En Nicaragua, el gobierno de Ortega sigue encarcelando opositores
Victoria Korn|
La Policía Nacional nicaragüense informó que el domingo 13 de junio fueron detenidos Víctor Hugo Tinoco Fonseca, Dora María Téllez Arguello, Suyen Barahona Cuán, Ana Margarita Vigil Gurdián y Hugo Torres Jiménez, investigados por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”.
Todos ellos son dirigentes de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes conocida como Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Se trata de algunos de los rostros más conocidos y las voces más críticas dentro de la oposición.
Para los analistas, las acusaciones resultan absurdas ya que los afectados vienen desarrollando su actividad política en el contexto de la legalidad y la han orientado a la participación electoral. Y son grotescas en el caso de dirigentes históricos del sandinismo como Dora María Téllez quien, por esa razón fue incluida en una lista de terroristas por el gobierno de EEUU durante la administración de George W. Bush.
La razón real de la persecución –señala un editorial del diario mexicano La Jornada- es, en cambio, el afán de Ortega y de su vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, de ir a unas elecciones sin oposición con el fin de perpetuarse y prolongar su estadía en un poder que ostenta desde hace varios años las características del autoritarismo corporativo.
Los exguerrilleros Hugo Torres Jiménez y Dora María Téllez, otrora compañeros de armas del hoy presidente Daniel Ortega, fueron arrestados en sus casas, al igual que Barahona, presidenta de Unamos; Tinoco, Vijil y Tamara Dávila Rivas, apresada en la noche del sábado 12 de junio, acusados por organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país.
Asimismo, por demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación, de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 1055 “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”.
A partir del 28 de mayo, el gobierno ya había encarcelado a cuatro precandidatos presidenciales: Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. También a los líderes opositores Violeta Granera y José Pallais Arana, ambos de la Coalición Nacional; a José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), y a dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro: Marcos Fletes y Walter Gómez.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos y movimientos opositores de Nicaragua advirtieron a mediados de abril de una escalada en la “represión”, previo al tercer aniversario del inicio de las manifestaciones antigubernamentales.
El 18 de abril de 2018 grupos de nicaragüenses salieron a las calles a protestar contra Ortega contra unas reformas a la seguridad social, pero se convirtieron en miles cuando el Gobierno respondió con ataques armados de policías y civiles que dejaron cientos de manifestantes presos o heridos, además de 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La prensa internacional habla sobre la paulatina transformación de Ortega –un gobernante progresista y democrático en la época de la Revolución Sandinista, entre 1979 y 1990– en una figura semejante al dictador Anastasio Somoza Debayle, derrocado precisamente por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y con el que se cerró un ciclo de dictaduras dinásticas que comenzó en 1937.
Cuando el FSLN fue derrotado en las urnas en 1990, Ortega pasó a la oposición política y volvió a la presidencia en enero de 2007, aliado esta vez con sectores de la derecha y con un programa regresivo en el ámbito de los derechos reproductivos. Relecto en 2011 y en 2016, enfrentó de manera autoritaria y represiva las protestas sociales que comenzaron dos años más tarde y dejaron un saldo de unos 300 muertos.
*Periodista venezolana asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)