Marcela Heredia-Hinterlaces|

¿Empezó el fin de la impunidad para quienes entregaron fondos públicos venezolanos a Estados Unidos? ¿Quiénes siguen en la lista? ¿Para cuándo está previsto que la Justicia venezolana indague a Juan Guaidó?

Horas antes de la salida del poder de Donald Trump se concretó el robo de Citgo. El autodenominado «gobierno interino» con el ex diputado Juan Guaidó al frente y el aval de Estados Unidos, despojaron a Venezuela de entre 20 mil y 40 mil millones de dólares.

Un plan redondito engrosa el bolsillo de Guaidó

Un juez federal estadounidense ordenó la venta de Citgo, con el aval de Guaidó ungido por Estados Unidos como presidente interino (una figura inexistente en la Carta Magna Venezolana), para pagar a la empresa canadiense Crystallex una deuda de 1200 millones de dólares.

Ni Guaidó ni sus supuestos funcionarios toman decisiones de aplicación soberana en el país, pero donde manda Estados Unidos, cualquier capitán echa a volar su sombrero. El juez estadounidense justificó su fallo diciendo que «cada día que Crystallex no recibe una compensación monetaria es una afrenta al sistema judicial estadounidense. Esos días deben llegar pronto a su fin».

Para concretar el robo, solo falta que el Departamento del Tesoro de EEUU le otorgue a Crystallex una licencia que le permita la venta de los activos de Citgo.

Mientras todo esto ocurre, hoy Citgo está produciendo en suelo estadounidense 750 mil barriles de crudo por día y nada de eso va destinado al pueblo de Venezuela sino que está en poder de EEUU y/o del gobierno ficticio de Juan Guaidó.

En junio de 2020, la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez, lo ratificó: “no crean que nuestros activos financieros han sido congelados. Muchos de ellos ya fueron trasladados a la cuenta de la Reserva Federal Estadounidense”.

Delcy Rodríguez también reveló un audio en el que se demuestra la relación de José Ignacio Hernández, supuesto procurador especial del ex diputado Guaidó, con el presidente del Banco Mundial para actuar en complicidad rapiñando los activos de Venezuela.

La funcionaria mostró detalles sobre el pacto que firmaron el dirigente opositor Henry Ramos Allup, el prófugo de la justicia venezolana Leopoldo López y Guaidó para entre todos conspirar contra PDVSA. El hijo de Henry Ramos Allup, Ricardo Ramos, es parte de esa conspiración en la que José Ignacio Hernández es el director de orquesta del ilícito multimillonario. Y antes fue abogado de Crystallex.

El tema de Citgo no solamente tiene que ver con la producción de crudo; a través de esa filial el Estado Venezolano emprendía planes de atención social y de salud para la población. La Fundación Simón Bolívar estaba al frente de brindar este tipo de atención y en la actualidad, más de 300 niños venezolanos dentro del país, en Italia y Argentina han sido impedidos de recibir trasplantes de médula ósea, implantes cocleares o trasplantes de hígado debido a la situación actual de la empresa.

El Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra José Ramón Pocaterra Esparza y Andrés Felipe Irigoyen Luna, designados de manera ilegal por Guaidó, como directivos de Citgo, ambos con experiencia en pasillos y cabildeos internacionales: Irigoyen es un ingeniero de petróleo que antes trabajó en PDVSA y para las transnacionales estadounidenses Halliburton y Frontender.

Según el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab: “a ambos se les imputa por los delitos de conspiración, usurpación de funciones públicas, legitimación de capitales, asociación y obstrucción de la justicia”.

Para la jurista María Alejandra Díaz, «Juan Guaidó no está preso por debilidades de las instituciones y además por una decisión política. Eso es así. Sigue privando la decisión política por sobre la decisión jurídica con un señor que ha cometido una serie de hechos que ha permitido el saqueo, que ha colaborado con una potencia hostil para atacarnos y sin embargo, no hay explicación. Bueno, yo sí creo que hay una explicación: pesa más la decisión política que la decisión jurídica. Eso es lo que yo creo.

Sobre la forma en que se podría neutralizar el daño que causan los nombramientos írritos en Citgo, el meollo de la cuestión, la doctora Díaz dice: » lo primero que debemos entender es que los nombramientos son írritos a lo interno de Venezuela. Porque a lo externo, en lo exterior, a esos nombramientos los están considerando válidos entonces la estrategia es mucho más difícil. Hoy las balas y las bombas vienen a través de las componendas jurídicas.

Así lo vemos con el Esequibo a través de la Corte Internacional de Justicia y así lo vemos con las Cortes Federales en los Estados Unidos que reconocen a un gobierno inexistente, que reconocen nombramientos que están al margen de la Constitución venezolana, que se han servido de una suerte de lawfare para saquear las riquezas de un país, porque es una modalidad de piratería moderna, son los corsarios modernos valiéndose de la institucionalidad jurídica», agrega.

La abogada considera que de esta forma es mucho más difícil que Venezuela sola pueda confrontar esa estrategia, porque son instrumentos de dominación, » es una nueva modalidad de saqueo a través de la aplicacion extraterritorial de normas que, simple y llanamente, incluso violan su propia tradición juridica, porque en EEUU nace una teoría que se llama la inmunidad de soberanía es decir, a ningún Estado lo puedes llevar tú a juicio».

Advierte que el problema es que «ellos están actuando actuando de hecho. Recuerda que esos bienes están en suelo de EEUU. Ellos con ocupar con una orden judicial, militarmente, estas instalaciones, ¿cómo las recupera Venezuela? ¿Haciéndole la guerra a los Estados Unidos? En la práctica, ellos están utilizando la institucionalidad jurídica para cometer actos ilegales, ilícitos, en una nueva modalidad de lawfare», recalca

En ese contexto sugiere la posibilidad de un acuerdo político: «esa es la línea que hay que trabajar. Y ahí tiene que pasar por revisar ¿qué tienes tú para negociar con ellos?. Todo eso hay que analizar..»

¿Cómo se le pone el cascabel al gato?

Si el gobierno venezolano se ve impedido en EEUU de acudir con sus representantes legítimos para actuar en la debida defensa integral y efectiva de los intereses patrimoniales del país y de PDVSA porque le imponen medidas coercitivas unilaterales, o si el gobierno venezolano no quiere avanzar esperando una decisión del presidente Joe Biden sobre el gobierno ficticio de Guaidó, nos preguntamos cómo se resuelve el entuerto jurídico que tiene vital importancia en la construcción de una democracia con justicia.

La función de la justicia no sólo está aparejada con la creación de nuevas leyes o el perfeccionamiento o adecuación de las ya existentes, sino con el cumplimiento real y efectivo de la función institucional que desepeña. Sin ello, la inmadurez política pasará factura al juego democrático venezolano.

Si alguien que mata a un animal en suelo venezolano recibe castigo ejemplar por parte de las autoridades judiciales, ¿por qué no lo recibiría Guaidó y/o sus aliados que impiden la compra de vacunas, medicamentos y alimentos para el pueblo venezolano mientras llenan sus arcas y que torpedean de manera permanente la paz e institucionalidad del país?