Segundo debut

Luis Britto García |

Repitamos cosas sabidas sólo para saber que las sabemos. La victoria del 20 de mayo es el cuarto cheque en blanco que el pueblo le expide al sistema político para que haga lo que debe hacer. Es generoso cheque, con 5.823.728 votos a favor de Nicolás Maduro y 47 puntos de ventaja sobre el más cercano contendor.

Pero es un cheque que rebaja el elevado cociente de participación de anteriores elecciones a 53,9%, señal de que el talonario puede ser limitado.

Es voto de confianza, expedido en duras y amargas condiciones de escasez e inseguridad, suscrito para que se las resuelva, y no para que se las ignore o sirvan como promesas de la próxima campaña. El pacto de Punto Fijo se hundió con los partidos que lo suscribieron
en 1958, porque pretendió reducir el debate político a candidaturas y planchas.

Ya tenemos bastante de planchas y candidaturas: queremos soluciones. Urgimos la aniquilación de la legión de bachaqueros multimillonarios, medianos y artesanales que trafican a la luz pública con bienes subsidiados y necesidades populares.

Queremos que de una vez por todas se cierre o por lo menos se controle exhaustivamente una frontera por donde se desangra el 40% de lo que Venezuela produce o importa.

Urgimos que se aplaste el aparato paramilitar que desde principios de siglo perpetra el terrorismo y la Guerra de Cuarta Generación.

Solicitamos que se establezca constitucionalmente para aquellos que tienen varias nacionalidades la lealtad exclusiva hacia Venezuela y que las acciones contra ella sean penalizadas como traición a la Patria.

Aspiramos a que se publique la lista de empresarios y empresas que desaparecieron 60.000 millones de dólares preferenciales en importaciones fantasmas e impulsan la guerra económica, o el nombre de quien oculta el listado y sus motivos.

Anhelamos que se impida la multiplicación fantasiosa de los precios, imponiendo un sistema universal digitalizado de contabilidad que obligue a las empresas a revelar costos de producción y márgenes de ganancia.

Exigimos un control informatizado previo, concomitante y posterior del ingreso y el gasto público, que fiscalice el cumplimiento de las metas y programas previstos para ministerios, institutos autónomos, fundaciones, empresas y propiedades del Estado, estados, municipios,
alcaldías y consejos comunales, y establezca responsabilidades administrativas, civiles y penales por su incumplimiento injustificado.

Impetramos que la explotación de los recursos naturales se realice en lo posible con recursos propios o empresas donde Venezuela conserve mayoría decisiva; que los contratos sobre la materia sean objeto de publicidad exhaustiva en todas sus fases; que se realicen sólo con
empresas que hayan demostrado sobrada capacidad técnica y financiera y presenten expedientes irreprochables de relaciones con el Estado; y que en los acuerdos con empresas extranjeras no se concedan privilegios, beneficios, ventajas, exenciones de impuestos, regímenes de estabilidad tributaria o de sometimiento a tribunales extranjeros
ni créditos ni otorgamientos de recursos que no rigen para las nacionales.

Demandamos que se respete rigurosamente el artículo 301 de la Constitución, según el cual “No se podrá otorgar a personas, empresas u organismos extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales”, o que en homenaje al irrenunciable
nacionalismo bolivariano se sancione una norma más exigente todavía.

Reclamamos que se aplique el principio de territorialidad de la renta y que se denuncien los infames Tratados contra la Doble Tributación, en virtud de los cuales empresas y personas extranjeras dejan de pagar 17.800 millones de dólares anuales en impuestos, mientras que
los venezolanos sí debemos pagar impuestos para facilitarles su gestión económica.
Demandamos la expulsión inmediata del sector público de quien intente sancionar normas o medidas neoliberales.

Reclamamos que las reivindicaciones anteriores no figuren como promesas para elecciones venideras, ya que deberían estar resueltas con el sólido piso político de la plenitud de poderes constitucionales y jurídicos que le ha conferido el pueblo al gobierno en las últimas
consultas.

Señalamos que el repunte del crudo venezolano a 67,15 dólares por barril vuelve a dotar al bolivarianismo de piso económico para recuperar la producción, y de medios para asegurarnos un presente tolerable y un espléndido futuro.

Recordamos que cuando el gobierno se muestra incapaz de atender las demandas de los gobernados, la crisis económica y social deviene crisis política.

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Reiniciar el diálogo y las negociaciones

Leopoldo Puchi|

Nicolás Maduro ha sido electo presidente para un nuevo período constitucional. Este hecho ha ocurrido en medio de un cuadro de grandes dificultades económicas, que tienden a persistir y agravarse. Igualmente, en el campo de la lucha por el poder político las tensiones se han exacerbado en la medida en que factores importantes del sistema político decidieron como lineamiento no concurrir a los comicios. A esto se le añade que una porción significativa de los electores –que tradicionalmente votaba y que se ubica en torno a 25% del registro– optó en esta oportunidad por abstenerse de sufragar.

Le corresponde, en consecuencia, a la dirigencia política del país, y en primer término al Gobierno, trabajar en función de desatar esos nudos explosivos de la economía y la política. En materia económica es indispensable que se adopten medidas para impulsar la producción nacional en el área industrial y agrícola y detener la hiperinflación. Ello requiere de un programa macroeconómico que incluya decisiones básicas como la autorización para que el sector privado utilice sus divisas para la importación de insumos y bienes de consumo, calculadas estas bajo el mecanismo de la oferta y la demanda.

En lo político, habría que actuar para reconstituir el cauce del sufragio y de la institucionalidad, puesto que solo se visualizan como modalidades alternas de lucha el derrocamiento militar y la intervención extranjera. Hay factores dirigentes de la oposición que apuestan en esta dirección y consideran que para ese fin son convenientes las sanciones y el cerco económico internacional, pues un incremento de las penurias de la población generaría un más alto grado de malestar social que facilitaría la concreción de esos escenarios.

Al mismo tiempo, hay que considerar que los problemas internos mencionados se articulan con una dimensión internacional, en la medida en que Venezuela se ha desplazado fuera del dispositivo geopolítico, económico y militar occidental tradicional, en el cuadro de nuevas tensiones mundiales por la multipolaridad que ha creado la emergencia de Rusia en el tablero internacional y la competencia de China en el comercio y las inversiones financieras. Esto explicaría la beligerancia y las acciones de bloqueo financiero en curso, que van en un sentido contrario a lo dispuesto en el articulado vigente de la legislación internacional y que se realizan sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.

Para conjurar los peligros de la situación nacional y las amenazas externas es necesario construir un esquema de cohabitación entre los factores en pugna por el poder, de modo que las diferencias puedan ser procesadas por medio de entendimientos y acuerdos, ya que ninguno de los factores internos encontrados dispone de la fuerza suficiente para ser considerado como hegemónico ni está en condiciones de plasmar en la actualidad su programa ideal o de largo plazo. Las circunstancias obligan, por lo tanto, a retomar la negociación.