Agresión a Machupicchu

Para algunos nos encontramos en el país de las dinamaravillas, aquellos que así lo creen, son los que han sido favorecidos mediante cuestionados procesos de licitación directa, obteniendo jugosos beneficios pagados con los recursos que genera nuestro patrimonio cultural. Los últimos acontecimientos que se vienen registrando desde mediados del pasado año en contra de la conservación y transparente gestión de la Llaqta de Machupicchu, primer destino turístico del Perú, nos refieren lo contrario, nos están mostrando que hemos descendido a las sombras más oscuras y aterradoras que agresivamente avanzan vulnerando las políticas y principios rectores del Sector Cultura, estamos ya en el umbral del país de las dinapesadillas y eso no se puede tolerar, hay que salir ahora de este calamitoso escenario.

Ahora más que nunca, es el momento de unirnos los verdaderos cusqueños y cusqueñistas en una sola voz y en una sola acción de lucha para detener la barbarie que se avecina galopante. Tanta incapacidad e ineficiencia de la actual gestión del Ministerio de Cultura ha colmado, indigna la falta de respeto al Cusco y el desprecio evidente a nuestro pueblo. Es tiempo de hacer frente -desde la ciudadanía y desde el ejercicio legítimo de los Derechos Humanos que nos corresponde- al inminente peligro que amenaza la integridad y conservación de Machupicchu y ponernos al frente de la defensa irrestricta de los recursos que genera este Sitio peruano relevante del Patrimonio Mundial, oponiéndonos a que sean transferidos graciosamente a una empresa privada elegida directamente.

Los repetidos y arbitrarios manejos, como las perturbadoras decisiones centralistas de la gestión actual del Ministerio de Cultura se mantienen, primero fue la promulgación de disposiciones distanciadas del rol tutelar del Estado para la protección y conservación de los bienes que integran el patrimonio cultural de la Nación, como la Ley 31770, publicada en el mes de junio del 2023, que dispuso una desastrosa modificación del artículo 32 de la Ley 28296 – Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, estableciendo por primera vez en la historia del país la lotización de bienes integrantes del patrimonio cultural, propiciando con ello la pérdida de los bienes patrimoniales.

Y posteriormente, la propuesta irracional e inaceptable -a partir del mismo despacho ministerial- para modificar el Reglamento de la misma Ley General del Patrimonio Cultural con el propósito de derogar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA, facilitando el huaqueo y la desaparición de sitios arqueológicos, sobre todo de aquellos que aún no están descubiertos pero que están protegidos por la Constitución Política del Estado; y también, se pretendió la autorización automática de intervenciones en bienes inmuebles no prehispánicos sin proceso de evaluación del proyecto, atentando contra la integridad y conservación de los Centros Históricos.

De otro lado está el insistente interés desde la posición centralista por que opere apresuradamente la plataforma virtual de la empresa privada Joinnus para la venta de boletos turísticos a Machupicchu a cambio de un alto porcentaje de comisión, lo que deja muy claro que la gestión para la conservación y preservación de nuestro patrimonio cultural y la defensa de los recursos que genera Machupicchu no le interesan al centralismo estatal.

Ya sabemos que no existe estabilidad política en el Perú, que la desaprobación de la población por este gobierno bordea el 96%; entendemos claramente que no es el propósito fundamental del gobierno de la presidenta Boluarte la estabilidad económica, y mucho menos la social; y en esa misma dirección opera la ministra Urteaga encargada de conducir el Sector Cultura, quien se sigue mostrando desafiante ante la razón y la cordura, operadora tenaz en la defensa de la empresa a la que favoreció, demostrando no solo falta de respeto a la región Cusco, sino también profundo desprecio a la instancia regional de su propia institución, cargándole culpas y responsabilidades que no ha probado.

La citada ministra ha expuesto pública y reiteradamente que la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco es incapaz de ejecutar gasto público, que la plataforma virtual de venta de boletos que ha venido operando es deficiente y obsoleta, refiriéndose inclusive en varias oportunidades a actos de corrupción señalados por la Contraloría sin tampoco probarlo. No ha informado sobre las medidas adoptadas por su despacho frente a estos supuestos, pero sí se ha expresado ampliamente en favor de la contratación directa con Joinnus, señalando las bondades de tal empresa, que según su opinión resolverá todos los males ofreciendo transparencia y auditabilidad de sus operaciones. No se ha manifestado con claridad respecto al proceso de contratación unilateral y vertical dirigido desde el centralismo capitalino, obviando la participación del órgano regional del Ministerio de Cultura.

Como lo he manifestado en anterior publicación, es claro que son otros asuntos los que mueven el interés y esfuerzos de las autoridades del centralismo, que agresivamente continúan menoscabando los recursos que genera el Cusco y secuestrando toda posibilidad de desarrollarnos con autonomía. La ministra Urteaga decidió arbitrariamente y de espaldas al Cusco, tercerizar la venta de boletos electrónicos de ingreso al Santuario Histórico de Machupicchu, entregando como pago de comisión un alto porcentaje de los recursos generados por la venta de estos boletos turísticos a la empresa Joinnus.

Lo hizo a través de un cuestionado proceso administrativo de contratación directa de servicio menor a 8 UIT, formalizado en la Orden de Servicio N°3480-2023-S del 4 de agosto de 2023 y la Adenda N°01 suscrita el 7 de noviembre de ese mismo año. Con esto el camino a la privatización, también en este rubro, quedó trazado. Era realmente lo que faltaba, ya están posicionadas y respaldadas por sendos contratos de concesión que se van renovando desde hace décadas las empresas privadas Perú Rail y Sanctuary Lodge.

Un informe de la comisión de Cultura del Congreso, dirigido a la Contraloría pone de manifiesto las irregularidades en las que se estaría incurriendo con la firma de este contrato. A continuación, puede leer el listado de estas situaciones que ponen dudas sobre dicha licitación.