Garantizar el acceso a vacunas para los pueblos indígenas de la región
FILAC|
La propagación de la COVID-19 en los territorios y pueblos indígenas de América Latina refleja una tendencia incremental en los meses de junio y julio. Así, hasta el 5 de agosto de 2020, la Red Regional de Monitoreo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) reportó la existencia de un total de 62,473 casos positivos de COVID-19 en indígenas de la región, considerando solo aquellos países en lo que se han podido obtener o en su caso, proyectar datos.
Esto significa un incremento de ocho veces que el registrado a principios de junio, que ascendía a 7,246 indígenas contagiados. Del grupo de 13 países considerados, Brasil, Perú y Guatemala presentan el mayor número de casos de contagios en las poblaciones indígenas, representando el 72,5 % del total de casos de la región.
Junto a esos datos, el tercer informe de la Plataforma Regional Indígena frente a la COVID-19 plantea los posibles escenarios o momentos importantes para enfrentar esta enfermedad. El Informe habla de los avances científicos sobre la fabricación de las vacunas y su respectivo acceso a ellas. En eso, se conoce los varios factores que van a incidir a la hora de la aplicación de la misma. El acceso a ellas debiera estar garantizada por los Estados como política pública de salud.
Pero la discusión va más allá de que la o las vacunas sean un bien público e incluso no se establezcan barreras comerciales o políticas para su acceso, lo importante es mirar desde ahora, como lo reporta el Informe en cuestión, cómo hacer efectiva la vacunación de los pueblos y las comunidades indígenas, ya que todo da a pensar que la misma no estará asegurada.
En ese escenario, desde el FILAC el Informe aboga porque se otorgue especial atención en al menos, tres aspectos que permitirán el acceso de los Pueblos Indígenas a la vacuna contra la COVID-19.
Garantizar el acceso a las vacunas para los pueblos indígenas
En primer lugar, las instituciones de salud de los Estados y organismos internacionales deben incluir programas y estrategias específicas para los Pueblos indígenas. Esa es la única manera de poder incluir a los Pueblos Indígenas en la esperada vacunación para contrarrestar la pandemia.
Por otra parte, se requieren respuestas técnicas que tomen en cuenta la situación geográfica, la dispersión y distancias en las que viven las comunidades indígenas. Elemento clave sobre todo en lo referente a la conservación de la cadena de frío que permita que la inoculación produzca los efectos deseados.
Además, se requieren estrategia y campañas de vacunación con pertinencia cultural, que contemple y respete, desde los idiomas locales hasta las dimensiones de salud propias de los pueblos y comunidades. Sin ello, es altamente probable que se fracase en la masificación de las vacunas.
Es imprescindible incorporar a las autoridades, organizaciones y liderazgos indígenas en el diseño e implementación de las estrategias y campañas de vacunación ya que nadie conoce mejor el cuándo y cómo se deben hacer las cosas, sino los mismos Pueblos Indígenas.
Todas estas recomendaciones parecen obvias, sin embargo, en los más de 5 meses de la pandemia se ha visto que las diferentes recomendaciones, por obvias que parezcan no se tomaron en cuenta. En la gran mayoría de los países ni siquiera se han desagregado datos oficiales sobre el impacto de COVID-19 en los pueblos indígenas, menos desarrollado estrategias o programas adecuados y eficientes.
Vacunas en curso
Estamos al mes de septiembre cuando se tiene 29 vacunas que se encuentran en estudios clínicos, 138 vacunas candidatas a fase preclínica. Existen 8 vacunas en fases más adelantadas.
El 16 de agosto, el gobierno de China aprobó la primera patente de una candidata a vacuna contra la COVID-19 que aún continúa en la fase III de pruebas y que, según se informó, es “rápida y fácil de preparar” y podría “ser producida en masa en un breve periodo de tiempo”.
Unos días antes, la Federación Rusa anunció que su país ha desarrollado y aprobado una vacuna contra la COVID-19, que actualmente también se encuentra en la fase III. Según las autoridades, la vacuna podría empezar a aplicarse en septiembre y daría inmunidad por dos años a las personas inoculadas. La OMS está en contacto con las autoridades sanitarias rusas, discutiendo la posible precalificación de la vacuna, que requiere su revisión y evaluación rigurosa.
En la misma semana, los gobiernos de Argentina y México anunciaron acuerdos con una universidad y un laboratorio privado de Inglaterra para iniciar la producción de vacunas contra la COVID-19.