Brasil, rumbo a la reforma agraria
FREI BETTO| Cayó otro ministro, el de Desarrollo Agrario. Y ya fue nombrado el sustituto: Pepe Vargas (del PT-RS), que fue gobernador de Caixas do Sul por dos períodos y que mantiene buenas relaciones con el Movimiento de los trabajadores Sin Tierra (MST).
La esperanza es que la presidenta Dilma Rousseff haya dado el primero de los tres pasos urgentes para que el Brasil no quede mal en la foto del ‘concierto de las naciones’, como diría el asesor Acacio. Los otros dos son: el veto al Código Forestal propuesto por el Senado y una nueva política ambiental y agrícola que prepare al país para acoger en junio la reunión Rio+20.
La cuestión agrícola en el Brasil es la peor mancha de la nación. Nunca ha habido una reforma agraria. O mejor, ha habido una única, cuyo modelo insiste en conservar la clase latifundista: cuando la Corte portuguesa dividió nuestras tierras en capitanías hereditarias.
Desde el 2008 el Brasil rebasó a los EE.UU. al volverse campeón mundial del consumo de agrotóxicos. Según la ONU vienen a parar al Brasil la mayoría de los agrotóxicos prohibidos en otros países. Aquí son utilizados para incrementar la producción de commodities.
Basta con decir que el 50 % de esos productos químicos son aplicados en el cultivo de soya, cuya producción es exportada como pienso para animales. Y lo más grave: desde 1997 el gobierno concede un 60 % de descuento en el ICMS de los agrotóxicos. Y el Seguro que aguante con sus efectos… en los trabajadores del campo y en todos nosotros que consumimos productos envenenados.
Los agrotóxicos no sólo contaminan los alimentos. También degradan el suelo y perjudican la biodiversidad. Afectan a la calidad del aire, del agua y de la tierra. Y todo ello gracias a la luz verde dada por tres ministerios, en los cuales son analizados antes de llegar al mercado: de Salud, de Agricultura y del Ambiente.
Es una falacia el afirmar que los agrotóxicos contribuyen a la seguridad alimentaria. El aumento en el consumo de los mismos no hace disminuir nada el hambre en el mundo, tal como indican las estadísticas.
La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) intenta mantener el control sobre la calidad de los agrotóxicos y sus efectos. Pero cuando son vetados, no siempre logra vencer las presiones de la bancada ruralista sobre otros órganos del gobierno, y en especial sobre el Judicial.
La Cúpula Mundial del Medio Ambiente, en África del Sur en el 2002, emitió un comunicado en que afirma que la producción mundial de alimentos aumentó en volumen y precio (debido al uso de agrotóxicos y de semillas transgénicas). A costa de la devastación de los suelos, contaminación y desperdicio de agua, destrucción de la biodiversidad, invasión de áreas ocupadas por comunidades tradicionales (indígenas, tribus, pequeños agricultores, etc.). Por tanto queda bien claro que la llamada ‘revolución verde’ fracasó.
Hoy somos siete mil millones de bocas en el planeta. En el 2050 seremos nueve mil millones. Si no se toman medidas urgentes se agravará la sustentabilidad de la producción agrícola. Ante esa luz amarilla el documento recomienda: reducir la degradación de la tierra; mejorar la conservación, el manejo y la distribución del agua; proteger la biodiversidad; promover el uso sustentable de los bosques; y ampliar las informaciones sobre los impactos de los cambios 
climáticos.
En cuanto a los asuntos primero y tercero especialmente, el Brasil marcha a contrapelo: cada vez se amplían más las áreas de producción extensiva para monocultivo, destruyendo la biodiversidad, lo que favorece la multiplicación de plagas. Como las plagas no encuentran enemigos naturales, el recurso es envenenar el suelo y el agua con agrotóxicos. Y con frecuencia tal práctica no da resultado. En el estado de Ceará, una gran plantación de piña fracasó, a pesar del uso de 18 diferentes ‘defensores agrícolas’.
Ojalá que el ministro Pepe Vargas consiga establecer una articulación interministerial para librar al Brasil de la condición de ‘casa abierta’ para las multinacionales de la insustentabilidad y de la degradación de nuestro patrimonio ambiental. Y acelere el asentamiento de las familias sin tierra acampadas a las orillas de las autopistas, así como la expropiación, por motivo social, de tierras ociosas y de aquellas que utilizan mano de obra esclava.
El gobierno es por su naturaleza la expresión de la voluntad popular. Y a ella debe servir. Lo cual significa mantener interlocución permanente con los movimientos sociales interesados en las cuestiones ambiental y agrícola, hermanas siamesas que no pueden ser separadas jamás.
*Teólogo, exscritor, autor de “Conversación sobre la fe y la ciencia”, junto con Marcelo Gleiser, entre otros libros.