América Latina a la sombra de un modelo de securitización
Paula Giménez y Matías Caciabue
El reciente triunfo de Nayib Bukele en El Salvador y el desembarco del Comando Sur en Ecuador tras la crisis que desató el conflicto entre bandas narcotraficantes, revelan la expansión en Latinoamérica de un modelo que propone la resolución del problema de la seguridad -uno de los que más prensa tiene en la región- a partir de la aplicación de mecanismos de vigilancia, injerencia y control.
Mayores poderes a las fuerzas públicas del orden y facultades extraordinarias a los presidentes bajo estados de excepción permanente, son algunos de los condimentos de esta propuesta que amenaza de muerte a la democracia, además de abrir la puerta a la intervención extranjera para el control de los territorios. Un objetivo nada desdeñable para los proyectos económicos que se disputan los recursos que abundan en Latinoamérica.
Hace escasos días, al anunciar un triunfo electoral que no solo le aportó más del 90 por ciento de los escaños en el parlamento, sino que proclamó la extinción de los partidos opositores, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, 
hizo público su ofrecimiento al Gobierno argentino de Javier Milei para colaborar en temas de seguridad aunque, según observó, Argentina no necesita medidas «tan drásticas» como las aplicadas en El Salvador.
Lo cierto es que las valoraciones positivas sobre este joven presidente que iniciará un segundo período de gobierno en el país centroamericano, se han proyectado hacia la región empujadas por un aparato propagandístico que incluye no solo su actividad permanente en X y otras redes sociales sino también las imágenes de la reducción y el castigo al que se somete en las cárceles salvadoreñas a los miembros de las bandas territoriales llamadas Maras.
El Salvador tuvo a lo largo de su historia modelos de seguridad conocidos como el Plan de Mano Dura y Ley Antimaras del 2003; el Plan Súper Mano Dura en 2004 y la Ley de Proscripción de Pandillas del 2010, entre tantos otros. El “gran” modelo de Bukele llegó en el 2019 cuando en su candidatura a presidente manifestó qué intentaría profundizar en la región un programa de seguridad para terminar con la violencia en el país. A poco de asumir, visitó Estados Unidos y allí utilizó una metáfora para dialogar con los representantes del gobierno de Trump, en la que representó a su país como un adulto drogadicto y al país norteamericano como un padre, al que le solicitaba ayuda.
El Plan de Control Territorial, es el programa que ha llevado adelante el presidente salvadoreño para el control de los centros penales, la interrupción del financiamiento al crimen organizado y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad. A través de videos que parecen producciones hollywoodenses le mostró al mundo su proyecto de seguridad: fases de ejecución con planes confidenciales, acciones de control territorial, restauración de las fuerzas de seguridad, cercamiento de grandes centros urbanos y la construcción de una mega cárcel famosa con capacidad para albergar a unas 40.000 personas.
En 2021, cerca de su inauguración, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, definió a la mega prisión de El Salvador, conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo, como un «campo de concentración que da escalofríos», pero que dispara «popularidades».El presidente colombiano afirmó en ese entonces que Colombia también había logrado reducir su tasa de homicidios, «pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre».
El modelo bukele ha logrado, según números oficiales, disminuir los homicidios pero también ha implicado miles de detenciones masivas, violaciones de derechos civiles y arrestos arbitrarios. Frente a una política de control arbitraria, las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ya recibió más de 7.900 denuncias de abuso del Estado, y la Corte Suprema de Justicia recibió 4.012 hábeas corpus.
En marzo del 2022 se adjudicó a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 la matanza de 87 salvadoreños en un fin de semana. Frente a este hecho, Bukele puso a jugar su Asamblea Legislativa para establecer por Decreto el “Estado de Excepción”, el cual fue prorrogado 22 veces hasta la fecha. También avanzó en la suspensión de las garantías constitucionales de las y los salvadoreños como el no derecho a defensa, plazos de detención administrativa de 15 días y la intervención de la correspondencia y telecomunicaciones.
El punitivismo como política represiva ejecutado a través del Plan de Control Territorial, planteado por Bukele es un indicador, no solo de la continuidad, sino de la profundización del modelo neoliberal en un proyecto de país que no ofrece mucho más a las clases populares empobrecidas de manera progresiva por un espiral inflacionario sin límites y una matriz productiva primaria y dependiente de su principal socio económico, Estados Unidos.
El caso ecuatoriano
Ecuador vive una crisis de seguridad que se ha ido agudizando desde 2021 hasta constituirse, en el 2023, en uno de los países más peligrosos del continente. En el año 2016, sin embargo, se encontraba en el segundo puesto de los países más seguros de la región. Las crisis carcelarias y el descontrol de las bandas del narcotráfico fueron en aumento en la misma proporción en que fueron disminuyendo y retrotrayéndose los dispositivos legales y las estructuras públicas diseñadas durante el gobierno de la Revolución Ciudadana para abordar el problema desde enfoques más complejos y multidimensionales que el mero punitivismo.
En 2023, durante la campaña electoral, el candidato presidencial Fernando Villavicencio, representante del movimiento Construye Lista 25 (MC25), fue atacado y asesinado durante un acto público. Un hecho que sin dudas condicionó los resultados electorales para el triunfo de Daniel Noboa.
En enero de este año hubo disturbios en seis cárceles del país y 29 ataques a edificaciones que dejaron un saldo de más de trece personas muertas, 41 detenidos, y 178 rehenes miembros del personal penitenciario. En este escenario el joven mandatario, Daniel Noboa, justificó su propuesta de proyecto urgente de “Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica”, qué comprendía el aumento de impuestos pero que no tuvo la aprobación del poder legislativo ecuatoriano.
La guerra de fondo entre las bandas narcotraficantes que se expresa en las muertes, asesinatos y violencia extrema es en realidad el control interno de las cárceles y el control externo de las rutas de la cocaína hacia Europa y EE.UU. Frente a estas realidades aparece el factor común entre los gobiernos que aplican el modelo de control punitivista a la vez que recurren al gobierno norteamericano para solicitar “cooperación”.
El 22 de enero, una misión estadounidense visitó Quito y se reunió con el Presidente para acordar los términos de la cooperación entre ambos países en materia de seguridad. La delegación estaba compuesta por Christopher Dodd, asesor presidencial Especial para las Américas; Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM, por sus siglas en inglés); y Christopher Landberg, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley.
En los días que siguieron, la Corte Constitucional ecuatoriana aprobó dos tratados de cooperación militar con Estados Unidos: uno general relacionado con su presencia en territorio nacional y otro específico sobre la colaboración en el área marítima. En ambos casos, la mayoría de los jueces constitucionales consideró que no hacía falta que estos tratados fueran aprobados por la Asamblea Nacional, según informaron medios locales.
En 2023, durante la campaña electoral, el candidato presidencial Fernando Villavicencio, representante del movimiento Construye Lista 25 (MC25), fue atacado y asesinado durante un acto público. Un hecho que sin dudas condicionó los resultados electorales para el triunfo de Daniel Noboa.
En enero de este año hubo disturbios en seis cárceles del país y 29 ataques a edificaciones que dejaron un saldo de más de trece personas muertas, 41 detenidos, y 178 rehenes miembros del personal penitenciario. En este escenario el joven mandatario, Daniel Noboa, justificó su propuesta de proyecto urgente de “Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica”, qué comprendía el aumento de impuestos pero que no tuvo la aprobación del poder legislativo ecuatoriano.
La guerra de fondo entre las bandas narcotraficantes que se expresa en las muertes, asesinatos y violencia extrema es en realidad el control interno de las cárceles y el control externo de las rutas de la cocaína hacia Europa y EE.UU.
Frente a estas realidades aparece el factor común entre los gobiernos que aplican el modelo de control punitivista a la vez que recurren al gobierno norteamericano para solicitar “cooperación”. El 22 de enero, una misión estadounidense visitó Quito y se reunió con el Presidente para acordar los términos de la cooperación entre ambos países en materia de seguridad. La delegación estaba compuesta por Christopher Dodd, asesor presidencial Especial para las Américas; Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM, por sus siglas en inglés); y Christopher Landberg, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley.
En los días que siguieron, la Corte Constitucional ecuatoriana aprobó dos tratados de cooperación militar con Estados Unidos: uno general relacionado con su presencia en territorio nacional y otro específico sobre la colaboración en el área marítima. En ambos casos, la mayoría de los jueces constitucionales consideró que no hacía falta que estos tratados fueran aprobados por la Asamblea Nacional, según informaron medios locales.
Por esas fechas la Asambleísta Nacional por la Revolución Ciudadana, Esther Cuesta, denunció, en una entrevista con el programa de streaming Nodal se Prende la creación de una situación de shock por parte del presidente ecuatoriano para justificar la implementación de medidas neoliberales que profundiza la situación de pobreza y que se sufre más del 50% de la población en Ecuador.
La respuesta a la crisis sistémica
El Salvador de Bukele resulta ser el proyecto más desarrollado en materia de securitización, junto a otros actores regionales como Daniel Noboa en Ecuador, Javier Milei, en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil, quienes personifican la línea conservadora más radicalizada, que se caracteriza por darle un lugar central a las redes sociales con sus tendencias irónicas, tener una presencia carismática y performática, espectacularizar sus políticas en las diversas plataformas y alentar el control social.
El modelo de securitización funciona para estos proyectos neoconservadores nacionalistas para alentar y construir teórica y fácticamente una sociedad de control y vigilancia, mediante el ejercicio del poder a través del disciplinamiento y la espectacularización de la realidad.
El avance de la digitalización y financiarización de la economía que tuvo como catalizador la Pandemia de Covid-19, ha dejado como saldo altos niveles de concentración de la riqueza en un puñado de actores económicos, dedicados a los sectores rentables de esta época digital y volcada a la industria del conocimiento.
La miseria, la sobreexplotación y la exclusión de las inmensas mayorías sociales, mientras una Aristocracia Financiera y Tecnológica concentra las riquezas a una escala planetaria, impacta en la deslegitimación total de las instituciones políticas y de la democracia como sistema, abriendo paso a la entronización de proyectos neoconservadoras y neofascistas.
Así el punitivismo como política represiva frente a la seguridad desde una perspectiva que considere la integralidad 
humana está primando, en la región. Sin apuntar a intervenir sobre las causas profundas del conflicto este modelo se enfoca en el ataque a las consecuencias, reforzando la constitución de una sociedad de control enmarcada en el Estado policíaco global. Pero ¿qué hay para los territorios que exigen respuestas urgentes y estructurales para poder superar estas situaciones?
Ni palomas ni halcones, ni progresistas globalistas o conservadores neofascistas, han podido responder por completo a las demandas e intereses concretos de los pueblos.
Todo indica que el péndulo de la política regional continuará moviéndose entre uno y otro polo de las fuerzas que se enfrentan cíclicamente sin poder resolver su empate en la región. Ante un sistema institucional agotado y con escasas herramientas para dar respuesta, el destino popular es incierto, pero no está cerrado, para aquellos que eligen el camino de la organización y lucha.
*Cacciabue es licenciado en Ciencia Política y Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional, UNDEF en Argentina. Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Ambos son Investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)