244 millones de latinoamericanos sigue sin acceso a internet

Álvaro Verzi Rangel

Un tercio de la población mundial sigue privada de internet en 2022 y el ritmo de las nuevas conexiones se ha ralentizado, según la Unión Internacional de Comunicaciones (UIT), que ha identificado dos obstáculos principales: el hecho de que las poblaciones que aún no están conectadas son las que se encuentran en zonas más remotas y difíciles de alcanzar, y las dificultades para pasar del acceso simple al acceso regular y sencillo.

Las disparidades regionales siguen siendo fuertes: Europa ocupa el primer lugar con el 89% de su población conectada y América (incluyendo a Estados Unidos y Canadá) muestran tasas superiores al 80%, pero en regiones como África la conexión alcanza solo al 40% de la población. No es mucho mejor la situación en nuestra región.

En la actualidad, menos de la mitad de la población de América Latina y el Caribe tiene conectividad de banda ancha fija y menos del 10 por ciento cuenta con fibra de alta calidad en el hogar. Si bien el 87 % de la población vive dentro del alcance de una señal de 4G, el uso y la penetración reales siguen siendo bajos (37 %). Y solo cuatro de cada diez latinoamericanos de zonas rurales tienen opciones de conectividad en comparación con el 71 % de la población de zonas urbanas.

Unas 244 millones de personas en América Latina y el Caribe no tienen acceso a internet. En total, un 32% de la población de esta región no accede a este servicio, según un informe del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El estudio, que concentró su trabajo en 24 países, revela que un 71% de la población urbana cuenta con opciones de conectividad, ante menos de un 37% en la ruralidad.

América Latina y el Caribe es la región donde la desigualdad tecnológica es la mayor en el mundo y esta se ha agravado y visibilizado aún más con los impactos económicos y sociales de la Covid-19. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) menciona que se necesitarían 68.500 millones de dólares para subsanar la brecha digital.

Del total, el 59% debería destinarse a mejorar la conectividad en zonas urbanas, lo que suele estar a cargo del sector privado. Por otro lado, el 41% debería destinarse a las zonas rurales, donde las inversiones públicas suelen ser la fuente principal de financiamiento. Este sector vulnerable es una de las prioridades en los planes regionales del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA).

Para que la conectividad digital sea un acceso de igualdad en los países de la región, es necesario tener infraestructura digital de calidad y ofertas de precios accesibles para la población. Datos de la CAF -Banco de desarrollo de América Latina- muestran que la desigualdad digital en la región ha sido más visible en la pospandemia. Menos del 50% de la población de América Latina y el Caribe tiene conectividad de banda ancha fija y solo el 9,9% cuenta con fibra de alta calidad.

Si bien el 87 % de la población vive dentro del alcance de una señal de 4G, el uso y la penetración reales siguen siendo bajos (37 %).

Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en promedio un 81% de los hogares del quintil de ingresos más alto (quintil V) tiene conexión a Internet; mientras que las cifras de los hogares del primer y segundo quintil es del 38% y el 53% respectivamente.

“Unos 5 mil 300 millones de personas en el mundo usan internet y aunque el crecimiento sigue siendo alentador, la tendencia deja pensar que, sin inversiones nuevas en infraestructuras y un nuevo impulso para crear nuevos conocimientos digitales, las posibilidades de conectar a la población mundial para 2030 parecen cada vez más escasas”, dijo la UIT..

En 2022, dos mil 700 millones de personas no tienen acceso a internet; en 2019, antes del covid-19, eran 3 mil 600. La pandemia “nos dio un buen empujón en términos de conectividad, pero tenemos que mantener el mismo ritmo para garantizar que todo el mundo pueda beneficiarse”, subrayó Houlin Zhao, secretario general de la UIT. Para lograr una población global totalmente conectada, se necesita “más inversión en redes y tecnologías digitales, regulación y capacitación del mejor ejemplo”, señaló

Un mayor acceso digital —en apoyo de la educación a distancia, las transferencias de efectivo digitales, la telemedicina y los servicios públicos en línea— es la piedra angular de esta agenda y requiere políticas ambiciosas y un programa de regulaciones, así como mayores inversiones en infraestructura. Esto es particularmente importante a medida que la región se prepara para las subastas de la tecnología 5G y continúa su expansión de la tecnología 4G.

Los argumentos a favor del acceso digital son claros, pero los desafíos son sustanciales: la cobertura deficiente y desigual, junto con los altos costos de los datos y dispositivos, continúan obstaculizando el acceso digital en un mundo pleno de desigualdades, donde lo prioritario para los ciudadanos es satisfacer las necesidades alimentarias diarias.

Es cierto que la digitalización impulsa la inclusión social y (lo único que le interesa a los bancos) financiera, así como los resultados en materia de aprendizaje, educación y salud. Actualmente, casi la mitad de la población adulta de la región no está bancarizada.

Unos 170 millones de estudiantes en toda la región se vieron afectados por el cierre de escuelas durante la pandemia. Y el 71 % de los países experimentó interrupciones en la prestación de atención para enfermedades no transmisibles durante los primeros meses de la crisis provocada por la Covid-19.

Los planes de datos y los dispositivos con internet no son asequibles para las personas pobres de la región, preocupadas por subsistir. En promedio, el costo de un plan de datos de solo 1GB representa el 2,7 % del ingreso familiar mensual (o entre el 8 % y el 10 % para el quintil inferior en algunos países), muy por encima del umbral de asequibilidad del 2 % que considera de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Además, el costo del teléfono inteligente básico más barato disponible representa entre el 4 % y el 12 % del ingreso familiar promedio en gran parte de la región, y entre el 31 % y el 34 % en Guatemala y Nicaragua o incluso el 84 % en Haití. Estos costos desproporcionadamente altos para las poblaciones vulnerables dan lugar a nuevas formas de disparidades en lo que ya es la región desigual en el mundo.

Al abandonar los Estados Nacionales su obligación de garantizar las condiciones mínimas para los procesos de enseñanza-aprendizaje, fue del bolsillo de la clase trabajadora, los y las docentes, estudiantes y la familia de donde salieron los dineros para pagar conexión a internet donde era posible, adquirir o potenciar equipos de conexión remota y acceso a plataformas.

Esto implicó una transferencia brutal de dinero de la clase trabajadora mundial a los grandes consorcios tecnológicos, señala el pedagogo crítico Luis Bonilla Molina, lo que ha generado en el sector tecnológico de la élite capitalista, dos movimientos simultáneos y complementarios.

Por una parte, añade Bonilla, se ha presionado el acelerador de la transformación digital en la educación impulsando distintas alternativas escolares entre ellas legislaciones de educación en casa, modelos de educación híbrida oferta mercantil de plataformas educativas, y por otra parte, las naciones poderosas requieren controlar lo que se viene en materia de virtualización-digitalización de la educación, para garantizar que la aspiradora de fondos públicos y dineros de los ciudadanos, garantice que ingresen a las arcas del capital transnacional tecnológico que ellos regentan.

Hoy una de las prioridades de América Latina y el Caribe es enfrentar la brecha digital, lo que requerirá acciones de políticas para reducir los costos, ampliar el acceso, así como la formación en habilidades digitales. Solo entre el 5 % y el 15 % de los adultos en la mayoría de los países de la región tienen habilidades informáticas y de resolución de problemas de nivel medio o alto en entornos con un elevado grado de tecnología, frente al 29,7 % en los países europeos.

*Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)