Lasso amenaza gobernar por decretos, y su gabinete experimenta otro cisma
Eloy Osvaldo Proaño
El neoliberal presidente ecuatoriano Guillermo Lasso amenazó con gobernar por decretos, sin tomar en cuenta a la Asamblea Nacional, a la que acusó de intentar bloquear a su administración, tras el rechazo legislativo a su Ley Orgánica para Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital.
Para gobernar obviando al Parlamento, Lasso, denunciado en los Pandora Papers –que revelaron riquezas ocultas, elusión fiscal y lavado de dinero por parte de algunas de las personas ricas y poderosas del mundo-, indicó que acudirá a otros mecanismos, como los decretos ejecutivos, reglamentos y hasta la consulta popular.
En Ecuador no ceja la disputa política entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. El martes, durante su programa radial, Lasso señaló: “Debo gobernar de aquí en adelante sin considerar que existe la Asamblea Nacional, porque es evidente que lo que ellos quieren es bloquear al Gobierno nacional”. Con esa ley el banquero Lasso pretendía conseguir 30.000 millones de dólares en inversión y generar dos millones de empleos.
Paralelamente, el gabinete del presidente Guillermo Lasso experimenta un cisma, en medio de los desencuentros con la Asamblea Nacional, con la renuncia de la ministra de Gobierno Alexandra Vela y de Carlos Jijón, el vocero de la Presidencia desde el 21 de octubre de 2021, cuando se enfrentaba una crisis carcelaria.
Vela afirmó que el país necesita de la muerte cruzada, recurso constitucional que presume causa “desasosiego” en el presidente Guillermo Lasso y malestar en sus colaboradores y señaló que la Asamblea Nacional “es la principal amenaza para la democracia, el régimen republicano” y el gobierno de Lasso.
El despacho que abandonó Vela se dividirá en dos ministerios: de Gobierno y del Interior, y estarán a cargo de ellos Francisco Jiménez y el ex comandante de la Policía Patricio Carrilo. En setiembre pasado ya habían renunciado las ministras de Agricultura e Inclusión Social -Tanlly Vela y Mae Montaño- así como el gobernador de Guayas, José Vicente Taiano
La muerte cruzada
Uno de los temas que salió a relucir fue el de la “muerte cruzada”, un mecanismo contemplado en la Constitución, que permite al presidente de la República disolver a la Asamblea Nacional (artículo 148) o faculta al Parlamento para destituir al mandatario (artículo 130). Aunque la semana pasada el vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, dijo que ese mecanismo no estaba descartado, el lunes reciente comentó que el Ejecutivo no se plantea de momento recurrir a esta facultad. Y el martes renunció a su cargo.
“La muerte cruzada es una herramienta constitucional de última instancia, cuando haya una grave crisis política que amenace la institucionalidad. El Gobierno considera que no se ha llegado a ese momento”, expresó Jijón, quien repitió palabras de Lasso: el gobierno “tiene herramientas suficientes para seguir gobernando y luchar contra la corrupción”.
La semana pasada, luego de que la ley fuera negada en la Asamblea Nacional, Lasso publicó un video en el que acusó a los legisladores de querer chantajear al Ejecutivo a cambio de su voto favorable en el Parlamento. Dijo que algunos les pidieron la administración de hospitales, empresas eléctricas y ministerios, mientras que otros supuestamente solicitaron dinero en efectivo o la exención de impuestos.
Luego, Lasso publicitó una carta suya a la fiscal general Diana Salazar, donde hizo públicos los nombres de los asambleístas de Pachakutik que presuntamente solicitaron beneficios económicos al Ejecutivo a cambio de su voto a favor de la ley de inversiones: Rosa Cerda, Gissella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, así como el asesor de este último, Marcelo Rosero.
Los cinco parlamentarios denunciados por Lasso emitieron un comunicado en el que señalaron que la denuncia presentada por Lasso ante la Fiscalía carece de “sustento legal y pruebas que justifiquen sus afirmaciones” y afirmaron que “busca desprestigiar a la Asamblea Nacional y principalmente a los legisladores de Pachakutik”, luego de “no cumplirse sus cálculos políticos”.
Añadieron que la denuncia de Lasso es “una acción de retaliación” contra los parlamentarios por no aprobar la Ley de Inversiones, “abusando de su poder e increpando acusaciones falsas que pretenden confundir y engañar al pueblo ecuatoriano”. Y señalaron que están dispuestos a brindar las facilidades para la investigación que realice la Fiscalía.
Para algunos analistas, una campaña mediática para crear un imaginario colectivo adverso a los legisladores.
Las bancadas parlamentarias que negaron su apoyo al proyecto presidencial -y archivaron-, que fueron Unión por la Esperanza (UNES), Pachakutik e Izquierda Democrática (ID), argumentaron que se trataba de una “ley privatizadora”, que “no atraía inversiones, no generaba nuevos empleos y no beneficiaba a la gente”. Asimismo, señalaron que el proyecto “podría afectar a los intereses ciudadanos”.
Según el mandatario, el Parlamento le ha negado o no ha tratado cinco proyectos que ha enviado, sobre comunicación, educación superior, seguridad y una “económica urgente”, elevados desde finales del año pasado y amenazó con someter a consulta popular el proyecto de ley de inversiones, sobre el que defendió su importancia “para el desarrollo del país”.
Lasso precisó que está abierto al diálogo y acuerdos, pero no a “pactos con el correísmo”, mientras calificaba al excandidato presidencial por la Izquierda Democrática (ID), Xavier Hervas, de presunto evasor de impuestos y lo denunció ( a él y sus empresas) al Servicio de Rentas Internas
“Haré todo lo necesario, dentro del marco de la Constitución y dentro del marco de la ley, para tomar todas las decisiones que me permitan alcanzar esos objetivos que esperan los ecuatorianos, poder promover inversión, generar empleo, reactivar la economía, para que los jóvenes y, especialmente, las mujeres ecuatorianas tengan una oportunidad de trabajo”, dijo.
La dimisión de Vela, quien quería cerrar el Congreso y llamar a elecciones, se hizo en medio de fuertes críticas a su gestión, iniciada el 14 de julio de 2021, en medio de la crisis registrada en el sistema carcelario y el aumento de la inseguridad a nivel nacional, que no ha sido controlada. Vela afirmó que no coincide con la línea política establecida por Lasso para enfrentar la crisis y añadió: «preservar la democracia para transformar al país, requiere aplicar el mecanismo de la muerte cruzada», posibilidad rechazada por el dignatario.
Entre sus últimas actividades estuvo la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, en contra de la resolución de amnistías a 268 ciudadanos, la mayoría de ellos luchadores sociales, aprobada en la Asamblea Nacional el 10 de marzo último.
* Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico(CLAE)