Javier Moro, poeta mexicano: “El Ejército podrá salir a las calles a reprimir protestas sociales”

Cecilia Escudero-Nodal|

En medio de una fuerte polémica, se promulgó recientemente en México la Ley de Seguridad Interior, que permite a las Fuerzas Armadas intervenir en las labores de seguridad pública. La iniciativa provocó el repudio de organizaciones sociales y de DDHH: denunciaron que la ley militarizará el país, criminalizará la protesta social y restringirá la libertad de expresión.

Javier Moro Hernández conoce a fondo la realidad de su país tanto desde su rol de periodista como de promotor cultural, pero sobre todo por ser poeta. Colaborador en varios medios, su poesía ha aparecido en diversas antologías y en revistas como Tierra Adentro, El Perro, Cinosargo (Chile). Y, ahora,  poco a poco deshace en capas las razones que motivaron la creación de una normativa que da luz verde a la presencia del Ejército en las calles.

-El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de Seguridad Interior pese a las críticas, ¿cómo explicaría la normativa?

Explicar la nueva ley nos remite a la historia reciente de la situación del país. En 2006, Felipe Calderón, del derechista partido de Acción Nacional, llegó a la presidencia con acusaciones de fraude electoral. Y uno de sus primeros actos para legitimar su presidencia fue sacar el Ejército a la calle para combatir a los cárteles del narcotráfico. Esta medida inicial ha provocado una situación de inseguridad pública. Los últimos once años de guerra contra el narco, tal como fue definida, dejó como saldo más de 100 mil personas asesinadas, 30 mil desaparecidos, y alrededor de 25 mil personas que sufrieron desplazamientos forzados. Las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad también aumentaron gravemente, y se tienen a los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa como paradigmáticos en este sentido. Así que es que la Ley de Seguridad Interior surge en este contexto de guerra.

-¿Como sintetiza las críticas a la ley?

Uno de los problemas importantes de la normativa es que tiene una definición ambigua sobre lo que es la seguridad interior. Sin embargo, sí le da libertad al Ejército para actuar en casos de emergencia de seguridad interior, algo que puede ir desde una amenaza terrorista a una protesta social, no está claro. Encima, como las fuerzas van a estar actuando bajo una amenaza, no vamos a poder conocer por ejemplo la línea de mando de los operativos, las decisiones que se tomen, habrá una secrecía de la información. Por otro lado, las fuerzas armadas podrán vigilar o espiar las comunicaciones de los ciudadanos para prevenir cualquier amenaza de seguridad sin ordenes judiciales, como se precisaba hasta ahora. Aunque ya abundaban las denuncias por vigilancia ilegal a ciudadanos, sobre todo defensores de DDHH, periodistas y líderes opositores al gobierno de Peña Nieto. Ahora bien, de parte de sus seguidores, uno de los argumentos para la defensa de la ley es que le daría claridad a la actuación del Ejército en las calles.

-¿Cómo sería eso?

La normativa surge después de, por un lado, el reclamo de los secretarios de Defensa Nacional y de la Marina, quienes se quejaban de que ellos no estaban preparados, ni fueron entrenados para hacer de policías. Al mismo tiempo los reclamos por el accionar de las fuerzas armadas aumentaron en los últimos años. Muchos casos donde los soldados dispararon en contra de ciudadanos desarmados y después los acusaban de ser parte de la delincuencia organizada, y para ello sembraban pruebas. Estos hechos se fueron multiplicando con el correr de los años. La actuación de las fuerzas militares no se ajustaba a los protocolos de defensa de los derechos humanos. Tal como ocurrió en febrero último cuando un helicóptero militar abatió a un narcotraficante bombardeando la casa donde éste se encontraba, rodeada de otras casas. Un ejemplo del exceso con el que se actúa. Ante las acusaciones contra ellos, el Ejército y la Marina exigieron un marco normativo que les diera seguridad jurídica a sus operativos. Pero las iniciativas en este sentido no prosperaron sino hasta finales de noviembre pasado cuando Peña Nieto instó al Congreso a que efectivamente se promulgara una normativa que de seguridad jurídica a los militares. Todo pese a las críticas de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

-La Corte Suprema debe decidir sobre la constitucionalidad de Ley de Seguridad Interior, ¿cuáles son las expectativas?

-Sí, la Corte deberá analizar una acción de inconstitucionalidad contra la ley. Una de las cosas que se señala es que este análisis por parte de los ministros de la Corte y su revocatoria o aprobación llegaría a finales de 2018. Ahora bien, las elecciones presidenciales son en julio de este año. El problema es que en las últimas dos elecciones hemos visto un cúmulo de acciones fraudulentas para impedir que el candidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador gane los comicios. También hemos visto una serie de actos corruptos por parte de gobernadores del partido oficialista, el PRI, para ganar elecciones estatales e impedir el triunfo de la oposición. Todo ello ha provocado grandes protestas. Ahora, lo que muchos señalamos junto a los organismos de DDHH es que el gobierno está preparando un nuevo fraude para impedir que López Obrador gane las presidenciales. Esto podría provocar un nuevo escenario de protestas. Y la ley permite al Ejército salir a las calles a reprimir protestas sociales si las considera un amenaza. Así, la Corte no tendría tiempo para analizar y votar si la ley es constitucional o no antes de las elecciones.

-Algunos estudios indican que 2017 fue el año más violento para México, ¿qué reflexión hace?

-Efectivamente, el año cerró con alrededor de 28 mil asesinatos. Esto habla del fracaso de la estrategia contra los grupos delictivos, que a principios del sexenio del expresidente Felipe Calderón eran solo seis cárteles, y ahora se han dividido. En la actualidad, hay un cúmulo de pequeños grupos armados de delincuentes, que en algunos casos ya no envían drogas a EEUU porque perdieron sus redes de contacto pero tienen armas y mucho poder. Y se disputan la capacidad de producción de amapola, por ejemplo en Guerrero, o de Marihuana Michoacán o Sinaloa. O la producción de drogas sintéticas. Se pelean por las plazas, los pequeños pueblos, las pequeñas ciudades, o las rutas de trasiego de drogas. Por otro lado, están las policías municipales corruptas y empobrecidas que no pueden luchar contra estos delincuentes o la policía estatal y el cuerpo de gendarmería que no representan una amenaza para la delincuencia organizada. Todas estas policías están debilitadas.

Tenemos así una situación de violencia generalizada. En mi caso, vivo en la Ciudad de México, que había sido considerada un bastión de seguridad durante los sexenios de López Obrador y Marcelo Ebrard, que vienen de la izquierda. Sin embargo con el actual alcalde, Miguel Ángel Mancera, se perdió la seguridad. Han aumentado los delitos y el llamado microtráfico, cuyos grupos se están peleando entre sí por el dominio del negocio.