Guatemala celebra elecciones presidenciales el domingo 25 de junio en medio de creciente incertidumbre y desconfianza con las instituciones electorales y judiciales, y un extendido malestar con un entramado institucional que bloqueó la participación de los candidatos que amenazaban la supervivencia del corrupto sistema.

Entre Guatemala y Guatepeor

Victoria Korn

En Guatemala, una veintena de candidatos aspiran a llegar al poder para reemplazar al actual mandatario, Alejandro Giammattei, que dejará la Presidencia bajo acusaciones de malos manejos, mientras que los tres problemas que más inquietan a los guatemaltecos son la inseguridad, el desempleo y la corrupción.

Llama la atención la admiración de varios candidatos por el modelo autoritario instaurado en El Salvador por Nayib Bukele, que emprendió  una guerra contra las pandillas a costa de un deterioro palpable de las garantías democráticas y los derechos humanos.

Las elecciones se desarrollarán pese a las críticas a las autoridades electorales, señaladas por su poca independencia y credibilidad. Los magistrados del Tribunal Electoral negaron en febrero la inscripción del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), organización de izquierda encabezada por la líder maya Thelma Cabrera y el exprocurador de derechos humanos Jordán Rodas. De esta manera dejaban fuera a una organización política muy crítica con Giammattei.

Además de los desmanes del poder electoral, el proceso electoral quedó marcado por el juicio contra el periodista José Rubén Zamora, condenado  por lavado de dinero, en clara persecución política contra el fundador de elPeriódico, medio que publicó decenas de investigaciones por casos de corrupción que involucraban al actual presidente y altos funcionarios.

Muy pocos candidatos se han pronunciado sobre este proceso o demostrado algún tipo de simpatía hacia Zamora y criticado a las autoridades judiciales, acusadas de obedecer las órdenes de Presidencia.

No debiera llamar la atención: las encuestas muestran el hartazgo hacia un sistema en el que prevalece la impunidad. El país ha sobrevivido entre crisis políticas desde 2019, cuando el entonces presidente Jimmy Morales, decidió expulsar del país a la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) que lo investigaba por presunta corrupción.

El continuado voto de castigo al oficialismo y el voto antisistema están impulsados por la persistente frustración social, a veces traducida en protestas (2015), que desencadenan la caída de presidentes (Pérez Molina) o estallidos de violencia (2021).

¿De dónde surge esa frustración? Es un problema multicausal con profundas raíces históricas, resultado de un fracaso del estado, de las administraciones públicas y de una elite política y económica extractivista y monopolista, de escasa capacidad para construir un proyecto nacional, centrada en su control hegemónico.

El Estado tiene fuertes limitaciones para proveer bienes públicos esenciales, como salud, seguridad pública, educación o justicia, tanto en el ámbito nacional como en el subnacional y municipal. La última encuesta de Prensa Libre (mayo de 2023) muestra que seis de cada 10 entrevistados afirman que confían en las iglesias (evangélica y católica) y en el Ejército,

Los partidos políticos tienen el más bajo nivel de confianza de los últimos 11 años, igual que la presidencia, que en 2023 mostró su peor calificación (11,4%). Lo mismo ocurre con el Congreso, que en algún momento obtuvo un 24%, aunque este año es la institución peor valorada (8,9%).

Voto castigo

En el actual contexto latinoamericano, marcado por el voto de castigo al oficialismo, Guatemala lo practica de forma constante desde el regreso de la democracia en 1985. La ciudadanía ha votado siempre contra el gobierno de turno. Esa perenne frustración explica una ley no escrita de la política guatemalteca: nunca un partido en el poder consiguió revalidar la confianza ni regresar al poder en la siguiente elección ni en otras posteriores

Esta vez lo hace en unas elecciones marcadas por una creciente desconfianza con las instituciones electorales y judiciales, un extendido malestar con las élites y el sistema político y partidista. Son elecciones atípicas, que a menos de un mes de su celebración han visto como el outsider Carlos Pineda, el candidato favorito, que abanderaba el voto antipolítico y anti establishment, quedaba fuera de la campaña.

La posibilidad de ganar la presidencia de Guatemala se esfumó en menos de un mes para Pineda, que lideraba las encuestas desde principios de mayo. El 23% en la intención de voto que le infundió fortaleza para verse ya en la segunda vuelta, también se convirtió en su mayor vulnerabilidad, porque le pusieron en el foco de acciones legales para despojarle de la candidatura.

Pineda, un empresario de provincia que escaló en las encuestas gracias a su campaña en TikTok, es el tercer presidenciable que denuncia el bloqueo institucional para participar en las elecciones y la anulación de su candidatura eleva las voces que denuncian fraude ante la aplicación de criterios arbitrarios para excluir a candidatos incómodos para el sistema.

“La elección adquiere el carácter de elecciones restringidas donde la autoridad electoral se convierte en el primer y gran elector del proceso, restringiendo el voto ciudadano a la oferta preseleccionada”. proclamó recientemente la organización Mirador Electoral.

Entre los candidatos caídos que llaman “fraude” al proceso electoral están el hijo del expresidente Álvaro Arzú, Roberto Arzu García-Granados y la lideresa indígena Thelma Cabrera. Los tres han sido excluidos de forma legal, pero en circunstancias que muchos opositores consideran arbitrarias y en un contexto de “cooptación institucional”, según Arzú, mientras Cabrera y Pineda fueron más allá al hablar de síntomas de una “dictadura”.

La lideresa indígena Thelma Cabrera y el exprocurador de los Derechos Humanos Jordan Rodas han quedado fuera de la contienda electoral porque el tribunal electoral invalidó la solvencia de administración de fondos públicos que Rodas presentó para su postulación. La función pública de Rodas no se había cuestionado hasta días después de que el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) lo proclamara como candidato a vicepresidente.

Con una propuesta de conformación del estado plurinacional y de nacionalización de los recursos públicos, Cabrera quedó en el cuarto puesto en las presidenciales de 2019. En el quinto quedó Roberto Arzú García-Granados, que se presentaba como una opción “disruptiva, de rechazo a la corrupción” y que pretendía retomar el legado de su padre, el expresidente Álvaro Arzú Irigoyen del conservador partido Unionista.

La salida de Pineda, según una encuesta de CID-Gallup, podría favorecer el ascenso del presidenciable Edmond Mulet, un exfuncionario de Naciones Unidas y abogado señalado por participar en adopciones ilegales de niños en los ochenta. Sin embargo, Mulet afronta la amenaza de un caso penal que surgió desde el despacho del fiscal Rafael Curruchiche, designado como actor antidemocrático por Estados Unidos.

La fiscalía señala como obstrucción de la justicia los mensajes de solidaridad y apoyo que Mulet emitió a favor del presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, procesado por un caso de lavado de dinero que se armó en tres días.

Hasta marzo, las encuestas marcaban un escenario estancado, que preveía una segunda vuelta inédita entre dos mujeres: Sandra Torres (Unidad Nacional de la Esperanza, UNE) y Zury Ríos (Partido Unionista, VALOR-PU).

Poco a poco, Edmond Mulet (CABAL) y Pineda (Prosperidad Ciudadana) fueron mejorando, al atraer el voto del descontento y canalizar el respaldo de los candidatos que quedaban fuera de la carrera. El apoyo que inicialmente recibió el discurso populista y anti-élite de Roberto Arzú, excluido por hacer campaña anticipada, viró, sobre todo, a Pineda, que pasó de una intención de voto del 3% al 10% en abril.

Manuel Conde, el candidato de la oficialista Vamos, nunca mejoró su intención de voto pese al respaldo del aparato del Estado y de la red de alcaldes pro gubernamentales.

La última etapa de la campaña (mayo-junio) ha estado centrada en la pugna por conquistar los votos que dejaba Pineda. Todo apunta a que esos votos irán en buena medida a la abstención, aunque hay algún candidato con opciones de hacerse con una parte.

Una encuesta de Cid Gallup de finales de mayo señalaba que si bien Torres subía tres puntos, hasta el 22%, Mulet era el que más crecía (del 14 al 21%) y Ríos apenas avanzaba hasta el 19%, desde el 16%.

El voto urbano de Pineda se lo llevaban principalmente los otros dos candidatos, de mayor fuerza en las zonas urbanas (sobre todo Mulet y en menor medida Ríos), mientras Torres, más fuerte en las zonas rurales, se beneficiaba menos por esta exclusión. Pineda, por su parte, ha promovido el voto nulo para deslegitimar el proceso y obligar a repetir las elecciones si el voto nulo superara el 50%.

Cada uno de los llamados “principales candidatos” promete ser la mayúscula con la que comenzará una nueva historia para Guatemala. Pero unas son figuras recicladas y otras recuerdan a los fantasmas del pasado. Edmond Mulet (72 años), Zury Ríos (55 años) y Sandra Torres (67 años) son quienes figuran entre los primeros lugares en las encuestas. Los tres navegan por el espectro de la derecha, en unas elecciones marcadas por un extendido malestar con las élites y el sistema político actual.

La trayectoria de Mulet quedó manchada a inicios de los años 80, cuando ejercía como abogado. Fue capturado y enfrentó un proceso penal bajo sospechas de pertenecer a una red de adopciones ilegales de niños para parejas canadienses. Zury Ríos no puede dejar de ser asociada a su padre: los medios internacionales no olvidan que es “hija del dictador” o “hija del genocida”.

Sandra Torres fue esposa del exmandatario Álvaro Colom, de quien se divorció en 2011 para cumplir con la ley que no permitía a familiares directos del presidente en turno buscar la presidencia. Fue detenida el 2 de septiembre de 2019 por supuesta financiación electoral ilegal y asociación ilícita, tres semanas después de perder las elecciones. Recién en noviembre de 2022, un juzgado decidió cerrar el proceso penal.

*Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe,  asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

 

Cambiar caras para que nada cambie

Marcelo Colussi

En pocos días habrá elecciones generales para elegir presidente, legisladores, alcaldes y miembros del Parlamento Centroamericano. Una visión ingenua -por decirlo suavemente- ve en esto una “fabulosa fiesta democrática”. Siendo realistas, lo único que puede preguntarse es: ¿para qué esta parafernalia? ¿Qué habrá de nuevo luego de esta justa electoral? Nada, absolutamente nada.

El país hace ya casi cuatro décadas que retomó esta tradición de votar cada cuatro años, a lo que se llama “democracia”. En ese lapso pasaron once presidentes (nueve llegados por voto popular y dos producto de regulaciones administrativas), y la masa votante y la población en general no encontró ninguna diferencia con ninguno de ellos. Como siempre, las decisiones fundamentales no se tomaron en la casa de gobierno sino a partir de los verdaderos factores de poder, que siguen siendo el alto empresariado con unos cuantos grupos económicos al frente (quienes financian las campañas de los partidos políticos), y la embajada de Estados Unidos.

El proceso electoral se ha mostrado hiperjudicializado, con continuas denuncias de un lado y otro. No hay ninguna propuesta concreta por parte de ningún partido que la gente tome en serio, y los problemas estructurales del país continúan igual que siempre, incluso profundizándose: pobreza extrema, exclusión social, racismo, patriarcado, violencia ciudadana, migraciones masivas hacia Estados Unidos como salida a la crisis.

Nada indica que con estas elecciones pueda cambiar algo. Como se ha dicho en alguna oportunidad: estamos ante “más de lo mismo”. O, lo que es peor: lo mismo con más. Pareciera que con cada nueva administración el campo popular se siente crecientemente defraudado.

En realidad, todo resulta un show donde “democracia” es una mera palabra vacía. El Tribunal Supremo Electoral está volcado a ayudar a la derecha tradicional contra la izquierda y contra nuevas opciones también de derecha (Carlos Pineda), pero contrarias al guión ya escrito por los poderes arriba señalados, perdiendo así su situación de supuesta objetividad. Todo sigue igual y nada parece poder cambiar eso el próximo 25 de junio.

La población votante está muy desesperanzada. Con estas alrededor de cuatro décadas de retorno a la democracia, y con ningún gobierno que ha pasado en este período, se han visto cambios reales. Tampoco ahora se vislumbran. Tal como se aprecian las campañas electorales, centradas en buena medida en banalidades superficiales, es muy probable que haya una baja participación, porque la gente ya está cansada de esto, que más bien suena a burla.

No hay ninguna esperanza de cambio. Los partidos de derecha no ofrecen nada nuevo, solo consignas vacías y algún regalo por allí (una gorra, una camiseta), mucho menos programas concretos adecuados a la realidad. Para la población votante, en definitiva, da lo mismo que gane cualquier candidato, porque no se esperan cambios de ninguna naturaleza. Por su parte, la izquierda prácticamente no existe.

Alguien ganará y será el próximo presidente, pero seguramente sin mayor legitimidad popular. Todo indica que nadie se impondrá en la primera vuelta, por lo que habrá que esperar la segunda ronda en agosto. Esto muestra que el presidente no pasa de ser un administrador, un gerente de los grandes negocios que hacen los grandes capitales, y que la masa de electores mira con desdén. La legislación es una forma de darles el beneplácito a esos sectores dominantes, formulando leyes a su medida.

Por su parte la izquierda está muy fragmentada, sin ningún planteamiento profundo de cambio, sin rumbo. Al único partido de izquierda que podía dar batalla verdadera para la presidencia: el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (partido con base campesina de origen maya, muy numeroso en los departamentos del país), la derecha en el poder se encargó de frenarlo a través de artimañas legales, impidiéndole su participación.

Los pequeños grupos de izquierda que van a la contienda electoral no tienen mayor chance de hacer un buen papel. A duras penas podrán obtener algunas diputaciones y, eventualmente, algunas alcaldías municipales.

No se pueden esperar cambios estructurales profundos con ninguna de sus acciones. Luego de la Firma de la Paz en 1996, que abrió limitadas esperanzas de cambio terminando el sangriento conflicto armado interno que dejó secuelas que aún hoy persisten, la izquierda quedó muy debilitada, y en estos años aún no ha podido reaccionar adecuadamente.

Las perspectivas reales para superar esta enorme crisis multifacética que vive el país, en realidad no se avizoran. La situación sigue empeorando día a día. En términos de macroeconomía, Guatemala no está mal. Tiene una economía próspera, entre las diez más grandes de Latinoamérica, pero muy inequitativamente repartida.

Un pequeño grupo lo tiene todo, y una gran mayoría no tiene nada. Los problemas sobran. A la pobreza histórica (60% de la población bajo el nivel de la pobreza) se suma una ola de violencia delincuencial imparable, producto de esa miseria generalizada y de la cultura de violencia que dejó la pasada guerra.

Aunque suene patético, esto es una cruda realidad: pueden llegar a matar por robar un teléfono celular. Eso tiene a la población sumamente asustada, maniatada, condenándola a ir de la casa al trabajo o estudio y viceversa, con miedo. Junto a todo eso persisten otros problemas enormes, estructurales e históricos, como el racismo contra los pueblos originarios (población de origen maya, que representan la mitad del país) y el machismo patriarcal.

Todo eso no se ve como elemento que algún gobierno enfrente con posibilidad, o voluntad, real de éxito. El panorama a futuro es más bien sombrío. ¿Nueva guerra civil en el horizonte? Quizá.

 

* Psicólogo y Lienciado en Filosofía. De origen argentino, hace más de 20 años que radica en Guatemala. Docente universitario, psicoanalista, analista político y escritor.

Guatemala,el Estado secuestrado

Jesús González Pazos*

Aunque pase inadvertida para la mayoría de medios de comunicación, el próximo domingo 25 de junio habrá elecciones en Guatemala y supondrán un paso más hacia el autoritarismo.

A partir de los años 90 del siglo pasado empezó a usarse, especialmente de la mano de periodistas y analistas políticos, el término Estado fallido para definir de forma sencilla, pero muy gráfica, la situación de algunos países en el mundo. Esta nueva realidad sociopolítica se origina finalizada la guerra fría y en relación directa con el apoyo político y económico por parte de Estados Unidos a diferentes países inmersos en profundas crisis institucionales.

Así, entre una larga y diversa suma de características, se podrían citar como algunas de las principales aquellas que hacen referencia a la pérdida del Estado de su control sobre la totalidad del territorio, o no poder garantizar su propio funcionamiento ni los servicios básicos a la población. En este escenario, tendrá una función determinante la corrupción política generalizada, la cual alcanza a la práctica totalidad de la estructura institucional, con algunos estamentos clave como el mismo poder policial-militar, el judicial o el legislativo, usados ahora al servicio de los intereses criminales y corruptos de determinadas élites dominantes.

Con esas características es fácil poner la mirada, además de en países como Somalia, Congo o Libia en el continente africano, en la Guatemala de los últimos años. Sin embargo, acontece en este caso que esa condición viene precedida de otra que habla del Estado en situación de secuestro. Porque esto es en lo que se ha convertido en los tiempos más recientes este país centroamericano: en un Estado raptado al servicio de los intereses de unos pocos mientras las grandes mayorías se hunden o caminan en la más estricta sobrevivencia.  

Esto es en lo que se ha convertido en los tiempos más recientes este país centroamericano: en un Estado raptado al servicio de los intereses de unos pocos

En América Latina los Estados tienen una larga trayectoria de pérdida de la libertad, sobre todo, a manos de los diferentes ejércitos que, con la reiterativa excusa de evitar la caída del país en manos del comunismo y la subversión, protagonizaron crueles dictaduras desde la década de 1960 en adelante. Guatemala pasó también por esta situación, habiendo sido en los años 80 escenario de la brutalidad militar, con la aquiescencia de la oligarquía tradicional y la vigilancia para ello del “país del Norte”.

La memoria colectiva, en lucha permanente siempre con el olvido intencionado, habla de unos resultados que son sobradamente conocidos: miles de asesinatos y desapariciones, cientos de aldeas arrasadas, y cientos de miles de personas desplazadas tanto en el interior como hacia el exterior. Y todo ello en una planificada guerra que llegó a calificarse como la del genocidio maya (el segundo, si se considera la conquista colonial como el primer intento de ello), sin olvidar la represión dirigida, también de forma brutal, sobre otros sectores sociales y populares no indígenas.

Con la firma de los Acuerdos de Paz (1996), se puso cierto freno a este proceso y se abrieron, gracias a la pequeña apertura política y al fin del conflicto armado, pequeñas esperanzas para la construcción de un nuevo Estado, ahora sí, verdaderamente democrático y preocupado por la mejora de las condiciones de vida de toda la población. Y esa fue la apariencia que le dieron las mismas élites que se habían beneficiado de las dictaduras militares que, hábilmente, se habían adaptado a la nueva coyuntura política de la paz, sin perder un ápice de su poder económico; seguían, por tanto, conservando su viejo poder.

Es lo que se conoce, incluso más allá de las fronteras guatemaltecas, como el “pacto de corruptos”. A partir de ahí se puede afirmar que Guatemala es un Estado secuestrado que deriva, en poco tiempo, en fallido

Sin embargo, las máscaras siempre caen, se deterioran, se desgastan y cuando a partir de 2015 los poderes verdaderos de Guatemala vieron peligrar su estatus decidieron redefinir los parámetros del Estado, una vez más, con el objetivo de mantener sus privilegios y beneficios exclusivos. Así, las viejas oligarquías, ahora de la mano de militares enriquecidos por mil y un oscuros negocios de los tiempos de la guerra, capitales transnacionales beneficiados por la implantación del modelo neoliberal y la clase política tradicional, inician un proceso concertado para la cooptación de todas las estructuras del Estado. Es lo que se conoce, incluso más allá de las fronteras guatemaltecas, como el “pacto de corruptos”. A partir de ahí se puede afirmar abiertamente que Guatemala es un Estado secuestrado que deriva, en poco tiempo, en fallido.

Y el último acto de este teatro serán las próximas elecciones del 25 de junio de las que se ha excluido a todo aquel o aquella que pudiera hacer peligrar el mantenimiento del sistema. De esta forma, gane quien gane, siempre será el sistema el que triunfe. Lo que es lo mismo que decir que ese pacto de corruptos gana y mantendrá al país engrilletado y encerrado en una cada vez más oscura mazmorra que impedirá la llegada de la eterna primavera que siempre se anuncia en este país.

Desde el mismo momento de la convocatoria electoral las diferentes instituciones cooptadas han articulado los instrumentos, burdos pero efectivos, para dejar fuera del proceso a aquellas opciones políticas que podían molestar y que tenían serias opciones de reunir el voto del descontento, de la protesta, de las ansías por otro país posible. Desde acusaciones falsas u ocultas hasta aperturas de procesos judiciales sin pruebas; desde campañas de difamación hasta presiones contra los medios de comunicación críticos. Todo vale para conseguir dejar el paso libre a aquellas candidaturas que el sistema decidió de antemano que serían las elegibles.

Así, Guatemala reabre una vía en la que el esperpento electoral se hace parte de la triste comedia en que se ha convertido la vida política e institucional del país. El fraude ya no se comete el día de las elecciones, lo que siempre podría traer consigo reclamaciones y alguna protesta interior y exterior. Por el contrario, ya está hecho al definir el sistema de corruptos cuales deben de ser las candidaturas que compiten en los últimos metros de la carrera. Al fin y al cabo, todas las que quedan con posibilidades son parte del pacto, por lo que el sistema se asegura, mínimo, otros cuatro años de reinado en una república coronada por el desprestigio nacional e internacional que camina, no hacia la democracia, sino hacia el autoritarismo.

Si se amplía el campo de análisis se podrá ver como este escenario enlaza de forma directa con aquel otro más amplio que en las últimas décadas, de alguna forma, combate contra los procesos progresistas en América Latina. Cuando el sistema, comandado por las derechas conservadoras, ha visto peligrar su estructura de dominación y los privilegios de los “siemprepoderosos” ha virado aún más hacia el extremismo y ha dejado en evidencia el nulo valor que dan a la democracia.

Esta solo les sirve si responde y da cobertura a sus intereses y privilegios. De lo contrario están dispuestos a contradecir abiertamente aquellos discursos que antes bendecían la democracia como el mejor y único sistema posible, para articular ahora procesos que cierren el paso a los procedimientos democráticos.

En Guatemala, y gran parte de América Latina (también de Europa), está en juego el crecimiento y fortalecimiento de un proceso autoritario

Así, en el escenario continental se encuentran en los últimos años desde golpes de Estado, ahora denominados como blandos, hasta el sabotaje económico o el impechment parlamentario, pasando por campañas mediáticas de difamación y desgaste de los liderazgos populares; todo es válido si se trata de recuperar el poder puesto en peligro por las decisiones democráticas de las mayorías en los procesos electorales.

Se vuelva a la vieja idea clasista, y en muchos casos también racista y machista, de que los pobres no saben lo que les conviene, por lo que quienes siempre mandaron deben de recuperar, o no perder, el lugar que les corresponde en lo más alto de la pirámide social, política y económica del Estado.

Y en este sentido Guatemala reinventa ahora un viejo procedimiento que se puso en marcha con los primeros pasos de implantación de la democracia. Entonces votaban quienes tenían ese privilegio, quienes sabían leer y escribir, eran hombres, blancos o criollos y tenían cierto nivel de riqueza; ahora que, teóricamente, todos y todas pueden ejercer el derecho a votar, se cambian las reglas del juego y se define quienes son los elegibles. Y así, se sigue controlando el Estado, una vez más, Secuestrado y Fallido.

Pero, a pesar de todo lo señalado, a pesar de lo atado que las élites tienen el modelo de Estado, este proceso electoral y el propio sistema de corrupción y cooptación en Guatemala ha sido profundamente cuestionado. Desde diferentes fuerzas políticas y desde distintos sectores sociales se ha denunciado y desnudado como nunca en exposición pública un modelo como el descrito.

Ya no hay la tranquilidad y seguridad que se aparenta, ya no hay el control férreo que se pretende sea interiorizado por la población. Por el contrario, el sistema dominante está perdiendo su carácter hegemónico y cada vez más y más sectores abren nuevas brechas en él y lo resquebrajan. Incluso, y aunque Guatemala no cuenta demasiado en la geopolítica del continente, hay un evidente desenmascaramiento que empieza a ser injustificable también desde las cancillerías históricamente más cercanas.

Al fin y al cabo, en Guatemala, y gran parte de América Latina (también de Europa), está en juego el crecimiento y fortalecimiento de un proceso autoritario o la eterna primavera y la construcción de un Estado no secuestrado por quienes siempre mandaron, un Estado Liberado.

*Licenciado en Antropología y Etnología de América, postgrado en Derechos Humanos y responsable del Área Indígena de la ONGD Mugarik Gabe, desde hace casi quince años, en relación con las organizaciones y pueblos indígenas del continente americano.

 

José Rubén Zamora y la corte de los milagros

Rafael Cuevas Molina

 

La justicia guatemalteca condenó al periodista José Rubén Zamora a seis años de prisión aduciendo lavado de dinero. El alegato del periodista -que no pudo terminar de leer ante el tribunal- deja claras las innumerables tergiversaciones, omisiones, inventos y malas interpretaciones que utiliza la Fiscalía, que fungió como parte acusadora, y la jueza, que funcionó como un eslabón más en la cadena mafiosa que utilizó el Estado guatemalteco para condenarlo y sacarlo de circulación.

Como ya ha sido ampliamente difundido, Zamora era director de un diario que investigó casos de corrupción, impunidad, compadrazgo y demás maquinaciones que caracterizan al Estado en Guatemala y que, desde que echaron a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de la ONU, han venido en aumento.

Todo esto sucede a escasos días de que se realicen elecciones generales en el país, otro proceso teñido de irregularidades, esta vez cometidas no por el sistema judicial sino por el Tribunal Supremo Electoral, que ha vetado unas candidaturas y favorecido otras con tal de lograr que quienes tienen la venia de los corruptos encumbrados en el poder se abran camino.

A todo este conglomerado de intereses institucionalizados que viste de apariencias democráticas la vida política de Guatemala se le conoce como el Pacto de Corruptos. Se ha construido para proteger las espaldas de quienes conciben al Estado como botín, y han cooptado a sus principales instituciones.

Este Pacto de Corruptos es una colusión que incluye políticos, empresarios y crimen organizado, a la que le incomoda terriblemente que sus componendas salgan a la luz; de ahí la persecución contra Zamora y su periódico, que tuvo que cerrar ante el acoso al que se vio sometido de múltiples formas: económicamente, por un lado, y judicialmente, por otro, al ser acusados varios de sus periodistas de obstrucción a la justicia por el simple hecho de oponerse en artículos de investigación y opinión a las maquinaciones del juzgado al que estaba consignado el director del periódico.

Este no es un caso aislado en Centroamérica. Solo a manera de ejemplo consignamos aquí el caso de El Faro, diario digital salvadoreño que, al igual que el diario que dirigía Rubén Zamora, se ha caracterizado por las investigaciones que incomodan al poder. Ante procesos judiciales parecidos al sufrido por el director de periódico guatemalteco, tuvo que trasladar su sede en San Salvador a San José Costa Rica, en donde espera tener mayor seguridad jurídica.

En toda Centroamérica se incrementan las tendencias autoritarias que le tienen puesta la vista a los medios de comunicación. Incluso, un país como Costa Rica, que siempre se había caracterizado por tener una libertad de prensa aceptable, ha visto retroceder su lugar privilegiado en los rankings internacionales dada la actitud belicosa de su presidente con los medios de comunicación que denuncian irregularidades que el gobierno comete.

Es importante leer el alegato de Zamora porque en él se pone en evidencia lo burdo de los mecanismos utilizados por la justicia guatemalteca. Cuando se ha caído bajo la lupa del poder, su demoledor aparato se pone en funcionamiento y no habrá escrúpulo que lo detenga. Una verdadera corte de los milagros al servicio de un mundo maloliente en el que el país se encuentra atrapado.

 

* Historiador, escritor y artista plástico. Licenciado en filosofía y magíster en Historia por la Universidad de La Habana. Catedrático, investigador y profesor en el Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA), adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional (UNA), Costa Rica. Presidente de AUNA-Costa Rica.