La crisis social uruguaya: desempleo, pobreza y salario

En 2020 cayó el salario real y se perdieron más de 60 mil puestos de trabajo, de los que, según CPA Ferrere, el año que viene sólo se recuperarán 20 mil. Hay más de 35 mil nuevos niños pobres, según cálculos de economistas de la Universidad de la República. Pero, mientras los datos confirman que todo sería peor de lo que esperaba el gobierno entre agosto y diciembre, se compraron más camionetas de alta gama que lo consignado en los mismos meses del año pasado.

En agosto, el gobierno estimó que se gastarían aproximadamente 768 millones de dólares para sostener a los cientos de miles de personas afectadas económicamente por las medidas para contener la pandemia.¹ Afirmó que pensaba dispensar 116 millones para atender las necesidades del Ministerio de Desarrollo Social, previó que 157 millones corresponderían a resignación fiscal y calculó que 396 millones serían destinados a cubrir el tendal de los seguros de paro. 

Además, proyectó gastar 49 millones en seguros de enfermedad, 40 en «compra [de] insumos» y 10 en otros gastos. Los gastos correrían por cuenta del Fondo Covid-19,² creado en abril con anuencia de todos los partidos políticos. El Parlamento en pleno otorgó, ese mes, su aval para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informara de los gastos, en detalle, únicamente cuando finalice la emergencia sanitaria. De modo que, a la fecha, el gobierno sólo publica «datos globales», a pesar de la insistencia de la oposición, que apoyó la postergación de información, pero se muestra incisiva ante la opinión pública.

Hace una semana la ministra Azucena Arbeleche dijo, en conferencia de prensa, que, en realidad, en 2020 se gastaron 100 millones de dólares menos de lo estimado en agosto. Aunque sólo se dieron a conocer las cifras hasta noviembre, según la ministra, en lugar de los 768 millones proyectados inicialmente, el gasto de 2020 fue de unos 625 millones. Adjudicó la diferencia a que las erogaciones destinadas a la seguridad social fueron menores a las estimadas. «Hicimos proyecciones más pesimistas, de más personas yendo al seguro de desempleo», valoró.

Pero aunque se gastó menos, «lamentablemente la pandemia no terminó», dijo la ministra. Y aseveró que el apoyo del Fondo Covid será «incondicional». En virtud de ello, no tuvo más remedio que hacer una segunda corrección a lo dicho en el pasado. Reconoció que –«como se continúa con los gastos y la situación extraordinaria de la pandemia»– el déficit fiscal proyectado para 2021 será mayor a lo previsto. Cuando se presentó la ley de presupuesto, en agosto, el gobierno había estimado cerrar el 2021 con 4,1 de déficit. «Lo estamos revisando», actualizó Arbeleche.

En agosto, a la hora de argumentar en favor de los recortes promovidos por la ley de presupuesto, hubo dos señales. Se aseguró a quienes reclamaban el apoyo estatal para los afectados económicos de la pandemia que los recursos iban a estar disponibles. Y se garantizó a los que esperaban que el gobierno no se apartara de su meta fiscal la reducción del déficit para 2021. Cinco meses después, hay dos rectificaciones. Se gastó menos de lo que se afirmó que se gastaría. Y se prometen más erogaciones, lo cual no garantiza las proyecciones de abatimiento del déficit en los niveles anunciados.

El presupuesto, sin embargo, fue aprobado en setiembre. Junto con la Ley de Urgente Consideración, sancionada en julio, sentaron las bases de la política económica del gobierno de Luis Lacalle Pou. En tanto, la crisis económica comienza a mostrar los dientes. Mientras los afectados demandan cada vez más recursos del Estado, los socios económicos del gobierno insisten en restringir el gasto público.

Se acabó el empleo

Es cierto que los envíos al seguro de paro fueron menores en el segundo semestre del año. No parece ser evidente, empero, que ese factor justifique una desaceleración del auxilio económico. El Banco de Previsión Social fue el principal amortiguador del desplome del empleo durante este año. Según cifras del organismo, en los primeros meses del año, la cantidad de trabajadores amparados por el seguro rondaba los 45 mil. En marzo –cuando irrumpió el virus–, se registró un incremento histórico que alcanzó, de un zarpazo, a 118 mil beneficiarios. La cifra continuó subiendo hasta alcanzar un pico de casi 186 mil personas amparadas en mayo. Desde entonces, se fue desinflando mes a mes hasta llegar a noviembre con poco más de 76 mil beneficiarios.

Un nivel muy por encima de los guarismos prepandémicos: en el mismo mes de 2019 había 42 mil trabajadores en esta situación. En 2019, el Instituto Cuesta Duarte calculaba que el 29 por ciento de los ocupados (más de 468 mil personas) recibía menos de 20 mil pesos por mes. «Muchos de estos trabajadores seguramente pasaron por el seguro por desempleo en estos meses y vieron reducidos sus ingresos en aproximadamente una tercera parte, que es el monto del beneficio», sostuvo en un documento reciente.

Enero de 2020 empezó con 1.444.870 trabajadores cotizantes en la seguridad social. En noviembre, sólo quedaban 1.385.355 puestos. Al igual que lo sucedido con el déficit fiscal, a mitad de año el gobierno hizo proyecciones del mercado de trabajo para 2021 bastante «optimistas», según la mayoría de los análisis independientes. Esta disonancia se fue consolidando hacia el final del año. La última encuesta de expectativas económicas del Banco Central, si bien auguraba una leve recuperación del empleo, se mantenía menos prometedora que las estadísticas oficiales: una tasa de empleo de 55 por ciento y una tasa de desempleo de 10,3. El Cuesta Duarte, en tanto, estimó un 54,2 por ciento de ocupación y un 10,7 de desempleo.

Los economistas del movimiento sindical aseveraron que entre 2019 y 2020 se perdieron alrededor de 62.500 empleos. En diciembre, por ejemplo, en un evento virtual dirigido a empresarios, CPA Ferrere echó sombras sobre los cándidos números del gobierno. CPA proyecta una caída del 5,9 por ciento del PBI. «Además de suponer que el PBI se recuperaría en 2021 y alcanzaría los niveles prepandemia, el presupuesto quinquenal afirmaba que el empleo en 2021 recuperaría los niveles de 2019. Con la información que tenemos hoy, nosotros creemos que eso no va a ocurrir», dijo Alfonso Capurro, gerente de la consultora.

Capurro recordó que de 2000 a 2003 el país perdió alrededor de 80 mil puestos de trabajo, de 2003 a 2014 se crearon 430 mil y de 2015 a 2019 se volvieron a perder más de 50 mil puestos. Las proyecciones de CPA indican que en 2020 se perdieron 60 mil puestos de trabajo más, de los cuales solamente se recuperarán 20 mil en 2021. «Pensamos que el empleo se va a estar recuperando más lento que la actividad económica», afirmó.

Que la economía no se recuperará en 2021 es también una proyección del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), que prevé una caída del PBI mayor a 6,1 por ciento y estima un lento crecimiento de 2,3 por ciento en 2021 y de 2,2 en 2022. Es decir, no habrá –tampoco según el CINVE– una recuperación «en v». «Y lo que es más importante: dilata hasta 2023 la recuperación de los niveles de actividad económica de 2019», anotaba a fines de diciembre.

El Cuesta Duarte estimó una caída del 2,5 por ciento del salario real de los privados para 2020. Respecto de lo que sucederá este año, el documento de perspectivas del Cuesta Duarte tampoco es optimista y prevé un agravamiento de la desigualdad. Manifiesta: «En materia de ingresos salariales, durante 2021 el salario real volverá a caer. En el caso del sector privado, durante el primer semestre de 2021 la caída se atribuye a los convenios firmados en el marco del período puente.

Lo que suceda en el segundo semestre dependerá en buena medida de los lineamientos salariales que proponga el Poder Ejecutivo para la ronda que inicia el 1 de julio. Pero difícilmente este convoque una ronda de negociación abierta a todos los grupos, como en el pasado. Más allá de los “correctivos” pactados en el marco de la octava ronda (que estimamos entre 1 y 2 por ciento), no prevemos que con la actual política salarial se propongan aumentos en julio de 2021, y es probable que la recuperación se postergue».

Nos vemos en junio

Los analistas privados se refieren a la próxima ronda de salarios (en julio de 2021) como un «punto crítico» de la agenda económica del gobierno. Para entonces, dicen, el Ejecutivo deberá decidir la «desindexación» de los salarios. Es decir, barrer con la sujeción de los salarios al aumento de los precios, lo cual garantiza que no haya pérdida del poder de compra, pero –según algunos economistas– es uno de los principales factores que explican el alza de la inflación. El gobierno llegará a negociar a la novena ronda con el mercado interno deprimido y con la economía de los trabajadores por el suelo.

«Parece difícil que Uruguay pueda cumplir ese objetivo de desinflacionar la economía si no modificamos definitivamente las cláusulas de indexación de los salarios», dijo a los socios de CPA el economista Alfonso Capurro en diciembre. Y aclaró: «Pero para poder desindexar salarios […] la negociación necesita, a mediados del año que viene, señales claras sobre el proceso de desinflación […]. Y eso seguramente requiere acciones más firmes del lado de la política monetaria». Es decir, requeriría una intervención del Banco Central para frenar el aumento de los precios, algo que el gobierno ha evitado en todos estos meses porque impactaría en el mercado interno.

Gabriel Oddone, otro de los economistas asistentes al evento, argumentó que el gobierno llegó con una política económica basada en tres mandatos: reducir la incertidumbre fiscal (garantizar que no habrá más impuestos), aumentar la competitividad (favorecer el abaratamiento de los «costos de producción») y reducir la inflación (que «dificulta» las decisiones empresariales a largo plazo). El gobierno no alteró su visión de que «el sector privado es el protagonista»; no obstante, según Oddone, algunos de los fenómenos económicos que acarreó la emergencia sanitaria provocan que ese norte «corra el riesgo de ser revisado».

La principal distorsión del plan del gobierno tiene que ver –en palabras de Oddone– con su «economía política»: «Las resistencias que pueden generar algunos de estos cambios agravados por un escenario de mayor conflictividad social».

Al no ver mensajes con la contundencia esperada, algunos economistas del riñón ideológico del gobierno han plantado protestas. El economista Javier de Haedo vertió ayer a Búsqueda su insatisfacción con declaraciones como: «El eslogan electoral completo decía: “No vamos a subir los impuestos y vamos a bajar el déficit fiscal por la vía de ahorros de gasto”. En este primer año, no se subieron los impuestos, pero la baja del déficit estructural fue insignificante», o como: «Mi diagnóstico es que no van a poder lograr la meta fiscal en el período sin subir los impuestos, claramente», o: «Pero todo el partido se juega con los consejos de salarios: si se vuelve a un modelo como en las últimas rondas del Frente, donde había indexación –aunque diferida–, sería una señal muy negativa en cuanto a la inflación esperable».

Secos y mojados

Mientras tanto, la cantidad de pobres aumenta. O al menos esa fue la conclusión a la que llegaron los investigadores del Instituto de Economía (IECON), de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, Mauricio de Rosa y Matías Brum, que estimaron la cifra de pobreza para el segundo trimestre de 2020.⁵ Entonces, el país surcaba por las consecuencias más arduas del parate económico. Los investigadores idearon un método preciso para calcular la tasa de pobreza en tiempo real, tomando en cuenta la caída de los ingresos de los trabajadores formales, autónomos e informales.

De Rosa y Brum demostraron, con los datos de abril, mayo y junio, que hubo un aumento porcentual de 3,3 puntos en la tasa de pobreza del país (de 8,5 a 11,8). Lo cual implicaba que alrededor de 116 mil personas habían visto caer sus ingresos por debajo de la línea. A la vez, calcularon el monto teóricamente necesario que el gobierno debería invertir para evitar ese aumento: serían alrededor de 26,7 millones de dólares mensuales. Valoraron entonces que las políticas gubernamentales para abatir el aumento eran «modestas», puesto que sólo alcanzaban a reducir la tasa calculada en un 17,6 por ciento (o sea, en ausencia de políticas, habría 25 mil pobres más).

Los investigadores realizaron un ejercicio similar, para igual período de tiempo, tomando en cuenta esta vez el impacto económico sobre la pobreza infantil. A pesar del alto nivel de incertidumbre que afecta las mediciones económicas, concluyeron que algunos resultados del estudio «lucen evidentes y muy probablemente se sostengan con independencia de la evolución concreta de la crisis asociada a la pandemia de la covid-19. En particular, la pobreza en niños, niñas y adolescentes se incrementará por encima de la población general, en un porcentaje, al menos, 30 por ciento superior, profundizando así los problemas de infantilización de la pobreza que Uruguay arrastra desde la década de 1990».

Los niveles de la pobreza infantil en Uruguay eran de 15,5 por ciento (144.560 afectados). Luego del shock económico de la pandemia, alcanzaría a más de 180 mil. «Podemos afirmar –concluyen los investigadores– que al menos una de cada tres personas que caigan bajo la línea de pobreza será menor de edad. Este problema se agudiza, en particular, en los grupos de menores de 6 años, donde se concentra el grueso del efecto estimado».

Claro que las sombras no cubren a todos por igual. Según datos de la Asociación del Comercio Automotor, en 2020 se compraron más de 36 mil vehículos cero quilómetro en el país. Si bien se registró una disminución global en relación con 2019, llamativamente en los meses de noviembre y diciembre se compraron 9.128 vehículos nuevos, una cifra mayor a lo comercializado durante los mismos meses de 2018 y 2019. Hilando fino, se puede ver que en el segundo semestre de 2020 se compraron más vehículos cero quilómetro pesados que en los dos años anteriores. Entre agosto y diciembre, se compraron más camionetas de alta gama SUV (sports utility vehicle) que lo consignado en los mismos meses de 2018 y 2019. Y entre setiembre y diciembre se compraron más camiones que en el mismo período de los dos años anteriores.

Según el informe de comercio exterior de Uruguay XXI para 2020, los tractores representaron el 13 por ciento de los vehículos importados, cuando ese porcentaje en 2019 había sido de 10 y en 2018 de 8 por ciento. En el mismo informe consta que la categoría «químicos para el agro» trepó al segundo lugar de las importaciones en 2020, cuando en los dos años anteriores no figuraba ni entre los diez bienes más importados en el país. No se dispone aún de datos de importación de herramientas para la producción agrícola durante 2020. Las cifras más actuales corresponden al índice de inversión de maquinaria agrícola, elaborado por la firma Carle y Andrioli, que en julio de 2020 indicaba que las importaciones de estos elementos se habían revitalizado súbitamente, presentando niveles sólo comparables (aunque por debajo) al último boom de las commodities.

En 2020, las exportaciones tuvieron una caída significativa (12,5 por ciento: la mayor en las últimas décadas). Según Búsqueda, sin embargo, el total de las 20 principales empresas exportadoras fuera de zonas francas colocó bienes en el exterior «por apenas 3 por ciento por debajo» de 2019, la mitad tuvo pérdidas en la facturación, dos mantuvieron las ganancias y el resto aumentó las ventas (entre ellas, siete firmas vinculadas a la industria frigorífica y la empresa SAMAN).

Las proyecciones de Uruguay XXI para 2021 son de un «crecimiento generalizado» de las exportaciones –jalonado por la recuperación de las economías asiáticas– en un porcentaje cercano al 7 por ciento, equivalente a 8.600 millones de dólares. Seguramente no serán los únicos que liderarán el pelotón, pero, sobre ellos, las estadísticas suelen ser más discretas.