Ante la protesta, el Congreso de Guatemala archivó la neopentecostalista ley antiaborto
Victoria Korn
Luego de una ola de críticas y de protestas de organizaciones feministas y de derechos humanos, el Congreso de Guatemala votó a favor de archivar la polémica Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que elevaba las penas a hasta 10 años de cárcel a las mujeres que abortaran, prohibía el matrimonio homosexual y la enseñanza de la diversidad sexual en las escuelas.
Los diputados guatemaltecos dieron así marcha atrás a sus objetivos de promover la ley, ante la presión de sectores sociales e internacionales que manifestaron en sus últimos días su oposición a la nueva normativa. La decisión de archivar la ley fue tomada este martes con el voto de 119 de los 160 diputados que componen el Organismo Legislativo del país centroamericano, incluyendo la gran mayoría de los que habían aprobado la normativa el pasado 8 de marzo.
El presidente Alejandro Giammattei, quien anteriormente se desempeñó como director del Sistema Penitenciario y se manifiesta a favor de la pena de muerte y el uso militar en la seguridad ciudadana, había advertido que vetaría la normativa, dada la fuerte reacción social en contra que generó, pero solicitó a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, que archivara la norma aprobada el Día Internacional de la Mujer, “al considerar que violaba la Constitución y convenios internacionales suscritos por Guatemala”.
“Esta ley, es una ley misógina, patriarcal, machista, conservadora, tradicionalista, discriminadora, racista. Una ley, que no promueve la construcción de un Estado laico, sino un Estado controlado por las iglesias, sobre todo las de pensamiento neopentecostalista”, afirmó Kajkoj Máximo Ba Tiul, antropólogo, filósofo y teólogo guatemalteco.
“Giammattei, es presidente de la muerte, estuvo preso por ser cómplice de la ejecución extrajudicial de privados de libertad. Militarizó el Estor para beneficiar a la corruptora y criminal minera CGN. Militarizó Ixtahuacán y Nahualá. Ha sido denunciado por dinero que le dieron para su campaña. (..) El pacto criminal ha capturado el Estado: con la Fiscal General, se han puesto a perseguirr a fiscales y jueces que con honestidad persiguen la corrupción. Algunos están sujetos a juicio y otros en el exilio”, añadió.
Una gran mayoría (102) de los miembros de Vamos, el partido conservador del mandatario, votaron la semana pasada a favor de la norma. El proyecto, que institucionalizaba con diversas normativas el rechazo a la diversidad sexual, se había presentado en 2017 e implicaba la reforma del Código Civil con artículos que ponía en peligro los derechos fundamentales de las personas de la diversidad sexual y criminalizaba aún más a las mujeres y personas gestantes por interrumpir un embarazo.
El Congreso aseveró el 8 de marzo que la ley debía aprobarse “considerando” la “existencia de grupos minoritarios de la sociedad, que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana”.
El diputado Bernardo Arévalo, de la agrupación opositora Semilla –que surgió de la lucha contra la corrupción-, aseguró que “la vergüenza no va a pasar rápido” para los legisladores que aprobaron inicialmente la ley. “La vergüenza la conoce el pueblo de Guatemala, que sabe quienes votaron en contra de esto y sabe quienes aprobaron un texto que era inconstitucional y que lleva al presidente a pedir que lo archiven”, añadió
Contemplaba elevar de 3 a 10 años la pena máxima de cárcel a “la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause”; prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo y la unión de hecho; prohibir la educación sexual integral vedando a las escuelas a enseñar «cualquier otra cosa que no sea que la heterosexualidad es lo normal».
Un día después de que el Congreso la aprobara, el gobierno declaró a Guatemala “Capital pro vida de Iberoamérica” en un acto en la Plaza de la Constitución encabezado por el presidente Alejandro Giammattei y jerarcas de la Iglesia. Durante su discurso, el mandatario dijo que se busca proteger la vida en sus “cinco etapas”. El 10 de marzo el mandatario ultraconservador dijo que vetaría la ley porque violaba la Constitución guatemalteca, además de varios tratados internacionales.
Durante la última semana se sucedieron manifestaciones de rechazo y repudios de diversos sectores sociales que finalmente, lograron que las y los diputados dieran marcha atrás con la iniciativa. La directora para América de Amnistía Internacional había indicado la semana pasada que la normativa fomentaba “el odio y la discriminación” y no protegía “a las familias ni a las vidas”.
*Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)