Congreso de Cataluña declara la independencia, el de España la intervención

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Mientras en Barcelona celebran la declaración de la República catalana, Madrid ultima los detalles de cómo será la suspensión del autogobierno regional y el llamado a elecciones para nuevas autoridades. La UE respaldó a Rajoy: “España sigue siendo nuestro único interlocutor”.

Armando G. Tejeda– La Jornada

En una tensa y caótica sesión parlamentaria, el Congreso catalán declaró la independencia unilateral y el nacimiento de un nuevo estado, que tendrá la forma de “república” y que tendrá una nueva legislación a partir de la votación, que se basará en la llamada ley de “transitoriedad” o de “desconexión”.

La votación se llevó a cabo con el hemiciclo semivacío, después de un agrio debate en el que el bloque de partidos en contra de la secesión abandonaron la sede y denunciaron el atropello “democrático” que se estaba “perpetrando”.

La propuesta fue aprobada por 70 votos a favor, diez en contra y dos votos en blanco, ante la ausencia del resto de diputados y el abandono espontáneo de un parlamentario del bloque independentista que estaba en contra de la forma en la que se aplicó la resolución y el debate. El voto fue secreto a petición de los propios grupos independentistas.

Nadie sabe, ni siquiera los propios diputados y representantes del gobierno catalán, si la resolución que se aprobó hoy en el Parlamento catalán tendrá un largo, corto o nulo recorrido. En cualquier caso, durante el tenso debate se expusieron las posturas de cada grupo, que volvieron a poner en evidencia la profunda fractura que persiste en la sociedad catalana, con la mitad de la población a favor de la secesión y la otra mitad en contra.

Así que el choque de trenes, ya inevitable, se produjo esta tarde, a raíz de la votación en el Parlamento catalán, en Barcelona, donde se aprobó la declaración unilateral de independencia al margen de la legislación vigente, y, en Madrid, donde el Senado español debatió y aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Es decir, que mientras que en Cataluña las fuerzas soberanistas decretaron la entrada en vigor de su propia legalidad y sin acatar ni las resoluciones ni las medidas emitidas desde el Estado español; en la capital española se puso en marcha la legislación de excepción con la que se destituirá al pleno del gobierno catalán, se controlarán las iniciativas del Parlamento y se asumirá el control de las principales instituciones de la región, entre ellas la policía autonómica y los medios públicos de comunicación.

La coalición de Junts pel Sí -integrada por los nacionalistas conservadores del Partido Demócrata de Catalunya (PDCAT) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)-, junto con sus aliados de ña Candidatura de Unidad Popular (CUP, anticapitalistas y feministas) presentaron finalmente ante la Mesa del Parlamento catalán la iniciativa que se votó en el pleno de esta tarde. Antes de ser votada, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, advirtió que la resolución que se iba a votar estaba impugnada y prohibida por el Tribunal Constitucional español.

La resolución dice literal : “Constituimos la república catalana como estado independiente soberano, democrático y social”, al tiempo que apelan a “la comunidad internacional” a “reconocer” esta nueva figura en la geopolítica internacional, que hasta tiene ya el rechazo de algunos de los principales aliados de la región, incluida la Unión Europea (UE) y los países más influyentes del mundo, como Estados Unidos.

En la propuesta se indica que la constitución de la república catalana es “fundamenta en la necesidad de proteger la libertad, la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos de Catalunya”, aunque también señalan que constituye “una mano tendida al diálogo”. Al tiempo con esta declaración “Cataluña restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada, después de décadas de intentar, honestamente y lealmente, la convivencia institucional con los pueblos de la península ibérica”.

La propuesta también insta a “impulsar la suscripción de un tratado de doble nacionalidad con el gobierno del Reino de España”, y “dictar as disposiciones necesarias para la adaptación, modificación, y inaplicación del derecho local, autonómico y estatal vigente antes de la entrada en vigor de la ley de Transitoriedad”.

La resolución también habilita para recuperar la “eficacia de las normas anteriores a la sucesión de ordenamientos jurídicos, anuladas o suspendidas por motivos competenciales por el Tribunal Constitucional y por el resto de tribunales”, con especial atención a las referidas a impuestos o medidas de lucha contra la pobreza y la desigualdad social.

De esta forma, todo el pliego de medidas van encaminadas a poner en marcha la república catalana e incluyen reclamaciones como la de elaborar una propuesta de “reparto de activos y pasivos entre el Reino de España y la república de Cataluña, con fundamento a criterios internacionalmente estandarizados, y estableciendo un periodo de negociación entre los representantes de ambos estados”, eso sí, “sometiendo el acuerdo alcanzado, en su caso, a la aprobación del Parlament”.

Por último, se anima a todos agentes cívicos y sociales para que en un mes constituyan la plataforma promotora del proceso o pacto nacional por el proceso constituyente. También da un plazo de 15 días para constituir una comisión parlamentaria de seguimiento del proceso constituyente y, por último arenga a los ayuntamientos a “impulsar debates constituyentes desde el ámbito local”, promoviendo la participación de la sociedad civil y facilitando los recursos y espacios necesarios para que se lleven a cabo estos debates.

La oposición en pleno abandonó el hemiciclo, con la excepción de la marca electoral de Podemos en Cataluña, que también evidenció una fractura al interior de su propio grupo, con una parte a favor de la secesión, en concreto el de su líder, Albano Dante Fachín, y de una diputada más, y el resto de los seis diputados que expresaron su profunda discrepancia con la votación y el fondo de la cuestión, que a su juicio provocará un “desastre” y una “fractura” de consecuencias imprevisibles en la sociedad catalana.

A la sesión parlamentaria acudieron un grupo de 700 alcaldes independentistas, que fueron recibidos en el Parlamento por la propia presidenta, Carme Forcadell, que les situó en un salón contiguo desde donde gritaban consignas a favor de la independencia, lo que provocó la indignación de la oposición política.

Mientras se presentaba esta propuesta en Cataluña, en Madrid se celebró el histórico pleno del Senado en el que se va a votar la aplicación, por primera vez desde la entrada en vigor de la Constitución española, del artículo 155. Y a petición del propio Rajoy, que ofreció un discurso repleto de críticas al presidente catalán, Carles Puigdemont, al que responsabilizo tanto de la aplicación de esta normativa como de lo que ocurra en los próximos días y semanas en la región. Rajoy tiene el respaldo pleno de su formación política, el derechista Partido Popular (PP), así como del principal partido de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del partido emergente Ciudadanos. En contra se posicionaron el bloque de partidos nacionalistas vascos y catalanas y de ámbito estatal la también fuerza emergente Unidos Podemos.

Aprueba el Senado español destitución del gobierno catalán

El Senado español aprobó con 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución española, con el que se da autorización al Ejecutivo, del derechista Mariano Rajoy, para destituir al gobierno catalán al completo, intervenir y controlar el Parlamento catalán y convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses.

obituarioEl presidente Rajoy defendió la iniciativa bajo el argumento de que se trata de una medida “excepcional” en una situación de “excepción”, que resumió en que un gobierno autonómico se ha “saltado la legalidad que nos dimos en la Constitución de 1978” y ha votado por suprimir la soberanía de “todos los españoles” con una declaración unilateral de secesión.

La medida se aplicará de manera “gradual”, pero su intención es contrarrestar la declaración unilateral aprobada en el Parlamento catalán una hora antes, en la que se decidió no reconocer más la legalidad del Estado español y asumir como único manto jurídico para sus iniciativas la aprobada en el pleno del pasado 6 y 7 de septiembre, en la llamada “ley de transitoriedad” o de “desconexión”.

Rajoy tendrá ahora que aprobar en un Consejo de Ministros que se llevará a cabo esta misma tarde las iniciativas concretas para la entrada en vigor de la propuesta, una vez que ya cuenta con el respaldo de la mayoría del Senado.

Rajoy contó con el apoyo de los senadores de su partido, el Partido Popular (PP), pero también del principal partido de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de Ciudadanos. Mientras que los senadores del bloque nacionalista catalán y vasco y de Unidos Podemos votaron en contra.

Fiscalía española acusará a gobierno catalán de “rebelión”

La Fiscalía General del Estado español está preparando una querella criminal por el delito de “rebelión” contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el conjunto de su gobierno por alentar y presentar la iniciativa que derivó en la declaración unilateral de independencia en el Parlamento catalán.

El aparato jurídico también estudia ampliar esa querella contra los diputados que votaron a favor de la declaración de secesión.obituario

El delito de “rebelión” contempla penas de cárcel de hasta 30 años de cárcel, al ser considerado una falta muy grave contra la legalidad establecida. En este caso se presentará la denuncia ante el Tribunal Supremo, lo más probable es que se haga el próximo lunes, una vez que se haya perfilado el número de imputados y el contenido de la querella.

Lo que sí está claro es que entre las personas que serán acusados serán todos los miembros del gobierno catalán y los integrantes de la Mesa del Parlamento, incluida su presidenta, Carme Forcadell, por no paralizar las iniciativas que habían sido prohibidas de forma expresa por el Tribunal Constitucional.


Cataluña como paradigma del khaos teleonómico

Germán Gorraiz Lopez|

La entrada en recesión de las economías mundiales en el 2008 implementó el estigma de la incertidumbre y la incredulidad en una sociedad inmersa en la cultura del Estado de Bienestar del mundo occidental y derivó posteriormente en un shock traumático al constatarse el vertiginoso tránsito desde niveles de bienestar hasta la cruda realidad de la pérdida del trabajo, posterior desahucio e inmersión en umbrales de pobreza, piezas desgajadas del puzzle inconexo del caos en el que estamos ya inmersos. Por caos (Khaos o “vacío que ocupa un hueco en la nada”) entendemos algo impredecible y que se escapa a la miope visión que únicamente pueden esbozar nuestros ojos ante hechos que se escapan de los parámetros conocidos pues nuestra mente es capaz de secuenciar únicamente fragmentos de la secuencia total del inmenso genoma del caos, con lo que inevitablemente recurrimos al término “efecto mariposa” para intentar explicar la vertiginosa conjunción de fuerzas centrípetas y centrífugas que terminarán por configurar el puzzle inconexo del caos ordenado que se está gestando.

El citado” efecto mariposa” trasladado a sistemas complejos como la Demoscopia, Metereología, Detección y Prevención de Epidemias o la Bolsa de Valores, tendría como efecto colateral la imposibilidad de detectar con antelación un futuro mediato pues los modelos cuánticos que utilizan serían tan sólo simulaciones basadas en modelos precedentes, con lo que la inclusión de tan sólo una variable incorrecta o la repentina aparición de una variable imprevista provoca que el margen de error de dichos modelos se amplifique en cada unidad de tiempo simulada hasta exceder incluso el límite estratosférico del cien por cien. Así,el Brexit, el triunfo de Donald Trump y la previsible Declaración Unilateral de Independencia en Cataluña marcarán el finiquito del “escenario teleológico” en el que la finalidad de los procesos creativos eran planeadas por modelos finitos que podían intermodelar o simular varios futuros alternativos y en los que primaba la intención, el propósito y la previsión y su sustitución por el “escenario teleonómico”, marcado por dosis extremas de volatilidad.

Cataluña o el sueño de una noche de verano

El puzzle inconexo del caos ordenado puede esbozarse mediante la llamada “Teoría de las Catástrofes” del científico francés René Thom y se basaría en dos conceptos antinómicos para intentar “comprender el orden jerárquico de la complejidad biológica”.Así, el concepto de estabilidad o equilibrio se refiere a un sistema que permanece estable aunque registre un cambio, principio que trasladado a la esfera política se traduciría en la Reforma del Régimen del 78 sin alterar sus principios esenciales (Monárquico, jacobino y neoliberal), tesis que defenderían los partidos del establishment dominante del Estado español (PP, PSOE y Ciudadanos). En la orilla antónima, encontramos el concepto de cambio cualitativo o discontinuidad que se produce cuando simples cambios cuantitativos pasan a ser otra cosa diferente y el sistema se transforma internamente de modo radical en una nueva realidad que modifica su situación de equilibro interno y se crea una situación nueva (Independencia de Cataluña), tesis defendida por los grupos independentistas catalanes PDeCAT, ERC y CUP y que es asociada por el aparato mediático del sistema dominante (mass media) con el advenimiento del caos.

En el supuesto de que el Govern catalán proceda a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), el Estado español procederá a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y de la llamada Ley de Seguridad Nacional de aplicación inmediata mediante Decreto-Ley. Dicha Ley se aplicaría como respuesta a una crisis provocada por “una situación de interés para la Seguridad Nacional” con los objetivos de “garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales” así como para “proteger la libertad y el bienestar de los ciudadanos”. Su aplicación supondría de facto la defenestración del Presidente Puigdemont y el nombramiento de una “autoridad funcional” que centralizaría la actividad y tomaría el control de los Mossos d´Esquadra al tiempo que Rajoy asumiría una serie de funciones para manejar el Gobierno de la Comunidad Catalana, lo que significará de facto un Golpe de estado blando y el finiquito de la pseudo democracia española.

¿Hacia una República Confederal?

El biólogo Lyan Watson en su obra “Lifetide” publicada en 1979 afirma que “ si un número suficientemente grande de personas (Masa Crítica) adquieren un nuevo conocimiento o forma de ver las cosas, esto se propagará por toda la humanidad”, para lo que es necesario que un determinado número de personas (Masa Crítica), alcance una conciencia más elevada, momento en que el individuo es capaz ya de realizar un salto evolutivo y lograr un cambio de mentalidad, tesis conocida como “Teoría del Centésimo Mono”. Así, la agudización de la crisis económica en el 2019, la desafección política de la sociedad española motivada por los sangrantes casos de corrupción de la élite político-económica y el Golpe blando del Gobierno de Rajoy en Cataluña harán revisar la vigencia de la Constitución del 78 en la que se sustenta el actual status quo y tras un proceso que se antoja inevitable de catarsis y posterior metanoia colectiva en el conjunto del Estado español, no sería descartable la instauración de la III República en el horizonte del 2020, escenario en el que se procederá al diseño de una nueva cartografía del Estado español con la implementación de un Estado Confederal.