Comienza en Colombia el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe

Democratización de la justicia

Cepeda, senador del Pacto Histórico, coalición que llevó a Gustavo Petro a la presidencia en 2022, señaló que este episodio debe ser motivo de celebración, pues significa un avance de la democratización de la justicia y de la sociedad colombiana, subrayando que era la primera vez que un ex presidente de la república debe presentarse ante los tribunales en condición de acusado.

Cepeda y Uribe se ubican en las antípodas de la política colombiana. Cepeda fue y es impulsor decidido de la paz y un reconocido defensor de los derechos humanos, mientras que Uribe construyó su carrera lucrando con la guerra, la cual azuzó a fin de cohesionar a su base electoral y crear un clima de miedo en el que la democracia y el diálogo eran vistos como signos de debilidad, de la mano de los intereses estadounidenses, convirtiéndose en aliado de las políticas militares de Washington.

Uribe explotó el añejo conflicto interno con el propósito de desacreditar al conjunto de la izquierda y aniquilar (incluso físicamente) toda resistencia a los abusos de grandes terratenientes, empresas mineras y otras corporaciones cuya riqueza se basa en el expolio de recursos naturales y el despojo a los pueblos indígenas y campesinos. Uribe instituyó premios en metálico y en especie para los militares que presentasen cadáveres de guerrilleros.

Además de ser en sí misma una violación flagrante de los derechos humanos y una degradación de las Fuerzas Armadas, dicha política abrió paso al horror de los falsos positivos: con tal de cobrar los macabros estímulos, la tropa asesinaba a campesinos indefensos, los disfrazaba para hacerlos pasar como integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los presentaba ante sus superiores… y la prensa hegemónica.

Nueva fiscal, viejos casos

El caso de Uribe alumbra las razones por las que la Suprema Corte de Justicia, afín a las derechas, retrasó hasta donde le fue posible el nombramiento de Luz Adriana Camargo al frente de la Fiscalía General de la Nación, instancia que había obstruido sistemáticamente la justicia a favor del ex mandatario. La llegada de la nueva fiscal representa la esperanza de poner fin a la impunidad y los pactos mafiosos construidos por el conservadurismo que gobernó a Colombia hasta hace dos años.

Camargo ha sido distinguida por su lucha contra la corrupción y la parapolítica, la simbiosis entre la ultraderecha institucional y los escuadrones de la muerte contrainsurgentes financiados por empresarios y terratenientes, mucho tiempo tolerados e incluso protegidos por el Estado, sobre todo en la Presidencia de Uribe.

El inicio del proceso se remonta a 2012. Uribe denunció entonces a Cepeda por intentar vincularlo a la creación de un grupo paramilitar buscando testimonios en las cárceles, pero en 2018 la Corte cerró el caso contra Cepeda y decidió abrir una investigación contra el expresidente para determinar si en realidad él había intentado manipular a testigos para que vincularan al senador.

Durante la gestión del exfiscal general Francisco Barbosa, varios fiscales pidieron el cierre del proceso a favor de Uribe por falta de pruebas, así como también lo hizo la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, en dos ocasiones los jueces se han negado al cierre del proceso.

Uribe condensa los peores vicios de la derecha latinoamericana: mano dura contra movimientos sociales, sumisión servil ante Washington, obsesión privatizadora, complicidad con o directa pertenencia a oligarquías sanguinarias, desprecio por la suerte y la vida de los pobres, populismo punitivo, uso efectista de la violencia de Estado y concepción de la política como oportunidad de negocios.

En agosto de 2020 los altos magistrados ordenaron el arresto domiciliario del exmandatario, argumentando que en libertad podría entorpecer la investigación. Luego Uribe renunció al Senado y su expediente pasó a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión y reinició todo el proceso. En noviembre de 2023, Uribe testificó ante la Fiscalía en una investigación por el supuesto conocimiento anticipado de una masacre  y el asesinato de un defensor de derechos humanos, a raíz del testimonio del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

También fue denunciado ante un tribunal argentino por su presunta responsabilidad en amás de seis mil ejecucionees y desapariciones forzadas de civiles cometidas entre 2002 y 2008, durante su gobierno, un caso conocido como «falsos positivos». La justicia de ese país aun no se ha pronunciado sobre el caso.

Durante su mandato, Uribe gozó de una inmensa popularidad gestionada por los medios hegemónicos colombianos e internacionales, por la política de mano dura con la que su gobierno debilitó las guerrillas. Sin embargo, su imagen se ha visto afectada por las acusaciones de genocidio, los múltiples escándalos y procesos judiciales en los últimos años.

Por ello, la importancia de que Uribe finalmente rinda cuentas por una parte de las atrocidades que cometió o solapó trasciende a su persona y constituye una ocasión inapreciable para que la sociedad colombiana cierre un capítulo de su historia marcado por la cerrazón a procesar en términos democráticos las grandes desigualdades que la agobian.

En un extenso alegato  ante un enjambre de micrófonos y cámaras de los medios de comunicación, Uribe, de casi 72 años,  dijo que Jamás he engañado a la justicia y mi vida pública no conoce la mentira, aseguró Uribe  antes del inicio del juicio en su contra. Abogados especialistas consideran que el proceso judicial contra Uribe ha sido meticuloso y cuenta con un abundante arsenal probatorio, basado principalmente en testimonios.

De ser hallado culpable, el expresidente podría ser condenado hasta a doce años de privación de la libertad, pena contemplada por los códigos para los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en un proceso penal.