¿Por qué es tan importante para México la reforma eléctrica?
Luis Manuel Arce Isaac
En los tiempos modernos, y en cada nueva etapa de la revolución tecnológica -proceso social que no se detiene jamás, como las ciencias-, el sector eléctrico es, y continuará siendo, el detonador de la economía de cualquier país, grande o pequeño. Todo va a estar subordinado a la generación de electricidad sin la cual es imposible concebir el desarrollo de una industria nacional del tipo y tamaño que sea, de allí que todos los gobiernos, sin excepción, consideren estratégica la industria de generación, transmisión y distribución, incluso siendo privada.
Dentro de ella, las tarifas eléctricas constituyen un instrumento para redistribuir el ingreso- casi siempre mediante el subsidio al consumo de energía eléctrica de los grupos más desfavorecidos- y para apoyar a la industria nacional a fin de acelerar su desarrollo y aumentar la competitividad. El subsidio evita conflictos por su tendencia a atenuar el estrés del gasto familiar y porque, a menudo, actúa en países de desarrollo alto o medio como mecanismo para contrarrestar o disminuir los índices de inflación y, con ello, regular el comportamiento de las variables
macroeconómicas.
Resumiendo, la generación eléctrica es clave en los programas de desarrollo económico de un país, sea o no productor de energéticos, y a tal extremo, que sus niveles de despacho marcan a simple vista la capacidad del parque industrial nacional y los estándares de bienestar de la sociedad. Hay ciudades más oscuras que otras porque el nivel económico no les permite iluminarlas como corresponde, lo cual es considerado una debilidad o insuficiencia en su sistema productivo que afecta el bienestar social.
Las ideas de López Obrador
Estas y otras muchas circunstancias explican por qué el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reitera que el sector energético, incluida la generación de electricidad, es un factor estratégico esencial que debe estar controlado por el estado, sin denegar una participación del capital privado en su dinámica.
Al proyectarlo como un todo, el gobierno mexicano no plantea una simple complementación entre sus industrias más productivas, Petróleo Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), a las que añade de nueva cuenta el litio como mineral clave para el futuro energético de la humanidad, y el desarrollo de tecnologías modernas para la explotación de fuentes renovables de diversa naturaleza.
En consecuencia, la generación eléctrica constituye un espectro multidimensional del servicio público más trascendente al que está sujeto toda la sociedad, por su proyección tan abarcadora del sistema productivo nacional, tecnológico, minero, alimentario, transporte, sanitario, educativo, comercial y hasta deportivo y recreativo.
López Obrador estima que las riendas de un asunto de tal envergadura deben estar en manos del estado y no privadas, para evitar el riesgo de que los intereses particulares y de lucro superen a los de la nación y perjudiquen al soberano, que es el pueblo, como está ocurriendo en estos momentos en España, otros países europeos, y Estados Unidos, donde los gobiernos no han sido capaces de detener la espiral de altos precios al consumidor.
La estrategia de México radica en fortalecer a Pemex para que los energéticos fósiles sean procesados totalmente por la industria nacional, y no colocar el crudo en el mercado mundial -salvo la coyuntura actual por la guerra en Ucrania y las sanciones económicas a Rusia- y convertirse de importador en exportador de gasolinas y combustibles.
De igual manera, rebajar al mínimo los índices de contaminación ambiental de las termoeléctricas, eliminar el uso de combustóleo y el carbón, mejorar la utilización del gas y potenciar al máximo las hidroeléctricas que tienen la doble ventaja de ser incluso menos agresivas al medio ambiente que la eólica, más barata y permanente y no intermitentes como las que dependen del aire y el sol o el movimiento del mar.
Por lo tanto, no hay una complementación, sino una conexión muy estrecha con la CFE que es la empresa destinada a garantizar un suministro de electricidad estable, suficiente y barato a un país de dos millones de kilómetros cuadrados, un enorme parque industrial y automotor y 127 millones de habitantes con ciudades altamente consumidoras de energía.
La gran contradicción
México tiene la gran contradicción de que, siendo el primer país de América que nacionalizó su petróleo en 1938 con el general Lázaro Cárdenas como presidente, y la totalidad de la industria eléctrica, en 1960 con el presidente Adolfo López Mateo, reprivatizó una gran parte de esa riqueza cuya generación de divisas dejó de ir a las reservas
financieras de Hacienda para nutrir las de España, Estados Unidos, y unos pocos países más.
Fue un proceso que comenzó con Carlos Salinas de Gortari a finales del siglo pasado, y continuó hasta diciembre de 2018 cuando López Obrador asumió la presidencia de la República y proclamó como tarea principal la batalla contra la corrupción y el rescate de Pemex y de la CFE, pues sin aniquilar el lastre de la descomposición- “barriendo como las escaleras, de arriba hacia abajo”-, sus planes de rehabilitación del sector y la toma de su control serían apenas un sueño en una noche de verano.
Los sexenios de Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) fueron los de mayor entrega, corrupción y declive de Pemex y CFE, cuyo punto culminante fue la seudo reforma energética de este último en 2013, aprobada por la compra de votos a legisladores con dinero físico que se distribuía en maletas en la propia residencia presidencial de Los Pinos y en la sede de Pemex, como se documentó en el juicio al exdirector de la petrolera Emilio Lozoya.
Una de las primeras acciones de López Obrador fue denunciar y desmontar esa reforma y proclamar la suya la cual presentó el 30 de septiembre de 2021 al Congreso y enseguida desató todos los demonios escondidos dentro del aparato gubernamental hacía 36 años, que se lanzaron contra la iniciativa del mandatario con el apoyo de Madrid y Washington
La nueva reforma propuesta por AMLO
En sus líneas generales, la nueva ley eléctrica modifica los conceptos generales que rigen el sector energético mexicano, incluidos en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que son los que se reforman, además de una serie de transitorios que, unidos, representan un cambio de dirección significativo del marco legal y el diseño institucional establecido por Peña Nieto desde su reforma en favor de Iberdrola y varias más.
La iniciativa de López Obrador tiene sobre todo un impacto directo en toda la cadena de valor del sector hidrocarburos y de electricidad planteado en el curso de este artículo. Respecto de los cambios estructurales se centra en consolidar el control de todas las actividades del sector eléctrico.
Para ello, la CFE y Pemex pasan a ser entidades gubernamentales, en lugar de empresas productivas del estado, y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), entidad gubernamental encargada de operar el Sistema Eléctrico Nacional y el Mercado Eléctrico Mayorista, se integraría en la CFE.
Desaparecen la Comisión Reguladora de Energía encargada de las actividades del mercado eléctrico, y de petróleo y gas denunciada como un nido de alta corrupción, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos para la exploración y extracción de petróleo y gas, lo que les molesta mucho a las empresas extranjeras.
El gran debate
Un gran debate, en ocasiones hasta grosero, genera en México la propuesta de cancelar permisos de generación de energía y los contratos de compraventa de electricidad actualmente en vigor. También lo provoca el no reconocimiento de las autorizaciones ilegales de autoabastecimiento y de productor independiente de energía modificados y en vigor antes de la reforma energética de 2013.
Además, la CFE tendrá el derecho constitucional de generar el 54 por ciento de la energía de México y los particulares, nacionales y extranjeros, el 46 por ciento- exactamente la misma cantidad que produce Argentina a nivel nacional, así que no es ninguna bicoca-, pero los inversionistas privados no renuncian a la casi totalidad que disfrutan ahora.
A todo eso la reforma añade, como es lógico, control estatal de todo el proceso para lo cual autoriza a la CFE determinar las tarifas de transmisión y distribución y elimina el sistema de subsidios a los supuestos productores, un barril sin fondo por el que escapan miles de millones de dólares al año.
La oposición de Estados Unidos
El arma principal usada por Estados Unidos para intentar detener la reforma es alegar que con su aprobación México incumple y viola sus obligaciones en virtud del capítulo 14 (Inversión), el 15 (Comercio Transfronterizo de Servicios) y el 22 (Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo desmintió.
El embajador de Washington, Kent Salazar, texano de origen español y muy activo e injerencista, advirtió que habrá discrepancias y litigios sin fin que generarían incertidumbre y obstruirían la inversión si se aprueba la nueva ley eléctrica, pero López Obrador le aceptó el reto y respondió que el diplomático habla de acciones de tipo jurídico, “y nosotros también haríamos lo propio porque somos un país independiente, libre”.
Hay un asunto más de fondo en la posición de Estados Unidos contra la reforma, y es que en la relación comercial -en la cual México volvió a ocupar este año la posición número uno como socio comercial del vecino del norte- Washington pretende lograr el mismo ascenso sobre los mexicanos que en la época del anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA).
Aquella concertación fue muy nefasta para México pues mediatizó su desarrollo independiente y dio supremacía a Estados Unidos en las asociaciones conjuntas como las del sector energético y automovilístico. Incluso estando vigente el TLCAN, Estados Unidos aplicó políticas proteccionistas contra México violando los acuerdos de asociación y cooperación, y trasladó directamente a este país efectos de sus crisis, como la inmobiliaria, que acabaron con la economía de este país.
Con su sustitución por el actual T-MEC cuyos términos exigidos por México permitieron una cierta mejoría, no le han dado tranquilidad totalmente a este país. Pues Donald Trump, a pesar de su presunta “simpatía” por su homólogo López Obrador, amenazó casi permanentemente con medidas de represalias aduaneras y otros tipos de sanciones en los diferendos por razones no comerciales, como la migración, y una injerencia abierta -que aún se mantiene- en temas internos como los laborales y sindicales.
Estados Unidos conserva una defensa cerrada a sus cientos de industrias en México, en especial las maquiladoras y las cadenas de valores que domina en la larga frontera- sur para ellos y norte para los mexicanos-, a lo largo del río Bravo. Para nadie es un secreto que en los planes petroleros de Estados Unidos las reservas mexicanas las considera como suyas, y no solamente los yacimientos en el golfo que comparten.
El gobierno de Estados Unidos, que había dejado ser gran productor de crudo después de la crisis energética de 
1973 y llegado a su cenit en la extracción natural, retó a los científicos que desaconsejan el fracking, y gracias a esa temeraria decisión, volvió a escalar las primeras posiciones en el mundo petrolero. Pero aun así, el crudo mexicano sigue siendo una de sus grandes perspectivas, como lo son también las inmensas reservas de Venezuela.
La oposición de España
Más o menos en esa tesitura del embajador de Joe Biden, responde desde Madrid el presidente del gobierno Pedro Sánchez, quien hace una defensa cerrada de las empresas de su país y se jacta de no excusarse ante el pueblo mexicano por las atrocidades cometidas durante la conquista- como le ha solicitado López Obrador.
Se trata de actitud casi semejante a la del ultraderechista partido VOX, que llegó a pedir incluso se le erija un monumento a Hernán Cortés en Ciudad de México para que se le rindan honores de héroe y salvador.
Lo cierto es que en los últimos 20 años, sobre todo, las grandes corporaciones españolas pasaron a controlar sectores estratégicos de la economía mexicana:
-El energético, pues prácticamente todas las multinacionales españolas poseen inversiones y negocios en el país, entre ellas Iberdrola, Endesa, Repsol, Acciona y Naturgy.
-El bancario, con el primero y el tercer banco en volumen de activos del país: el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), que en su día absorbió a Bancomer; y Santander, que hoy es uno de los principales operadores del mercado financiero y es el prestamista líder en el sector del automóvil.
-Y en la infraestructura, carreteras, puertos o grandes proyectos públicos, también se han posicionado algunas empresas españolas entre las más poderosas del país, como la constructora OHL (salpicada de numerosas acusaciones de corrupción), y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), entre otras.
Además, está el sector turístico, donde se han convertido en líderes de algunos destinos de éxito, como la Rivera Maya, los Cabos y Huatulco. Algo parecido ha ocurrido en otros sectores menos relevantes y en menor grado de penetración, como el de la industria editorial, los medios de comunicación y los servicios.
Conclusión
Todo ese poder estadounidense-español se esconde detrás de la oposición tan descomunal a la reforma eléctrica y la política de los partidos que trasladaron todas esas riquezas al capital extranjero y hundieron sin miramientos la economía nacional con lo cual embargaron el futuro de México.
Los líderes del Partido Revolucionario Institucional, los de Acción Nacional y la increíble y bochornosa sumisión a ellos del Revolucionario Democrático que en sus inicios rescataba la grandeza de Lázaro Cárdenas, son los subalternos internos de esas grandes transnacionales y los gobiernos de Washington y Madrid, en esta decisiva batalla por la recuperación de soberanía nacional perdida por aquellos gobiernos corruptos en 36 años de neoliberalismo.
La reforma eléctrica no es un simple parteaguas en la historia contemporánea de México, sino una necesidad histórica imperiosa- en palabras del actual mandatario- para reponer en las manos del pueblo los ideales por los que cayeron Hidalgo, Morelos, Allende, Benito Juárez, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Francisco Villa.
Todo ello responde a la pregunta que da título de este artículo, es decir, de por qué México está necesitado de aprobar y aplicar la iniciativa de su presidente López Obrador.
*Periodista cubano, corresponsal de Prensa Latina. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)