El factor tierra en la actual crisis paraguaya

LEÓNIDAS WIENER RAMOS | El violento desalojo de la Hacienda Curuguaty en el noroeste de Paraguay, en el cual murieron 11 campesinos y 6 policías, y que sirvió de justificación al juicio político y destitución del Presidente Fernando Lugo, representa un nuevo episodio del histórico y dramático problema paraguayo en torno al acceso a la tierra.

Leonidas Wiener Ramos – Servindi

El despojo de la tierra en Paraguay es de larga data, adoptando muchas caras y medios para legitimarse en el tiempo, pero siempre tendiendo hacia su concentración en pocas manos y en perjuicio del poblador rural. Primero, mediante el régimen de encomiendas colonial. Luego, a través de políticas implementadas por gobiernos republicanos de fines del siglo XIX, que favorecieron la concentración de tierras por el capital privado extranjero.

Para ello se inventaron artilugios legales como la “Ley de Venta de Tierras Públicas” en el gobierno de Bernardino Caballero, que obligaba a los campesinos paraguayos a vender sus tierras si no contaban con un título de propiedad, cuando los gobiernos anteriores a la Guerra de la Triple Alianza (1864 – 1870) habían dado en usufructo las tierras a estos mismos campesinos a cambio de trabajarlas.

En la primera parte del siglo XX se impulsaron procesos de reforma agraria que no se cumplieron a cabalidad, debido a la presión de los sectores más poderosos del país, ligados directamente a los intereses de los terratenientes. Posteriormente, durante la larga dictadura de Stroessner, la situación se agudizó, pues enormes extensiones de tierra fueron entregados a amigos, políticos, militares y personas allegadas al dictador. A las tierras regaladas por la dictadura se les denomina “tierras mal habidas”, y las investigaciones posteriores han determinado que durante ese período se adjudicaron ilegalmente más de 7 millones de hectáreas.

En los últimos tiempos, nuevos factores vienen influyendo en el problema del acceso a la tierra en Paraguay. Por un lado, la producción extensiva del algodón y, especialmente, la soya, cuya expansión ha tenido un impacto decisivo en el aumento de los precios de los terrenos aptos para la agricultura.

La paulatina inserción de inmigrantes brasileños y especuladores de tierras en estos cultivos extensivos, ha permitido la concentración de tierras frente a un sector rural (casi la mitad de la población paraguaya) al que cada vez le resulta más inalcanzable acceder a la tierra para la producción de alimentos básicos y para abastecer el mercado interno.

Todos estos factores, sumados a las periódicas crisis económicas del Paraguay que aumentan la presión sobre la tierra, han permitido el surgimiento de movimientos reivindicatorios de campesinos “sin tierra” de toda índole, aumentando la conflictividad social de forma dramática en torno a este cada vez más escaso y costoso factor productivo.

Las tomas de tierras efectuadas por los campesinos organizados, han conllevado numerosos enfrentamientos con las fuerzas del orden, generando inseguridad jurídica en la propiedad de la tierra y una profunda desconfianza entre los sectores enfrentados: el campesinado sin tierra y los grandes empresarios agrícolas y ganaderos.

El destituido Presidente Fernando Lugo asumió como suyas las reivindicaciones de los campesinos “sin tierra” durante su campaña electoral. Sus propuestas de gobierno se basaron en la aplicación de una postergada reforma agraria, buscando resolver el problema con la redistribución de la tierra. Esto lo llevó a aliarse con las organizaciones de campesinos “sin tierra”. No obstante, para poder llegar a la presidencia, tuvo que moderar su discurso y situarse en el “centro”, aliándose con el Partido Liberal, segunda fuerza política del país. Cualquier parecido con las últimas elecciones en el Perú (no) es pura coincidencia.

Las concesiones que tuvo que otorgar Lugo a la derecha y a los grupos de poder ligados a los latifundistas, para poder llegar al poder y gobernar hasta el momento en que se produjo el último conflicto, frenaron su programa inicial de reforma agraria. La presión de los movimientos sociales campesinos por acelerar el proceso de reforma, empoderados por una supuesta connivencia con Lugo, impulsaron a un grupo de ellos a tomar la Hacienda Curuguaty, produciéndose el trágico desenlace.

Las consecuencias son ya conocidas: el Partido Liberal rompió su alianza con Lugo, uniéndose al Partido Colorado para defenestrarlo debido a una supuesta “mano blanda” para detener la amenaza social de los campesinos sin tierra. El Partido Colorado es el tradicional partido de la derecha (que gobernó Paraguay durante 61 años, interrumpidos con la asunción de Lugo), cuyos intereses se encuentran ligados con los grandes terratenientes.

Por lo tanto, el problema del acceso a la tierra en Paraguay se recrudecerá en esta nueva etapa, polarizando las posiciones y reduciendo los espacios de diálogo y propuestas que puedan incorporar las necesidades de los campesinos desarraigados.

Resulta inevitable comparar el caso paraguayo con la situación política actual del Perú. El Presidente Ollanta Humala viene perdiendo las bases populares que lo llevaron al poder y que tienen demandas igualmente postergadas. La gran mayoría de estos reclamos tienen como eje, el uso y disposición de las tierras, de los territorios que estas poblaciones habitan y utilizan como medios de vida. Así, la amenaza de la expansión de la soya en Paraguay se traduce en el Perú, como la resistencia a las industrias extractivas por parte de capitales privados.

La desconfianza creciente de un gran sector de la población que se siente engañado por el cambio de rumbo del gobierno de Humala respecto a sus propuestas iniciales, podría configurar un escenario político similar al de Paraguay (recuérdese Bagua). La fragilidad de la bancada de gobierno y la falta de un partido político medianamente organizado que lo respalde, podrían colocar a Humala en una posición bastante vulnerable si los demás grupos políticos conservadores consideran que el Presidente no se encuentra lo suficientemente capacitado para resguardar los intereses ligados al gran capital y la explotación de los recursos naturales.

Por lo tanto, los recientes sucesos en Paraguay deberían constituir un llamado de atención para que el actual gobierno peruano, reencuentre un rumbo de entendimiento con ese sector históricamente postergado que lo votó, reduciendo los espacios a las posturas extremas en ambos lados del espectro político.

Leonidas Wiener Ramos es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializado en derechos de pueblos indígenas y temas de interculturalidad.

Fuente: http://servindi.org/actualidad/67298