¿Cuánto dinero cuesta un desalojo campesino?

 Marco Teruggi|

¿Cuánto dinero hace falta para mover los hilos necesarios a un desalojo campesino? ¿Cuánto se le tiene que dar a dos fiscales, dos jueces, funcionarios del Inti local, la Guardia Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas?

Estos son los actores que actuaron en el caso de la detención de los 32 campesinos en el fundo La Magdalena, situado en el Sur del Lago, que los mantuvo once días presos, con sus respectivos golpes para bajarlos del convoy, dormidas en el piso, luego en celdas con cloacas colapsadas, comida vencida, y dos madres amamantando dentro de la comisaría. ¿Cuánto? Es de los varios casos de desalojo que se han sucedido de manera encadenada en las últimas semanas.

La investigación dirá -eso se necesita- quiénes y cuánto cobraron, si lo hicieron. La lógica debe ser la siguiente: cada parte es sospechosa en una actuación de estas evidencias. La fiscal ambiental que fue al terreno a desalojar a los campesinos, esa misma que luego fue vista en un carro con el terrateniente, la fiscal que puso la causa de invasión aún cuando el Inti nacional había dictaminado que las tierras eran 92% improductivas y le permitía a los campesinos producir cultivos de ciclo corto, las fuerzas de seguridad del Estado que primero vieron cómo el terrateniente taló árboles por los cuales luego se imputó a los campesinos, luego se llevaron los llevaron detenidos, los golpearon -como testifica Angélica Palencia, quien estuvo once días presa junto a su hija de cinco meses- y los dejaron varios días en condiciones de insalubridad, el juez que participó de la detención, la jueza que dejó a todos presos y se tomó sus días libres, el Inti local que no quiso reconocer la medida del Inti nacional.

Se necesita mucho dinero para encadenar esas partes. No se habla de bolívares, sino de dólares. Los montos dependen de cuántos actores deban moverse, si los campesinos cuentan con papeles y entonces se debe también apelar a un juez agrario, por ejemplo. No son cualquier tierra, son miles de hectáreas tipo A, es decir las mejores para la producción del país, las riquezas de la oligarquía histórica, hechas sobre el despojo campesino/indígena, como toda acumulación de tierras en pocas manos en nuestro continente.

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Existen más de veinte rescates en marcha en el Sur del Lago, zona que comprende parte de Mérida, Zulia y Trujillo. En el caso de La Magdalena son 350 hectáreas de 930, rescatadas en octubre por seis consejos campesinos, donde cada uno tiene un lote, y al interior de ese lote cada familia -son aproximadamente 60 por consejos- cuenta con 1 a 2 hectáreas y media. Ya existe producción de auyama, maíz, yuca, plátano, caraota. Antes era monte, paja cabezona, se ve todavía al entrar al predio, en muchas de sus partes: el carácter de improductividad que existía es indisimulable, por más que la familia Celis Aranguren diga lo contrario, recurran a maniobras como la de llevar ganado de otras partes a esas tierras.

En el rescate del fundo El Carmen, 350 hectáreas de 1150, el cuadro es similar. Parcelas divididas por familias que son parte de consejo campesinos -los consejos tienen a su vez su estructura organizativa por comisiones- donde cada una puso en pie lo que se denomina un cambuche, una instalación de palos, telas, algunas herramientas que suelen ser quitadas cuando existe una arremetida de alguna fuerza de seguridad del Estado -solamente un machete cuesta unos 3 millones y medio de bolívares-. Las semillas y plántulas, para comenzar las siembras, son dadas entre los mismos campesinos, consejos, movimientos, deben enfrentar lluvias, sequías, el ganado que mete el terrateniente para destruir las siembras.

Esa modalidad de rescate ha sido numerosa en el Sur del Lago. Es el caso por ejemplo de las 130 hectáreas rescatadas en el 2008 del fundo Vaquera Roja, donde hoy las parcelas son productivas. Existen muchos casos en esa situación, al contrario de la idea que se busca instalar acerca de que los rescates no sirvieron, resultaron improductivos. En lo que hace a los que quedaron en manos campesinas por lo general funcionaron. Esto no significa que no existan mercaderes de tierras cuyo oficio es ocupar para luego revender, incluso mandar a otros a ocupar, especulando con el aumento de precios de las tierras. Aprovechan el río revuelto, o directamente lo crean, por eso la solidaridad automática puede resultar peligrosa. Pero quien suele comprar es un campesino que luego hace de esa tierra un espacio productivo. Contradicciones.

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Lo que está en debate es la tierra, la producción, las relaciones de producción, la necesidad de frenar retrocesos, de buscar nuevas formas de avance en base a balances de lo recorrido. ¿Quién puede producir en un futuro cercano los alimentos que necesitamos, aquellos que, según anuncios recientes, se dejarán de importar? ¿Sobre quién debe recaer la apuesta en una política integral de la tierra? ¿Los privados, el Estado, el campesinado/pequeños productores organizados en diferentes formas?

Puestos a sintetizar posturas se puede decir que un sector ¿minoritario? apuesta a continuar con la política histórica de tierras, recuperarlas, apostar a la expansión de poder campesino. Otro piensa en términos de congelar: ni retroceder con desalojos, ni avanzar en nuevas democratizaciones de la tenencia. Una tercera mirada que contempla la posibilidad de desalojos en caso de ser necesario. La segunda y la tercera mirada platean, sin decirlo, que son los grandes privados quienes pueden sacarnos de esta situación, y los financiamientos, acuerdos, prioridades, deben ir hacia ese lado. Si se les decidió quitar tierras por su histórica incapacidad productiva, su parasitismo hereditario, ¿por qué ahora sí nos salvarían? El sujeto campesino, como hacedor del proceso revolucionario, se ve así desplazado del centro de la política, de la apuesta.

Con respecto a los desalojos, que han sido varios desde el año pasado, se trata de impedir tendencias restauradoras, una arremetida latifundista que siente que tiene oportunidades para desarrollarse, cuenta con apoyos locales o nacionales. Es necesario realizar una radiografía de los grandes propietarios, los históricos y los emergentes, aquellos que acumularon en estos años. Lograr ponerle freno a los intentos requiere de la capacidad de los movimientos campesinos, comuneros, populares, articulado a la comunicación, y una decisión de la dirigencia, y del Estado de zanjar a favor de los humildes en sus diferentes instancias: ministerios, fiscalía, tribunales, fuerzas de seguridad del Estado.

Allí están, por ejemplo, los avances realizados desde el Ministerio Público, con la detención de 16 fiscales por delitos de corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias. ¿A favor de quién se inclina un fiscal corrupto en un conflicto entre terratenientes y campesinos? El ataque conservador proviene de varios flancos. ¿Qué precio tiene un fiscal? ¿Cuánto puede costar un juez? La justicia opera con peso clasista. La celeridad con que 32 campesinos fueron encerrados en una comisaría es una muestra de eso. ¿Cuántos terratenientes se encuentran presos?

Se hizo que se sabe hacer: la presión política, popular. Una semana después hubo una nueva arremetida, nuevamente en el estado Portuguesa, el segundo ataque a campesinos en un mes en esa zona. ¿Cuándo será el próximo intento de desalojo? Concluir que estamos ante intentos de movimientos restauradores significa que vendrán más. Habrá que buscar formas de frenarlos. Y también sería necesario indagar por dónde continuar la transformación en la tenencia de la tierra, sus formas de producción. A veces una buena forma de defensa es avanzar.
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