El atentado a CFK y la guerra que ya llegó (investigación de Crisis)
Revista Crisis
La historia que leerás a continuación surge de una pesquisa que recién comienza, motivo por el cual avanzaremos en puntas de pie. En este primer artículo presentamos una serie de hechos sin conexión lineal pero que contienen una propuesta concreta: inscribir el intento de magnicidio que tuvo lugar el 1 de septiembre en Buenos Aires en el contexto geopolítico abierto el 24 de febrero por la guerra en Ucrania.
Ha sido probado que Fernando Sabag Montiel no era un electrón suelto. Integra un grupo que venía planificando desde abril el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y ese agrupamiento se inserta en las redes de ultraderecha que en los últimos años no han cesado de expandirse a nivel global. También sabemos que el personaje profesa la ideología neonazi y entre los tatuajes que porta en su cuerpo hay un símbolo conocido como “el sol negro”, empleado por diversas tribus reaccionarias contemporáneas. Por ejemplo, esa imagen aparece en el escudo original del Batallón Azov, milicia neonazi ucraniana surgida en mayo de 2014 para combatir contra las tropas que proponían la anexión de la República Popular de Donetsk a la Federación Rusa.
Abramos una ventana: en el año 2000, el millonario ruso Alexander Katunin visitó por primera vez la Argentina. Pronto comenzó a enhebrar un enjambre de empresas en alianza con algunos personajes de la élite local que diseñaron una plataforma de aterrizaje para sus inversiones. Gracias a estas “sociedades pantalla”, el ruso compró varias propiedades en la Patagonia, entre ellas un campo de miles de hectáreas en el Lago Rosario, provincia de Chubut. Los compinches argentinos del oligarca tienen algo en común: la pertenencia al colegio Champagnat y a su club de rugby. Algunos de ellos serían pocos años después funcionarios del gobierno macrista.
Ahora abramos varias ventanas más:
– Oleksandr Levchenko tiene 27 años y en 2018 había sido condenado por integrar una banda neonazi en Mar del Plata, donde se crió. Como es oriundo de Ucrania solicitó la extradición en 2021. El 26 de febrero último, a dos días de iniciada la invasión rusa a Kiev, envió un video a sus amigos donde aparece vestido de militar, con un fusil enorme: “Saludos compas, va a salir todo bien. ¡Vamos a vencer! Abrazo para los pibes”.
– A mediados de marzo de este año aparecieron una veintena de pintadas con la simbología y los colores del Batallón Azov en el barrio Cofico de Córdoba Capital. 
– El 31 de ese mismo mes el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) recibió una amenaza en su celular: “Prepárense que se viene el golpe”, decía entre otras frases. La justicia federal detectó el teléfono que emitió el agresivo mensaje y comprobó que su titular era una persona de La Plata de origen ucraniana perteneciente a la “Humanidad del Dragón”, otra agrupación neonazi.
– En la misma ciudad fue allanado el 5 de septiembre el Centro Cultural Kyle Rittenhouse (CCKR). Allí operaba un colectivo de ultraderecha que festejó públicamente el atentado contra la vicepresidenta. En sus paredes habían pintado, entre otros murales, el escudo del Batallón Azov.
No hemos hallado relación directa entre las escenas relatadas. Y quizás no exista ningún vínculo orgánico entre ellas. Sin embargo, hay concurrencias que algo están expresando. Si pudiéramos eludir la tentación de establecer asociaciones apresuradas, ganaríamos la posibilidad de formular algunas preguntas urgentes: ¿tiene algo que ver el modo de acumulación económica que se ha impuesto como inevitable –y la consecuente conquista de nuestros recursos estratégicos por parte del capital financiero– con la emergencia de la violencia política en el país? ¿Hay alguna analogía entre la incapacidad estatal de ejercer soberanía sobre el territorio y su inoperancia a la hora de salvaguardar la vida de las autoridades elegidas por el pueblo? ¿Puede la democracia tener alguna posibilidad de cumplir con sus promesas, de tornarse sustantiva, sin un conocimiento cabal de los poderes que la carcomen y los enemigos que la agreden?
Ensalada rusa
La disputa entre el banco estatal VTB –el segundo más importante del sistema financiero ruso– y el multimillonario Alexander Katunin es una de esas tramas sordas que transcurren en la opaca dimensión tribunalicia, hasta que de repente una mariposa aletea y se enciende una señal de alarma. En este caso dos actores económicos provenientes de Moscú se vienen trenzando hace varios años en pleno Comodoro Py para ver quién se queda con al menos dos joyas inmobiliarias de la Patagonia:
– el campo “Mamul”, es decir varios miles de hectáreas frente al Lago Rosario, en la localidad de Trevelin, provincia de Chubut, cuyo valor ronda los cien millones de dólares y además posee importancia geopolítica por estar situado en zona de frontera con Chile.
– el exclusivo Hotel Eolo, ubicado en el Calafate, provincia de Santa Cruz, donde la habitación más barata cuesta 1264,5 dólares.
Dos gemas turísticas más podrían entrar en el diferendo: una en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego; la otra en El Chaltén, provincia de Santa Cruz.
La denuncia por estafa fue presentada el 23 de mayo de 2016 ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) por los apoderados en Argentina del Banco VTB. El Ministerio Público Fiscal emitió un dictamen que hizo lugar al pedido y la causa comenzó a tramitarse en el juzgado de la incombustible María Servini de Cubría. Al año siguiente la querella avanzó varios casilleros cuando, a partir de un informe de inteligencia aportado por la Unidad de Información Financiera (UIF), la jueza resolvió embargar Mamul y ordenó la inhibición general de bienes del millonario ruso y de su familia. En aquel momento, Hugo Alconada Mon ventiló el caso con una nota en el diario La Nación.
Pero a partir de entonces la causa comenzó a encallar por debates técnicos, esgrimas procesales y, según la querella, por presiones políticas. Hasta que en junio de 2018 Servini de Cubría dictó el sobreseimiento de los acusados por la imposibilidad de probar que el dinero empleado para las compras patagónicas proviniera de un delito precedente, elemento crucial para considerar la existencia del “lavado de dinero”. Dos meses más tarde la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó el sobreseimiento. Y en febrero de 2019 lo propio hizo la Sala IV de la Cámara de Casación, con el voto dividido de Hornos y Gemignani por un lado, y Borinsky en disidencia. Hoy el expediente está a la espera del fallo final de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, cuando todo parecía indicar que el caso estaba condenado a languidecer, estalló la guerra en Ucrania y un dato hasta entonces intrascendente apareció en el centro de la escena: resulta que el ruso Katunin tiene un socio ucraniano que se llama Serguei Taruta y algunos medios internacionales de primer nivel (como The Guardian y Reuters) aseguran que financió -al menos en su primera etapa- al Batallón Azov, la temeraria milicia neonazi. La querella preparó entonces una nueva arremetida judicial y en junio de este año presentó su segunda acusación contra Katunin y compañía, aduciendo que habían incurrido en fraude procesal. 
En paralelo los abogados defensores solicitaron el cierre de la causa por considerarla prescripta, pero el 30 de agosto la fiscal Alejandra Mangano desestimó el pedido. El último movimiento de piezas tuvo lugar el pasado lunes 12 de septiembre, cuando Servini de Cubría decidió “no hacer lugar a la excepción de falta de acción por prescripción” propuesta por el abogado de Alexander Katunin.
Para ese entonces Fernando Sabag Montiel ya había intentado asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Carlos Pagni había vinculado –en su editorial del lunes 5 de septiembre– el tatuaje del tirador con el Batallón Azov, para luego asegurar que la milicia ucraniana “tiene ramificaciones en la Argentina, políticas y económicas” y que “uno de sus benefactores o sponsors está siendo investigado en un juzgado federal por lavado de dinero”. Y el presidente de la DAIA Jorge Knoblovits, dos días después, fue más explícito. En el marco de una entrevista periodística dijo en relación al tatuaje de Sabag Montiel que “ese es el símbolo de una organización que se llama Batallón Azov, que es un grupo ucraniano financiado por unos magnates rusos que está también en Argentina y que podría estar vinculado con futuras acciones terroristas”.
Convengamos que Pagni y Knoblovits no son dos cuatro de copas en lo que a manejo de información se refiere. Sin embargo, luego de haber explorado con énfasis la sugerencia que formulan podríamos asegurar que no hay evidencia, ni siquiera cercana, de que existan vínculos directos entre los millonarios investigados por Servini de Cubría y las supuestas células del Batallón Azov en Argentina. Aún más: los intercambios que hemos sostenido con distintos investigadores ucranianos, como el colaborador de la revista Commons Denys Gorbach, tienden a descartar esa posibilidad.
Dicho esto, el interés por la incursión rusa en la Patagonia no se disipa. Veamos por qué.
Patagonia spirit
En sus insistentes ingresos a la Argentina entre los años 2000 y 2016 el magnate ruso Alexander Katunin utilizó ocho pasaportes distintos. Su esposa Tatiana Katunina mostró catorce documentos diferentes.
Para comprar el campo Mamul, en la localidad de Trevelin, crearon una sociedad denominada Rosario del Lago S.A., más un fideicomiso de nombre idéntico cuya administración quedó a cargo del ciudadano argentino Alejandro Moyano Walker. A través de este acto de simulación que implicó escriturar la compra del bien a nombre del fideicomiso, el magnate extranjero pudo acceder al goce de una propiedad ubicada en “zona de seguridad de frontera”. La “creatividad” en el diseño institucional estuvo a cargo de Patricia López Aufranc, en representación del estudio de abogados más importante del país: Marval O´Farrell Mairal, especializado en asesorar a las grandes empresas.
El precio fue estipulado en 7.8 millones de dólares y los registros swift muestran que la transferencia se realizó desde una cuenta a nombre de Moyano Walker –con residencia en la ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires– en el banco Gutzwiller & Co, cito en Basilea, Suiza, hacia otra cuenta perteneciente a la parte vendedora ubicada en el Banco Mora SA, radicado en el Principado de Andorra. Si uno toma la evolución del precio del campo puede hacerse una idea de la magnitud de la renta inmobiliaria: lo que en el año 2000 fue vendido por el estado a la familia Hughes en 400 mil pesos, en 2007 ya costaba 7.8 millones de dólares, y en 2022 supera los 100 millones, teniendo en cuenta que una hectárea en el lugar se ofrece a un valor de mercado de 100 mil dólares.
La batalla legal entre el banco ruso VTB –de mayoría accionaria estatal y fuertes lazos con el gobierno de Vladimir Putin– y la familia Katunin se origina en una serie de siete préstamos que, según la entidad financiera fueron indebidamente desviados hacia fines distintos a los pactados. Un informe elaborado especialmente para la causa judicial en 2017 por una de las firmas de servicios profesionales más importantes del mundo, KPMG, afirma que el banco asistió en casi 200 millones de dólares a la empresa Eniseyskiy Plywood Mill LLC (EPM) -fabricantes de madera contrachapada- cuya estructura accionaria contenía en su interior diversas empresas dispuestas en forma de “mamushkas”, de las que los beneficiarios finales eran Alexander Katunin y Sergey Taruta.
Los apoderados del Banco que operan como querellantes en la causa, argumentan que el millonario ruso vino a la Argentina con el propósito de construir una “autopista de lavado” que estaría vigente y al servicio de otros oligarcas rusos como Alexander Frolov, Alexander Abramov y Roman Abramovich.
VTB contrató los servicios de una segunda empresa global de investigación comercial, Diligence, que realizó en 2016 un organigrama de los Alexander Katunin´s affiliations in Argentina. Allí aparecen buena parte de los contactos locales del oligarca ruso, que ocupan funciones en los directorios de sus distintas empresas. Además de Rosario del Lago S.A., se analizan Hostería Patagónica Calafate, Hostería Patagónica Ushuaia, Hostería Patagónica El Chaltén, Ionet Limited y Patagonia Spirit. Junto al ya mencionado Moyano Walker, figuran Juan José Drago y su esposa Mariana Martín y Herrera, Tomás José Güiraldes, Rodrigo Braun, entre otros. En el expediente también puede hallarse a Tomás Félix Elizalde, quien ejerce como contador informado de una de las firmas. A Marcelo Gagliardini, que oficia como escribano. Y a los hermanos Raúl y Juan del Sel.
En una de sus presentaciones ante el juzgado de Servini de Cubría, la querella muestra que este entramado de actores locales tiene algo en común: haber asistido la mayoría de ellos al tradicional colegio Champagnat y haber compartido hazañas en su club de rugby. El contador Tomás Félix Elizalde, por su parte, fue presidente de la Lotería Nacional entre 2015 y 2017 y luego secretario de Coordinación del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, hasta la finalización del mandato de Mauricio Macri. Habría elementos para pensar que se trata de un grupo de interés político y económico.
Es preciso una vez más evitar las conclusiones rápidas y superficiales. El interés del mecanismo revelado por este caso radica en mostrar cierto modus operandi que constituye una práctica sistemática con la que numerosos empresarios extranjeros consiguen apropiarse de los territorios gracias a la intermediación de operadores nacionales. Veamos un ejemplo, apenas como botón de muestra: en el año 2001 el estadounidense Jeffrey Lee Wells, propietario de varios establecimientos turísticos en la Patagonia, llegó un acuerdo con la familia Hughes –la misma que en 2007 venderá el campo Mamul a Katunin– por una fracción del terreno ubicado en Lago Rosario. Como apoderado de Wells figura José Luis Martínez Pérez, que según la investigadora Susana Lara es titular de “un estudio de abogados con sede en Bariloche que participó del núcleo de operaciones de compra-venta de tierras en la zona andina de Río Negro que están hoy en manos de capitales transnacionales”.
Según la doctora en antropología económica Valeria Íñigo Carreras, ese mismo año Martínez Pérez accedió a un lote de 289 hectáreas fiscales en Bariloche por la irrisoria cifra de 40.500 pesos, desalojó a los pobladores mapuches que reclamaban el territorio y los transfirió a Hidden Lake S.A., la empresa del polémico magnate inglés Joe Lewis, dueño del Lago Escondido.
Quizás la temporada de violencia política no se haya inaugurado el jueves 1 de septiembre en la Recoleta porteña. Tal vez la guerra contemporánea se viene gestando de manera larvada desde hace años, en los territorios donde habitan los recursos estratégicos por los que el mundo hoy se desvive.
Un, dos, tres Ucrania
La ultraderecha contemporánea es un vasto ecosistema que contiene múltiples ramificaciones y se desenvuelve por oleadas, si se nos permite aplicar el término acuñado por Álvaro García Linera. Aquí en Argentina podríamos mencionar durante el último quinquenio al menos tres momentos de auge que se suceden de manera desigual y combinada, para continuar con los préstamos categoriales.
La primera tuvo lugar en 2018, en oposición a la marea verde que luchaba por el aborto libre, legal y gratuito. En ese entonces la vanguardia reaccionaria fue ejercida por los sectores más conservadores del movimiento evangélico que movilizó multitudes, construyó contrahegemonía e hizo lobby con eficacia. El asombro con que contemplamos aquella emergencia pronto quedó en olvido, entre los festejos por el triunfo del peronismo en 2019.
L
a segunda irrupción se expresó en el plano electoral y tuvo a Javier Milei como factor aglutinador, enfundado en la narrativa libertaria. El magnífico resultado que obtuvo en los comicios de medio término de 2021 se tornó una preocupación seria cuando su crecimiento en las encuestas no parecía encontrar techo, pero de repente comenzó a desinflarse y el fenómeno –por ahora– perdió la proyección que insinuaba.
La tercera embestida estalló en nuestras pantallas el 1 de septiembre cuando Sabag Montiel gatilló en la cara de Cristina Fernández de Kirchner. El elemento cohesionador esta vez es la ideología neonazi que prolifera en un reguero de agrupamientos difusos cuyos códigos resultan ininteligibles para el consenso cultural establecido. Su inquietante novedad es la violencia política como método.
Cada una de estas oleadas posee articulaciones globales más o menos distinguibles y terminales que ejercen diversos grados de coordinación táctica. Estados Unidos ocupa un lugar de referencia ineludible, gracias a la potencia del experimento que lidera Donald Trump. Brasil también opera como una usina de iniciativas de ultraderecha y gane o pierda Bolsonaro en octubre sus motores se mantendrán encendidos. Pero la ola neonazi tiene su centro de inspiración en Ucrania desde el año 2014. El estallido de la guerra contra Rusia significó una señal catalizadora para quienes venían preparando el pasaje a la acción.
Ahora bien, el faro que guía a los neonazis de todo el mundo no es el gobierno ucraniano sino Azov, una organización política a la que es preciso analizar en profundidad. Se forjó al calor de las masivas movilizaciones que tuvieron epicentro en el Maidán (Plaza de la Independencia de Kiev) y consiguieron un triunfo resonante el 22 de febrero de 2014 al destituir al presidente Yanukóvich, aliado de Vladimir Putin. Pocos días después el Kremlin decidió anexar la península de Crimea y en abril de ese año comenzó la guerra del Donbás.
En ese contexto nació esta milicia paramilitar nacionalista, el 5 de mayo de 2014, frente a las costas del mar Azov. En junio tuvo su bautismo al recuperar la ciudad de Mariupol haciendo retroceder a las fuerzas separatistas prorrusas. Pero la clave de su éxito quizás radique en la inteligencia política que mostraron para “institucionalizarse” sin perder el horizonte propio. Fue en septiembre de ese mismo 2014 cuando pasó de ser un batallón a conformarse como regimiento integrado a la Guardia Nacional de Ucrania. Así comenzaron a recibir financiamiento estatal.
Hagamos aquí un paréntesis para volver a Serguei Taruta, el millonario que se sospecha envió dinero a la Argentina de la mano de su socio ruso Alexander Katunin y que según importantes medios occidentales financió en sus orígenes al Batallón Azov. Taruta fue nombrado gobernador de la región de Donetsk en marzo de 2014 y se mantuvo en el cargo hasta octubre de ese año, es decir en el momento mismo del surgimiento y la consagración institucional de Azov. Como muestra esta noticia de un diario local, su vínculo con el Batallón era en ese entonces bastante estrecho.
Dos años después, Taruta era diputado nacional y conservaba la camaradería, como muestra esta visita a la base del Regimiento que fue promocionada en su red social personal. Hacia 2019 los vínculos se mantenían firmes, pues desde los cuarteles de Azov salían a defender la conducta política de Taruta ante el ataque de sus contrincantes electorales. El millonario devolvió favores en 2022 cuando encabezó un desagravio hacia los milicianos ultraderechistas ante un artículo publicado en la CNN que consideraron denigrante.
Taruta es una expresión de lo que en verdad aplica para casi toda la élite política y económica: su responsabilidad en el crecimiento de los grupos de ultraderecha. No solo al aportar financiamiento, sino también al brindarle legitimidad y utilizar la violencia que destilan para sus propios fines. A pesar de haber sido acusada de tortura, violaciones, crímenes de guerra y de odio por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobierno de los Estados Unidos decidió excluir a Azov del listado de grupos terroristas por su papel en la batalla contra Rusia.
El discurso oficial dice que luego de su institucionalización, el cuerpo se despolitizó. Pero en realidad no hizo más que crecer. Como afirma este agudo reportaje publicado en enero de 2021 por la revista Times: “Hoy Azov es mucho más que una milicia. Tiene su propio partido político; dos editoriales; 
campamentos de verano para niños; y una fuerza de vigilancia conocida como la Milicia Nacional, que patrulla las calles de las ciudades ucranianas junto con la policía. A diferencia de sus pares ideológicos en Estados Unidos y Europa, también tiene un ala militar con al menos dos bases de entrenamiento y un vasto arsenal de armas, desde drones y vehículos blindados hasta piezas de artillería”. Según el especialista ucraniano Michael Colborne en este artículo publicado por el diario israelí Haaretz, la invasión rusa le brindó a Azov la oportunidad de legitimar aún más y aspirar a un crecimiento de su popularidad.
El recoletazo
La nota de Times tiene otro parrafito perturbador: “Fuera de Ucrania, Azov ocupa un papel central en una red de grupos extremistas que se extienden desde California a través de Europa hasta Nueva Zelanda. Y actúa como un imán para los jóvenes deseosos de experimentar el combate. Ali Soufan, consultor de seguridad y exagente del FBI que ha estudiado a Azov, estima que más de 17.000 combatientes extranjeros han llegado a Ucrania en los últimos seis años desde 50 países”. Imposible de probar, pero hay indicios de que Argentina puede ser uno de esos países que envió refuerzos. O tal vez aprendices.
Antes de sumergirnos en la dimensión local vale la pena detenerse en dos informes publicados por Bellingcat, una red independiente de investigación a partir de datos disponibles en línea. Ambos muestran de manera muy precisa cómo Azov construye sus vínculos en el exterior. El primero se ocupa de la conexión con los grupos de ultraderecha franceses y fue publicado en 2020. El otro apareció en 2019, se titula “Extremistas estadounidenses cooptados por la extrema derecha de Ucrania” y demuestra la preeminencia ucraniana en el armado de las conexiones transnacionales del neonazismo.
Allí se explica que Azov reclutó a ex militares yanquis, pero también el modo de articulación con distintas organizaciones, entre ellas la Divisón Atomwaffen, grupo desterritorializado al que se daba por muerto desde 2017 (momento en el que se “desconectó”). Un artículo publicado por Juan Marco Candeloro en Tiempo Argentino el pasado domingo asegura que ahora apareció una División Argentina que anticipó con una campaña de afiches el atentado contra CFK; y en su cartelería “se podía ver un sol negro, el mismo símbolo que tiene tatuado en su codo Fernando Andrés Sabag Montiel, que casualmente es el mismo que llevan los nazis ucranianos del Batallón Azov”.
Sobre esa misma experiencia hay un texto publicado en febrero de 2020 por el investigador del Ministerio Público Fiscal, Tomás Gershanik, que se titula “En busca del lobo solitario. División Atomwaffen en Argentina” y, luego de desmenuzar el modo de funcionamiento de la red neonazi, concluye: “Sólo es necesario un grupo de personas susceptibles, atentos e insertos en una sociedad polarizada, en medio de una crisis económica, para que aparezca un lobo solitario. Debemos prestar atención a la radicalización presente en un grupo de adolescentes que comienzan compartiendo memes racistas o antisemitas y que en poco tiempo forman una de las redes más extremistas de la actualidad”.
La expansión del Batallón Azov no solo se verifica en el norte global. También hay noticias sobre su existencia en países vecinos como Brasil y muy recientemente se detectó su presencia en Chile, con banderas de la organización ucraniana en las marchas por el Rechazo a la Nueva Constitución.
La huella más explícita del Batallón Azov en Argentina apareció en Córdoba, pocos días después de iniciada la guerra. Una veintena de grafitis con la bandera y los logos de la organización ucraniana pudieron verse en un área delimitada entre los barrios Cofico, Pueyrredón y General Paz, zona donde varios grupos nacionalistas, de ultraderecha y antifeministas suelen hacer pintadas. No se trata de un caso aislado, ya que solo en 2022 se registraron en Córdoba Capital y alrededores al menos seis intervenciones neonazis, entre escraches y actos de propaganda.
Uno de los grupos con presencia en aquella ciudad es el Frente Patriota, presidido a nivel nacional por uno de los más añejos líderes de la ultraderecha vernácula. Alejandro Biondini publicó un tuit elogioso sobre la organización ucraniana luego del estallido de la guerra: “La propaganda rusa centra su ataque en el Batallón de Azov. Otro grave error. Construyen su leyenda al frente de la resistencia Patriota. Serán cada día más populares”, vaticinó. Entre sus adherentes es usual encontrar admiradores de la simbología del Batallón.
Pero la defensa del “pueblo ucraniano” no aplica al presidente Zelensky, a quien califican de “payaso” por su cercanía con Joe Biden. También cuestionan a Milei por “liberal” y “sionista”. Respecto al atentado contra CFK dijeron en sus redes oficiales: “no se la cree ni un chico”. Sin embargo su referente en Córdoba, Raúl Alejandro Verblud, consultado para este informe negó la autoría de las pintadas y agregó que la simpatía por el Batallón Azov no es algo compartido por la regional cordobesa.
Otra organización que podría detentar la autoría, pues suele pintar en la misma zona donde aparecieron los grafitis de Azov, es el Núcleo Social Córdoba, filial local de la asociación civil Núcleo Social Argentina, que además tiene regionales en Buenos Aires y Jujuy. Se describen a sí mismos en redes como una “agrupación social, joven, patriota y militante, bajo el sol del nacionalismo, por la soberanía, autarquía, socialización y ayuda comunitaria”; repudiaron la cuarentena, están en contra del aborto, celebraron la muerte de la reina de Inglaterra; critican permanentemente al kirchnerismo y coquetean con el discurso de Javier Milei aunque son antipolítica ante todo; reivindican la acción directa, proponen dejar la virtualidad y ocupar las calles; no se expresaron sobre el intento de magnicidio a Cristina Fernández.
La segunda marca territorial del Batallón Azov en la Argentina fue detectada en pleno centro de la capital bonaerense, donde funcionó el Centro Cultural Kyle Rittenhouse (CCKR). El nombre del espacio alude al joven de 18 años que en agosto de 2020 mató a dos hombres durante una protesta de Black Lives Matter en Estados Unidos, alegando defender la propiedad privada. Rittenhouse se convirtió en un símbolo del supremacismo blanco y el mural principal que adorna al Centro Cultural platense es una adaptación del dibujo promovido por la International Conservative Community, con la consigna “Kyle tenía razón”.
Los impulsores de la campaña también pertenecen al Rise Above Movement (RAM), otro de los grupos norteamericanos que según el artículo de Bellingcat hicieron pasantías en Kiev: “vinieron a Ucrania a aprender nuestras formas y mostraron interés en cómo crear fuerzas juveniles de la manera que lo ha hecho Azov”, reconoció la responsable internacional de los neonazis ucranianos, Olena Sermenyaka.
Más explícitamente aún, en las paredes del CCKR puede verse el escudo del Batallón Azov, junto a otros signos de la ultraderecha moderna. Sobre los esfuerzos del grupo para insertarse políticamente en el ecosistema de la derecha local, vale la pena este escrito publicado por un dirigente libertario que busca tomar distancia. Como los integrantes del agrupamiento que atentó contra la Vicepresidenta, el CCKR se hizo presente en la movilización convocada por Revolución Federal el 18 de agosto frente a la Casa Rosada, donde enfrentaron a la policía y arrojaron antorchas hacia el interior del Palacio de Gobierno.
Antes habían participado de las marchas de apoyo a Ucrania, también en las de repudio a la cuarentena, e incluso se los vio activos durante la sublevación policial de septiembre de 2020. El 5 de septiembre la policía irrumpió en el Centro Cultural y lo clausuró, detuvo a la persona que estaba en el lugar, mientras la justicia ordenaba el cierre de las redes sociales del grupo. La denuncia había sido presentada por el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, en respuesta a un video donde se reivindicaba el atentado contra la vicepresidenta.
Las últimas revelaciones de la causa que tramita en el juzgado de María Eugenia Capuchetti ofrecen indicios sobre una posible porosidad entre este universo de grupos ideológicamente más radicalizado y logísticamente precario, con la principal fuerza de oposición del país. Llama la atención, por ejemplo, el hecho de que los abogados que asumieron la defensa de los imputados por la planificación y ejecución del atentado ejerzan como representantes legales de algunos funcionarios pertenecientes a Juntos por el Cambio. Y que esta fuerza no haya deslindado oficialmente cualquier relación.
Uno de los principales exponentes del sector de ese partido que se autopercibe como “halcón”, el diputado nacional Gerardo Milman, presentó el 18 de agosto ante el Parlamento un sorprendente pedido de Declaración donde recomendaba: “Las fuerzas de seguridad, y el ministro que las comanda, deben estar atentos, y no pueden hacerse los distraídos como en el caso Nisman, y actuar preventivamente en la preservación de la integridad física de fiscales, jueces, testigos, periodistas y hasta la Vicepresidente de la Nación.
No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores”. Milman había viajado tres meses antes a Ucrania, de donde provienen sus ancestros, para manifestar su solidaridad en el terreno en pleno contexto de guerra.
Dicen que el principal propósito de un magnicidio no es la eliminación física del objetivo, sino el estado de conmoción pública que la acción provoca. En ese sentido puede decirse que el atentado de Sabag Montiel ha sido exitoso. Mostró hasta qué punto el sistema es frágil. Puso en evidencia su incapacidad para reaccionar. Y dejó plantada una amenaza que nadie sabe si tendrá réplicas. La única manera de desactivar esa bomba es tener la inteligencia suficiente para suspender una guerra que, sin embargo, todo parece indicar que ya llegó.
*Equipo de Investigación Política de la revista Crisis. Ilustración de portada: Martín Rata Vega