Datos de la realidad argentina: más dudas y bretes del gobierno
Juan Guahán-Qustion Latinoamérica|
El gobierno argentina se concentró en los últimos días en tres cuestiones que lo tienen a mal traer. Son negativos, el Informe oficial esatadístico con datos económicos que son para preocuparse y un traspié en la Justicia que fortalece rumores que circulan. Como un aspecto positivo, desde los despachos oficiales esperan que funcionen las medidas orientadas a reunir más dólares y evitar una devaluación forzada.
Los datos económicos, no por esperados dejan de ser graves.
Una pobreza del 40,9% significa que existen 18,5 millones de pobres (2,5 millones más que un año atrás, cuando estaba en el 35,4%). Un 10,5% de la población son indigentes, son 4,8 millones de personas (1,3 millones más que en 2019). 
Las provincias del Noreste (Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones) y el Gran Buenos Aires, son los lugares más afectados del país. Si hablamos de niños menores de14 años, el nivel de pobreza se eleva al 52,6% y la indigencia al 15%.
Cuando analizamos por edades la mayor pobreza se registra entre los jóvenes entre 14 y 25 años. Éstas son algunas cifras de cómo evolucionó el tema de la pobreza en nuestro país. A lo dicho hay que agregar que las perspectivas de sustanciales mejoras, para el segundo semestre del año, no son muy grandes.
El otro tema que sacudió al gobierno fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia al aceptar el per saltum (una modalidad que le permite a la Corte pasar por encima de otras instancias que debían intervenir) y abocarse a la resolución de la situación de los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli.
Ellos debían ser trasladados, volviendo a sus juzgados de origen, por una decisión del Senado, adoptada hace un par de semanas atrás. El Poder Ejecutivo, mediante los respectivos decretos, ordenó su cumplimiento.
Ahora la Suprema Corte resolvió que tal medida debe cesar hasta que esa instancia resuelva en definitiva. De ese modo quedó suspendido el traslado de los jueces que tendrían que intervenir en polémicos casos de corrupción en los que aparece envuelta la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Se estima que la Corte resolverá la cuestión de fondo en un par de semanas. La velocidad de la respuesta está fundada en el hecho que, si el Senado hubiera contado con el tiempo suficiente para cubrir esas vacantes el tema quedaba liquidado.
El macrismo había traído esos jueces desde distintos juzgados para integrar la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, lugar al que van apelaciones de la Justicia Federal. Aquél traslado fue avalado por la Acordada 7 de la Corte Suprema de Justicia (11 de abril 2018). Tres de los actuales cinco integrantes de la Suprema Corte firmaron aquella Acordada.
Por esa razón era esperable que la Justicia tomara el caso y no es descartable que lo resuelva en contra de los intereses de un gobierno confiado que el cambio de rumbo político le alcanzaba para modificar el criterio de aquella Acordada.
Quienes tienen un espíritu más conspirativo imaginan que esto es una cuestión clave sobra la relación futura entre los poderes Ejecutivo y la cabeza del Judicial. Esto puede terminar en un reacomodamiento interno que vuelva las cosas a su lugar y falle según el interés del Ejecutivo o que la situación se tensé aún más y el fallo sea contrario.
El fallo fue unánime, pero el Presidente del Supremo Tribunal, Carlos Rosenkratz, diferenció su voto adela
ntando que este caso es el inicio de más de un centenar de casos que lo podrían seguir con los mismos argumentos.
Desde el gobierno, particularmente de aquellos que abrevan en las fuentes cristinistas, la reacción fue espontánea y airada. No solo pesan los riesgos penales a los que puede quedar sometida la expresidenta sino que sienten que han sido desairados en el corazón de su pensamiento: ¡Somos el gobierno por decisión soberana y los demás poderes debe ajustarse a esa mayoría!
En este fallo se está jugando buen parte de las orientaciones políticas de los futuros fallos judiciales y de la integración de buena parte de la cúspide de ese poder estatal.
Quedan por señalar las expectativas que el gobierno ha depositado en las medidas económicas adoptadas en la última semana, que apuntan a dos objetivos complementarios: detener la sangría de reservas del Banco Central y evitar una devaluación descontrolada.
Sobre el primer tema se trata de mejorar los ingresos de dólares e ir cerrando las compuertas por donde escapan.
Es posible que la decisión más fuerte sea la reducción de las retenciones sojeras que bajan del 33 al 30%. Progresivamente volverían a aumentar y en enero retornarían al porcentaje actual. Son muchas las expectativas puestas en esa materia para que los fondos de las exportaciones vuelvan más rápidamente al país. Tratando de evitar que se escapen se dictó -entre otras- la publicitada medida de poner restricciones a los ahorros en dólares. Esa mecánica permitía comprar mensualmente hasta 200 dólares, al cambio oficial.
El gobierno considera que sectores económicos, ligados a la oposición, están fogoneando una devaluación forzada. El gobierno quiere adelantarse y está ensayando en subir la “devaluación por goteo” para reducir la brecha entre la moneda oficial y sus otras versiones.
Saben que una devaluación brusca, en estas circunstancias, podría tener efectos catastróficos en una economía deshilachada.
*Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)