Bloqueo al “dinero plástico”; alternativas
José Gregorio Piña T.
Lo primero que debemos precisar es que el Ejecutivo venezolano no se plantea implementar un sistema propio de pago mediante tarjetas de débito y crédito, cosa que ya nosotros sí planteamos; sino que ha instruido a las grandes empresas procesadoras de dichas tarjetas en el país, a que a la brevedad posible configuren un canal alterno para procesar dichos pagos, que funcione dentro de Venezuela, sin usar los canales de sus casas matrices en ek exterior.
Eso significa que los pagos nacionales con el dinero plástico podrían ser procesados internamente, sin que la transacción deba pasar electrónicamente por canales foráneos que pudieren estar sujetos a medidas coercitivas de prohibición impuestas por autoridades de EU.
Tal procesamiento doméstico es posible, porque las entidades que emiten las tarjetas de débito y crédito son los bancos públicos o privados, que son nacionales y operan dentro del país.
Las operadoras de tarjetas sólo posibilitan que esos plásticos puedan ser usados en el exterior, ya que manejan redes globales de comercios y bancos corresponsales afiliados. De hecho, en otros países existen redes de pagos con dinero plástico de uso estrictamente nacional. En cualquier caso, esa ventaja del uso internacional de las tarjetas de los bancos venezolanos, está ya bloqueada por las mismas medidas coercitivas de EUA ya mencionadas.
Lo que busca el Ejecutivo Nacional es eliminar el riesgo de que también sea bloqueado el uso de las tarjetas dentro de Venezuela, afectando a la totalidad de la población en cuanto a compras de todo tipo mediante puntos de venta; medida que de manera parcial, por ahora, ya ha afectado a dos bancos del Estado.
En tal sentido, hasta donde ha trascendido de la información oficial de la Superintenbdncia de Bancos, el que participen las mismas operadoras que son franquicias de las cadenas trasnacionales, a mi juicio, es un punto vulnerable del proyecto, ya que las mismas no tienen intereses nacionales y pudieren estar sujetas en sí mismas a restricciones legales de los EU. De hecho, ya hubo a finales de 2016 una experiencia negativa con una de esta operadoras que, según trascendió noticiosamente, bloqueó durante algunas horas, de manera intencional las operaciones con el dinero plástico.
Como alternativa, hemos venido proponiendo en artículos y declaraciones desde el año 2015, que el BCV asuma directamente la función integradora de las operadoras de tarjetas de débito y crédito; de manera similar a como lleva la Cámara de Compensación Electrónica (CCE); debemos decirlo, con gran eficiencia y capacidad tecnológica.
La Ley del BCV es lo suficientemente amplia para dar cabida a este desarrollo complementario de la CCE, incluso en los detalles comerciales de la operación con dichas tarjetas, tanto con los bancos emisores, como con los tarjetahabientes.
Adicionalmente, el Ejecutivo Nacional impulsa el desarrollo y masificación de medios electrónicos alternativos de pago, como el llamado Biopago (con identificación biométrica), o el llamado C2P (Commerce to Person). Esta última opción tiene la desventaja que la carga tecnológica recae en el comprador, ya que requiere tener un teléfono móvil y tener que hacer uso de él en comercios y otros sitios públicos.
Ante esto, también está la alternativa de tecnología QR, que pudiere ser con el llamado Carnet de la Patria y la Plataforma Patria; que ya existe, es totalmente nacional, es del Estado, y progresivamente ha venido desarrollando transacciones similares a un banco, incluso una tipo de crédito restringido, ya que ahora se puede pagar servicios afiliados a la Plataforma Patria, incluso sin tener fondos en el Monedero Virtual, fondos que serán descontados de un próximo abono fijo. Igualmente, dicha plataforma permite recibir, comprar y vender Petros.
Así las cosas, es un hecho que la Plataforma Patria ha venido creciendo hasta requerir ya un manejo bancario directo; lo que permitiría adicionarle la función de pago como tarjeta de débito o crédito asociada a las cuentas en bancos comerciales. Tal escenario encuadra mejor si se adopta mi tesis de que sea el BCV el ente que absorba todas estas funciones, incluso el manejo centralizado de la Plataforma Patria; aspecto que se facilita porque la oficina Nacional del Tesoro mantiene sus fondos en el BCV, de donde los moviliza a los bancos comerciales, para canalizarlos, entre otros destinos, a la Plataforma Patria, de donde, a su vez, los beneficiarios los movilizan a sus propias cuentas en otros bancos.