Piedad: “Colombianos por la Paz”: una experiencia para humanizar el conflicto y buscar una paz duradera

PIEDAD CÓRDOBA| La exsenadora colombiana Piedad Córdona, en una ponencia presentada en el Seminario Internacional de Dublín, realizado en 23 y 24 de mayo últimos, sostuvo que “Colombianas y Colombianos por la Paz es una apuesta de sectores de la sociedad por la humanización del conflicto armado interno y el acercamiento entre las partes y el conjunto de los colombianos en la búsqueda de la paz en democracia profunda.” El siguiente es el texto completo de su alocución:

La aplicación del artículo 22 de la Constitución Nacional

Es una apuesta contra corriente, en épocas donde disentir, frente a quienes propugnan la inalcanzable resolución del conflicto armado con la fuerza, implica las mas de las veces criminalizacion y estigmatizacion. Desgraciadamente la construcción de una estrategia civil que aboque la rampante desigualdad social, y la necesidad de una ampliación de los espacios democráticos políticos, se asocia demasiadas veces a una expresión de rebeldía o insurgencia.

La paz es la democracia plena y esto significa la resolución de los conflictos comprendiendo, deliberando, cediendo, acordando para evitar que nos veamos impelados a la violencia. Es el derecho no simplemente a votar si no a vivir dignamente con los mínimos vitales, a expresarse sin temor a una represalia, a incluir las diferencias, a sortear las contradicciones en el bien común, para ser, para existir, para el buen existir. La paz en un proceso de democratización en equidad en lo social, ambiental, político, cultural, comunicativo, económico. La paz es el fruto de la justicia.

La paz es la consecuencia de un nuevo pacto social incluyente y definitivo para el cese de la violencia. Esto significa la construcción de un proceso con una agenda de resolución de problemas que persisten desde hace más de 200 años de la vida republicana. Se trata de consensuar una agenda con salidas que sean viables técnicamente, asumiendo en deliberación las propuestas de base, de sectores populares y medios, empleados, subempleados, sectores privados urbanos y rurales, las regiones y las localidades, mujeres, ambientalistas.

Ese norte, desde el 2007 razón de ser de Colombianas y Colombianos por la Paz, es la aplicación del artículo 22 de la Constitución: hacer real el derecho a la paz.

Tres años y medio de andadura

Desde el 2007, Piedad Córdoba, en ese momento congresista, participó, con autorización del gobierno colombiano, junto con el presidente venezolano Hugo Chávez en las gestiones para que fuesen liberadas personas del mundo político e integrantes de la fuerza pública privadas de la libertad en razón de su participación en el conflicto armado.

Una situación no humanitaria que fue siendo posicionada por la gravedad de lo que implica en materia de vulneración de derechos y que era urgente, imperioso éticamente resolver con imaginación, ante los obstáculos políticos y militares que significaba la posibilidad de aplicación del derecho humanitario a través de un Acuerdo Humanitario, como había sucedido en más de tres ocasiones anteriores.

Partimos entonces de una constatación: la imposibilidad de un Acuerdo entre las partes y la necesidad de impulsar gestos unilaterales ante la cerrazón existente.

Esa férrea postura iba imposibilitando no solo gestos hacia la humanización para abrir caminos al diálogo, sino además, para abordar con esa prontitud y coherencia ética, asuntos humanitarios desconocidos por los colombianos o silenciados por sectores de poder dada su responsabilidad o situaciones no suficientemente divulgadas ni resonados en los medios masivos. Por ejemplo, la situación de comunidades rurales que habitan en medio del conflicto armado sitiadas o experimentando la militarización de sus espacios vitales y de sus relaciones sociales o sometidas a la presión empresarial y a la ambiciones políticas impulsadas con estrategias criminales o la situación de privados de la libertad en razón de su participación en el conflicto armado, sentenciados, o con montajes judiciales responsabilidades de actos que no son de su autoría, sin respuesta de atención humanitaria estatal

En el marco de la implementación de la “seguridad democrática” la posibilidades los temas humanitarios pretendieron ser opacados, desconocidos a partir de la tesis de no existencia de un conflicto armado, o la idea “estás conmigo o contra mí”, o que en Colombia no hay conflicto armado sino grupos de terroristas. Estas posiciones polarizaron al país, que se posicionó en los cuerpos, en las mentes, en la sensibilidad de amplios sectores de la sociedad.

Así, la mediación, que contó con el beneplácito del primer mandatario colombiano en ese momento -Alvaro Uribe-, del presidente Chávez y de Piedad Córdoba, para lograr liberaciones sin gotas de sangre y con resultados concretos, fue vilipendiada en el péndulo de la opinión y en una estrategia para socavar salidas razonables en el marco de la aplicación del derecho humanitario.

Se dio al traste con otras posibilidades de humanización hacia la paz, justificando el rescate de las personas privadas de libertad por la guerrilla, en calidad de civiles secuestrados o de militares y policías privados de la libertad en razón del conflicto armado interno, o como, prisioneros de guerra, por extensión de aplicación de los convenios internacionales sobre el derecho en la guerra.

Se implementó una estrategia encubierta de persecución interna dirigida a la disidencia y la oposición política, a organismos de derechos humanos, a algunas cortes, a periodistas, a comunidades como la de San José de Apartadó, Cacarica y Jiguamiandó, Ariari, Catatumbo, Cauca, Putumayo, y organizaciones sociales y sindicales, estigmatización y desprestigio, criminalización y montajes judiciales, la cárcel para muchos y también la muerte violenta de civiles presentada como muerte de combatientes irregulares.

Se desataron operaciones ilegales sobre organizaciones civiles, de derechos humanos, sindicales en el exterior, pues se les señalaba como la oxigenación y los vasos comunicantes con el terrorismo y las estructuras terroristas de las FARC y ELN.

Las fronteras y las relaciones internacionales fueron focos de tensión permanente en donde se extendieron las mismas pretensiones y estrategias que desarrollaban en materia de seguridad a nivel interno. El conflicto armado claramente desbordó las fronteras y las estrategias legales e ilegales para enfrentar a las guerrillas.

En ese momento, el Estado cosechó triunfos militares con algunos operativos de rescate, que no iban a resolver ni resolvieron el problema, ni menos iban a allanar un camino de entendimiento. Claramente se combinaron estrategias militares, políticas, mediáticas con el mismo propósito demostrar que la derrota militar era posible, que no hay un interlocutor político sino terroristas y por tanto, no era pensable el diálogo.

La operación antiterrorista, que justificó la ilegalidad, se complementó con la construcción de una simulación de la paz con el paramilitarismo. En esa esta matriz se desnaturalizó la comprensión del paramilitarismo como estrategia de Estado, arraigando igualmente, la falsa idea que la paz es pacificación, desmovilización. Sin embargo, lo más grave aún, la banalización de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas y la consolidación de un imaginario de paz en una democracia transicional. Es decir, un pacto social que posibilitaría la solución estructural con la democratización más amplia de la salida a los problemas y asuntos de la sociedad colombiana, otra falsificación de la realidad, poco o nada de democracia transicional. Más bien, como algunos lo señalaron, Democracia de transacciones de poderes tradicionales y poderes provenientes de criminalidades de Estado y sectores político empresariales.

Así, con la mal llamada “paz” consecuencia de la desmovilización de los paramilitares, se inició una fase de legalización y legitimación de la ilegalidad. La riqueza acumulada ilegalmente tomaba forma legal, los crímenes de lesa humanidad se sancionaban débilmente o en otros casos ni se investigaban. Esa formalización de la acumulación ilegal se acompaño de decisiones políticas tendiente a proteger esas riquezas, acumular más con concesiones empresariales, carentes de cualquier principio de responsabilidad social, con jugosos contratos para operaciones extractivas mineras y de hidrocarburos, obras de infraestructura, agronegocios y el tráfico de cocaína, entre otros.

Algunos de quienes aparecieron públicamente como los representantes de una estrategia criminal, eran más bien los rostros públicos de otros grupos de personas o de sectores de poder que aseguraron o amasaron fortunas, se hicieron a tierras, a agronegocios, obras de infraestructura y de explotación de recursos, por eso, esos rostros, y con ellos sus historias fueron extraditadas, luego de servir eran desechados

En ese ambiente de fondo, frustradas o truncadas algunas gestiones del presidente Chávez y Piedad Córdoba, un grupo de mujeres y hombres pensamos en seguir ejerciendo el derecho a la Paz, así surgió un modesto espacio, Colombianas y Colombianos por la Paz, con la idea central de desarrollar un diálogo epistolar con las guerrillas de las FARC y del ELN.

El propósito era lograr acciones humanitarias dentro de una apuesta por la paz nacida del diálogo de la sociedad con las guerrillas y el Estado. Se trato de una apuesta por lo humanitario más allá de acuerdos entre las partes Estado y guerrillas, para impulsar desde la sociedad la aplicación del derecho humanitario y la búsqueda de la paz.

El intercambio público epistolar iba logrando enfrentar y sobreponerse al imaginario y la idea de la salida militar para resolver el tema humanitario de los cautivos en poder de la guerrilla de las FARC, que fue una de las situaciones humanitarias graves, bastante resonadas mediáticamente y foco de la estrategia mediática y militar de la “seguridad democrática”.

Ese propósito, el inicial, fue así, solo el comienzo de otros aspectos humanitarios que debían y deben aún abordarse para mitigar lo cruento, lo doloroso del conflicto armado, pero también más allá del derecho humanitario de los derechos humanos propiamente dichos, como las desapariciones forzadas. Era y es un reto demostrar que la sociedad, asumiendo el derecho a la paz, logra avizorar con respuestas concretas, la posibilidad de resolución del conflicto armado como expresión de madurez política y ética en un proyecto de democracia incluyente, que reconoce las contradicciones para superarlas.

El intercambio epistolar nació así, proponiendo precisamente otros caminos, desde una sensibilidad distinta a la guerrera dominante en el país, en y frente a un ambiente de legitimación de la ilegalidad, de la acumulación sin más de riqueza, de distancia entre la sensibilidad y la razón humana y la cultura de la barbarie, en medio del vaciamiento de razonamientos sensatos, equilibrados.

El intercambio epistolar fue clave para asumir una actitud de exigencia y de escucha, de reconocimiento de la otredad. Las cartas eran el reflejo lo más mesurado posible para comprender las razones del porqué del uso de determinados métodos y técnicas en desarrollo de la guerra de guerrillas y lograr mostrar otros puntos de vista para concretar respuestas y gestos.

Las cartas fueron la expresión de la imaginación para lograr romper ese consentimiento social que oculta el fondo de los problemas y que concibe la democracia a partir de un miedo infundado a la libertad.

Dicho espacio -el escribir a las FARC con una serie de planteamientos sobre los cautivos en su poder, y luego al ELN, como actores de ese diálogo- iba llevando a los que persistieron en las reuniones de Colombianas y Colombianos por la Paz en medio de las exigencias humanitarias, a buscar salidas propositivas, a formular preguntas sobre el fondo de cómo lograr el camino a la paz con justicia transversal, incluyente, sustentable

Desde finales de 2008 a la fecha se han escrito más de 15 cartas públicas a las FARC y el ELN. No solo para abordar el tema de las personas cautivas, sino otros de gran significación, el respeto debido a la población, los aprendizajes sobre procesos de paz, los temas para discutir sobre cómo resolver problemas que dan origen al alzamiento armado, sobre la metodología para llegar al diálogo o para lograr los acercamientos. Se combinan en los escritos los campos humanitario y político, no solo uno de ellos.

Ha sido evidente para la sociedad que lo más notorio de Colombianas y Colombianos por la Paz lograr más de treinta liberaciones, con los últimos de 10 militares y policías en marzo de 2012. 30 personas que han podido ser devueltas a sus hogares, mediante el diálogo y el acuerdo; mediante garantías básicas de respeto a su integridad por todas las partes, con el concurso de un país amigo, con apoyos técnicos humanitarios internacionales.

Algunas de las últimas cartas promovidas por Colombianas y Colombianos por la Paz, nacen de reconocer el papel de la mujer, la resolución de Naciones Unidas sobre su valor protagónico en escenarios de diálogo y de paz. Así logramos que mujeres de altas calidades humanas, políticas y éticas dirigieran cartas a las FARC para lograr la liberación de los integrantes de la fuerza pública.

Las libertades conseguidas han sido parte de un proceso de discusión ética y política con serias limitaciones por lo que significa escribir con precisión y profundidad, sin dar lugar a equívocos, en unas cartas públicas a las guerrillas.

Ese intercambio ha logrado que de manera rotunda las FARC haya expresado la derogación en sus métodos de guerra de guerrillas de la práctica de la retención por los motivos económicos. Hecho que continúa siendo interpretado equívocamente cuando continúa el conflicto. Hemos logrado que el ELN haya manifestado claramente su disposición al cese bilateral de acciones bélicas, si el gobierno lo asumiera también.

Hemos logrado que las FARC reconozca en su movimiento la aplicación del derecho humanitario, que sea asumido como parte de sus estatutos, tal como lo expresó, Alfonso Cano, en dos vídeos y que el ELN haya reiterado que en su filas existe tal aplicación como norma y criterio de sus actuaciones bélicas.

También ha habido frustraciones, como las de noviembre pasado, cuando cuatro militares que iban a ser liberados no pudieron regresar a sus casas, al imperar las lógicas de la guerra.

Las presiones físicas, verbales, mediáticas sobre el colectivo de Colombianas y Colombianos por la Paz ha sido otro factor de respuesta esperado, nunca deseado ni calculado en su perversidad y pretensiones.

La destitución en vía administrativa de Piedad Córdoba como Senadora, con fundamento en unos correos electrónicos que la Corte Suprema de Justicia ha declarado nulos, ha sido uno de esas respuestas, de los que el maestro Otto Morales Benítez, llamó enemigos agazapados. Situaciones de presión que se ha extendido sobre otras y otros integrantes de Colombianas y Colombianos por la Paz, que no son conocidos públicamente en los medios de información, gestores de la paz, también perseguidos. Y claro, la deslegitimación del colectivo de Colombianas y Colombianos por la Paz, ubicándolo como brazo, como expresión de la guerrilla de las FARC, expresión de una herencia de la ley de los “caballos muertos” del siglo pasado.

En medio de la pretensión de “unanimidad antiterrorista” que se ha intentado construir en Colombia desde 2001, hemos logrado que otros nuevos sectores reconozcan que explícitamente existe el conflicto armado, hemos politizado la discusión. Si hay conflicto armado es porque detrás del fuego está una apuesta política, un actor político. En tal sentido, nos hemos referido a la necesidad de una interlocución directa con el gobierno y también con participación de la sociedad. Pero ubicando nuevamente la búsqueda de la paz a la necesidad del reconocimiento del conflicto social, político y económico, apuntando a ello como causas estructurales que habrán de ser asumidas para la resolución justa del mismo, no la de unos vencedores y otros vencidos.

Nos hemos volcado sobre problemas y posibilidades de aplicación del derecho internacional humanitario con la población civil en diversas regiones del país, donde se han logrado lo que llamamos Acuerdos Humanitarios Parciales, donde se ha logrado proteger la vida, la integridad personal y las libertades de los civiles.

En diversas regiones donde existe el conflicto armado nos hemos acercado a escuchar, a percibir, y asumir como parte de nuestra identidad, las exigencias de los despojados, de desplazadas y retornados, de los sectores empobrecidos y marginados, de las mujeres y los ambientalistas, incluso de empresarios medios, sus apuestas de país

Lo de hoy viene de ayer, las paces del mundo nos permiten hacer nuestro propio balance de los diálogos. Hemos estudiado en sendos seminarios en Argentina, España, Venezuela, y por supuesto en Colombia, diferentes procesos de paz, aprendiendo de sus lecciones y frustraciones, hoy qué tipo de acuerdos son posibles, qué es alcanzable, qué se acuerda para conformar un proceso hacia la paz.

Nos hemos referido en conformidad con el derecho internacional humanitario a la existencia de combatientes procesados o sentenciados judicialmente, privados de la libertad por razón de su participación en el conflicto de las FARC y del ELN, como sujetos de protección y de garantías, materia que recientemente debatimos públicamente en Bogotá en un Foro internacional.

Hemos realizado gestiones de observación y visitado a presas y presos desde hace años. Hemos ido gestionado la posibilidad que una Comisión Internacional de Mujeres gestoras de la paz, les visite y compruebe su situación para construir un espacio.

Es un fundamento de la misión de Colombianas y Colombianos por la Paz la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, marco exigible y protector de ambas partes, las guerrillas de las FARC y del ELN y el Estado. Allí también encuentran parte de su ilicitud o ilegitimidad de sus actuaciones, en medio de la continuidad del conflicto armado, de su posibilidad de degradación, de eventuales escaladas con mayores víctimas.

En Colombianas y Colombianos por la Paz hemos abogado para que toda la verdad sobre el paramilitarismo salga a flote, para que la impunidad no sea una nueva infamia a las víctimas, para que exista justicia y reparación, para que sea desvelada la estructura criminal, las estructuras de mando y los beneficiarios de desarrollo del paramilitarismo.

En tal sentido, hemos realizado gestiones humanitarias protegiendo a familiares y a personas en riesgo por esos procesos hacia la verdad como paso para una paz sustentable y sostenible. Por ello, integrantes de Colombianas y Colombianos por la Paz y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), nos entrevistamos en cárceles de Estados Unidos y de Colombia con ex jefes paramilitares.

Convicciones profundas nos han motivado a este acercamiento en la perspectiva de la paz, de la justicia, de la verdad para que en Colombia, Nunca Más, se pueda volver a vivir los horrores de un proyecto estatal, un proyecto social y económico sostenido en la violencia oficial. También porque concebimos que en una eventualidad de un pacto social que genere los cimientos hacia la paz debe incluirse el conjunto de la sociedad

En este mismo sentido, Colombianas y Colombianos por la Paz, a instancias de un actor social de un tercer país, se ha reunido con integrantes de las Fuerzas Militares, en medio de las posiciones diversas, aparentemente contradictorias, logrando en el diálogo acuerdos sobre aspectos fundamentales para el país. Demostración que el diálogo rompe prevenciones, construye escenarios e imaginación que requieren la voluntad de otros actores de poder.

En el nivel diplomático nos hemos entrevistado con más treinta gobiernos y directamente con siete jefes de Estado; hemos creado núcleos de apoyo en América Latina, Estados Unidos y Europa; hemos sostenido reuniones y canales con decenas de instancias y agencias internacionales; hemos contactado a varios Premios Nóbel y personalidades internacionales que han respaldado peticiones y posiciones sobre la búsqueda de la paz.

Hemos llevado a universidades y centros de investigación del país y de muchos países el cúmulo de análisis y propuestas con rigor y base para un soporte objetivo que vincule la academia más allá de especulaciones y parcialidades con el fondo del conflicto y sus posibilidades de solución.

Ha sido en algunos casos evidente la distancia entre el país pensado y el país real. En el encuentro con el mundo de la academia un ejercicio de superación de las miradas pre-juiciosas que se comunican, donde se reciclan las desinformaciones de los medios masivos, situación indicadora de las absolutas parcialidades con las cuáles se observa la realidad, se identifica o se reconoce a los actores políticos y sociales.

Andadura con métodos, pautas y objetivos.

En tiempos de negacionismo como fue el largo período de la llamada “seguridad democrática”, con la manifestación precisa de la no existencia del conflicto armado, partimos de lo evidente, de lo incontestable: el conflicto armado existe, existen unas partes en contienda.

Así, no sólo el derecho humanitario es imperante sino que es imperiosa la búsqueda de mecanismos para aproximaciones en torno a un diálogo político, pues las partes representan modelos de sociedad y proyectos de Estado, así como, la sociedad múltiple y plural expresa necesidad de otros modelos de sociedad y de país, que deben ser abordados en los espacio del diálogo posible.

Partimos en Colombianas y Colombianos por la Paz, no de la descalificación del oponente, no de su deslegitimación, sino de la interpelación a las partes, sobreponiéndonos a la idea de que nadie podía comunicarse con la guerrilla.

Formulamos un método, una forma más sistemática: el diálogo epistolar. De esa manera nos convertimos implícitamente en interlocutores.

Vemos como un dato importante por lo que supone en términos de adhesiones a la lógica del diálogo, las manifestaciones de académicos, de políticos, de algunas voces internacionales, que escriben públicamente a las guerrillas.
En el fondo se expresa no solo la eficacia del intercambio epistolar si no que estamos ante una gran oportunidad de construir el diálogo con otros mecanismos, y fórmulas imaginativas. El propio ejercicio de escribir a las guerrillas, confirma y avala nuestra fórmula de diálogo epistolar. Es decir, vamos reconociendo, frente al miedo de ser concebidos como participes de una acción ilegal por ejercer el derecho a la paz, que al otro lado está un interlocutor político.

Evidentemente las guerrillas asumieron el diálogo epistolar, comprendieron que el diálogo es posible, con respeto, con búsqueda de identidades sobre propósitos comunes humanitarios y sobre los contenidos de la paz. Las cartas se convirtieron en los medios de los acercamientos para la humanización y la paz afrontando la eficacia frente a las consignas de destrucción y muerte a través de los medios de información y voces con incidencia en el país.

No sólo se trata del reconocimiento del interlocutor político sino el de proteger un diálogo epistolar como único mecanismo existente, en estos diez años para lograr respuestas humanitarias y buscar el acercamiento a la paz. Se trataba y se trata de buscar concretar esa disposición y voluntad política de diálogo en manifestaciones precisas, algunas de ellas públicamente conocidas, otras no.

Es lo que hemos concretado con las liberaciones unilaterales de las FARC, y con ellos y el ELN precisando elementos de acuerdos y medidas humanitarias. Con una y otra guerrilla, se han podido avanzar en aplicaciones concretas en regiones, en zonas y frente a problemáticas determinadas para salvaguardar derechos de las comunidades. Es decir, de la teoría hemos ido a cuestiones prácticas específicas o concretas.

Hemos intentado participar como Colombianas y Colombianos por la Paz en las expresiones sociales y políticas que se han dado a la tarea de recomponer un ideario y un camino para el movimiento democrático, las reclamaciones populares y de sectores medios, y la izquierda en Colombia. Hemos recogido e incluido elementos muy importantes en ese proceso, de la mano del Movimiento de Víctimas, MOVICE, del Congreso de los Pueblos, de la Marcha Patriótica, del Movimiento por la Salud Pública, de la Red de Alternativas de comunidades frente a la Impunidad y la Globalización del Mercado, de la Comisión Ética de la Verdad, en la MANE, de las movilizaciones indígenas, en las comunidades afrodescendientes, en las expresiones de mujeres, la población LGBT, de las y los desplazados, las organizaciones que enfrentan la minería extractiva, el movimiento ambientalista, las presas y los presos, ya no sólo los que están en la cárcel por razones del conflicto armado, o por razones políticas o sociales, sino conscientes y actuantes ante el drama de unas cárceles en que sobreviven más de 100 mil colombianas y colombianos.

La paz no será verdad mientras no se conquisten y aseguren derechos y libertades reales, procesos de cambio, de participación y empoderamiento, es decir, mientras no se transformen estructuras profundamente excluyentes y no completamente democráticas.

Hemos propuesto el diálogo y la humanización de la guerra, para superarla, hablando también de la humanización concreta y material del país, de sus gentes, es decir, del derecho al bienestar, para que la paz sea con el máximo posible de justicia sustentable, sostenible, democrática, el buen existir. La paz es justicia integral, conquistada en un proceso con planes a mediano y largo plazo en un proyecto de país incluyente.

Imaginación, imaginación

En cartas recientes de Colombianas y Colombianos por la Paz a las guerrillas y al gobierno del presidente Santos, nos hemos referido a la necesidad de avanzar en gestos hacia un clima de encuentro para que el diálogo sea posible. Es decir, hemos reconocido que se puede ahora mismo avanzar y para ello propusimos que, por ejemplo, decretaran las partes o acordaran una tregua bilateral o cese al fuego al menos por 90 días.

El Ejército de Liberación Nacional nos ha respondido que esa posibilidad de pactarse sí existe. Lo mismo lo ha expresado las FARC. El gobierno ha dicho que no, como dos altos mandos militares lo aseguraron hace semanas atrás. En medio de la continuidad de la guerra de guerrillas anuncian una nueva fase de operaciones militares de gran alcance y la implementación de seis batallones para la seguridad de empresas privadas extractivas. En medio de la continuidad de las hostilidades difícil lograr conversaciones entre las partes o la prolongación que generará más víctimas, más atropellos, o el cese para discutir, para definir.

Al tiempo de esta respuesta militar, existen rumores y versiones que indican que por terceros el gobierno expresa que está dispuesto. Explícitamente se habla de una llave de la paz, se reconoce el conflicto expresamente en una Ley de Víctimas, como signo de disposición. Sin embargo, los temas de una agenda no incluyen a la sociedad, y otras manifestaciones dejan dudas de esa disposición. Algunos otros hablan de un diálogo exprés, rápido, sin profundidad. Otros indican que son innegociables los acuerdos económicos extractivos, que generan pobreza, exclusión, desigualdad, y que producirán de seguir así, un nuevo ciclo de violencia y de exclusión. Y sin hablar de esos temas de nación no se puede abordar seriamente el diálogo

En Colombianas y Colombianos por la Paz estamos convencidas que sin la sociedad participante, deliberante, abierta a construir el escenario del diálogo y a llevar a las dos partes a sentarse a conversar para solucionar en el conflicto social, armado y político no habrá paz sustentable, sostenible, creíble, cierta y real.

No sólo demandamos a las guerrillas, pidiendo más gestos, sino facilitando de manera más objetiva e imparcial, exigiendo alguna señal positiva, real y tangible al gobierno, para que abra un espacio o dé una luz, pues el equilibrio es básico. No es para nada constructivo el propósito de deslegitimar por sí y arrastrar a las insurgencias a una lógica de rendición, sino que debe madurarse un enfoque más ecuánime, sobre obligaciones humanitarias tanto de las guerrillas como para las fuerzas del gobierno, el cual de entrada ha dicho, por ejemplo, que en Colombia no hay graves situaciones de privados de derechos entre los encarcelados de las FARC y del ELN en los centros de reclusión, a la vez que se niega el desconocimiento de las garantías procesales de los anteriores. Esa situación es el reflejo de lo que ocurre con el gran cúmulo de mujeres y de hombres que se encuentran en las cárceles por conseguir el pan, en medio de la desigualdad creciente, del desempleo y empleo disfrazado, del salario injusto.

Es un contrasentido reconocer que existe un conflicto armado y no reconocer que existen responsabilidades para ambas partes. Las diferentes iniciativas o plataformas de paz, las mediaciones que se proponen, los buenos oficios que se destacan, deben tomar en cuenta esta materia como un asunto medular.

No obstante esas dificultades, se está despejando el camino en cierta medida, por las señales que inequívocamente da la guerrilla, tanto las FARC como el ELN. Pero no es un asunto de esos disidentes armados, es un asunto de los que objetamos la guerra, los que creemos en la necesidad de democracia.

Colombianas y Colombianos por la Paz es parte de ese tercer actor, múltiple, plural, que ejerce el derecho a la paz, el derecho como una obligación construirla entre todas y todos; que se acompañe la idea y se afiance de que la lleve de la paz la tiene la sociedad, el pueblo colombiano, todas y todos, y no en dependencia de un poder, una paz que debe implicar a todos los poderes, y toda la sociedad y la voluntad de todas y de todos, salvo que queramos prolongar indefinidamente esta guerra o conflicto armado.
La paz es una de las expresiones del humanismo social, es una manifestación del deber institucional de trabajar por la solución política y negociada, con el establecimiento de un marco jurídico y político adecuado, para que se den las garantías de un proceso de diálogo abierto que aísle y quiebre la lógica brutal de la guerra o de la salida militar, y cree posibilidades ciertas para la paz como una insoslayable necesidad.

Creemos que la fuerza no es la salida. No hay derrota militar posible. El número de bajas en las fuerzas militares y de policía, en medio de la reingeniería paramilitar, se mantiene, esto a pesar de las permanentes cruzadas para llegar al “fin del fin” de las guerrillas.

Hoy en el mapa del conflicto armado se refleja la continuidad de las operaciones en desarrollo de la guerra de guerrillas. Diezmadas, menguadas, o en reflujo, pero no derrotados. Estas han logrado acomodar sus operaciones militares definiendo objetivos más precisos en operaciones de saboteo, de destrucción, de extorsión sobre el capital nacional e internacional enfrentando de este manera la militarización vía Plan Colombia, Plan Patriota, Plan Consolidación Territorial. ¿Cuántos años más serían necesarios para esa derrota militar? ¿Cuántas víctimas más? No hay derrota militar en el corto plazo, hay prolongación y evidentemente degradación. No existe un empate militar relativo pero tampoco una derrota definitiva.

Igualmente, se continúa la seguridad democrática” con la estrategia de consolidación territorial en medio de un reacomodamiento paramilitar, que expresa tensiones en el establecimiento en el ejercicio de cómo acumular y proteger la riqueza mal habida y la legal. Estas operaciones armadas de lo que algunos denominan neoparamilitarismo no han podido desarrollarse sin el consentimiento, sin el respaldo de la fuerza pública, de sectores de poder político y económico regional que interactúan con respaldos nacionales.

El paramilitarismo continúa siendo una estrategia de represión, de control social territorial y de reordenamiento del uso de la tierra, de garantías para la reproducción del capital. Sin embargo, se perciben tensiones entre estos sectores por los controles territoriales.

Los paramilitares “anti restitución de tierras” son una de las expresiones de esa tensión, los que están en desacuerdo con el proceso de modernización que subyace a la ley de restitución de tierras y el Plan Nacional de Desarrollo, formalización de la propiedad rural para asegurar la inversión y la redefinición del uso de la tierra. Estos se sustentan en la idea que una tímida reforma liberal en el uso de la tierra, que pretende favorecer a algunos despojados, pero en realidad a quienes requieren la formalización de la propiedad rural para su uso en megaproyectos. Es cierto, sin embargo, que este solo hecho es ir contra la sacrosanta propiedad privada y el sector rural terrateniente.

Hay tensiones entre ese proyecto de país pre moderno y el moderno, que avanza y no resuelve el problema de redistribución de la tierra, la definición del uso de la misma, y del proyecto de economía rural para lograr el mejoramiento de la calidad de vida alimentaria, de salud, y ambiental de los colombianas y colombianos..

Pero entre militares y policías las cosas tampoco son unánimes. Ellos cuestionan modos de utilización de su papel para proteger sectores de poder económico. Hay militares que han expresado claramente, aunque en círculos cerrados, lo inoficioso, lo dañino de una guerra, cuando detrás de ellas algunos se benefician en perjuicio del país nacional. O los que se encuentran como soldados profesionales o rasos manifestando su desazón, su desconcierto por la crudeza de la guerra y porque detrás de ellos unos se benefician. Otros indican como la guerra se hace un negocio, y algunos, incluso, de los sectores castrenses o sectores privados que licitan se benefician del conflicto armado. Muchos de ellos incluso se preguntan, y compartimos esas preguntas, qué hacer con los más de 400 mil integrantes de dependientes en la fuerza pública si se firma la paz? Qué van hacer y cómo vamos a hacer? ¿Qué hacer con el acumulado pensional de la fuerza pública que no es atendida?, ¿Qué hacer cuando al interior de la fuerza pública existen también corrupción y privilegiados, mientras los combatientes rasos ni siquiera son atendidos.

Colombianas y Colombianos por la Paz hace una lectura económica de la guerra, ubicando que es más beneficiosa la negociación que la continuidad de la guerra, y que se evidencia en estudios sobre quienes se beneficiaron ayer, quiénes se benefician hoy del conflicto armado y lo que ha sido la composición de algunos sectores rurales y empresariales de Colombia.

Existe claramente un país donde las posibilidades de vivir es en el servicio militar en la carrera castrense o en la vinculación a la milicia, proporcionalmente, a esa milicia social que se expresa en los lugares marginales de las ciudades en diversas formas de relación con las armas y el ejercicio de micropoderes de control.

Hoy existe un país donde distensionado el lenguaje y el uso de otras formas se generan ambientes favorables para enfrentar el miedo, y esto a pesar de más de 50 líderes y lideresas sociales son asesinadas cada año; o del incrementado agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos; o de hoy ser el tercer país de desigualdad en el planeta en medio de la mayor inversión extranjera de la historia reciente con 14 mil millones de dólares. Inversión que se ha traducido en mayor militarización, en desconocimiento de derechos de habitantes rurales campesinos, indígenas, mestizos y en la generación de una crisis ambiental, de destrucción de riqueza biológica y ecosistemas como no se ha vivido antes.

Colombia es un país donde decisiones judiciales o constitucionales que afectan en derecho a sectores militares o empresariales, generan la defensa de cuerpo y la corporativa. Así, decisiones contra responsables de graves crímenes contra la humanidad generan una cadena de respaldo a los castrenses desde el propio poder ejecutivo, y de las mayorías legislativas, revictimizando a quienes merecen toda la generosidad, la solidaridad y el reconocimiento del Estado.

Un país donde las investigaciones de la parapolítica y las pocas del paramilitarismo y la paraeconomía no han logrado suscitar un agenciamiento social que deslegitime el uso de la fuerza para definir o imponer un modelo de sociedad.

Un país donde las versiones de los ex mandos paramilitares no han movido al aparato judicial a configurar la coherencia entre la verdad histórica y la verdad procesal. Un país donde la reforma a la justicia pretende asegurar la impunidad o legitimar los recortes y la limitación de la independencia de poderes…. pero es cierto, donde se distensiona el lenguaje, se genera otro ambiente aunque persisten los episodios del lenguaje de terror, de generación de miedo, del triunfalismo, de desconocimiento del contrario, discurso moderno pero excluyente, o incluyente, si se suma a las mayorías.

Un país donde las víctimas o sus sobrevivientes son deslegitimados con altos niveles de resonancia mediática considerando “héroes” a quiénes han desaparecido, y las víctimas parias o puestas como fraudulentas. Un país donde sectores militares y policías guardan silencio ante la vergüenza que significa lo que han hecho otros de sus propias fuerzas, lo que han ordenado altos mandos, a nombre de la democracia, o los que se han hecho a la riqueza usando el honor de ser castrenses.

El actualmente en discusión parlamentaria Marco Legal para la Paz se afirma como un mecanismo para la desmovilización de las guerrillas, dejando dudas sobre sus reales propósitos, asegurar el silencio y la impunidad de sectores que han posibilitado consolidar sus intereses inconfesables políticos y económicos. Todo proceso hacia la paz debe concertar esos aspectos, con los actores concretos, la sociedad, las víctimas y los afectados, buscando formulas que respeten la jurisprudencia de Cortes Internacionales y el derecho internacional de los derechos humanos

Para algunos analistas, la reducción de la ayuda militar de los Estados Unidos a Colombia, la actitud de ese país de propiciar diálogos políticos para resolver las situaciones no definidas por militarización territorial, en otras latitudes, Irak o Afganistán, podría favorecer un escenario de acercamientos. El clima de crisis económica para algunos sectores de la sociedad en la Unión Europea les lleva a mirar más rápidamente de otra forma a Colombia. Se preguntan ¿es posible invertir en medio de un conflicto armado sin resolver?.

La globalización del mercado, los acuerdos comerciales requieren a veces la paz, o la pacificación. Algunos países que enfocan su política exterior con perspectivas de paz han enviado mensajes en la búsqueda de abrir un posible escenario de diálogo, en este mismo, sentido gobiernos de la región se han pronunciado, tímidamente, diplomáticamente, pero lo han hecho.

Para las posibilidades de integración comercial justa en centro y Suramérica se requiere la estabilidad y está hoy significa la paz y la preservación de las fuentes de la vida.

Indudablemente, el escenario de UNASUR, de la CELAC, entre otros podrían generar un clima favorable, que no debería ser desestimado por el ejecutivo colombiano ni por las guerrillas ni la sociedad colombiana cuando se habla de la paz continental. Escenarios que no deben ser excluyentes de otros países del continente y de otros continentes.

Tampoco podemos obviar el nuevo escenario político que podría surgir en Colombia tras la irrupción en la escena nacional de la Marcha Patriótica, como antes surgió el Congreso de los Pueblos. La Marcha Patriótica es un movimiento que refleja la confluencia de más de 1700 organizaciones sociales y de sectores políticos, como la Izquierda Liberal. Uno de los horizontes de las organizaciones que la conforman es hacer parte de una apuesta y de proyecto político novedoso, creativo, amplio que considere como imperativo ético la construcción de un país incluyente.
 
Un espacio de construcción política en el cual las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los gay, las lesbianas, los trasgeneristas, los transexuales, los jóvenes, los ambientalistas, los sectores rurales y urbanos, los sectores medios, sectores empresariales, puedan tener voz propia y sean reconocidos como sujetos de derechos.
 
Una apuesta por la construcción de un país con voluntad política para que la justicia sea una realidad para todas y todos los colombianos, con compromiso en la protección de páramos, zonas forestales y, en convivencia armoniosa con la naturaleza y sus recursos; un país en el cual la prioridad del Estado sea garantizar la seguridad y la protección humana, que pacte acuerdo comerciales justos; que garantice un uso de la tierra urbana y rural con calidad de vida digna.
 
A la Izquierda liberal presente en este y otras expresiones del movimiento social, le asiste la voluntad política de contribuir a generar escenarios para el para el diálogo político con las guerrillas de las FARC y del ELN; y tiene el deber y la responsabilidad de coadyuvar, con imaginación y creatividad, junto con La Marcha, el Congreso de los Pueblos, la Minga Social, la Mane, el movimiento ambientalista, las iglesias, el movimiento de mujeres, los movimientos de víctimas, con sectores del Polo Democrático, el Partido Verde, los Progresistas, el Partido Liberal y Conservador, a construir ese proyecto de país que imaginaron y soñaron Cano, Gaitán, Uribe Uribe, López Pumarejo, Galán, Pizarro y tantos otros colombianos.

Hacia dónde seguiremos caminando.

No vamos a dejar de reconocer que estamos ante un conflicto social, político y armado. Y a estimar que se trata, por lo mismo, de interlocutores políticos los que se encuentran en las guerrillas de las FARC y del ELN, y esto en condición de la persistencia del conflicto armado, de la posibilidad de que continúe una polarización y el desarrollo de nuevas estrategias para su arrasamiento.
No vamos a dejar de considerar que estamos ante partes contendientes en el marco de una guerra cruenta de la cual queda mucho por regular, de lado y lado, pues existen prácticas reprobables, de las cuales una muestra es lo que pasa con la población civil en los territorios de la consolidación o con rebeldes sentenciados y encarcelados, o algunos de ellos procesados, o con la continuidad de las desapariciones forzadas al margen del conflicto armado.

Y no vamos a dejar de reconocer que estamos ante expresiones históricas por el poder político, por modelos de sociedad diferentes que deben aproximarse para pactar dicha regulación del conflicto armado aplicando el DIH y toda regla que anime y concrete ese propósito, así como, otros mecanismos que salvaguarden el trato humano entre combatientes y sobre todo los derechos de la población civil, especialmente la más empobrecida, la que se encuentra sometida a actuaciones empresariales que desconocen los mínimos de responsabilidad social, que se burlan con estratagemas de los principios propios del Estado de Derecho.

Persistiremos en ese propósito ético de avanzar en la humanización de la guerra, señalando que es una obligación no sólo de una parte sino de ambas. Y trabajaremos por la concreción de actos unilaterales y acuerdos humanitarios verificables cuando ocurran actuaciones sobre combatientes con consecuencias sobre su vida e integridad personal, sobre su privación de la libertad tanto de las fuerzas regulares o los disidentes armados y sobre la población civil.

Estamos valorando la creación de un mecanismo que permita el monitoreo de la palabra de las FARC respecto al cese de la privación de la libertad por motivos económicos. La necesidad de que el ELN se pronuncie por las afirmaciones sostenidas por un exministro de defensa sobre su responsabilidad en más de 90 personas privadas de la libertad, supuestamente bajo su poder en estos momentos, y en un ámbito más amplio sobre el conjunto de personas privadas de la libertad en razón de ser partes del conflicto armado o personas civiles de quiénes se afirma están privadas por actores del conflicto socio político.

En tal sentido deberá establecerse mecanismo de identificación de quiénes son víctimas de la privación de la libertad civiles, de los responsables y de allanar mecanismos de esclarecimiento de los hechos sucedidos y de restitución de derechos o de lo que ha sucedido con combatientes de las partes que se encuentran sepultados en los campos o en cementerios como NN.

Este propósito requiere la disposición de los entes de investigación, de derechos humanos, de los banco de datos, de las guerrillas de las FARC y del ELN, e incluso, de algunas que ya se disolvieron.

En segundo lugar, continuaremos desarrollando apuestas por la protección de la población civil, lo que hemos llamado a través del intercambio epistolar, acuerdos humanitarios parciales. En este sentido, se trata de profundizar en la regulación para proteger a civiles en diversas regiones del país sobre el uso de minas, entre otros, y propiciar los espacios de protección de la población
Seguiremos trabajando por la paz. En todas las dimensiones que nos sea posible construirla como proceso de cambio necesario para que las diversas violencias se desactiven y se logre un proceso participativo del pueblo, de los movimientos populares, movimientos sociales, movimientos de mujeres y ambientales, movimientos de víctimas.

Es decir, la puesta en marcha hacia escenarios amplios de diálogos de paz con garantías para todas y todos los que generan el contenido social o las agendas de esos diálogos y de las expresiones que de ellos surjan.

En este orden de ideas estamos promoviendo y participaremos en todos los espacios de convergencia de iniciativas de paz para el fortalecimiento de las apuestas de los movimientos sociales. La paz es un derecho de la sociedad.

Estamos reconociendo los puntos de convergencia de los encuentros de Cali y de Barranca del pasado año, y los que se han planteado en diversos encuentros rurales y urbanos en los que hemos participado en torno al tema de la paz. Este ejercicio de convergencia sobre problemas, sobre temas para construir la paz deberán estar en las eventuales conversaciones entre las guerrillas con algún gobierno. La sociedad es fundamental para la Paz. Tenemos el derecho y las posibilidades de articular convergencias, de animar procesos de unidad, de diferentes expresiones sociales para cimentar la paz.

En ese mismo sentido, a través del intercambio epistolar hemos visto y escuchado de las guerrillas de las FARC y del ELN acerca de los aspectos temáticos que harían parte de una agenda. Trabajamos sobre los aspectos que son coincidentes, lo que implicaría habilitar un espacio epistolar sobre los contenidos de los aspectos temáticos de las agendas y las políticas públicas que harían posibles, con propuestas técnicas viables, que estos temas problemáticos puedan ser resueltos.

Hemos planteado a las guerrillas que nos indiquen con precisión, con claridad que aspectos metodológicos deben tenerse en cuenta para un exitoso proceso de diálogo y negociación; qué aprendizajes, qué logros y qué no debe repetirse en el futuro, qué debe asegurar para que ninguna de las partes pueda levantarse de un escenario de diálogo, qué apuestas y mecanismos frente al esclarecimiento histórico, los daños o afecciones a la población y a la reparación.

Estamos promoviendo el planteamiento de un proceso unificado con la insurgencia, para que tanto las FARC como el ELN no sólo maduren y respeten sus compromisos de no agresión, sino para que dichos pactos se eleven como una voz política del mismo lado de la mesa no sólo en los diálogos a sostener con el gobierno, si en algún momento son posibles, sino en las conversaciones con los procesos de participación de movimientos sociales, lo más diversos, los más amplios, en la perspectiva de la paz, así como con la comunidad internacional, dispuesta a acompañar este andar.

Si la paz es fundamental para y desde la sociedad, se requiere desarrollar una estrategia pública, mediática que aliente ese corazón que se encuentra adormecido para buscar el diálogo. Movilizar las mentes, las sensibilidades hacia la salida civilista. Ahí se construirá una campaña nacional e internacional por la paz con el apoyo de Latinoamericanos y Europeos por la Paz en Colombia.
Promoveremos y animaremos la constitución de la Comisión Internacional de Verificación de la situación carcelaria y la situación de privados de la libertad en razón de su participación en una de las partes del conflicto armado, planteando propuesta concretar de aplicación del derecho humanitario y la adopción de una política pública conforme al derecho internacional de los derechos humanos.

En desarrollo de la campaña nacional e internacional por la paz en Colombia se desarrollarán actividades académicas, ecuménicas, políticas, culturales en lo local, lo regional en qué se abordaran el tipo de paz para Colombia, la evaluación de otros procesos de paz, las demandas de concreción para la paz integral de las comunidades, los tipos de mesas, el papel de la comunidad internacional y todos sus actores, el delito político, el desmonte de aparatos militares, papel de las fuerzas armadas, el papel de los exguerrilleros en las FM,

En esta propuesta de paz desde la sociedad y de interlocución con las guerrillas de las FARC y del ELN con el carteo público debemos abordar muchísimas preguntas, entre ellas:

¿Qué proyecto de país incluyente posibilita la construcción de un Estado y una sociedad hacia la paz con el inicio de la justicia integral? ¿Qué sobre la verdad y la memoria histórica y la comisión de la verdad, qué sobre la justicia?, ¿Qué es lo necesariamente acordable?, ¿Qué es posible con análisis y apuestas técnicas viables con base en el PIB para hacer viable un país incluyente? ¿Cuál es el mínimo vital de satisfacciones que deben ser acordado? ¿Qué pasa con los tratados comerciales? ¿Cómo se redistribuye el PIB? ¿Qué cambios básicos en el modelo económico, distribución y uso de la tierra urbana y rural, los acuerdos comerciales equitativos y democráticos? ¿Qué sobre la protección del agua y de ecosistemas y riqueza biológica, lo que puede o no ser extraído del subsuelo, el acceso a alta tecnología? ¿Qué acceso a medios masivos de información, de los más amplios sectores para acceder a distribuir y recibir mensajes?; ¿Qué modelo de desarme, reincorporación es posible, luego del exterminio de fuerzas opositoras políticas?, ¿Con qué parlamento, poder jurisdiccional y poder ejecutivo se cimienta la paz? ¿Cuál es el modelo de Desarme, desmovilización y reinserción?, ¿Qué tipo de favorabilidad política?

Cada vez estamos más convencidos que sin la participación de la sociedad, y quizás, sin un gobierno con un proyecto político de país incluyente, no será posible la paz. Los obstáculos, las dificultades parecen en ciertos momentos llevar a esa única conclusión. Seguimos padeciendo un conflicto armado, donde se muere, se hiere o se captura, realidad dolorosa, pero que al parecer se quiere prolongar aún más.

Parar la guerra es cuestión de voluntad y de acordar, de concertar cimientos para un proyecto de país incluyente. Si una de las partes no quiere, no puede, no va a posibilitar concertar ¿qué hacer? Esa es la gran pregunta que pretendemos resolver con el intercambio epistolar, con la visitas y encuentros, seminarios regionales nacionales e internacionales y la expresión de los colombianos

¿No será entonces, este el momento de la imaginación, de la creatividad, de a audacia para que los sectores más amplios de la sociedad construyamos el proyecto de país, que conduce a la paz?

Los inminentes retos de trabajo:

I.- Continuación del Intercambio epistolar como método de dialogo y acercamiento entre las partes:
Temas de consenso entre las guerrillas de las FARC y ELN
Temas de consenso entre las guerrillas y las organizaciones de la sociedad
Dos enfoques: humanitario y asuntos de fondo para que cese la violencia armada

II.- Abordar cuestiones especificas sobre la aplicación del DIH, tales como actuaciónes en casos específicos de emergencia o la construcción de una agenda de humanización del conflicto en la que se aborden:
1). Situación carcelaria y de los presos políticos/as y de guerra o combatientes: aplicación del DIH a los privados de libertad de las FARC y del ELN
2) Realización de visitas de la Comisión de Observación Internacional sobre la situación en las cárceles, durante 1 año al menos, y realización de un informe de evaluación
3) Integrantes de las FARC y ELN y otros grupos guerrilleros desaparecidos, o muertos en combate de quienes de los que se desconoce su paradero, o pueden ser NN en cementerios
4)Comisión Independiente de Verificación de Privados de la libertad en manos de las guerrillas, durante 1 año y medio
5) Situación de cuerpos de militares caídos en combate y enterrados por las guerrillas

III.-. Acuerdo Global de aplicación de dih
1º) Fortalecimiento de Acuerdos Humanitarios parciales: Zonas Humanitarias (Chocó, Meta, Cauca, Putumayo, Valle); Espacios de Refugio (Valle); Espacios de protección temporal (Putumayo)
2º) Explorar otros mecanismos de regulación sobre bienes, instalaciones y personas internacionalmente protegidas: escuelas, templos, viviendas, obra civil, etc
3º) Mecanismos de regulación sobre medios de guerra. Por qué el uso de minas, levantamiento de mapas, entrega a organismo ad hoc internacional, protocolo de levantamiento regulación; Mecanismos de exigencia sobre
la situación de las mujeres y los niños en el conflicto; utilización de armas prohibidas; uso desproporcionado de la fuerza

IV.- Una agenda de temas para la discusión, con participación de la sociedad civil:
1º.). Consensos con la sociedad en temas y propuestas de resolución (seminarios, congresos, movilización, campaña nacional e internacional la llave la tiene el pueblo), buscando confluencia de los nuevos movimientos populares que surgen exigiendo la paz: Congreso de Pueblos, Marcha indígena, Marcha Patriótica, Comosoc, iglesias cristianas, Colombianas por la Paz, etc

2º.) Sensibilización y apoyos internacionales. Resulta importante para lograr el éxito en un posible itinerario de acuerdos humanitarios y construcción de paz en Colombia, la implicación de la Comunidad internacional y la sensibilización de la opinión publica mundial sobre el drama que significa el inacabable conflicto interno colombiano. Por ello, seria de suma importancia aprender de otros conflictos resueltos favorablemente en los últimos años con el concurso de la Comunidad internacional, tales como el conflicto irlandés, los conflictos centroamericanos, la experiencia ya mas lejana de Sudafrica e incluso la experiencia aun abierta del País Vasco.

V.- Aprendizajes de los procesos de Colombia, hacia un modelo de diálogo: es importante tener en cuenta los procesos ya habidos en Colombia y sus características y especificaciones. Para ello proponemos especialmente:
1º.) Recopilación y elaboración de Documentos temáticos sobre paz, viabilidad técnica sobre las conclusiones de los temas (Víctimas, afectados, verdad, justicia y reparación, reformas políticas, reforma agraria y ambiental, reforma bancaria, viabilidad técnica y políticas públicas posibles)
2º.-) Implicar a la sociedad civil colombiana en la construcción de paz: la única llave insustituible de la paz en Colombia es la que tiene el pueblo colombiano, que si se une en la construcción de ese proceso, conseguirá alcanzar la paz definitiva con justicia social

Todas las anteriores propuestas, se trasladan al derecho, desde el campo político, por Colombianas y Colombianos por la Paz, reivindicando los principios de independencia, de emancipación, de unidad popular y social, de cambio, que con orgullo recordamos en la base de un legado político de los pueblos, de proyectos de país exterminados, desterrados, exiliados, a consecuencia de la búsqueda de una Colombia democrática con justicia.

Todo esto es nuestro derrotero, esto es el amor, el amor por otro país, por la democracia, y en eso podemos, debemos estar todas y todos, tenemos otra oportunidad y no por delegación de alguien, que dice que quiere pero como que no quiere, que puede pero que no cede, y es por eso que la paz se construye desde otro lugar HOY ESOS AFECTOS, ESE PROYECTO DE PAÍS, nuevo, amplio, incluyente es la paz