Uruguay: El oro azul, otro botín de guerra del mercado

Nicolás Centurión

La crisis hídrica sigue afectando a más de la mitad de la población de Uruguay. Parece que todos lo tenían claro, todos sabían lo que había que hacer, pero… no se hizo nada al respecto. La responsabilidad se la pasan unos a otros, mientras se consume agua salada, no potable y dañina para la salud.

Desde hace 70 años al menos se informaba de los problemas futuros que podría tener Uruguay con el agua. Pasaron varios gobiernos colorados, la dictadura, un gobierno del Partido Nacional y tres del centroizquierdista Frente Amplio y ninguno estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Quién fue, quién pudo haber hecho algo? Todos contrafácticos que no hacen más que desviar la atención de la situación actual.

El gobierno derechista liderado por Luis Lacalle no es responsable de la gran sequía que hubo, pero se empezaron a tomar medidas que paliaban apenas la situación para los productores rurales pero no para la población toda. Se llegó a este punto y parece que la culpa siempre es del que viene atrás.

Se ha llegado hasta el colmo, donde las autoridades comparan tomar esta agua con comer un chorizo o alguna papita salada que se vende en los kioscos. Incluso más, una de las directoras de la estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE) conminó a la sociedad a comprar una Coca-Cola menos en la semana y comprar agua embotellada.

Se llegó a sugerir a través de comunicados para centros educativos que los niños consumieran solo un vaso de agua y que se le agregue romero o menta al agua para mitigar el gusto salobre de la misma.

El punto es que de un chorizo o un saladito se puede prescindir, pero del agua no. No solamente para consumo, sino que está generando repercusiones en la piel porque es la misma con la que se baña la población. Y también está dañando los electrodomésticos. Ni que hablar los hipertensos, las embarazadas y los lactantes.

Por si faltaba algo, el gobierno municipal de Canelones multó al Frigorífico Pando por extraer agua con una bomba del arroyo Pando de manera ilegal. La multa ascendía a los dos millones de dólares, pero el Ministerio de Ambiente decidió rebajarla a la irrisoria suma de ocho mil dólares. El remate fue que un trabajador de 60 años murió realizando dicha tarea, ya que la maquinaria se encontraba en suelo irregular.

Pero los que se arriesgan son los empresarios, dicen desde el gobierno.

Agua y vida

Además, este discurso engloba un componente de clase que pasó inadvertido. Los precios de los productos aumentan todas las semanas, las tarifas mes a mes pero los salarios no. Y hay que desembolsar más dinero en agua embotellada hasta para uso higiénico personal. Esto sucede en un país que por décadas -y lo sigue haciendo-, tiene agua potable en sus inodoros.

El presidente Lacalle en rueda de prensa afirmó que “El momento es complejo, hay que aceptarlo y nosotros asumimos la responsabilidad. Pero no se puede hacer política menor”. En respuesta al Frente Amplio, dijo: “Lo único que falta es que el gobierno tenga la culpa de la sequía. Tiene la responsabilidad de gobernar y hacer lo mejor posible, pero decir que se dejó las obras y el financiamiento no es cierto”.

Sin embargo, uno de sus compañeros de partido y nada más ni nada menos que el Alcalde de Casupá, la ciudad donde puede gestarse uno de los proyectos para salvar esta situación, le remarcó al Presidente que “el financiamiento de 80 millones de dólares por Corporación Andina de Fomento para el proyecto de represa en arroyo Casupá está vigente hasta junio de 2023.

Graciela Villar, presidenta de la Departamental Montevideo del Frente Amplio (FA), criticó la liviandad con que el gobierno trató la crisis del agua y afirmó que hizo pagar el problema del agua a los más pobres. “Ni siquiera utilizó su presupuesto en comunicación para generar campañas de bien público”, añadió. La Intendencia de Montevideo, en manos del FA, comenzó la entrega de bidones con agua a los más de 220 merenderos y ollas populares con los que colabora para su funcionamiento.

Isaac Alfie (director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto) y Asucena Arbeleche (ministra de Economía) lo saben. Tomar deuda es necesario para construir esta obra y era el principal motivo para postergarla.

El gobierno hace oídos sordos a estas demandas y se empeña en una iniciativa privada que es la de Arazatí, lo que no puede sorprender a nadie. Se dilata y se dilata el problema, hasta que se llega a un punto de urgencia y aparecen los bomberos privados a solucionar dicho embrollo.

OSE informó que las lluvias en la cuenca del Santa Lucía no detuvieron el descenso de volumen en Paso Severino, el embalse que abastece a la zona metropolitana del país. Actualmente la represa tiene 4.500.000 metros cúbicos cuando su capacidad de almacenamiento alcanza 67.000.000; la empresa estatal afirmó que, en caso de que no haya precipitaciones, Minas tiene abastecimiento sólo para el mes de junio.

Según encuesta de Opción Consultores, 56% de la población de Montevideo dejó de consumir agua suministrada por OSE.

A raíz de toda esta cuestión, brotó justamente como agua de caño roto la situación en donde se encuentra OSE. Las autoridades declararon que arreglar las tuberías rotas de la ciudad (donde se pierden miles y miles de litros de agua potable) les costaba lo mismo operativamente que dejarlo como estaba. Entonces no lo hacían. Un cálculo con una razón neoliberal que es lo único que puede explicar que se dejen caños rotos en la vía pública en medio de una sequía histórica, aunque lloviese todos los días.

Ahora llueve en el litoral del río Uruguay y el suroeste de Uruguay. Pero ya se vaticina que se puede pasar de una sequía a inundaciones. Varios informes dan cuenta que un tercio de la población mundial más temprano que tarde va a tener que migrar por el cambio climático, es decir que su vida depende de ello.

¿El arco político uruguayo estará a la altura de lo que depara el futuro? ¿Esta situación servirá para escarmentar y pensar un poco más allá de las próximas elecciones?

Pedir unificación y consensos ante esta problemática tiene altos grados de ingenuidad. Obviamente, sería lo más razonable. Ahora, ante una emergencia como ésta, hay sectores que siguen especulando y lucrando con la necesidad. No hay crisis climática que le cambie el razonamiento de la ganancia por encima de lo humano. Entonces sólo resta aunar fuerzas los que entienden que la vida, lo humano y el planeta están por encima del capital.

El 31 de marzo hay una marcha por el agua convocada por la central única de trabajadores PIT-CNT. Ahí se verá si corre un aguacero de gente o solo una llovizna de quejas por redes sociales.