Orden ejecutiva, excepcionalismo y “rehenes”
Leopoldo Puchi
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha emitido una orden ejecutiva que contempla una declaración de emergencia nacional que señala: “la toma de rehenes y la detención injusta de ciudadanos estadounidenses en el extranjero constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos”. La orden ejecutiva establece que el Secretario de Estado designará a los funcionarios de gobiernos extranjeros que estén involucrados, a efecto de aplicar sanciones.
A su vez, los medios anuncian que “Estados Unidos emitió un aviso a sus ciudadanos ante el riesgo de ser detenidos de forma arbitraria y usados como rehenes si viajan a Venezuela, China, Rusia, Irán, Corea del Norte o Birmania”.
En el caso de Venezuela, la decisión coincide con el reciente despliegue de reportajes de las agencias internacionales sobre la detención de tres estadounidenses en la frontera del estado Táchira. En este sentido, la agencia AP alerta que tres estadounidenses fueron encarcelados “silenciosamente” por “supuestamente” intentar ingresar “desprevenidos” al país y ahora “enfrentan largas sentencias de prisión en la nación políticamente turbulenta”.
Suiza-Turquía
A su vez, los familiares de ocho estadounidenses procesados por los tribunales de Venezuela han venido presionando políticamente a la administración Biden durante la campaña de las elecciones de medio término para que gestione la excarcelación.
Se advierte que no pueden recibir atención consular de su gobierno, ya que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela desde 2019, año en que la administración Trump participó en un intento frustrado de golpe militar en Venezuela.
Desde entonces, tampoco los ciudadanos venezolanos disponen de atención consular en EEUU. Para solventar este y otros problemas, en un momento se planteó la creación de oficinas de interés o de representaciones de cada país. En el caso de EEUU, la representación se realizaría por medio de la embajada de Suiza, y la de Venezuela por medio de la de Turquía, pero esta propuesta de la cancillería venezolana no fue aceptada por el Departamento de Estado.
Es natural que los gobiernos de los países se ocupen de la atención de sus ciudadanos en el extranjero, por lo que se comprenden las previsiones que se tomen en esta materia.
Existen diferentes modalidades para el ejercicio de este deber, como la ayuda jurídica, los tratados sobre cumplimiento de penas en los países de origen o las peticiones de amnistía y perdón. Sin embargo, la orden ejecutiva emitida por Biden va más allá de la intención de dar la protección que todo Estado debe brindar a sus ciudadanos y colide con el ordenamiento internacional al pautar normas y sanciones extraterritoriales.
“Rehenes”
Hay venezolanos presos en EEUU acusados de distintos delitos y en distintas ciudades. En Venezuela, además de los tres estadounidenses señalados de ingreso ilegal, hay cinco ejecutivos petroleros y tres veteranos de la marina de guerra que están siendo procesados por diferentes delitos. En un caso, por corrupción, y en el otro por desembarco armado en territorio venezolano.
Al dársele el calificativo de “rehenes” a personas procesadas por delitos contemplados en la legislación, se desconoce al Estado venezolano y se otorga inmunidad a los ciudadanos estadounidenses por crímenes que hayan cometido o los que pudieran cometer en territorio venezolano o en contra de sus leyes.
No es, pues, simple atención o amparo a ciudadanos en el exterior, sino que estamos frente a una orden ejecutiva que deriva de conflictos geopolíticos entre Estados y la orden es un instrumento adicional de esas disputas. La presencia de Roger Carstens, Enviado Presidencial Especial para Asuntos de Rehenes (SPEHA), en las negociaciones EEUU-Venezuela, muestra el carácter político del asunto.
Excepcionalismo
De nuevo, con la orden ejecutiva, se pone de relieve un componente negativo de la ideología en la que se sustenta la política exterior de Washington: la idea de una condición excepcional que le otorgaría a ese país una naturaleza especial.
Esto le permitiría a su Estado situarse por encima de las normas aplicadas a otras naciones y dictar reglas y leyes extraterritoriales. Y, a su vez, brindar a sus ciudadanos privilegios particulares. Para el progresismo estadounidense, la renovación de la política exterior es un asunto olvidado y tarea pendiente.