Ultraderecha se enreda en su violencia en campaña de Brasil

Los 50 disparos de fusil y las tres granadas con que el exdiputado Roberto Jefferson recibió a los cuatro policías federales, que iban a cumplir una orden de detención, hirieron a dos de ellos y también a la reelección del presidente Jair Bolsonaro. La resistencia armada de Jefferson a un orden judicial de prisión, el domingo 23, se suma a otros deslices del presidente y sus aliados, que aparentemente frenaron su crecimiento en las encuestas y la posibilidad de un triunfo en la segunda vuelta de las elecciones, el domingo 30.

El instituto Inteligencia en Encuestas y Consultoría (Ipec) apuntó una rígida estabilidad en la intención de voto en el sondeo divulgado el 24 de octubre: el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva aventaja con 50 % a Bolsonaro, con 43 %, el mismo resultado de una semana antes. Otra encuesta de un instituto menos conocido, Atlas Intelligence, del mismo día, registró cifras similares, 52 % a 46,2%, pero con ligero aumento de 1,2 puntos porcentuales en la ventaja de Lula en comparación con la semana previa.

La violencia de la campaña electoral bolsonarista parecía así apagar los pequeños avances que eliminaban o mermaban el favoritismo de Lula. La encuesta de la semana anterior de otro reconocido instituto, Datafolha, acortaba la ventaja del izquierdista exgoberante (2003-2010) a solo 49 % frente a 45 % de intención de voto. Un torrente de mentiras dominó la propaganda electoral por la televisión abierta y radios, legalmente asegurada a los candidatos, principalmente por parte del presidente.

Acoso electoral de empresarios y evangélicos

Además las denuncias de acoso electoral, de empresarios coaccionando o induciendo a sus empleados a votar por Bolsonaro, alcanzaron 1367 hasta el 24 de octubre. En las iglesias evangélicas se multiplicaron los casos de expulsión o presión contra fieles que manifestaron la preferencia por Lula.

El atropello de las leyes y del principio de equidad en la disputa electoral también involucra al gobierno, que concedió varios beneficios prohibidos en año electoral a sectores de la población, como aumento de la ayuda a las familias pobres y un bono a los camioneros y taxistas, dentro de al menos ocho iniciativas con fines electorales. Además, se aprobó un subsidio al gas de cocina y se forzó a los gobiernos de los 26 estados brasileños a reducir sus impuestos para abaratar la gasolina y otros combustibles.

En condiciones normales esas medidas serían ilegales y podrían llevar a la inhabilitación de una candidatura, pero están protegidas por una enmienda constitucional que reconoció un cuadro de emergencia el actual semestre, cuya aprobación contó incluso con el apoyo de la oposición.

El pretexto fue la crisis provocada por la pandemia de covid-19 y la guerra en Ucrania. Nadie quiso negar ayuda a los pobres en un momento en que 33 millones de brasileños sufren hambre y la inseguridad alimentaria afecta a casi mitad de los más de 215 millones de habitantes del país.

Pese a esos abusos del poder gubernamental, económico y religioso, Bolsonaro perdió las elecciones en la primera vuelta, el 2 de octubre, obteniendo 43,2 % de los votos válidos, contra 48,43 % de Lula.

Vuelco en las tendencias

Pero la ligera reducción de la desventaja, registrada también en mejoras de la aprobación del gobierno y en el índice de rechazo a Bolsonaro, alentó su campaña electoral, hasta que llegaron los disparos de Jefferson.

El exdiputado presidía el Partido Trabalhista Brasileño (PTB) cuando fue encarcelado, en agosto de 2021, por sospecha de componer una llamada “milicia digital”, organizada para atacar la democracia y los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF). Carmen Lúcia Rocha, jueza del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ha sufrido groseros ataques por parte del exdiputado Roberto Jefferson.

Dejó entonces la dirección del partido, pero intentó ser candidato a la presidencia del país, sin éxito porque estaba inhabilitado por la Justicia Electoral y cumplía con detención domiciliaria desde enero.

El juez Alexandre de Moraes, del STF, determinó su vuelta a la cárcel por incumplimiento de varias normas de la detención domiciliaria, como conceder entrevistas políticas a medios de comunicación y difundir noticias falsas por las redes sociales.

Cuando cuatro efectivos de la Policía Federal cumplían esa orden judicial, Jefferson se resistió a balazos de fusil y granadas en su casa en Levy Gasparian, una pequeña ciudad de 8600 habitantes a 130 kilómetros de Río de Janeiro.

Una agente y un comisario resultaron heridos en la cabeza y otras partes del cuerpo, por astillas de las balas o de las granadas, aunque sin gravedad.

Jefferson aguantó ocho horas en negociaciones, hasta rendirse en la noche del domingo y ser llevado a la cárcel en Río de Janeiro, ahora acusado también de intento de homicidio contra cuatro policías, que puede costarle decenas de años de cárcel a sus 69 años.

En su defensa dijo que no disparó para matar, sino para amedrentar. Admitió haber disparado 50 veces. Acribilló a un vehículo policial cuyos vidrios blindados fueron perforados por algunos tiros.

Fuego amigo

Los daños a la reelección de Bolsonaro se deben a la alianza política y las estrechas relaciones entre los dos. El presidente fue incluso miembro del PTB entre 2003 y 2005. Pero trató de apartarse de Jefferson, luego de su reacción violenta del domingo. Lo llamó “bandido” por atacar policías y afirmó que ni siquiera tiene fotos con él. Pero de inmediato aparecieron en las redes sociales decenas de fotos de los dos juntos en el palacio presidencial e incluso abrazados.

Es imposible evitar daños a la reelección, incluso porque Bolsonaro ordenó al ministro de Justicia, Anderson Torres, socorrer al aliado después de sus disparos y enfrentamiento con la policía. El ministro viajó de urgencia desde Brasilia al aeropuerto Juiz de Fora, el más cercano a la localidad del exdiputado, pero finalmente no se personó en la casa de Jefferson, tras las recomendaciones del equipo político del gobierno para evitar “un desastre peor”.

Eso comprueba la interferencia ilegal del Poder Ejecutivo en una acción judicial de la Policía Federal, un órgano de Estado y no de gobierno, hecho que provocó molestia entre los policías. Fue un acto de locura de Jefferson, según políticos allegados al presidente. El candidato a gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, exministro de Infraestructura, sostuvo que él ya venía presentando “su salud mental dañada”.

Pero hay analistas políticos que identifican una acción premeditada del exdiputado que salió por la culata, porque los policias no reaccionaron con violencia. El objetivo malogrado seria señalar al STF como causante del incidente por “perseguir” bolsonaristas y violar la libertad de expresión. Jefferson debería continuar en su “batalla por la libertad, pero perdió totalmente la razón al disparar sobre policías y lanzar granadas”, sostuvo Bolsonaro en sus declaraciones.

Los hechos serán más dañinos para la reelección debido a otro revés.

El Tribunal Superior Electoral, que conduce el proceso, transfirió 20 % de las inserciones de 30 segundos de la propaganda gratuita de televisión para cada candidato, de Bolsonaro a Lula, como derecho de réplica a informaciones falsas difundidas por el adversario. Lula tendrá así más tiempo para denunciar la violencia y la desinformación practicadas por los bolsonaristas.

Además los tiros de Jefferson ponen en tela de juicio una de las políticas más impopulares de Bolsonaro, la de facilitar armas a la población. El exdiputado tenía licencia de tirador deportivo. Pudo así acumular más de 20 armas de fuego, incluso el fusil, y miles de municiones, gracias a los decretos del presidente que han permitido más que quintuplicar la cantidad de licencias para la posesión y porte de armas en sus cuatro años de mandato.

*Periodista de IPS desde 1978, cuando  empezó a trabajar en la corresponsalía de Lisboa , donde escribió también para Cuadernos del Tercer Mundo y fue asistente de producción de filmes en Portugal, donde trabajo con el célebre realizador luso José da Fonseca e Costa (1933-2015). Corresponsal en Brasil desde 1980. Es miembro de consejos o asambleas de socios de varias organizaciones no gubernamentales.