En Uruguay, la soberanía al mejor postor

Nicolás Centurión|

“Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas” decían los populares versos en boca de Atahualpa Yupanqui. Décadas han pasado y esta sentencia que parece inmutable, sigue describiendo el acontecer de nuestros pueblos.

Uruguay, país ganadero y exportador de materias primas por excelencia, no solo ha sufrido un proceso brutal de extranjerización de la tierra, agravado por las plantas de celulosa, bajo los gobiernos frenteamplistas, de centroizquierda. Hoy, la coalición de derechas gobernante, encabezada por el Partido Nacional, poco honor le hace a su nombre, ya que de fomentar, proteger y potenciar lo nacional, es un slogan devorado por el tiempo y lo pragmático del sistema.

Uruguay transita un industricidio lento y paulatino, con momentos de aceleración al igual que en la dictadura de 1973-1985 y la crisis del 2002. La silenciosa concesión de soberanía acompaña este proceso y es bandera de la administración actual.

Desde la concesión del puerto de Montevideo a una empresa privada belga hasta 2081 con características monopólicas, el intento de minar las empresas públicas a través de la Ley de Urgente Consideración (LUC), incluir a la educación privada en decisiones estatales y mercantilizar la educación pública, hasta los últimos hechos que a continuación veremos.

El gobierno decidió adjudicar en forma directa la concesión de seis aeropuertos en el interior del país, lo que provocó ruido y malestar en socios de la coalición, y un llamativo silencio en filas de la oposición. A mediados de mayo de este año, el Poder Ejecutivo anunció en rueda de prensa que se estaba preparando la redacción de los pliegos necesarios para hacer un llamado a licitación de estas seis terminales aéreas en Rivera, Salto, Carmelo, Durazno, Melo y Paysandú.

El miércoles 10 de noviembre, el oficialista diario El País informó que el gobierno resolvió dejar de lado ese llamado y otorgarle directamente la explotación, gestión y operación de los seis aeropuertos del interior del país a la empresa Puerta del Sur, filial uruguaya del grupo Corporación América Airports, que es concesionaria de los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce.

El grupo, que lidera el empresario argentino Eduardo Eurnekian, acordó en la misma negociación ampliar en 20 años el plazo de concesión del aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, el principal del país.

“Es un orgullo y una gran responsabilidad para Corporación América Airports Uruguay recibir por parte del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Defensa la confianza para llevar adelante un proyecto estratégico para el país como lo es el desarrollo del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales”, expresó la empresa mediante un comunicado. No faltaba más.

El senador ultraderechista Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto y miembro de la Coalición multiderechista de gobierno, expresó en su cuenta de Twitter que “Como dicen los muchachos: otra vez la pelota a la casa de doña María. Sucedió lo que advirtió el diputado Sebastián Cal y entre gallos y medias noches se entregaron varios aeropuertos a poderosos intereses regionales”.

Otro de los instrumentos para erosionar a las empresas públicas a través de la Ley de Urgente Consideración (LUC) es la portabilidad numérica. Esto implica que los usuarios de ANTEL, la empresa estatal de telecomunicaciones, puedan migrar hacia otras empresas telefónicas y mantener su número.

De implementarse la portabilidad numérica, Antel perdería 11% del mercado de empresas, según una encuesta. Incluso, la migración puede darse desde Antel hacia las trasnacionales Claro o Movistar, pero no a la inversa.

De las tres compañías telefónicas que ofrecen servicios móviles a empresas en Uruguay, Antel es la que tiene más clientes, la que presenta el índice de satisfacción global más alto, la que tiene mejor imagen y la que genera mayor fidelización. Sin embargo la tecnológica estatal es también la que puede verse más perjudicada con la portabilidad numérica que el gobierno está próximo a implementar.

Sin duda, ésto es el inicio de un proceso de deterioro de imagen con final en privatización. Pero estas cuestiones se zanjaran en el referendo del año entrante -por marzo según estima la Corte Electoral-  sobre 135 artículos de la LUC que acapara la agenda tanto del oficialismo como de la oposición, que debe ser convocado tras la recolección de casi 800 mil firmas en un país de tres millones y poco más de habitantes.

Dos semanas atrás, un grupo de analistas de la Fundación Siembra, vinculada al Movimiento de Participación Popular (MPP), expuso ante el Secretariado Ejecutivo de la central de trabajadores  PIT-CNT los resultados de un relevamiento solicitado a la consultora Factum. Del estudio surge que hay 31,8% de los uruguayos que se considera indeciso de cara al referendo. Según la encuestadora Cifra: 48% votaría por mantener 135 artículos de la LUC y un 41% los derogaría.

Así las cosas, donde la soberanía es un sustantivo vacío, lo poco que tiene Uruguay para poder desarrollarse como país se vende ya ni siquiera al vil precio de la necesidad, parafraseando al prócer José Artigas, sino que por pleitesía con los grandes capitales extranjeros se apuesta al derrame que solo derrama desigualdad y miseria.

* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)