José Negrón Valera-Sputnik

Encabezada por Estados Unidos, una decena de países, los que usualmente violan el derecho internacional para bombardear y despedazar naciones enteras, amenazaba con una invasión militar si Nicolás Maduro no renunciaba a la Presidencia de la República.

Hoy, los Gobiernos cartelizados en el denominado Grupo de Lima se encuentran con graves crisis internas, muchos de sus presidentes han sido enjuiciados por actos de corrupción o son ampliamente repudiados por sus propios pueblos. Mientras tanto, Venezuela, no sin graves dificultades, luce como uno de los países más estables de la región.

Un panorama que era imposible de avizorar, visto el resumen que hacemos de este 2019.

Enero o la inauguración de los gobiernos exprés en América del Sur

Un desconocido diputado llamado Juan Guaidó, respaldado por apenas 97.000 votos y que llegó segundo en su elección como parlamentario regional, decide autoproclamarse presidente de Venezuela en una plaza pública. Ese el resumen, sucinto.

El 5 de enero, Guaidó, del partido Voluntad Popular, liderado por el dirigente opositor, Leopoldo López, asume la presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela. Su designación envía el mensaje de que lo próximo sería la confrontación directa con el Gobierno de Nicolás Maduro. El 13 de enero, en complicidad con el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Christopher Figuera, se práctica un procedimiento de detención de Guaidó cuyo objetivo era poner en el mapa internacional y mediático a un personaje hasta ese momento intrascendente dentro de la política nacional. Se preparaba el terreno para el 23 de ese mes, cuando Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela.

En un guión que tenemos décadas presenciando, Estados Unidos fue el primer país en reconocerlo.

Febrero, la banda sonora de una invasión

Con un mes de intenso trabajo mediático, Estados Unidos preparó su gran carta para Venezuela. A través de su megáfono en el país, Juan Guaidó coloca el día 23 de febrero como fecha para generar la gran excusa que necesitarían para provocar una respuesta multinacional contra el Gobierno de Maduro. El eufemismo escogido fue el «ingreso de ayuda humanitaria«.

El día 22, mientras artistas latinoamericanos y españoles que solo tienen sensibilidad social cuando se trata de Venezuela, afinaban sus voces para recaudar millones de dólares que desaparecerían entre hoteles y fiestas algunos meses después, Juan Guaidó ingresaba de manera ilegal a Colombia de la mano de uno de los grupos paramilitares más sanguinarios de ese país: los Rastrojos.

El Día D comenzó, como suelen acostumbrarnos los hacedores de la guerra, con un falso positivo.

Desertores de la Guardia Nacional Bolivariana roban una tanqueta del lado venezolano de la frontera y embisten contra civiles en el Puente Simón Bolívar. Los desertores fueron recibidos en Colombia por diputados opositores venezolanos entre los que se encontraba José Manuel Olivares.

Más tarde, camiones que transportaban la supuesta ayuda humanitaria enviada por la USAID fueron quemados en vivo y directo. Desde el inicio, se reveló que dicha acción fue producto de las bombas Molotov lanzadas desde el lado colombiano por manifestantes violentos. El fuego dejaría otra evidencia. La carga que intentaban ingresar a Venezuela contenía material logístico para provocar disturbios violentos en el país.

La reunión en Cúcuta entre el presidente de Colombia, Iván Duque, su homólogo chileno, Sebastián Piñera, el secretario de Estado, Mike Pence, y su partner in crime Guaidó con el fin de supervisar cómo se vulneraba la frontera venezolana, culminó sin el resultado esperado.

Marzo, el castigo colectivo para el pueblo venezolano

El 3 de marzo, Juan Guaidó ingresa de nuevo a Venezuela luego de una gira que realizó por Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, en compañía de Kimberly Breier, subsecretaria de Estado de EEUU para asuntos del hemisferio occidental.

Pese a la expectativa mediática y el deseo de Estados Unidos de contar con alguna excusa que le permitiera continuar el ataque a Venezuela, el Gobierno venezolano decide no detener a Guaidó.

La sociedad venezolana se mantiene indiferente al llamado de movilización en las calles hecho por Guaidó a su regreso. Ese es el contexto en el que ocurre el primer sabotaje eléctrico de gran magnitud en Venezuela, es el jueves 7 de marzo.

Un ataque informático contra el cerebro de la Central Hidroeléctrica del Guri, según informó el Gobierno venezolano, dejó a la mayoría del país sin energía eléctrica. Surtidores de combustible, bombas de agua, equipos médicos, artefactos domésticos, la vida entera del país es trastocada. Y no sería la única vez.

Con el sistema apenas restableciéndose, ocurre un segundo sabotaje de gran magnitud el 25 de marzo. La administración de Nicolás Maduro informa que un francotirador disparó contra el patio de transmisión eléctrica lo que generó un incendio de grandes proporciones. Falla el servicio de transporte subterráneo, aeropuerto, el suministro de agua potable, hospitales y clínicas se ven nuevamente afectados. Aún en estas condiciones, no se genera la implosión social que la oposición espera.

Abril, ¿golpe contra el gobierno o contra la propia oposición?

El 30 de abril, se produce un intento de golpe de Estado. Leopoldo López evade su arresto domiciliario y lidera con Guaidó una fallida insurrección militar en los alrededores de la Base Aérea de La Carlota.

La fuga del país, de quien hasta ese momento se desempeñaba como jefe del servicio bolivariano de inteligencia, Christopher Figuera, adelanta una operación que debía ocurrir el 1 de mayo.

El hecho sorprende mucho más a los líderes de oposición que al propio Gobierno de Nicolás Maduro. El intento de golpe fue neutralizado en menos de dos horas. Leopoldo huye a la residencia del embajador de España y los militares escapan hacia la embajada de Brasil.

Mayo, ¿apropiarse de los recursos de Venezuela? Probemos otro enfoque.

El golpe fallido causó más daño a la oposición que al chavismo. Guaidó intenta desesperadamente organizar marchas y manifestaciones en todo el país. Sin embargo, su capacidad de convocatoria comienza un declive del cual jamás se recupera. La estrategia cambiaría ante el poco apoyo popular.

El 13 de mayo, Estados Unidos ordena el desalojo de la Embajada de Venezuela en Washington. Se intenta dar más legitimidad al gobierno paralelo de Guaidó para avanzar en una nueva etapa de la intensificación del bloqueo económico contra Venezuela. El primer paso, apropiarse ilegalmente de Citgo, además de cuentas de la República en Europa y EEUU.

Para finales de mayo, se inician bajo el auspicio de Noruega, acercamientos entre el Gobierno de Nicolás Maduro y sectores de la oposición. Esta situación provocaría serios conflictos al interior del sector antichavista.

Junio: Guaidó, acosado por sus demonios internos

El 18 de junio, un portal de noticias relacionado con la opositora Maria Corina Machado comienza una campaña contra Juan Guaidó y su entorno. El llamado Cucutazo develó el manejo irregular por parte de allegados a Guaidó de los fondos que se habían entregado bajo el paraguas de la ayuda humanitaria.

Ante las acusaciones, Juan Guaidó decide congraciarse con el ala más radical de la oposición promoviendo el 23 de junio que Venezuela sea incorporada en el Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR), con lo que se reabre la amenaza de una intervención militar en el país. Apenas cuatro días antes, Michelle Bachelet, comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, había visitado Venezuela a solicitud del presidente Nicolás Maduro, para constatar el estado de los derechos humanos en la nación suramericana.

Mientras tanto, el 26 de ese mes, el Gobierno de Venezuela denuncia que la oposición planeaba un nuevo golpe de Estado. Detienen a varios de los implicados, entre ellos Rafael Acosta Arévalo, capitán de corbeta retirado. Son mostrados en video planeando el golpe. El plan consistía en robar el parque de armas del Banco Central de Venezuela para asesinar a Maduro y a Diosdado Cabello.

El Gobierno los tenía infiltrados y afirmó tener más de 56 horas de videos y audios de los planes de golpe. Sin embargo, el ambiente se enrarece cuando se anuncia que el 29 de junio muere en custodia de la Dirección General de Inteligencia Militar (DGCIM) el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, implicado en dicha conspiración. La Fiscalía General de la República imputa a dos funcionarios de la DGCIM por ese suceso.

Julio y agosto, de diálogos y nuevas conspiraciones

El 4 de julio, Michelle Bachelet publica el informe de los derechos humanos en Venezuela. El Gobierno de Nicolás Maduro reacciona ante lo que considera un documento sesgado que omitió cualquier referencia a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos, así como la versión de las víctimas de la violencia promovida por la oposición en el año 2017.

El 16 de julio, el diálogo iniciado en Noruega entre Gobierno de oposición se muda a Barbados. El sector más radical del antichavismo comienza una intensa campaña mediática para boicotear cualquier opción que no sea el uso de la fuerza. Argumenta que se debe aislar a Venezuela del concierto internacional. Cuatro días más tarde, el gobierno venezolano recibe más 120 delegaciones ministeriales de naciones que integran el Movimiento de Países No Alineados.

Las fracturas internas de la oposición, sumado a la imposibilidad de bloquear diplomáticamente a Venezuela, alimentan las salidas violentas. El 31 de agosto, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, denuncia un nuevo plan terrorista dirigido desde Colombia. Los objetivos escogidos en dicha ocasión serían «el centro de Caracas, las torres Simón Bolívar, el bloque 40», informó Rodríguez.

Septiembre, la trama narcoparamilitar de Juan Guaidó

El 5 de septiembre, Juan Guaidó es acusado por el Gobierno venezolano de negociar el territorio Esequibo a cambio de apoyo político del Reino Unido. Los audios que lo confirman fueron presentados por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y fueron suficientes para que la Fiscalía abriese una investigación al diputado opositor por el delito de traición a la patria.

Tan solo ocho días después, estalla un nuevo escándalo. Caracas muestra fotos de Guaidó con paramilitares colombianos de la banda Los Rastrojos. Dichos criminales serían parte del dispositivo de seguridad que trasladaría a Guaidó a Cúcuta los días previos al 23 de febrero. La Fiscalía abre una nueva investigación.

El 25 de septiembre, Lilian Tintori, durante un foro realizado en Nueva York ‘confiesa’ que si tienen alianza con paramilitares, aunque luego se disculpa por «haber cometido un error idiomático».

En el flanco no abandonado de la intervención militar, septiembre también se mostró lleno de acontecimientos.

Con una coordinación nada azarosa, el 9 de septiembre, la delegación de la oposición venezolana en la Organización de Estados Americanos (OEA) envía una carta a dicho organismo para activar el TIAR. En paralelo, la Revista Semana de Colombia publica un artículo en el que denuncia que guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional y disidentes de las FARC se encuentran en Venezuela.

Dos días después, el 11 de septiembre, 12 países encabezados por Estados Unidos aprueban convocar el Órgano de Consulta del TIAR para tratar el caso venezolano. El Gobierno venezolano denuncia dicha acción como írrita y nula e inmediatamente anuncian su salida del diálogo en Barbados, por la postura de Guaidó de insistir en una opción violenta para Venezuela.

Sin embargo, en un movimiento táctico que sorprendió a todos, anuncia el 16 de septiembre la instalación de una mesa de diálogo nacional con una facción de la oposición venezolana. Uno de los primeros acuerdos fue anunciar el retorno del chavismo a la Asamblea Nacional y de esta forma restablecer las condiciones que permitan la convivencia y la paz entre ambos sectores políticos.

Octubre, noviembre y diciembre, un trimestre de grandes reflexiones.

Un hecho que podría resumir las sorpresas de este 2019, es que si alguien hubiese dicho que para finales de año Venezuela no solo sería más estable que Chile, sino que además lograría una banca en la comisión de Derechos Humanos de la ONU, nadie lo habría creído.

Tampoco habría sido considerado que el Gobierno de Evo Morales, ese que logró reducir a la mitad la pobreza en Bolivia y que además la convirtió en la nación de más rápido crecimiento, sería derrocado.

Estados Unidos no podía permitir que 2019 confirmara su declive como imperio. Con la derrota que sufriera en Venezuela, el retorno de Cristina Kirchner en Argentina y el resquebrajamiento de los Gobiernos neoliberales en la región, debía recordarles a los pueblos que la imposición de dictaduras sigue siendo su marca registrada.

Por lo pronto, Venezuela cierra el 2019 con una oposición fragmentada e inmersa en una guerra intestina. A estas alturas, Juan Guaidó no tiene garantizada su reelección como presidente de la Asamblea Nacional, pero vistas las enseñanzas que nos deje este año, poco importa quien ocupe dicha posición. Los operadores de Estados Unidos pueden variar, lo que sí se mantendrá lastimosamente invariable será el afán de Estados Unidos de no permitir la existencia de Gobiernos soberanos en la región. ¿Cuántos fracasos bastarán para que cambien de opinión? Veremos.

Anexo

La lucha política es una lucha simbólica

Oscar Schemel-Interlaces

La contundente y repetida derrota de la estrategia insurreccional contra el Gobierno Bolivariano demuestra que la derecha venezolana no ha acumulado las suficientes fortalezas políticas, sociales y simbólicas para cambiar la correlación de fuerzas dentro del país ni para derrocar al Presidente Constitucional Nicolás Maduro.