Paraguay, un dolor de nunca acabar

JUAN GUAHÁN|  El Presidente Fernando Lugo fue destituido por medio de un juicio político. Entre otras causas, es acusado de “mal desempeño” y por su responsabilidad en recientes muertes de policías y campesinos. Los antecedentes pasan a la Justicia Ordinaria. El vice -Federico Franco-, procedente del ala conservadora del Partido Liberal, asumió la presidencia. Los miembros del UNASUR y otros organismos regionales, como la OEA , están definiendo las medidas a tomar. Cabe recordar que la “Carta Democrática” del UNASUR, que plantea una serie de medidas en caso de interrumpirse el orden democrático, fue una de las 6 causales de la acusación propuestas para la destitución de Lugo, “por atentar contra la soberanía nacional” Question Latinoamérica
Paraguay es un dolor que viene de lejos y se arraiga en lo más profundo de la tierra. Para ese milenario pueblo guaraní los días que van del 15 al 22 de junio quedarán grabados en la memoria colectiva como una semana trágica. Sin que aún sepamos cómo será su desenlace final. El detonante de esta tragedia colectiva es muy claro. Los fríos números de una irresuelta lucha por la tierra indican que, el viernes 15, hubo 6 policías (2 de ellos jefes del Grupo Especial GEO) y –al menos- 12 campesinos, muertos. La represión desatada refiere a más de 60 detenidos y 42 prófugos.

Las “invasiones” (ocupaciones) de tierras son comunes. En los últimos años la justicia, en general, ordena “allanamientos” para llegar a una negociación que evite el “desalojo” violento. Ese viernes 15 la Policía Nacional , a través de su Grupo GEO, ingresó a un campo en Curuguaty (a unos 380 kilómetros de Asunción, en las proximidades de la frontera con Brasil). Al intentar desarmar a campesinos ocupantes, se produjo un tumulto con los resultados ya citados. Detalle más, detalle menos, hasta ahí la realidad del hecho acontecido. Pero nada nos dice sobre las causas profundas y reales que motivan esta dramática situación.

Hay voces que intentan explicarlo: “La violencia sangrienta que enluta a los hogares paraguayos se inscribe en el marco del injusto sistema económico-social y político reinante, lo que dio lugar a la masacre de los campesinos que reclamaban sus derechos fundamentales consagrados por la Constitución Nacional , particularmente el derecho a la tierra, al trabajo, a la vida digna (…) el derecho a la vida está por encima del derecho a la propiedad de la tierra, y más aún cuando ésta es malhabida, y está acaparada por un puñado de terratenientes” Esto no lo dice un comunicado de la guerrilla del EPP (Ejército Popular Paraguayo), a quienes se intenta vincular al hecho. No. Lo expresó, el día 18 de junio, la Mesa Nacional por los Derechos Humanos en el Paraguay (una entidad creada y criada en las cercanías del gobierno del Presidente Fernando Lugo). Una aproximación más informada nos la proporciona Martín Almada (Premio Nobel Alternativo) quien indica que según el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia (creada por Ley 2225/03) “hay 7.851.295 hectáreas de tierras otorgadas con graves irregularidades”. Éstas -conocidas como “tierras malhabidas”- han sido  apropiadas, por diferentes mecanismosque contaron con la complicidad estatal, en violación a varias normas legales.

Blas N. Riquelme (el Carlos Slim paraguayo, según Almada) invoca la propiedad de las tierras (malhabidas) donde se produjo la matanza. Desde hace mucho tiempo los campesinos son perseguidos, expulsados y acorralados para que la tierra, en manos de unos pocos dueños (muchos de ellos brasileños), alumbre la “patria sojera”. El ex presidente Nicanor Duarte Frutos le dio garantías a los dueños de la tierra, asegurándoles que “para la defensa de la propiedad privada se movilizarían todos los recursos del Estado”. Así se hizo y los efectos están a la vista. En el período 2005/2011 el ex Fiscal General, Rubén Candia Amarilla hizo saber en su orgulloso “Informe de Gestión” que la estructura a su cargo intervino, para restablecer la propiedad privada, en 814 invasiones.

Lugo fue ungido presidente (año 2008) por el voto del campesinado pobre paraguayo. Les había prometido Reforma Agraria y distribución de tierras. Los primeros intentos de hacerlo terminaron en expropiaciones que la Justicia (en manos del mismo sector económico dueño de la tierra) las valuaba en cifras astronómicas que hacían imposible la masificación de ese camino. Lugo –entrampado- sin  voluntad política y en un rumbo que parece no tener fin fue haciendo cada día mayores concesiones. En estos días –tal vez intentando salvarse del juicio político- colocó al frente del Ministerio del Interior a Candia Amarilla, aquél Fiscal ya mencionado, que antes había sido Ministro de Duarte Frutos y a quien Lugo acusara públicamente de “corrupto” y “conspirador”. Pero esa nueva e insólita concesión tampoco fue suficiente. El destituido Presidente no entendió que venían por él. Que esos hechos, tal vez aquel “allanamiento” y sus trágicos efectos eran meras “medidas preparatorias” de algo mucho sustancial.

Varios aspectos confluyeron para este golpe de estado institucional.
-Asegurar a los apropiadores el uso y abuso de tierras malhabidas.
-Una tentativa para poner en marcha una nueva oleada regional, impulsada por intereses ajenos a nuestra frontera, para acabar con cambios que se quedan a mitad de camino. El procedimiento usado en -Paraguay puede ser un ensayo de tiempos futuros para ser reeditado en otros lugares de la región.
-Los acusadores dijeron que no hacían falta pruebas porque los hechos son de dominio público e institucionalmente “ajusticiaron” al Presidente en unas pocas horas.
-Más allá de la defensa regional que podrán instalar los gobiernos del UNASUR  serán los campesinos y otros sectores populares paraguayos los que tendrán la última palabra. Ellos deberán decidir, en los largos tiempos de la historia de sus luchas, en qué momento las tierras dejarán de ser malhabidas para pasar a servir al pueblo paraguayo y darles dignidad a sus familias.