Posiciones en disputa en torno al acuerdo de la Argentina con el FMI
Una de las primeras declaraciones de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco de la reunión anual conjunta del organismo con el Banco Mundial que tuvo lugar esta última semana en Washington, fue en relación a la Argentina. La funcionaria aseguró que las discusiones confidenciales con la Argentina “para alcanzar un acuerdo útil y creíble” continuaban. Al ser consultada, aclaró que no podía dar plazos sobre cuándo podría alcanzarse el entendimiento. De tal forma, diluyó las expectativas y versiones sobre un acuerdo inmediato que habían proliferado en el último período.
No fue casual que Georgieva priorizara hablar sobre la Argentina luego de superar la ola de rumores sobre su propia perspectiva en la conducción del FMI, ante las críticas a su rol como anterior autoridad en el Banco Mundial por acusaciones de información tergiversada incluida en el ahora desactivado informe anual “Doing Business”.
Es que, aun habiendo otros temas de tratamiento central en la reunión cumbre de los dos mayores organismos financieros multilaterales –como la imposibilidad del acceso a las vacunas contra el Covid-19 en los países más pobres por falta de financiamiento (por lo pronto, sólo 5% de la población africana tiene hoy vacunación completa)– un tema de creciente atención es la situación de los países de medianos ingresos que afrontan cada vez mayores desequilibrios financieros.
La Argentina, el país más endeudado en el mundo con el FMI, es un reto mayor para la gestión de su directora gerente.
La cuestionada “ayuda” al gobierno de Mauricio Macri en 2018 y 2019 resulta un leading case (caso líder) en el muy complejo panorama mundial de equilibrio inestable. Es así como los expertos de Wall Street consideran las negociaciones con la Argentina, que son tomadas como antecedentes en eventuales similares casos posteriores. Por lo tanto, más allá de las idas y venidas de declaraciones, versiones y rumores sobre el cierre o no inmediato de un nuevo acuerdo y sus condiciones, el “caso de la Argentina” genera mucha tensión y expectativa, pese a que todos los actores sostienen públicamente que las negociaciones “están muy bien encaminadas”. ¿Qué está en juego? ¿Cuáles son las posiciones?
No tan secreto
Las negociaciones se mantienen en forma confidencial por exigencia estricta del FMI, pese a que las conversaciones refieren, ni más ni menos, a “un acuerdo que compromete varias generaciones”, tal como lo ha reconocido en estos días el Presidente Alberto Fernández. Por cierto, eso resulta paradójico, ya que el Fondo tiene hoy como bandera central de “principios rectores” el reclamar a los gobiernos “mayor transparencia” en sus acciones.
La traba en la negociación actual se encuentra entre la posición de la Argentina que requiere un mayor alivio para afrontar el ahogo financiero y la del Fondo. Aun con debates internos, en el organismo prevalece el criterio de los países centrales –con mayor capacidad de incidencia por su participación accionaria–, que priorizan que la negociación no altere los requisitos ya establecidos en sus alternativas de intervención en las crisis de balanzas de pago.
Se pretende no sólo que no se revise la actuación y responsabilidad del propio FMI por haber fondeado una perversa tónica especulativa financiera y la mayor fuga de capitales de la historia del país, sino que la Argentina brinde, por el contrario, una demostración de disciplinamiento y confianza en la globalización financiera.
El requerimiento que canalizó el ministro de Economía, Martín Guzmán, ha sido lograr un crédito que doble la extensión a 20 años de los previstos de “facilidades extendidas” (hoy hasta 10 años) y rebajas de tasas de interés (eliminación de sobretasas exigidas a países que se endeudan con el Fondo por sobre sus cuotas admitidas).
El FMI, por su parte, sólo aceptaría brindar, a cambio de un programa de ajuste que intentaría ser presentado 
como benevolente, tal vez una reducción de comisiones y sobretasas –no tan segura–, pero no una consideración especial teniendo en cuenta motivos, responsabilidades o la excepcionalidad del caso argentino.
La incógnita sobre cómo terminará la negociación con el FMI, que ahora tendría una nueva fecha de referencia (fines de marzo de 2022), se encuentra, por lo tanto, abierta. Si bien, en lo inmediato, puede haber perdido centralidad para la atención pública por la cercanía de las elecciones parlamentarias, la magnitud de la deuda pendiente genera una muy justificada y fuerte prevención política y social en la Argentina, debido a la experiencia histórica en relación con los “ajustes” que exige el Fondo.
La polémica continuará. Pueden desde ya preverse mayores debates y tomas de posición que, con toda seguridad, se expresarán con mayor vehemencia una vez que finalicen los comicios.
Aun de lograrse un acuerdo a 10 años con el FMI (con 4 años iniciales de gracia para el comienzo del pago de amortización de capital) la Argentina tendría un panorama muy difícil.
De alcanzarse algunas concesiones secundarias (menor tasa de interés que la correspondiente por estar el país sobreendeudado, o la posibilidad de negociar otra alternativa de crédito si el FMI cambiara sus alternativas 
de préstamos en el futuro), y aunque fueran presentadas como logros para un salvataje de imagen (face saving) y no se produjeran las temidas alternaciones en el sistema financiero internacional (por ejemplo, aumento de tasas de interés), el país tendría el acoso de la deuda como un peso gigantesco sobre la vida económica y social.
Estimaciones optimistas reconocen que, de continuar la misma tónica de un círculo vicioso financiero, la situación de la Argentina con relación a su deuda externa seguirá siendo imposible de tratar. Al no ser una cuestión meramente técnica, sino de enorme incidencia política, económica y social, habrá que ver la decisión no sólo del gobierno, sino de la sociedad argentina de aceptarla o afrontarla.
La disputa previsible de posiciones se relacionará con decisiones que deberá tomar la sociedad argentina ante una crisis no provocada por la mayoría de la población que ha sido, por el contrario, duramente castigada por ella. Se sintetizará en la definición de prioridades y el impulso o no de alternativas.
De no ser así, el destino sería tan patético y repetido como el que planteó en forma desembozada María Eugenia Vidal en el debate televisivo del miércoles pasado entre los candidatos a diputados por la ciudad de Buenos Aires, cuando afirmó que, si Cambiemos hubiera ganado las elecciones en 2019, “el mundo que sí confiaba en nosotros, nos hubiera dado crédito”.
No sólo es falso, ya que justamente el gobierno de Macri se quedó sin financiamiento cuando terminó su fiesta perversa, sino que demostraría que no se ha aprendido de la historia.
*Profesor Titular de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Coordinador para América Latina del Observatorio Internacional de la Deuda, investigador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Vicepresidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE). Publicado en elcohetealaluna.com.