Argentina: El negocio del FMI

Horacio Rovelli|

La primera pregunta que debemos hacernos es como se llegó a esta situación de tener que acordar con el FMI, cediendo nuestra soberanía al aceptar decisiones de ese organismo internacional regenteado por los grandes banqueros y los países llamados centrales (Grupo de los 7 con clara preeminencia de los EEUU),  que nos presta plata bajo condiciones incumplibles de reducción del gasto público, de intromisión en nuestras leyes y de, otra vez, obligarnos a liberar el tipo de cambio como si la ley de la oferta y demanda se debe cumplir con las divisas, que es fundamental porque relaciona a todos nuestros precios (salarios, tarifas, interés, bienes, servicios, demás factores, etc.) con los del resto del mundo.

Como si la experiencia vivida con el fin del gobierno de De la Rúa, en que el FMI obligó al Gobierno de Eduardo Duhalde, que asume la presidencia el 2 de enero de 2002, a liberar el valor del dólar, que pasó de valer formalmente un peso a casi cuatro pesos en el mercado de Montevideo en abril de ese año.

En la actualidad el ajuste de las cuentas públicas acordado con el FMI se hace al solo efecto de disminuir el déficit fiscal, que el gobierno de Cambiemos financió con deuda externa, dolarizando el déficit por un lado, y por otra parte, dicho déficit fiscal lo provocó porque eliminó las retenciones y redujo las de la soja, disminuyó el impuesto a los bienes personales (a la riqueza) y los gravámenes a los artículos de lujo y de gran valor como embarcaciones, autos caros, avionetas, whisky, perfumes, etc., a la par que al endeudarse aumentaba el gasto en el pago de los intereses de la deuda.

En efecto, en el cuadro que se adjunta se puede ver cómo los ingresos totales crecieron menos que la inflación, que los gastos primarios (salarios, jubilaciones y pensiones, subsidios, transferencias a las universidades, a las provincias, la obra pública, etc.), también crecieron menos que la inflación del período, pero más que los ingresos, lo que ocasionó un incremento en el déficit primario de casi el 300% en términos nominales, agravado por el mayor pago de los intereses de la deuda, lo que genera un déficit en pesos, pero convertido a dólares, pasa a ser de unos U$s 39.000 millones en los años 2016 y 2017, que fue la deuda tomada por el Estado Nacional.

En el presupuesto del año 2018, también se estimaba tener un déficit fiscal igual, pero el hecho de que la Argentina, un país que representa solo el 0,4% del comercio mundial, haya sido durante los años 2016 y 2017 la que tomara la cuarta parte del total de los créditos que reciben los países emergentes (los no desarrollados), hizo que los acreedores le impusieran límite y si bien se consiguió deuda en dólares a siete años de plazo a una tasa del 6,5% anual en esa moneda, por U$s 15.000 millones  (en enero  U$s 9.000 millones y en marzo 2018 los U$s 6.000 millones restantes), viendo la situación fiscal (déficit permanente y financiado con deuda), cambiaria (atraso sistemático del valor del dólar), comercial (creciente déficit en un marco de deterioro de los precios de nuestros productos y encarecimiento de los bienes y servicios que importamos), agravado por que el retraso del dólar permitía un turismo desproporcionado y una fuga constante de capitales, decidieron no solo no prestarle más a la Argentina, sino que venden sus posiciones en pesos en el mercado local y se pasan masivamente a comprar dólares, hecho demostrado el miércoles 24 de abril de 2018 en que el BCRA les vendió U$s 1.472 millones de dólares a $ 20,20.- y tomando los cinco primeros meses del año las ventas significaron unos U$s 11.000 millones

El déficit en que incurrió el gobierno kirchnerista al final de su mandato se debía pura y exclusivamente a los subsidios, esto es, el monto del déficit son los subsidios energéticos y al transporte, de no haber incurrido en ello se hubiera logrado el equilibrio fiscal, pero la idea era seguir impulsando el crecimiento de la economía nacional con gran parte de las tarifas pagadas por el Estado

Encima estos torpes funcionarios, para que los pesos emitidos por el ingreso de los dólares de la deuda no se pasen a precios, incurrieron en el gravísimo error de generar una bomba de tiempo con las Letras del BCRA (LEBAC), que al 15 de mayo de 2018 ascendía a un total de $ 1.251.872 millones (a un tipo de cambio de $ 25.- son unos U$S 50.000 millones) cuando la Base Monetaria era a esa fecha de solo $ 1.032.630 millones y las Reservas Internacionales brutas a U$s 54.428 millones. El vencimiento de las Letras del BCRA del martes 15 de mayo de 2018 fue de $ 615.877 millones, que se renovó en su totalidad e incluso se colocaron $ 5.053 millones más, conformando un total de LEBAC de $ 620.930 millones, básicamente a un plazo de 36 días y a una tasa del 40% nominal anual, con vencimiento  en gran parte el martes 19 de junio de 2018,  a lo que se debe sumar a los $ 225.848 millones que vencen ese día, y un mes más tarde, el martes 18 de julio de 2018, se suman al vencimiento de $ 133.535 millones y así todos los meses hasta fin de año.

Ante esa situación de desarme de posiciones en pesos, para que se queden en LEBAC, el BCRA acordó tasas del 40% anual, y  de esa manera evitar una mayor corrida cambiaria, y ante la debilidad extrema de todas las variables (déficit fiscal y comercial, lento crecimiento y en algunos sectores, perdida de fuente de trabajo con el cierre de plantas ligadas al mercado interno, etc.),  es que se decide recurrir al FMI

Los condicionamientos del FMI

En línea con las condiciones generales de los acuerdos Stand-By, el FMI desembolsaría ahora, solamente unos U$s 15.000 millones y el resto, para completar los U$s 50.000 millones acordados, en caso de ser necesario.  El plazo del acuerdo es de tres años, comienza en junio de 2018 y termina en mayo de 2021. La devolución de cada desembolso se realizará en ocho cuotas trimestrales, con tres años de gracia. La tasa de interés será variable y dependerá de la evolución de la tasa de interés del derecho especial de giro (DEG), que es siempre menor que la tasa que le cobran los bancos y fondos privados a la Argentina.

En el acuerdo también se incluyen unos U$s 5.650 millones de créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y  la CAF (Corporación Andina de Fomento), que lo hacen con sus propios parámetros, para que en conjunto los acreedores  y los capitales especulativos que vinieron con el gobierno de Cambiemos (la lluvia de inversiones que decían) sepan que si se quieren pasar a dólar en el mercado argentino, el país gracias a estos préstamos está en condiciones de dárselos. Esto es, la deuda se contrae no para financiar ninguna inversión productiva, solo es garantía de que los que quieren comprar dólares lo puedan hacer.

Es por eso que se debe realizar un severo e incumplible ajuste de las cuentas públicas, para que el Estado no necesite endeudarse, entonces tiene como meta reducir el gasto primario (el gasto en salud, en educación, en asistencia social, en transferencias a las provincias, en obra pública, etc.) de aproximadamente el equivalente a 8.800 millones de dólares[1] por año para el corriente 2018 (que la mitad es en reducir la obra pública a la mitad, se pensaba destinar para obra pública este año el equivalente a 10.000 millones y solo se harán obras por 6.000 millones).

Igual para el año 2019, se reduce el gasto primario en otros U$s 8.800 millones y también recortando la obra pública, las transferencias a las provincias y en el pago de salarios y bienes y servicios que demanda el Estado.

Finalmente, la reducción del gasto público nacional para el año 2020 es de aproximadamente unos U$s 6.000 millones, pero a las reducciones en las erogaciones de obra pública, transferencias a las provincias y en el pago de salarios y bienes y servicios que demanda el Estado, se le suma reducir las jubilaciones y pensiones en el equivalente a U$s 1.100 millones.

Como si semejante reducción del gasto publico donde es imprescindible no fuera bastante, se firmó con el FMI que el BCRA no le puede prestar más en adelantos transitorios al Tesoro de la Nación, eliminando el Art. 20 de la ley 24.144 de Carta Orgánica del BCRA que así lo faculta, de manera tal que al 5 de junio de este año el crédito al Tesoro suma $ 542.130 millones, además se infiere que el Estado Nacional debe cancelar ese importe, lo que hace más difícil la consecución de los objetivos de metas de reducir el déficit fiscal. Y se agrava porque se pone como meta que a partir de este mes de junio de 2018 el Tesoro comenzará a cancelar anticipadamente las letras intransferibles en poder del BCRA.  Es más, se acordó con el FMI que para mayo de 2021 se habrá reducido la deuda neta del Gobierno en poder del BCRA por un monto de U$s 25.000 millones

Y finalmente como el tipo de cambo tiene que ser libre (y ya sabemos lo que eso significa), el BCRA no puede vender Reservas Internacionales, ni presentes ni futuras, para sostener el valor del dólar, solo debe limitarse a regularlo con la tasa de interés (alta para seducir a los que ahorran en dólares de quedarse en pesos)

Se suma a este panorama el hecho de que el Ministro de Finanzas, Luis Caputo, sostuvo en conferencia de prensa del día 8 de junio de 2018, que el gobierno emitirá más deuda en Letras del Tesoro (LETES) para rescatar las LEBAC (Letras del BCRA). El mecanismo será el de tomar las letras intransferibles en poder del Banco Central para que este organismo pueda asimismo recomprar las Lebac. “El nivel de deuda quedará inalterado” dijo, argumentando que no significará tomar más deuda pública sino canjear “deuda pública por privada“.

Y allí queda claro el mecanismo antedicho: Va a ser el Tesoro de la Nación el que comenzará a vender dólares por intermedio del Banco Nación. “Nosotros vamos a vender dólares para cubrir el déficit y probablemente lo hagamos a través del Banco Nación como venimos haciendo”, sostuvo el inefable ministro Luis Caputo.

Conclusión

Se arriba a un nuevo acuerdo con el FMI porque el gobierno de Cambiemos quiso financiar el déficit fiscal con deuda externa. Una vez que los prestamistas observan y corroboran que el déficit fiscal no solo no se reduce, sino que se expande el déficit cuasi fiscal o del BCRA por la “bola de nieve” de las LEBAC, por un lado, y por el creciente déficit comercial por el otro, deciden irse. Para frenar la huída con su correspondiente corrida cambiaria se acuerda con el FMI un programa de Stan By imposible de cumplir por la magnitud de los ajustes, en un marco en que cae el consumo de la población, se reduce de más el gasto público, y se frena la economía toda.

En síntesis, esta historia la hemos vivido, es una pesadilla a la que nos ha llevado el “mejor equipo de los últimos 50 años” en tan solo 27 meses de gobierno, donde lo que ha prevalecido son los negocios de los nichos que manejan (energía, sistema financiero y cambiario, y no mucho más), y que significará una fuerte caída del poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones y pensiones, y con ello los menores ingresos paras las actividades que dependen del mercado interno que en conjunto es más del 70% de nuestro PIB.

Ese menor nivel de actividad va a estar además severamente agravado por la suba de los precios fruto de la liberación del tipo de cambio, tornando incumplible cualquier meta inflacionaria que se haya acordado con el FMI

El problema es que cuando no se cumple con lo firmado viene el castigo y es cambiar deuda por los activos más preciados que tenemos que son las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS[2] y Vaca Muerta, en primer lugar, para seguir con el litio, las reservas de agua potable, etc., etc.

Referencias:

[1] El Estado Nacional cobra y paga en pesos, pero se hace el equivalente en dólares porque es la moneda en que el gobierno de Cambiemos se endeudó y se endeuda, y porque después de una devaluación de más del 40% en lo que va del año, el gobierno acuerda con el FMI liberar el tipo de cambo y allí no sabemos cómo termina y a qué precio

[2] Las acciones del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) de la ANSeS, constituido por el Kirchnerismo bajo la gestión de Amado Boudou, que tiene entre otros acciones por el 31,5% del capital accionario del Banco Macro; 26,96% de la Citrícola San Miguel; el 26,81% de EDENOR; el 26,63 de Gas Natural BAN; el 26,03% de SIDERAR; el 24,99% de Telecom Argentina SA;  el 24,88% de Consultatio; el 23,23% de Pampa Energía; el 23,11 de la Transportadora de Gas del Sur; el 20,32% del Banco Galicia; el 20,04 de Molinos Rio de la Plata SA, el 15,29% del Banco Patagonia; el 9,1% de Techint Group;  y el 6% de AGEA –Grupo Clarín.

*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía. Miembro de EPA (Economía Política para la Argentina).