Reclamo por el escándalo del avión retenido en Argentina: “se fueron 19, tienen que volver 19”
Marcos Salgado |
El hangar principal de la aerolínea estatal Conviasa en el aeropuerto de Maiquetía, cerca de Caracas, fue el punto de encuentro para un acto masivo. Militantes de la Unión de Mujeres Venezolanas (UNAMUJER), trabajadores de Conviasa y empleados del Sistema Unificado de Atención Farmacéutica (armado con ayuda y medicamentos iraníes) confluyeron para presenciar una teleconferencia en la que participaron, desde Teherán, familiares de los instructores apresados por orden judicial en Buenos Aires, junto al avión Boeing 747-300 de Emtrasur, nave que ahora disputa el Tesoro de Estados Unidos.
El escándalo tiene varias dimensiones, y no para de crecer. Hace un par de semanas el gobierno de Nicolás Maduro cambió de estrategia y comenzó a denunciar con fuerza la retención del avión. También Irán redobló el reclamo y se dibujó con claridad una dimensión que había quedado relegada en las esperas (estériles) de una solución por parte de las autoridades argentinas. Es la impotencia de 19 personas, 18 hombres y una mujer, que no pueden salir de Argentina, a merced de un juez que intenta como sea alimentar un expediente que ni siquiera tiene delito determinado. Así como se lee: no hay delito, pero hay sospechosos.
Un lawfare 2.0, podría decirse. Una versión potenciada del que resuena ahora también en Argentina, con la vicepresidenta Cristina Fernández con protagonista. Un expediente que tiene algunos años y que, se sabía de entrada, estaba amañado para acusar (y condenar) a la referente principal del peronismo, el movimiento de raigambre popular más importante del país.
En el expediente contra Cristina al menos se guardaron formas mínimas, al menos se postuló un supuesto delito. La acusación no se sostiene, pero los fiscales intentaron guardar, un poco, las formas.
En el expediente del avión ni siquiera eso: la aeronave quedó a disposición de un juez federal con competencia en el aeropuerto de Ezeiza, que se dedicó a ganar tiempo para engordar la movida mediática judicial que derivó luego en un pedido de Estados Unidos para incautar el único avión de Emtrasur, (y terminar así con una incipiente pero prometedora iniciativa comercial que, con apenas semanas en el mercado de las cargas aéreas en América Latina, estaba pisando fuerte).
Los tripulantes
En medio del lawfare y la rapiña desleal del mercado están los los tripulantes. “Nos tildaron de terroristas, pero nosotros somos trabajadores”, dijo por videoconferencia Victoria Valdiviezo, la jefa de carga del avión. A su lado, Gholamreza Ghasemi, el jefe de los instructores iraníes, lucía bastante menos amenazante que en las crónicas de la prensa hegemónica argentina, que lo sindicó durante los primeros días del bochorno de alto militar de fuerzas especiales iraníes, lo que rápidamente se desmintió, sin vergüenza ni disculpas de los acusadores.
Detrás de Valdiviezo y Ghasemi, otros temibles-supuestos- terroristas apenas disimulaban las sonrisas por las monerías que les prodigaban vía Zoom sus hijos, desde Venezuela e Irán.
En el acto quedó claro que la tarea de la empresa Emtrasur es lograr que los 19 tripulantes retenidos sean liberados y puedan salir de Argentina. “Diecinueve se fueron, diecinueve tienen que volver”, les dijo cuando despedía la comunicación Oscar Pérez Salas, presidente de Emtrasur.
“Desde el punto de vista legal no hay ningún elemento para retener la aeronave, y mucho menos confiscarla”, dijo Pérez Salas.
“Yo tengo fe que más temprano que tarde tengamos acá la tripulación completa con nuestra aeronave”, dijo el directivo, quien además no descartó que en los próximos días la plana mayor de Emtrasur y de Conviasa (cuyo presidente es también ministro de Transporte) se trasladen a Buenos Aires. Un viaje que incluiría a las autoridades aeronáuticas venezolanas.
“Que por favor, ya, la ANAC, que es la autoridad aeronáutica argentina, deje de trancar el juego. Parte de la responsabilidad es de la ANAC”, alertó Pérez Salas.
También el gobierno argentino tiene la llave para destrabar el conflicto y desandar las medidas tomadas por el lawfare 2.0 del juez y la fiscal que -denuncian en Caracas- siguen a pie juntillas la estrategia de Washington.