estado autoritario y antipopular chileno, a través de un comunicado al pueblo nación mapuche informó que continuará en huelga de hambre, «exigiendo mi traslado al Módulo de Comuneros de la cárcel de Temuco. No hay resignación ni derrota en esta decisión, todo lo contrario, ya que seguiré protestando y luchando por lograr mi desprocesamiento en las Cortes Internacionales, principalmente en la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos de Naciones Unidas -ONU-)».
En la declaración, Llaitul, cautivo en el penal de Biobío, añadió: «me veo en la obligación de volver a denunciar y hacer valer mi actual condición de preso político mapuche, y porque en estricto rigor la existencia de los módulos para comuneros en la cárceles chilenas fue el resultado de grandes movilizaciones que realizamos -en conjunto con las Comunidades- los weichafes perseguidos y encarcelados por la causa mapuche décadas atrás.
En aquel entonces la institucionalidad chilena, tanto tribunales como gendarmería se vieron obligados a gestar e implementar el Convenio 169 de la OIT que determina claramente el respeto a los derechos culturales de los miembros de un Pueblo Originario, más aún si está procesado y/o condenado por reivindicación territorial».
Tanto en el caso de Facundo Jones Huala como en el de Héctor Llaitul, se verifica el rol pactado que cumplen las fuerzas coactivas de los Estados de Chile y Argentina contra una resistencia mapuche autonomista que brega centenariamente por su legítimo lugar y tiempo en el mundo.
Ese viejo combate persiste mientras de manera paulatina se reagrupa la solidaridad no mapuche. Sin los pueblos originarios es imposible la emancipación del género humano.