La declaración de Roma del G-20 sobre la salud: hipocresía, cinismo e indecencia
Riccardo Petrella, Roberto Morea y Roberto Musacchio|
No esperábamos propuestas innovadoras, pero sí un poco más de aliento de cambio. Pues bien, en
…. no hubo aliento. Peor aún, en su lugar hubo fuertes y feos vientos.
- En primer lugar, la Declaración no se refiere nunca, ni siquiera una vez, al «derecho universal a la salud». No lo menciona, confirmando lo que los grupos dominantes llevan años haciendo: borrarlo de la agenda política mundial y con ello el principio de que garantizar la salud de forma universal, es decir, para todos, es una obligación institucional de los poderes públicos, de los Estados, y no una opción política de magnanimidad o compasión hacia «los pobres» por parte de los dirigentes mundiales.
Por el contrario, la Declaración habla varias veces de «acceso equitativo y asequible» a las herramientas de lucha contra la pandemia de Covid-19 (vacunas, tratamientos médicos, diagnósticos y herramientas 
de protección individual). Es decir, un principio y un objetivo típicamente mercantil, de intercambio monetizado (venta y compra) según las reglas del mercado que nada tienen que ver con el derecho a la salud en igualdad y justicia. En el mercado no hay derechos, salvo la propiedad privada, ni justicia social. Olvidar el derecho universal a la salud es un acto de indecencia política.
- No es de extrañar -otro aspecto clave- que la Declaración insista en que las medidas necesarias que se adoptarán en los próximos meses para promover el acceso a las vacunas para todos, deben definirse y adoptarse en el marco de los Tratados de la OMC (Organización Mundial del Comercio, organismo independiente de la ONU) y, en particular, de los Tratados OMC-TRIPs (Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio). Y no en el marco general de la ONU y, concretamente, de la Organización Mundial de la Salud (OMS, una agencia de la ONU).
La Declaración de Roma sigue atrincherada en la primacía otorgada, también en el ámbito de la salud, a la regulación «mundial» fijada en la lógica del comercio internacional (dominada por los mercaderes y financieros de los países más poderosos del mundo). La Declaración de Roma se mantiene en la posición de rechazar la atribución de esta primacía a la ONU en general, y a la OMS en particular, tal y como han solicitado, sobre todo en los últimos años, un centenar de Estados, cientos de premios Nobel, científicos, personalidades del mundo de la cultura y miles de asociaciones y organizaciones, incluidos los sindicatos.
La aceptación de la primacía de la ONU y de la OMS implica que las normas en esta materia se establecerán respetando la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los tratados internacionales sobre derechos civiles, sociales y políticos de los años 70. Los firmantes de la Declaración de Roma son conscientes de que desde 1994, año de su creación, la OMC ha sido escenario de continuas y duras luchas de la gran mayoría de los Estados miembros contra los Estados más poderosos para defender sus derechos a la vida y su soberanía económica y social, que han sido sistemáticamente desestimados en los tratados de la OMC.
- Por lo tanto, afirmar que el objetivo de la lucha mundial contra la pandemia que persiguen los Estados más poderosos del G20 sigue siendo el de «no dejar a nadie de lado» es un acto de hipocresía. La realidad muestra que la estrategia de lucha contra la pandemia, adoptada hace un año y medio en nombre de un acceso justo y asequible a las vacunas y en cumplimiento de los tratados OMC/TRIPs, ha contribuido a dejar de lado a cientos de millones de personas que, desde el 21 de mayo de 202, están excluidas de las vacunas (sólo el 1% de la población africana ha sido vacunada) y,
sobre todo, de la atención sanitaria en general. Según la OMS, más de la mitad de la población mundial sigue sin recibir atención sanitaria básica cobertura en 2020, y la pandemia ha empeorado la situación.
- La Declaración confirma que, hoy en día, la solución clave elegida por los gobernantes es aumentar la producción de vacunas y distribuirlas y administrarlas lo más ampliamente posible, lo más rápidamente posible y de forma equitativa, segura y eficaz, en beneficio de las poblaciones de los países más pobres de renta baja (92 países del mundo) y de los países de renta media (más de 30). Esta opción aparentemente razonable es una opción desconcertante e inaceptable porque postula la aceptación y el mantenimiento del abismo y las desigualdades entre los países ricos y «desarrollados» del Norte, en particular los «occidentales», y los países pobres, subdesarrollados o menos desarrollados.
- Dar prioridad a la producción y distribución de vacunas significa sustancialmente mantener la supremacía estructural y el poder de los países ricos en los ámbitos financiero, tecnocientífico, productivo y comercial. Significa que las empresas privadas del mundo desarrollado siguen siendo las dueñas absolutas del conocimiento sobre la vida, las propietarias de las patentes, las productoras de vacunas, las líderes del comercio internacional, las proveedoras de servicios médicos y sanitarios, las controladoras de los mercados sanitarios, las dueñas de la digitalización de los sistemas de salud… Así que, en el espíritu de la Declaración de Roma, la mejor solución práctica es que los países ricos (sigan) «ayudando» a los países pobres.
- En este contexto, la vida de miles de millones de personas y su futuro dependen y dependerán obligatoriamente de la ayuda, la «caridad» y la benevolencia de los ricos y los poderosos . Qué concepción más indecente y cínica! Pongamos un buen ejemplo. En la última reunión del consejo general de la OMC-TRIPs, el representante de los Estados Unidos dijo que la Administración Biden está abierta «ahora que se ha garantizado el pleno acceso a las vacunas para los ciudadanos estadounidenses» a considerar los medios y formas de levantar las normas de la OMC sobre el derecho de propiedad intelectual con el objetivo de fomentar el acceso asequible a las vacunas para todos los pueblos necesitados.
- En resumen, lo único que les queda a los países pobres es esperar a recibir las vacunas y el acceso a las demás herramientas médicas que ofrecen los países ricos. Para ello, sin embargo, deben ser reconocidos por COVAX como elegibles para la ayuda de los ricos. COVAX es el mecanismo creado por los países del «Norte», dirigido por dos organizaciones público-privadas, CEPI y GAVI, cuyo objetivo es fomentar el intercambio de investigación y desarrollo y la compra/distribución de vacunas en beneficio de los países pobres. Las vacunas compradas se transfieren como ayuda gratuita a las poblaciones de los países de renta baja, y como ayuda a precio reducido a las de los países de renta media.
El mecanismo COVAX ha resultado inadecuado por dos razones principales. En primer lugar, porque los 
países ricos y los organismos filantrópicos privados, como la fundación Gates, no han alimentado las finanzas de COVAX como se esperaba. Para hacerlo bien, COVAX necesitaría más de 40.000 millones de dólares. Sólo han recibido 12.000 millones de dólares. En segundo lugar, COVAX se basa en el mantenimiento del sistema de patentes que hace que las vacunas y los productos sanitarios sean de absoluta propiedad privada durante 20 años, dando así -como hemos visto- poder político de decisión y operativo sobre la vida y la salud a las empresas multinacionales privadas. COVAX no tiene poder político, ni poder autónomo de negociación y decisión. Depende de la buena voluntad de los oligopolios farmacéuticos y de los Estados más fuertes.
- Esto nos lleva al controvertido punto relativo a la suspensión provisional de las patentes. Este era el punto más esperado de la Cumbre Mundial de la Salud del G20. El G20 optó formalmente por no decidir y posponer el debate a la reunión del Consejo General de la OMC del 7 al 9 de junio. En realidad, el aplazamiento era necesario no por el desacuerdo entre algunos Estados (como Sudáfrica, India, Rusia, Indonesia y China…) por un lado, y la UE, el Reino Unido, EE.UU. y Japón, por otro.
- Pero para dar tiempo a la UE y a EEUU a acordar una posición común basada, como propone la UE, en una solución de tercera vía entre el rechazo y la aprobación de la suspensión. La Unión Europea se opone mayoritariamente a la suspensión del régimen de patentes y aún más a su abolición. Por ello, trata de superar las dificultades trasladando el debate a la definición de un nuevo tratado mundial sobre un sistema común de vigilancia y respuesta a las pandemias actuales y futuras. Hay que reconocer que el sistema actual ha demostrado su debilidad e ineficacia. En opinión de los dirigentes de la Unión Europea, el nuevo tratado podría adoptar un modelo de sistema común de vigilancia y respuesta más cercano al sistema de coordinación intraeuropeo establecido en el contexto de la reciente creación de la Unión Europea de la Salud.
Esta es también la posición que parece adoptar Mario Draghi. Durante su discurso inicial en la Cumbre, se mostró partidario de una suspensión de las patentes «a condición de que sea específica y limitada en el tiempo». Lo mismo ocurre con la posición de Estados Unidos, expresada en Roma por la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris (que fue un poco decepcionante). Entre los miembros del G20, sólo Sudáfrica tiene una posición clara sobre la garantía de la salud de sus ciudadanos y otros países africanos. India es más bien ambigua.
En la estrategia ultranacionalista y competitiva de Modi, la suspensión sirve más bien al objetivo de reforzar el creciente papel de India como primer productor mundial de vacunas de bajo coste a través de la empresa privada Serum Institute of India. Esta estrategia cuenta con el apoyo de la Universidad de Oxford y de Astra Zeneca, que el año pasado firmó un acuerdo para que el Serum Institute of India produzca más de 1.200 millones de dosis de su vacuna. India tiene una estrategia de expansión económica en el sector para competir con China. Por su parte, Indonesia, otro miembro del G20, ha dejado clara su voluntad de convertirse, gracias a la reducción de las limitaciones de las patentes, en el principal centro del Sudeste Asiático, en competencia con China e India.
En resumen, no es oro todo lo que reluce fuera de los países del Norte/Occidente cuando se trata de la estrategia económica de la industria farmacéutica mundial.
- El estado de arte descrito anteriormente se perpetuará hasta que los poderes públicos de los países más poderosos del mundo se desvinculen y liberen a sí mismos y a su política de salud pública del estado de sumisión a sus grandes multinacionales farmacéuticas y químicas y a los grupos financieros, tras la privatización masiva de los sistemas nacionales de salud y la legalización de las patentes privadas con fines de lucro.
- La Declaración de Roma no escribió ni una sola línea sobre el servilismo de los poderes públicos.
Y por eso. Como todo el mundo sabe, los poderes públicos han financiado prácticamente en su totalidad (caso de la vacuna de Astra Zeneca,) y en gran parte (caso de las vacunas de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson…) el diseño, el desarrollo, la producción y la comercialización de las vacunas. Si hay vacunas, no es gracias a las empresas mencionadas, sino a las grandes sumas de dinero público inyectadas por los Estados en el sector (hablamos de decenas y decenas de miles de millones de dólares), a través de muchas vías, entre ellas la decisiva de los «Compromisos Anticipados de Mercado», es decir, los compromisos garantizados de compra pública de miles de millones de dosis producidas por las empresas.
El escándalo aquí es que las empresas se han embolsado todo y, sin ninguna inversión importante, ya han obtenido miles de millones de beneficios para repartir entre sus accionistas, sin que los Estados, los ciudadanos cuyo dinero público se ha vertido en las arcas de las multinacionales, hayan obtenido ningún beneficio económico directo a cambio. Los Estados han gastado y siguen gastando y las empresas siguen obteniendo beneficios.
En este contexto, la soberanía del pueblo, de los ciudadanos, se reduce a cero. La hipocresía, el cinismo y la indecencia prevalecen.
En conclusión, de nuevo tras la Cumbre Mundial de la Salud del G20, queda claro que el futuro de la realización del derecho universal a la salud y el futuro de la vida en la tierra no está todavía en marcha en interés de todos los habitantes de la tierra y en armonía con el respeto de los derechos de la naturaleza.
(*) Respectivamente presidente de Ágora de los Habitantes de la Tierra, presidente de Transform.Italia, ex eurodiputado y miembro de Transform. Italia