En Colombia, la paz total despega por decreto

Héctor-León Moncayo

El anuncio presidencial decembrino sobre el inicio de un cese bilateral del fuego en Colombia fue ampliamente celebrado, pero luego, ante la aclaración del Eln de que no había ningún acuerdo en ese sentido generó confusión y suscitó una enorme controversia. Las explicaciones del Ministro Prada en lugar de aclarar levantaron numerosos interrogantes. El principal de todos: ¿Cuál es, en últimas, la concepción de la paz y de la paz “total” que tiene este gobierno?

Hora y media antes de que comenzaran a repicar las campanas de año nuevo, el presidente Petro, armado de su cuenta de Twiter, hizo el anuncio de lo que, sin lugar a dudas, sería el acontecimiento más importante de sus primeros meses de gestión y del año 2023 por empezar: el cese bilateral del fuego. “Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones”, trinó.

El anuncio fue recibido con enorme complacencia, aunque con sorpresa, por la llamada opinión pública, incluso por parte de organizaciones internacionales. No faltaron los aplausos. Un cese bilateral es un paso importante (aunque tal vez no debería ser el primero), de un proceso de paz. Y una esperanza, un alivio, para la población de las regiones más azotadas por la violencia. Del tema se había hablado, obviamente, pero nadie se imaginaba que se pudiera llegar tan rápidamente a semejante acuerdo. Para todo el mundo es claro que un cese al fuego exige complicados compromisos de parte y parte y exigentes requisitos, especialmente de verificación.

De todas maneras, para corroborarlo, y con fecha del mismo 31 de diciembre y firma del Ministro de Defensa se dieron a conocer, al día siguiente, sendos decretos de cese con cada una de las organizaciones. Por ejemplo, en el destinado al Eln puede leerse: “Decretar a partir de las 00:00 horas del día 1 de enero de 2023, hasta las 24:00 horas del día 30 de junio de 2023 el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional (CFBTN), entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El CFBTN podrá ser prorrogado previa recomendación que en tal sentido realizará el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación”. En los textos se decretan las condiciones, mecanismos y procedimientos.

Ese primero de enero, sin embargo, el Comando Central del Eln expidió un breve comunicado en el que se muestra sorprendido con el anuncio y desmiente que hubiese algún acuerdo: “La delegación de diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia.

En diversas oportunidades hemos señalado que el ELN solo cumple lo que se discuta y se acuerde en la mesa de diálogos donde participemos. No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno”. Conocida ampliamente el 2 de enero, la declaración suscitó el previsible escándalo. Había algo más grave: de acuerdo con las investigaciones periodísticas de los días siguientes, la propia comisión nombrada por el Gobierno para la negociación con el Eln, incluido su jefe, Otty Patiño, ignoraba la decisión. Lo mismo podía decirse del alto gobierno.

Es más, la cúpula de las Fuerzas Armadas se habría enterado inicialmente sólo por el famoso trino de la noche de año viejo. El Ministro de Defensa, Iván Velásquez, no habría tenido tampoco ninguna participación activa: lo que hizo fue simplemente comentar de inmediato este trino, confirmando el “respaldo” de las Fuerzas Armadas con cuyos comandantes se reunió al día siguiente.

Como era de sospechar, los involucrados, en su mayoría, prefirieron observar los preceptos diplomáticos, respondiendo con evasivas. Al parecer sentían que una confirmación de los hechos podría representar un ataque a los esfuerzos de paz. El miércoles 4 de enero, el portavoz del gobierno nacional, el Ministro del Interior, Alfonso Prada, convocó a una rueda de prensa. Allí, escoltado por el Ministro de Defensa y el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se refirió a la polémica, asegurando que las Fuerzas Militares sí habían participado en la elaboración de la propuesta.

Sin embargo, en lo que más insistió fue en que se trataba de un rechazo al cese al fuego por parte del Eln, dando por hecho que las demás organizaciones sí lo habían aceptado. Al respecto cabe advertir que solamente se conoce un comunicado de aceptación atribuido a las “Disidencias”, es decir que debemos conformarnos con el proverbio “el que calla otorga”.

La embriaguez de año nuevo se transformó muy pronto en resaca. A esta altura ya casi no se habla del asunto. El Gobierno “suspendió” los efectos jurídicos del Decreto referido al Eln y le pidió que decretara un cese unilateral hasta que se resolviera el desacuerdo en el próximo ciclo de conversaciones. El Gobierno llama a reconocer que no se ha cerrado la puerta con el Eln y que al menos el cese se mantiene con los cuatro grupos restantes.

La Comisión (equipo negociador) ha pedido que se anticipe un diálogo “extraordinario” con el Eln para ventilar la “propuesta” (y no deja de ser curioso que una decisión, respaldada en decretos, termine siendo una simple propuesta). La oposición aprovechó para atacar duramente al gobierno con variadas acusaciones, la menor de las cuales fue la de “improvisación”. Por su parte, la bancada del Pacto Histórico y sus partidarios, poco comunicativos en este caso, piden restarle dramatismo al incidente.

Lo cierto es, sin embargo, que las “aclaraciones” del Ministro (Petro ya no trina sobre el asunto) en lugar de aclarar levantaron numerosos interrogantes. El principal de todos: ¿Cuál es, en últimas, la concepción de la paz, de la paz “total”, que tiene este gobierno progresista y del cambio?

¿Paz sin negociación?

El domingo 8 de enero se publicó en El Espectador una caricatura firmada por Thumor donde el personaje dice: “Estoy por creer que el mejor aliado del Uribismo es el ELN…qué verracos pa’ si les gusta la guerra”. No era una excepción. La interpretación según la cual el ELN, rechazando la “generosa oferta del gobierno” se había burlado del clamor popular que venía suplicando el cese de la violencia, fue inicialmente la más generalizada, incluso entre los uribistas. En cierto modo, era lo que el Ministro del Interior había querido dar a entender.

Muy atrevido sería decir que este efecto fue un propósito deliberado del Gobierno pero sí es claro que varios de los personajes más representativos del Pacto Histórico sucumbieron a la tentación de culpabilizar al Eln por lo que mínimamente tendría que calificarse de garrafal error oficial. Recurrir al argumento de la terrible situación que se vive en muchas regiones (como si fuera algo reciente, de coyuntura) es un tanto de mala fe.

Poco a poco, sin embargo, esta percepción fue cambiando: independientemente de la bondad del cese, entendido como cese de la violencia, cosa que nadie discute, es obvio que carece de sentido decidir unilateralmente algo que por su naturaleza es bilateral. A menos que el Gobierno considere que, siendo él democrático y calificándose de “progresista”, resulta innecesario porque el Eln tendría que aceptar, por definición, sus iniciativas, so pena de deteriorar la imagen política revolucionaria que pudiera tener1. Da la impresión de que lo que se quería era presionar al Eln creando una situación de hecho, para que asumieran unilateralmente el cese (como finalmente lo propuso Prada), aprovechando que estaban planteados proyectos piloto de alivio humanitario como el de la subregión de los ríos Calima y medio San Juan en Chocó2.

De todas maneras, pese al aumento de las críticas y a la generalización del escepticismo respecto a la viabilidad del proceso de paz, el Pacto Histórico insiste en defender lo hecho por el Presidente, descargando la responsabilidad sobre el Eln. Otty Patiño, en la línea de bajarle el tono a la controversia y evadiendo una respuesta a la inquietud generalizada sobre si había sido informado previamente del anuncio, se apresuró a declarar que no había crisis y que “la propuesta” se discutiría en una subcomisión al inicio del nuevo ciclo de negociaciones.

A su juicio era buena la intención gubernamental al anticipar el cese al fuego porque además de aliviar la situación calamitosa de las comunidades permitiría que se escuchara su voz. Infortunadamente: “Frente a la audaz medida del Presidente que la tomó respondiendo al clamor de las comunidades de detener la matazón, ellos se atuvieron al principio y a los protocolos de que todo se habla dentro de la mesa”3.

Como quien dice exceso de “formalismo”; poco sentido práctico, y falta de sensibilidad social. Iván Cepeda, adalid del proceso de paz con las Farc y también miembro del equipo, repitió el argumento añadiéndole esta vez una pizca de ironía. En declaraciones para la revista Semana “Aseguró que la decisión del cese al fuego es correcta e imperativa y que no se trata de un asunto metodológico”4.

Entre tanto el Eln en su boletín del 9 de enero reitera su posición, y concluye: “Pese a lo anterior, la Delegación de Diálogos del ELN, sigue pendiente para darle continuidad al Segundo Ciclo acordado, pero antes se hace necesario tratar los últimos acontecimientos, para tomar los correctivos que garanticen la superación de esta crisis y la no repetición de estas acciones unilaterales y por fuera de la Mesa”.5

La “totalidad” aplicada al cese

Evidentemente, lo que sí resulta lamentable minimizar es la “metodología” de un cese al fuego, más aún en este caso cuando se involucran simultáneamente otras cuatro organizaciones de naturalezas completamente diferentes. Aquello que el Gobierno y sus partidarios celebran como un éxito, es decir, la “aceptación” por parte de ellas, es por el contrario una razón más de preocupación. Hay dos posibilidades: o aceptaron de buen grado la imposición o con ellas sí hubo negociación y acuerdo. Sin duda la explicación tiene que ver con su diferente naturaleza. En términos generales, se pueden agrupar en dos ramas.

En la primera, con origen político, podemos ubicar las llamadas disidencias de las Farc, o sea, las anteriores al Acuerdo, identificadas con su actual comandante visible “Iván Mordisco” (y antes Gentil Duarte) y las posteriores, “nueva Marquetalia”. Curiosamente, el gobierno está tentado a dar status político a las primeras que ciertamente tienen mucho más poder de fuego, aunque dedicadas más que todo al narcotráfico, mientras que lo regatea a las de Iván Márquez, pese a que Petro en su condición de Senador no había dudado en denunciar el entrampamiento a que habían sido sometidos Santrich y sus compañeros.

En la segunda, aparecen bandas abiertamente criminales. Por el momento dos: la llamada “Clan del Golfo” –y autodenominada Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)– heredera principal del gran proyecto paramilitar de los años noventa, y las “autodefensas conquistadores de la sierra nevada” o “Pachenca”, vástago de uno de los más tenebrosos grupos paramilitares locales. Ambas están dedicadas a actividades delictivas como el narcotráfico, la minería ilegal y otras, pero también al mercenarismo por cuenta de grupos de poder regional y del propio Estado, como lo han denunciado por ejemplo en la región pacífica6. O sea que las prácticas paramilitares, así como las operaciones encubiertas, continúan desarrollándose en Colombia7.

El problema consiste entonces en que este tipo de bandas de la segunda rama (y es muy posible que aquí se sigan sumando otras bandas similares de todas las regiones del país) no tienen entre sus propósitos “programáticos” –ni en su estrategia ni en su táctica– enfrentar las fuerzas militares, a menos que fuesen atacadas. Es decir, su acción armada es hasta cierto punto “defensiva”; para proteger sus actividades delictivas.

Naturalmente buscan controlar territorios y corredores y en esa medida se enfrentan a otras mafias, atacan y aterrorizan la población y sobre todo a aquellas personas que pueden convertirse en obstáculos para el negocio. En estas circunstancias cabe preguntarse: ¿En qué consistiría su cese al fuego? Si desde el Estado existe el compromiso de no atacarlas, obviamente no tendrán razón para responder, lo único que podría suceder es que se insista, como en efecto se ha prometido, en perseguir las actividades ilícitas y que dicha persecución derive en enfrentamientos.

En ese sentido, si con ellas hubo negociación debió ser tan fácil como riesgosa (en términos políticos)8. Lo más grave es que, como se ha señalado, conservan muchas de las actividades tradicionales del paramilitarismo, particularmente las amenazas, las masacres y el asesinato de líderes y liderezas sociales. Por tanto, si se trata de proteger a las comunidades, habría que definir algo así como un “cese de hostilidades” con un carácter más general. Al respecto ya ha habido una larga y reiterativa discusión en el país, sin contar sus antecedentes internacionales.

Por otra parte, en los últimos tiempos estas bandas han dado cada vez más fuerza al enfrentamiento con otros grupos armados, incluyendo el Eln y las disidencias. Aquí es difícil determinar en cada caso la motivación específica, criminal o paramilitar, de estas operaciones de control territorial. Ahora bien, en el caso de las disidencias, especialmente las de Mordisco, parece cada vez más evidente su dedicación a las actividades delictivas, aunque ciertamente se registran a menudo enfrentamientos con las unidades oficiales. Su orientación es cada vez más confusa. No faltan los enfrentamientos con el Eln por lo cual se ha hablado últimamente de que tienen también compromisos paramilitares9.

Como se ve esto del “cese al fuego” dista mucho de ser algo sencillo y puramente pragmático. De todos estos aspectos no se dice nada en la formulación inicial del Gobierno, a pesar de los decretos. Sin embargo, y en contra de lo que cree la ingenuidad interesada, la parte oficial sí parece haberlo entendido; tanto así que se ha creado ya una suerte de comisión de expertos con los militares que forman parte del equipo negociador y otros más para elaborar unos protocolos detallados, algunos de los cuales –¡oh sorpresa!– se planea llevar ahora sí a la discusión con el Eln.

La Paz Total

Fácil es entonces deducir los dos ingredientes principales que conforman la receta de la Paz Total: la importancia de valorar el sufrimiento de las víctimas y la necesidad de tener en cuenta todos los actores de la violencia. A primera vista parece sensato; con mayor atención se descubre un verdadero replanteamiento.

Como consigna, la Paz Total seduce inmediatamente en un país como Colombia. Es tan extendida y tan atroz la violencia, son tantos los causantes y los motivos, lleva tanto tiempo incesante, que la desesperación social no puede menos que ilusionarse con una oferta semejante. El precio, sin embargo, es el abandono de la noción de “conflicto armado”. De la distorsión difundida durante la negociación con las Farc según la cual toda violencia debería reducirse a conflicto armado pasamos a la idea inversa de que el conflicto armado, si es que existe, es simplemente una de las formas de la violencia general. Tal es la naturaleza del replanteamiento.

Hace justamente cuarenta años, durante el gobierno de Belisario Betancur, comenzó la historia de los procesos de paz en Colombia con el reconocimiento político de la insurgencia y la expedición de una ley de amnistía. Implicaba un cambio histórico: dos concesiones fundamentales. Las insurgencias (unas más otras menos) reconocían que una solución política negociada del conflicto armado (en lugar de una victoria definitiva) podía ser también una puerta hacia transformaciones fundamentales. De otra parte, el “establecimiento” (tampoco en su totalidad) reconocía que existía una rebelión armada explicable por causas objetivas de carácter estructural que podía conjurarse mediante una negociación con sus representantes.

Como se sabe, los llamados “procesos de paz” han tomado curso con desigual fortuna hasta el día de hoy. El enfoque felizmente adoptado en aquel momento se fue erosionando paralelamente, sembrando las semillas del actual replanteamiento. Un período clave fue durante los gobiernos de Álvaro Uribe. Éste volvió a la concepción de que no había insurgencia sino terrorismo en contra de la democracia. Unos años antes, firmados los acuerdos con el M-19, algunos intelectuales como Daniel Pecaut comenzaron a edificar la teoría de que los otros grupos armados en realidad no atacaban al Estado sino a la sociedad.

Al mismo tiempo, Uribe llevó a cabo la negociación con las “organizaciones” paramilitares. Hábilmente eludió discutir si tenían status político o no; bastaba con que fueran una seria amenaza para justificar la necesidad de los acuerdos de “alternatividad penal”. El antecedente, por supuesto, había sido el acuerdo de “sometimiento” con Pablo Escobar. Es por eso que Uribe, con razón, se considera el verdadero autor de la idea de la “paz total”, incluso de la propia expresión, que usó varias veces públicamente. Así se inició el camino de la despolitización de la paz. Ese fue, en cierto modo, el punto de partida de la negociación con las Farc. Un argumento que suena a chantaje: basta con que una organización armada sea una ‘seria amenaza’ social para que valga la pena considerar un diálogo.

Ante ese panorama, a la actual política de paz es posible llegar discursivamente por dos caminos:

10. a) De la doctrina De Roux, de “todos somos culpables” menos el Estado como tal, o de los ”dos demonios”, la guerrilla y los paramilitares, a la prédica del perdón social de Petro –pero Juan Fernando, el hermano, quien en abril del año pasado afirmaba en la revista Semana: “Si queremos una paz y reconciliación total entre los colombianos, tenemos que escucharnos todos los colombianos, hayamos hecho lo que hayamos hecho”. Para concluir: “el punto esencial es: ¿estamos los colombianos en capacidad de sentarnos a hablar de proceso de paz total, de perdón social, de reconciliación, de olvido? ¿Estamos en condiciones de poner ese tema sobre la mesa?”10.
11. b) O desde el pragmatismo de Iván Cepeda, quien parece ser el más insistente promotor de la paz total entendida como negociación múltiple, con base, según dice, en su larga experiencia bajo los gobiernos de Santos, a la política de Petro – el Presidente quien, más allá del discurso filosófico que también maneja, no duda en aplicar un criterio más que todo utilitario en la concertación política.

En conclusión, la importancia adquirida por los otros actores revela el sentido profundo de la Paz Total. Y en esa misma proporción se reduce la importancia del Eln, la única organización armada claramente política. De ahí la necesidad de resaltar los rasgos comunes. Las diferencias en el tratamiento –sometimiento (“acogimiento”) a la justicia o negociación política– se vuelven cuestión de grado. No es sorprendente: para Petro, como para muchos de las generaciones que vinieron después, la última guerrilla verdaderamente insurgente (si no la única) fue el M-19.

Una evidencia de este particular tratamiento se encuentra en el planteamiento de la mesa de negociación con el Eln. Mucho se discute sobre si hay verdaderamente unidad y si es completa su representación, pero nadie se pregunta sobre el carácter del que ha dado en llamarse “equipo negociador” del Gobierno. La sorpresa estalló con el nombramiento de José Felix Lafaurie. Sin embargo, la verdad es que dicha comisión, en su diversidad, no es, ni ha pretendido ser, una representación o delegación gubernamental.

Se diría que busca recoger la insistencia del Eln acerca de la participación de la sociedad civil, pero no es así. Por el contrario, invierte los términos de la propuesta. Según el Eln es en realidad el pueblo, y no ellos, el que debería negociar con el Estado y los poderes que representa. Pero para el Gobierno, es el Eln quien debe negociar con la sociedad y no el Estado quien termina convertido en garante y árbitro imparcial. O sea la tesis de que son los grupos armados los que victimizan a la sociedad y a ella deben rendirle cuentas.

Sin duda estamos en presencia de un cambio del enfoque sobre la paz, tal vez no propiamente novedoso pero sí profundo en sus presupuestos y en sus consecuencias. Se dirá que es la realidad la que ha cambiado. Para bien. Y que algunos insistimos en aferrarnos a perspectivas políticas obsoletas. Por lo pronto, sin embargo, antes de que podamos dirimir la controversia, se nos habrá atravesado otra pregunta: la de la viabilidad de esta Paz Total.

Notas

1 El exnegociador Humberto de la Calle, en su columna de El Tiempo, de la misma fecha, cita al respecto una afirmación de Otty Patiño según la cual ésta no era una negociación entre antagonistas.
2 En el artículo dedicado al tema que aparece en El Espectador del 8 de enero se dice que la urgencia del gobierno se explicaba…¡ por el vencimiento de la tregua unilateral decretada por el Eln el 2 de enero! Pueden ser buenas las intenciones de la periodista pero no hay que tomárselo muy en serio; el otro argumento que aporta es el de que no hay comunicación con el Eln mientras no está reunida la mesa de negociación.
3 El Espectador, jueves 5 de enero de 2023, p. 2
4 Semana, 5/1/2023, https:// www.semana.com
5 https://eln-voces.net/imposiciones-unilaterales-atentan-contra-los-dialogos/
6 “Convivencia de las FFMM con las AGC -entrevista con el sacerdote Albeiro Parra”. El Espectador, domingo 8 de enero de 2023, p. 4
7 Este punto merece una reflexión. Con la “desmovilización” de las autodefensas orquestada por Uribe se impuso la idea de la desaparición del paramilitarismo. Luego, con la negociación y el acuerdo con las Farc se habló de las “Bacrim”. La verdad es que no importa tanto la forma organizativa; el paramilitarismo es ante todo una política (de Estado) Ver: Becerra Ostos, Silvia J. – Comisión Colombiana de Juristas “Organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Lecciones para aprender del eterno retorno de la guerra” Bogotá, diciembre de 2018.
8 En todo caso tiene antecedentes. Cabe recordar el escándalo suscitado por los diálogos sostenidos en las cárceles con algunos de sus miembros por el actual comisionado de Paz y el hermano del Presidente.
9 Ver: Combates entre disidencias y Eln en Arauca: ¿quiénes son y por qué se enfrentan? La disputa entre disidentes de las Farc y guerrilleros del Eln deja por lo menos 10 muertos desde el primero de enero de 2023. https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/combates-entre-disidencias-y-eln-en-arauca-quienes-son-y-por-que-se-enfrentan / 11 ene 2023 – 7:00 p.m.
10 https://www.semana.com/nacion/articulo/hermano-de-gustavo-petro-pide-no-mezclar-la-politica-con-el-llamado-perdon-social/202215/; 28/4/2022

* Economista. Profesor universitario. Analista político e investigador en temas sociales y económicos. Exdirector del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA). Publicado en Desdeabajo.