Chile, la ruta hacia la impunidad de Piñera y sus represores
Cecilia Vergara Mattei
La sala de la Corte de Apelaciones de Santiago desoyó dos resoluciones del juez Daniel Urrutia, y sobreseyó al expresidente Sebastián Pïñera en dos juicios, uno por omisión de denuncia sobre hechos que podrían constituir corrupción en el Ejército; y otro por reiteradas violaciones en contra de los Derechos Humanos cometidas con ocasión del estallido social de 18 de octubre de 2019. El fallo que absuelve al expresidente y sus ministros marca una ruta de impunidad que seguramente han de recorrer todos ellos en los próximos meses.
En mayo de 2021, el ex capitán de Ejército y abogado Rafael Harvey Valdés, interpuso una querella criminal en contra del entonces primer mandatario y sus ministros Alberto Espina, Mario Desbordes, Baldo Prokurica y el subsecretario Alfonso Vargas por el delito de haber omitido denunciar ciertos hechos constitutivos de corrupción al interior del Ejército.
La 
querella denunciaba, igualmente, el delito de falsificación de instrumento público pues el retiro del ex capitán aparecía respaldado por documentos de dudosa procedencia. Harvey había denunciado la corrupción en ciertos altos mandos militares, circunstancia que el tribunal de primera instancia quiso castigar, pero que, para el tribunal de alzada, no correspondía hacerlo.
El fallo se dictó en abierta contradicción a las investigaciones que realiza la ministra Romy Rutherford en el referido proceso seguido en contra de los altos jefes de las Fuerzas Armadas por corrupción, y los nexos con los respectivos gobiernos de turno; en especial, con el de Sebastián Piñera. Asimismo, permite suponer que los innegables nexos establecidos, durante el gobierno de Piñera, entre los tribunales de Justicia, la Fiscalía Nacional y el gobierno del ex presidente, no fueron hechos por casualidad.
Esta vez, la Corte fue más drástica y en lugar de acusar al expresidente Piñera decidió inhabilitar al juez Urrutia señalando que: “[…] debe abstenerse de conocer y emitir pronunciamiento en la causa de que se trata”.
En los considerandos del fallo, se acusa al juez de haber expresado públicamente sus opiniones acerca de los sucesos que rodearon el estallido social, y señala que afirmó que “[…] expresamente que a partir del 18 de octubre de 2019 hubo terrorismo de Estado en Chile, con los 400 mutilados, hubo violación a los derechos humanos con utilización de armas, en forma ilegal y constante, de manera ‘sistemática y generalizada”.
El libelo agrega que, para el magistrado, lo sucedido tras el 18 de octubre de 2019 es “[…] la mayor crisis de derechos humanos desde la vuelta a la democracia en el país y, que el actuar del Ministerio Público y del Poder Judicial ha pretendido avalar y justificar la represión“. Paralelamente, la querella del ex capitán Harvey aparece hoy refrendada con el procesamiento del ex Comandante en Jefe del Ejército Ricardo Martínez por parte de la ministra Rutherford, que no solamente la valida sino hace inocua la resolución de la Corte de Apelaciones invitando al jurista a suponer un abierto acto prevaricador.
Piñera y el auge de la prevaricación
Sebastián Piñera estaba plenamente consciente no solamente de haber cometido ilícitos y faltas a la ética durante el ejercicio de su mandato, sino, también, con posterioridad al 18 de octubre de 2019, haber tolerado (probablemente, ordenado) reiteradas violaciones a los derechos humanos en contra de la población civil, señala Manuel Acuña Asenjo.
Las muertes en medio de las protestas, los encarcelamientos injustos de manifestantes, el sadismo empleado por las fuerzas policiales en mutilar visualmente a gran parte de los participantes, los actos atroces cometidos por las fuerzas policiales en contra de quienes protestaban no son hechos que pueda atribuirse a la casualidad a o la inexperiencia de los funcionarios policiales.
Añade que Piñera se preocupó en realizar todos los pasos convenientes para lograr su impunidad. Fue nombrando todos los abogados integrantes tanto de la Corte Suprema como de la de Apelaciones y designando a sus ministros, para después cobrarles por haberlos encaramado a los más altos cargos del llamado Poder Judicial. Difícil resulta suponer que esos sujetos puedan fallar en contra de quien les otorgó tales privilegios.
Acuña Asenjo afirma que lo mismo sucede con la Fiscalía, ya que todos conocen los nexos familiares que unen al Fiscal Nacional con Andrés Chadwick, ex ministro del Interior y primo de Piñera. Así, la impunidad camina sobre rieles, aun cuando haya nuevo ministro de Justicia, pero no nueva justicia. Es difícil que el actual gobierno haga algo por impedir el curso de esos acontecimientos.
La impunidad, de esa manera, camina sobre rieles. Y No parece ser su intención. Menos, aún, cuando las declaraciones hechas a la prensa por funcionarios de Gobierno, refiriéndose a eventuales medidas en contra de la anterior administración, hablan de extirpar ‘todo ánimo de venganza’. Los medios de comunicación también colaboran en ese sentido y justifican con creces que una analista llame la atención, al respecto, señalando:
La analista Verónica Raibb Saitis preguntó en Radio U de Chile “¿qué dicen los medios de comunicación sobre el estado judicial de las querellas criminales contra Piñera y varios de sus ex ministros, tanto por las violaciones de los DDHH cometidas en pleno estallido social como por los miles de muertes consecuentes de la pandemia? ¿O sobre las 36 querellas contra el ex General Director de Carabineros, Mario Rozas, por diversos casos de vulneraciones a los derechos humanos durante la crisis social?”
Los medios hegemónicos hablan de venganza, quizá el nombre que le quieren poner a algo que es escaso en Chile: justicia. Como antes, pareciera que solo los sectores dominantes pueden reclamar justicia.
La idea que asalta al ciudadano común es que la historia parece repetirse (no con los mismos actores, quizá), que el país se encamina a un derrotero en donde la impunidad vuelve a imperar como lo hiciera antaño bajo la Concertación al compás del canto ‘La alegría que viene’. Como si no hubiere ocurrido el estallido del 18 de octubre de 2019.
Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnesty International, mostró su preocupación acerca del curso que tomarían las nuevas autoridades en materia de respeto a los Derechos Humanos.
Señaló –poco antes que asumiera la administración de Gabriel Boric- que, ante las demandas de la ciudadanía, la respuesta del gobierno de Piñera no fue sino “una severa represión que derivó en graves violaciones a los derechos humanos, que se tradujeron en 8 mil 827 denuncias, de las cuales sólo siete han llegado a sentencias condenatorias contra los funcionarios policiales o castrenses que estuvieron involucrados”.
El lunes 25 de abril, el presidente Boric y su flamante ministra de Relaciones Exteriores Fernanda Urrejola recibieron a un
a delegación de Amnesty International, preocupada por la inacción del Estado chileno en materia de derechos humanos.
Rodrigo Bustos informó que “entre los temas que planteamos está la necesidad de avanzar en verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición respecto de las graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período del estallido social, especialmente en relación a la reforma profunda que requiere Carabineros de Chile”
* Periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)