La experiencia bolivariana en la lucha por trascender al capitalismo

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 Edgardo Lander|

I. Las luchas por la superación del capitalismo en las primeras décadas del siglo XXI  [1][2]

La Revolución Bolivariana fue el primer intento de llevar a cabo una transformación socialista en el siglo XXI en todo el mundo. En consecuencia, los debates sobre la experiencia venezolana se han referido no solo a las dinámicas propias del proceso de transformación en el país desde que Chávez llegó a la presidencia en el año 1999, sin también, en términos más amplios sobre las posibilidades, potencialidades y límites del socialismo en este siglo. Este texto está focalizado en el análisis de la experiencia venezolana, pero esto se realiza dentro del contexto de los debates latinoamericanos sobre el desplazamiento a la izquierda con la emergencia de los gobiernos progresistas en la mayor parte de América del Sur y de los debates globales sobre alternativas viables para trascender el capitalismo.

Los retos que se confrontan hoy en la búsqueda de la superación del capitalismo son mayores y bastante más complejos que los que fueron imaginados en los siglos XIX y XX. Hoy confrontamos no solo la crisis del capitalismo, sino igualmente la crisis terminal del patrón civilizatorio que fue imponiendo la modernidad a lo largo de los últimos cinco siglos hasta extenderse en la totalidad del planeta. Este patrón civilizatorio está amenazando la propia supervivencia humana. Para pensar/actuar/crear alternativas a este patrón civilizatorio en crisis, es indispensable abordarlo en su extraordinaria complejidad. Enfrentamos no solo una sociedad de explotación/dominación de clases, sino igualmente, una sociedad colonial, antropocéntrica, racista, patriarcal y homofóbica, una sociedad que, a pesar de los discursos liberales sobre la multiculturalidad, solo concibe como posible, como “moderno”, un modo de vida, e impone la hegemonía de patrones de conocimiento eurocéntricos. Una sociedad de profundas y crecientes desigualdades en la cual tiende a naturalizarse un estado de guerra permanente.

Las herramientas teóricas e instrumentos políticos que en los dos siglos anteriores parecían adecuados para superar el capitalismo, hoy resultan extraordinariamente parciales, romas y reduccionistas. Los asuntos y ejes de confrontación que fueron privilegiados por las luchas anticapitalistas de los siglos y décadas anteriores, ya no solo no son suficientes para abordar los retos que hoy confrontamos, sino que continúan contribuyendo a invisibilizar otras dimensiones básicas de la vida colectiva, o colocándolas en un segundo plano.

La experiencia del socialismo del siglo XX, más allá de sus conquistas sociales, sus confrontaciones con el imperialismo y su papel central en la derrota de la Alemania nazi, fracasó como alternativa civilizatoria al capitalismo y a la modernidad colonial. En términos muy esquemáticos, las dimensiones principales de este fracaso pueden sintetizarse en lo siguiente:

* Las visiones antropocéntricas y eurocéntricas de la modernidad, encarnada por el capitalismo, no fueron cuestionadas. Por el contrario, prevaleció el economicismo y se radicalizó la noción del progreso. La superación de las sociedades capitalistas en términos materiales y productivos se convirtió en un referente básico del avance hacia el comunismo. (Toneladas de cemento, toneladas de acero). Esto condujo a una profundización del asalto y depredación de la naturaleza, a la continuación del ataque moderno antropocéntrico y patriarcal a la Madre Tierra[3] que amenaza las condiciones de las cuales depende la reproducción de la vida.

*Se preservó una fe acrítica en la ciencia y la tecnología capitalistas, en las llamadas fuerzas productivas del capitalismo, como piso material para la construcción de una sociedad socialista.[4]

* La crítica a la democracia liberal como democracia de clase burguesa llevó a la anulación de toda forma de democracia, conduciendo a la creación de Estados autoritarios donde los disidentes eran considerados como enemigos del pueblo.

* Su carácter altamente centrado en el Estado/partido condujo a una completa falta de autonomía de los múltiples ámbitos de la sociedad, empobreciendo radicalmente el tejido multiforme de ésta, reprimiendo memorias, bloqueando así los procesos de experimentación social sin los cuales no es posible construir otro mundo.

* No hubo reconocimiento del extraordinario valor de la pluralidad de culturas existentes en el planeta, radicalizando la monocultura colonial de la modernidad, ahora en nombre de una cultura proletaria universal. La diversidad fue reducida al ámbito del folklore.

* Falta de incorporación efectiva de múltiples dimensiones de la vida social más allá de la economía (pluralidad cultural, patriarcado, racismo, sexualidades, subjetividades, relaciones con la llamada “naturaleza” y otros patrones de conocimiento) como esenciales para la posibilidad de una transformación social radical.

Las sociedades socialistas del siglo XX terminaron en transiciones abruptas o graduales al capitalismo, con frecuencia un capitalismo salvaje con un peso preponderante de las mafias.

Después de la caída del Muro de Berlín y del colapso del bloque soviético, la idea del socialismo como alternativa al capitalismo perdió gran parte de su atractivo no sólo en Europa sino en gran parte del resto del mundo. Aunque la idea del socialismo no desapareció del léxico político, pasó a estar muy marginada. Esto no significó de modo alguno el fin de las luchas anticapitalistas, pero la mayoría de éstas tomaron otros cursos, otros sujetos, otras gramáticas políticas, otros imaginarios, otras utopías y otras dinámicas organizativas. La expresión más vigorosa de esta nueva fase post-socialista de las luchas anticapitalista fueron procesos como el Foro Social Mundial con sus múltiples y heterogéneos temas y expresiones de lucha por la construcción de otro mundo posible. En contraste con las anteriores luchas anticapitalistas, los partidos políticos fueron básicamente marginados y la captura del Estado no formó parte destacada de la agenda.

Con los gobiernos progresistas en América Latina, especialmente con la Revolución Bolivariana, la noción de socialismo recobró nueva vida. Estos procesos políticos parecían tomar en cuenta y proponer alternativas a la mayoría de las limitaciones y críticas que se habían debatido con relación al socialismo del siglo XX, esto en la forma del llamado Socialismo del Siglo XXI. Especialmente importante fue lo siguiente:

* La dinámica política que conduce a estos nuevos gobiernos no fue liderada por partidos políticos sino por una amplia y heterogénea diversidad de movimientos sociales, pueblos y comunidades.

* Se abrió un debate crítico sobre el desarrollo, y sobre otras maneras de relacionarse los seres humanos con la naturaleza o la Madre Tierra. En Ecuador y Bolivia se reconocieron por primera vez constitucional o legalmente los derechos de la naturaleza.

* Plurinacionalidad y pluriculturalidad, el reconocimiento y la celebración de la rica diversidad de pueblos, comunidades, tradiciones y memorias presentes en estas sociedades, a pesar de cinco siglos de Estados coloniales autoritariamente monoculturales.

* En Venezuela, Ecuador y Bolivia se incorporan constitucionalmente las nociones de democracias participativas y/o comunitarias. Es significativo que éstas modalidades de democracia no son concebidas como alternativas a (o sustitutos de) la democracia representativa, sino como formas de profundizar, radicalizar, la democracia.

Para aproximarse a un balance de la experiencia de estos gobiernos progresistas desde una perspectiva de sus potencialidades transformadoras anticapitalistas y en camino a la construcción de alternativas a la civilización en crisis, es indispensable ir más allá del eje único desde el cual en buena parte de la tradición de la izquierda se ha focalizado el análisis, esto es, en las relaciones de clase ()en qué medida se han alterado las correlaciones de fuerza a favor de los sectores populares, ha habido una redistribución del poder y de la riqueza?) y en la geopolítica (principalmente las posturas con relación al imperialismo). Gobiernos con un lenguaje que apela a lo popular y tienen un discurso antiimperialista han sido considerados como “progresistas” o de “izquierda” casi independientemente de sus políticas en otros ámbitos de la dominación. Las relaciones de poder, exclusión y dominación de la sociedad contemporánea son más complejas y multidimensionales. Difícilmente puede darse cuenta de ella a partir de concepciones reduccionistas que antes se consideraba que podían dar cuenta de las principales posturas en el campo de lo político. Hoy no existe un eje principal () contradicción principal (?) que sea capaz de dar cuenta de la complejidad de los retos que plantea la actual crisis civilizatoria.

Estas cuestiones servirán de orientación para el análisis de la experiencia venezolana de estos años. Esto se llevará a cabo en la siguiente secuencia. En primer lugar, el texto aborda los antecedentes históricos que hicieron posible al proceso bolivariano. En segundo lugar, serán discutidas las concepciones principales del proyecto bolivariano inicial, seguido por los hitos más importantes y principales logros de este proceso. Todo esto servirá de base para un análisis crítico/analítico del proceso bolivariano (ATensiones, contradicciones y limitaciones del proceso bolivariano como experiencia transformadora@). El texto concluye con una reflexión sobre lo que podemos aprender de esta rica experiencia histórica y con algunas conclusiones políticas.

II. Antecedentes del proceso bolivariano: La crisis terminal del régimen petrolero rentista

El sistema político que reemplazo a la dictadura militar de Pérez Jiménez en el año 1958 se caracterizó por un sostenido crecimiento económico, una mejoría relativa de las condiciones de vida de los sectores populares y un importante nivel de legitimidad durante las primeras dos décadas.[5] Sin embargo, desde minales de la década de los setenta se inicia en Venezuela entra en una prolongada crisis económica, política y cultural. Esto marca el comienzo de la crisis terminal de la sociedad y Estado rentistas que habían prevalecido en el país durante la mayor parte del siglo. En términos inmediatos esto se expresó en una sostenida reducción del ingreso petrolero per cápita que limitó la capacidad del Estado para responder a las demandas de la población. Los dos grandes partidos, Acción Democrática y COPEI, se van transformando en maquinarias electorales crecientemente clientelares y corruptas que se van distanciando cada vez más de sus anteriores bases de apoyo. Comienzan igualmente sostenidos desplazamientos de lo que habían sido hasta el momento los imaginarios políticos socialdemócratas hegemónicos, con una fuerte ofensiva ideológica del liberalismo anti-estatista y de la anti-política, que en forma creciente excluye a los sectores populares, incluso del discurso político.[6]

Estas tendencias tienen un punto de inflexión con al inicio del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989), cuando se anuncia la aplicación del paquete de políticas de ajuste estructural del Consenso de Washington, medidas exigidas por el FMI para que el país pudiese obtener nuevos préstamos, en condiciones de severos problemas presupuestarios y dificultades para el pago de la deuda externa. Estos ajustes ya se habían dado en la mayor parte de América Latina pero en Venezuela, gracias al colchón de la renta petrolera, se habían postergado. El 27 de febrero de 1989, estando en Washington la delegación que firmaría la Carta de Intención entre el gobierno venezolano y el FMI para la aplicación de dicho recetario, se inicia el Caracazo: saqueos y protestas populares masivas de varios días en los principales centros urbanos, con dimensiones desconocidas en la historia anterior del país. Después de un desconcierto inicial, el gobierno responde con una brutal represión que produce centenares de muertos.

El impacto de estas políticas de ajuste fue devastador para los trabajadores y el mundo popular en general. Hubo una fuerte rebaja en los salarios reales y en la participación de la remuneración del trabajo en el ingreso nacional. Se redujeron substancialmente los costos laborales en la industria. Sobre la base de la metodología que mide la línea de pobreza sobre la base de ingreso monetario, se constató un significativo incremento en los niveles de pobreza y de pobreza extrema. Se dio un salto cualitativo en los niveles de desigualdad. Todo esto se traduce en un deterioro de las condiciones de vida, de alimentación y de salud de grandes proporciones de la población venezolana.[7] El resultado fue el quiebre definitivo de toda ilusión de legitimidad del sistema político.

El malestar y distanciamiento con relación al sistema político se generalizó, particularmente entre los sectores subalternos de la sociedad, pero no había una alternativa política visible en el horizonte. En su conjunto, la izquierda era débil, habiendo sido derrotada en la lucha armada de la década de los sesenta y sin capacidad de representar un reto electoral creíble a los partidos que aunque debilitados seguían siendo dominantes.

Pocos años más tarde, expresión del hecho de que el descontento se había extendido a las fuerzas armadas, el 4 de febrero de 1992, se produce el intento de golpe Estado encabezado por Hugo Chávez y un segundo intento en noviembre del mismo año. Chávez, un militar de carrera había creado el movimiento clandestino Movimiento bolivariano Revolucionario 200 a comienzos de los ochenta. Este movimiento militar fue influenciado y radicalizado a través de relaciones con algunas pequeñas organizaciones de la izquierda, principalmente RUPTURA y la Causa R.

La forma cómo reacciona la población, permaneciendo a la expectativa, sin que se produjesen reacciones populares contra estos intentos de golpe por parte de militares desconocidos para la mayoría de la población, confirma la profundidad de la crisis de legitimidad. Casi de inmediato, Chávez se convierte en una referencia simbólica de alcance nacional.

Esta crisis todavía se prolonga por unos años más. Carlos Andrés Pérez es destituido de la presidencia bajo acusaciones de corrupción, y en las elecciones de 1993, por primera vez desde 1958, no gana un candidato postulado por Acción Democrática o COPEI. Rafael Caldera, que había sido el fundador y principal dirigente de este último partido, crea un nuevo partido y en alianza con algunas pequeñas organizaciones de izquierda gana las elecciones con un programa anti-neoliberal. Caldera, después de sobrevivir a la crisis financiera más profunda de la historia del país durante sus primeros años de gobierno, y luego de un largo período de indecisión, negocia un acuerdo con el FMI e impulsa, bajo el nombre de la Agenda Venezuela, las orientaciones básicas de la agenda neoliberal que tanto había cuestionado. Fueron particularmente severas las consecuencias de la reforma de la Ley del Trabajo que redujo drásticamente el monto de las prestaciones sociales de los trabajadores y las políticas de apertura e internacionalización de la industria petrolera. De esta manera se contribuyó a profundizar la desconfianza de la mayoría de la población en el sistema político. A finales de los noventa, la sociedad venezolana está profundamente dividida económica, social y políticamente, atraviesa una sostenida crisis económica que se expresa en un severo y prolongado deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Su sistema político estaba profundamente deslegitimado.

Cuando Chávez gana las elecciones en diciembre del año 1998, lo hace dándole voz, sentido de dirección y esperanza a ese enorme descontento.

III.    El proyecto inicial del chavismo

Cuando Chávez es electo presidente en el año 1998, se hizo presidente en un contexto internacional particularmente poco favorable. Se viene de profundas derrotas políticas, teóricas e ideológicas de movimientos transformadores en todo el mundo. Ha colapsado pocos años antes el bloque soviético con lo cual se posiciona los Estados Unidos como potencia unipolar. Hay una amplia hegemonía del neoliberalismo y de la ideología del fin de la Historia. Casi todos los países de América Latina tienen gobiernos de derecha que implementan las políticas de ajuste estructural del Consenso de Washington. Avanza firmemente la agenda global y continental del libre comercio. Con excepción de Cuba, el socialismo ha prácticamente desaparecido del debate político. China, el principal país “socialista” da pasos cada vez más claros en una dirección neoliberal y se va convirtiendo en el eje más dinámico del proceso de acumulación del capital a escala mundial. Todavía no apuntan las primeras expresiones de una nueva fase de lucha de los pueblos del continente: el levantamiento indígena del Ecuador de 1990 y el levantamiento Zapatista de 1994. En Venezuela la izquierda es débil, al igual que las organizaciones y movimientos sociales populares.

Las transformaciones que Chávez imaginó estaban imprecisamente prefiguradas cuando él llegó a la presidencia. Aparte de la limitada experiencia política de Chávez, restringida en lo fundamental al mundo militar, se trataba de un momento histórico muy complejo en que estaba poco claro si una alternativa viable al orden neoliberal podía ser pensada como socialista, o en términos menos radicales como una transformaciones en las líneas del Estado de bienestar social formulado por al socialdemocracia europea. Chávez afirma en esa época que los dos grandes sistemas políticos del siglo XX, la democracia liberal capitalista y el socialismo han fracasado.[8] Considera necesaria otra vía de construcción de una sociedad alternativa que esté profundamente enraizada en las culturas y en las tradiciones de lucha de los pueblos latinoamericanos. Más que un modelo o un programa para la nueva sociedad, aparecen enunciadas las orientaciones normativas que deben guiar la construcción de dicha sociedad: la prioridad de lo popular, la soberanía nacional, la igualdad, la inclusión, la solidaridad, superación de las limitaciones propias de la democracia representativa, la unión de los pueblos del continente, y la lucha por un mundo multipolar, opuesto al mundo de la hegemonía imperial de los Estados Unidos. Se propone retomar las batallas de la gesta por la independencia de las primeras décadas del siglo XIX y se identifica estrechamente con la figura de Simón Bolívar. Pueblo, categoría que sintetiza lo nacional y lo popular, es la palabra clave de este discurso.

IV. Los hitos principales del proceso bolivariano

La elección de una Asamblea Constitucional fue la propuesta de corto plazo más importante presentada por Chávez durante su campaña electoral. Fue asumida como la primera prioridad del nuevo gobierno. El día de la toma de posesión, Chávez anuncia la convocatoria, mediante un referéndum nacional, a una Asamblea Nacional Constituyente para refundar la República. Este texto constitucional, aprobado por 72% de los participantes en un segundo referéndum es concebido como el instrumento jurídico-político básico del programa para el cambio a ser iniciado por el nuevo gobierno. Se propone, de acuerdo a su Preámbulo:

Yel fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no-intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad.

El modelo económico se define sobre la base de un fuerte papel del Estado, que a la vez que garantiza la propiedad y la iniciativa privada, reserva para sí la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público considerados como de carácter estratégico.

Desde el punto de vista político, los cambios más significativos consisten en la introducción de una multiplicidad de mecanismos y modalidades de participación. Estas están concebidas como instrumentos para profundizar y radicalizar la democracia en los ámbitos tanto políticos como económicos, sin remplazar por ello las instancias clásicas de la democracia representativa.[9] Se preserva la división político-territorial existente en estados, municipios y parroquias, así como la separación de poderes característica de la tradición liberal.

A contramarcha de lo que estaba ocurriendo en el resto del continente, los derechos económicos, sociales y culturales no sólo se ratifican, sino que se expanden significativamente. Se establece como responsabilidad del Estado el acceso universal y gratuito a la educación, la salud y la seguridad social. Se incorpora igualmente -por primera vez en la historia del país- un amplio reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo sus derechos territoriales. Como expresión del papel decisorio de Hugo Chávez Frías en este proceso, se modifica el nombre del país por el de República Bolivariana de Venezuela, se alarga el período presidencial a seis años, y se introduce la reelección presidencial inmediata.

Un importante momento de ruptura llevado a cabo por el gobierno de Chávez se da dos años después de aprobada la Constitución cuando, sobre la base de poderes especiales que le habían sido otorgados por la Asamblea Nacional mediante una Ley Habilitante, el Presidente decretó 49 nuevas leyes en el 2001.[10] Este conjunto de leyes tuvo, entre otros, el objetivo de la democratización de la propiedad y de la producción; el financiamiento o la promoción de modalidades económicas alternativas a las organizaciones de carácter empresarial; la reorientación de los instrumentos de financiamiento del sector público para el apoyo a éstas mediante el fomento de la pequeña y mediana industria; la creación de un sistema de micro créditos y el fomento de modalidades alternativas de propiedad y de organización de la producción como las cooperativas. Fueron particularmente polémicas las leyes referidas a la superación del latifundio, contra la pesca de arrastre y el mayor control estatal de la industria petrolera.

Este conjunto de leyes fue catalogado por el empresariado y por la oposición política como un atentado a la propiedad privada, argumentando muchos que con ello se confirmaba el carácter estatista o comunista del proyecto político del gobierno. Con un paro empresarial nacional de rechazo a estas leyes, en diciembre del año 2001, comienza una fase de intensa confrontación entre el gobierno y una oposición dispuesta a utilizar todos los medios posibles para su derrocamiento.

En abril del 2002 se produce un golpe de Estado respaldado por el gobierno de los Estados Unidos que derroca al gobierno por dos días. Finalmente el golpe falló gracias a una extraordinaria movilización popular y la división de las fuerzas armadas. Participaron en este golpe los partidos de oposición, los principales gremios empresariales, la jerarquía de la Iglesia Católica y un sector de las fuerzas armadas. Los medios de comunicación privados que jugaron un papel protagónico.

Entre los meses finales del año 2002 y comienzos del 2003 se produce un paro/sabotaje petrolero y lockout empresarial con el propósito expreso de derrocar al gobierno. Sin gasolina, sin gas para consumo doméstico, con escasos medios de transporte de personas y mercancías, el país quedó semi paralizado por más de dos meses. El producto interno bruto tuvo un colapso de 17% ese año. Y sin embargo, fue el período de mayor movilización popular, el gobierno solo logró sobrevivir a estos intentos de la oposición por desalojarlo del poder como resultado de los muy elevados niveles de participación activa de los sectores populares. En el referéndum revocatorio del año 2004 Chávez salió muy fortalecido, al ser ratificado en el cargo con el respaldo de 59,1% de los votantes.

Un hito de extraordinarias consecuencias ocurrió en enero del año 2005 cuando, en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, Chávez declaró que el proceso bolivariano era socialista.[11]

A partir del año 2013, el país entra en una profunda crisis tanto política y económica, como cultural. Dejan de estar presentes casi en forma simultánea dos pilares fundamentales de los cuales se había hecho dependiente el proceso bolivariano: el liderazgo carismático de Chávez y los elevados precios del petróleo. En las elecciones presidenciales realizadas al poco tiempo del fallecimiento de Chávez, Nicolás Maduro resulta electo con una diferencia de votos de solo 1,5% sobre Henrique Capriles el candidato del conjunto de la oposición. En diciembre de 2015 la oposición gana las elecciones parlamentarias por una amplia mayoría, obteniendo una mayoría calificada de dos terceras partes que le permitiría tomar decisiones fundamentales sin necesidad de negociar con la bancada del gobierno.

Entre los años 2014 y 2016 se produce una sostenida baja del producto interno bruto, se acelera la inflación hasta pasar a ser la más elevada del planeta. La escasez de productos básicos, la mengua del salario, una creciente inseguridad, así como el deterioro de los servicios públicos, conducen a un acelerado retroceso en la mejoría de las condiciones de vida de la población logradas en los lustros anteriores. Los masivos niveles de corrupción se hacen más visibles. Como consecuencia de todo esto, se genera un creciente rechazo al gobierno de Maduro. Ante un apoyo popular decreciente, el gobierno se enfrentó a dos opciones básicas. La primera consistía en asumir la necesidad de una profunda reflexión autocrítica de las políticas del gobierno con el fin de detectar las causas de su creciente falta de respaldo e incluso rechazo por parte de la población. Esto hubiese llevado a la necesidad de confrontar asuntos claves como una corrupción desbordada y la ineficiencia, la imposibilidad de continuar con una paridad cambiaria subsidiada insostenible que estaba creando tantas distorsiones en el conjunto de la economía, así como un reencuentro con el mundo popular para confrontar la crisis. Sin embargo, el gobierno de Maduro claramente decidió por otra opción. Parece haber asumido que para preservarse en el poder no podía depender del respaldo electoral ni de los límites establecidos por la Constitución. En lugar de asumir las causas que estaban produciendo este rechazo al gobierno, toma una ruta crecientemente autoritaria. Para preservarse en el poder recurre a violaciones sistemáticas de la Constitución y a una creciente represión tanto policial como por parte de la Guardia Nacional. Se declara a la Asamblea Nacional en desacato y sus funciones son, en lo fundamental, asumidas or el Tribunal Supremo de Justicia y el Ejecutivo. El gobierno cancela o pospone procesos electorales cuando evalúa que los resultados no le serían favorables. Es el caso del Referéndum Revocatorio del Presidente de la República que estaba previsto para finales del año 2016, y las elecciones de gobernadores que, de acuerdo a la Constitución tenían que realizarse en diciembre de ese mismo año. Desde febrero del año 2016 el Presidente Maduro ha gobernado mediante sucesivos decretos de Estado de Emergencia Económica en términos que claramente violan la Constitución del año 1999. En este estado de excepción, muchos derechos constitucionales pueden ser suspendidos.

Estas tendencias que tienden a asociar a la izquierda o los proyectos transformadores con dinámicas autoritarias puede tener severas consecuencias de largo plazo mucho más allá de Venezuela en la medida en que pueden contribuir a socavar el atractivo de proyectos anticapitalista a través del planeta. Esto es así como consecuencia de las expectativas ampliamente extendidas que había generado la Revolución Bolivariana.

V.  Principales logros del proceso bolivariano

No es el objetivo de este trabajo hacer un balance de los logros del proceso bolivariano. Sin embargo, una revisión, aunque sea somera de lo que han sido alguna de las conquistas de este proceso es indispensable para acercarse a las contradicciones que lo han caracterizado.

En los años del gobierno bolivariano se produjeron elevados grados de politización, significativas transformaciones en la cultura política popular, en el tejido social y organizativo, así como en las condiciones materiales de vida de los sectores populares anteriormente excluidos. Se generaron ampliamente sentidos de dignidad e inclusión y de capacidad de incidir tanto sobre la vida propia como sobre el destino del país.

Mediante múltiples políticas sociales (las misiones) dirigidas a diferentes sectores de la población, se redujeron muy significativamente los niveles de pobreza y pobreza crítica. De acuerdo a la CEPAL, el país llegó a ser, junto con Uruguay, uno de los dos países menos desiguales de toda América Latina.[12] La población pasó a estar mejor alimentada.[13] Se realizaron efectivos programas de alfabetización. Con apoyo cubano, la misión Barrio Adentro llevó asistencia médica primaria a los sectores populares rurales y urbanos en todo el país. Se produjo una ampliación masiva del régimen de pensiones públicas incorporando a millones de personas de la tercera edad. Se llevó a cabo igualmente una extraordinaria expansión de la matrícula universitaria. Se impulsó un ambicioso programa de viviendas populares. Disminuyeron los niveles de desempleo y se redujo el empleo informal de 51% en el primer semestre del año 1999 a 41% en el primer semestre del año 2014.[14] Se ha estimado que el monto dedicado a la inversión social entre los años 1999 y 2013 fue de un total de unos 650 mil millones de dólares.[15] De acuerdo al PNUD, el índice de Desarrollo Humano del país se elevó de 0.662 en el año 2000 a 0.748 en el año 2012, pasando de un desarrollo humano “medio”, a un desarrollo humano “alto”.[16]

Fue igualmente importante el peso de la experiencia venezolana -en particular su proceso constituyente- en el llamado desplazamiento progresista o de izquierda que ocurrió en América Latina en estos años, así como en la creación de diversos mecanismos de integración que contribuyeron al fortalecimiento de la autonomía regional limitando así la dependencia histórica que la región ha tenido con Estados Unidos: UNASUR, CELAC, Petrocaribe, ALBA. Venezuela jugó un papel en la derrota de Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que hubiese impuesto, de hecho un orden constitucional neoliberal en todo el continente. Cuando el gobierno venezolano comenzó a confrontar este proyecto imperial, todos los gobiernos de la región a pesar de muchas diferencias en aspectos particulares, estaban de acuerdo con la conveniencia de negociar dicho tratado.

Como consecuencia de estas políticas, el gobierno venezolano, desde el comienzo del gobierno de Chávez, se confrontó con ataques por parte del gobierno de los Estados Unidos. Los intentos de socavar o derrocar al gobierno bolivariano han tomado muchas formas como los intentos de aislamiento internacional del país, el respaldo al golpe de Estado del año 2002 y el continuado apoyo político y financiero a los sectores más extremos de la derecha opositora. Más recientemente, antes de dejar el gobierno, el Presidente Obama renovó una Orden Ejecutiva que había emitido anteriormente declarando que Venezuela representaba una Ainusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos.[17]

En una presentación ante el Comité de las fuerzas Armadas del Senado de los Estados Unidos en abril de 2017, el Almirante Kurt W. Tidd, Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos afirmó que:

…Venezuela enfrenta una inestabilidad significativa en el próximo año, debido a la escasez generalizada de comida y medicamentos; una continuada incertidumbre política; y una situación económica que se deteriora. La creciente crisis humanitaria en Venezuela podría exigir a una respuesta regional.[18]

En agosto 2017, Donald Trump amenazó a Venezuela con una intervención militar.

Tenemos muchas opciones en Venezuela, y …no voy a descartar una opción militar.

Tenemos muchas opciones para Venezuela, este es nuestro vecino… Estamos en todo el mundo, y tenemos tropas en todo el mundo en lugares que están muy, muy lejos. Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y muriendo. Tenemos muchas opciones para Venezuela incluyendo una posible opción militar de ser necesario.[19]

VI. Tensiones, contradicciones y limitaciones del proceso bolivariano como experiencia transformadora

La profunda crisis política, económica y cultural que se inicia en el año 2013, como se afirmó anteriormente, fue precipitada por el fallecimiento de Chávez y el colapso de los precios del petróleo. Sin embargo, para aproximarse a una evaluación más integral de lo que ha sido la experiencia bolivariana desde 1998 hasta el presente, y para sacar aprendizajes de una rica experiencia histórica que generó tantas expectativas dentro y fuera de Venezuela, y que terminó siendo, en lo fundamental, un fracaso como alternativa tanto al capitalismo como a la civilización en crisis, es indispensable indagar sobre otros asuntos menos coyunturales. Algunos de estos son de carácter histórico-estructural, como la realidad de una economía, sistema político y patrones culturales hegemónicos que han estado sustentados, durante un siglo, sobre una expansiva renta petrolera controlada por el Estado. Otros, más de índole político e ideológico, se refieren a los contenidos y orientaciones básicas (cambiantes) del proyecto bolivariano. Se trata de condicionantes que han incidido medularmente en la conformación este proceso.

1.  La profundización del modelo petrolero rentista: el continuado asalto a la  naturaleza.

Tal como ha sido el caso en la experiencia de todos los países con gobiernos denominados progresistas en América del Sur, durante el proceso bolivariano no solo no se cuestionó y buscó alternativas para iniciar una transición de salida del modelo extractivista depredador basado en el petróleo, sino que éste fue profundizado. Dado el auge de la demanda y el precio de los commodities en la primera década del siglo XXI, para el gobierno venezolano, como para los otros gobiernos de la región, la expansión del modelo colonial de inserción en la división internacional del trabajo y la naturaleza representó la opción más fácil e inmediata para obtener los recursos requeridos para llevar a cabo políticas sociales redistributivas y para preservar el apoyo electoral que permitiese darle continuidad a su gestión de gobierno. Al priorizar las ventajas políticas a corto plazo, se consolidó el modelo primario exportador heredado.

La extraordinaria expansión del gasto social se dio por la vía de una reorientación del uso de dicha renta, sin comenzar siquiera a alterar la estructura productiva del país. Múltiples iniciativas y modalidades de solidaridad latinoamericana como Petrocaribe, fueron posibles gracias a la abundancia de la renta.

A lo largo de los años del gobierno bolivariano la dependencia del petróleo se fue incrementando. El petróleo, en el valor total de las exportaciones, pasó de representar un 68,7% en el año 1998 a 96% para el momento del inicio de la actual crisis en el año 2013.[20] En términos absolutos se ha dado durante estos años una reducción del valor de las exportaciones no petroleras y de las exportaciones privadas.[21] La contribución del sector industrial al PIB bajó de 17% en el 2000 a 13% en el año 2013.[22]

Con el fin declarado de limitar la fuga de capitales y contener la inflación, se ha mantenido durante estos años una extraordinaria sobrevaluación de la moneda lo que ha acentuado la denominada enfermedad holandesa que había caracterizado a la economía venezolana desde hacía muchas décadas. Para una amplia gama de sectores de la economía resulta más barato importar que producir nacionalmente. Aparte del petróleo muy pocos bienes pueden producirse a precios suficientemente competitivos como para ser exportados. Las políticas sociales y sucesivas alzas salariales aumentaron notablemente la capacidad adquisitiva de la población, sin que este incremento sostenido de la demanda estuviese acompañado por aumentos proporcionales de la producción nacional, generando ascendientes brechas que tenían que ser satisfechas mediante crecientes importaciones. Estas solo podrían ser financiadas por la vía del ingreso proveniente de las exportaciones petroleras.

En la década de los setenta del siglo pasado, en otro ciclo de abundancia durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, se consolidó en el sentido común de la sociedad venezolana la noción de que se era un país rico, lo que en el discurso oficial se denominó la Gran Venezuela. Este imaginario de abundancia se repite durante el gobierno de Hugo Chávez esta vez con la denominación de Venezuela Gran Potencia Petrolera.

Con relación al cambio climático y la responsabilidad de países productores y consumidores de petróleo, la distancia entre el discurso y las políticas efectivamente llevadas a cabo no podría ser mayor. En las negociaciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático los representantes de Venezuela han presentado discursos radicales responsabilizando al capitalismo y a los países industrializados por las amenazas que sus niveles de consumo de combustibles fósiles representaban para la vida en el planeta. Sin embargo, internamente ha habido durante todos estos años un esfuerzo -afortunadamente poco exitoso- por incrementar al máximo la producción petrolera. El ejemplo más claro de esta profunda contradicción se encuentra en el llamado Plan de la Patria, el último programa de gobierno presentado por Chávez para las elecciones presidenciales del año 2012. Este programa, posteriormente aprobado por la Asamblea Nacional como plan de desarrollo del país, está organizado en torno a cinco grandes objetivos. El objetivo número cinco se plantea Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana. Sin embargo, en el objetivo número tres se establece como meta Consolidar el papel de Venezuela como Potencia Energética Mundial. Con ese fin, se propone el plan duplicar la producción petrolera de 3 millones a 6 millones de barriles diarios entre los años 2013 y 2019.[23] Afortunadamente para clima planetario, debido principalmente a ineficiencia, falta de inversiones y corrupción, estos esfuerzos resultaron fallidos. La producción en abril del 2017 superaba por muy poco los dos millones de barriles diarios.

La venta de gasolina y demás combustibles fósiles a precios extremadamente subsidiados -es de lo pocos bienes cuyo precio no ha sido impactado por la inflación- no solo incentiva el incremento derrochador del consumo, sino que ha bloqueado toda posibilidad del desarrollo de energías alternativas.

Ante el colapso de los precios del petróleo la respuesta del gobierno no ha sido la de abrir un debate nacional sobre alternativas al rentismo extractivista y el desarrollo de políticas para, por ejemplo, cumplir con el mandato constitucional referido a la seguridad alimentaria.[24] Por el contrario mientras se está produciendo un severo déficit nutricional en la población y no hay suficientes divisas para satisfacer la demanda mediante más importaciones, se opta por profundizar aún más el modelo extractivo depredador, ahora por la vía de la minería. El 24 de febrero del año 2016 el Presidente Nicolás Maduro dictó el Decreto de Creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco” mediante el cual se dedica 112 mil kilómetros cuadrados, un 12% del territorio nacional a la minería, y simultáneamente se invita a corporaciones mineras transnacionales de todo el mundo para que participen en su explotación. A las fuerzas armadas se les asigna un papel central en este proyecto, tanto en su papel de impedir cualquier forma de resistencia u oposición a éste, como por la vía de la creación de empresas mineras que operarían directamente bajo su responsabilidad. Se trata de un territorio habitado por pueblos indígenas, un territorio que forma parte del bosque amazónico que juega un papel vital en la regulación de los regímenes climáticos del planeta, una zona de extraordinaria biodiversidad, las principales fuentes hídricas de Venezuela y donde están localizadas las represas que suministran 70% de la electricidad que se consume en el país. Todo esto está amenazado por la explotación minera a cielo abierto en gran escala que está contemplado en los planes gubernamentales para el Arco Minero. Esta decisión, en la cual está en juego en buena medida el futuro del país, la tomo el Presidente de la República, en ausencia total de un debate público, sin consultar a la Asamblea Nacional y en violación tanto de numerosas normas constitucionales como las leyes referidas a los derechos de los pueblos indígenas, de protección del ambiente y del trabajo.

En esta zona venía dándose un proceso de devastación socio-ambiental producto de la minería ilegal de oro que se había expandido notablemente durante las últimas dos décadas, con la incorporación de decenas de miles de mineros, con territorios controlados por mafias armadas donde impera la violencia, el tráfico de drogas, la prostitución y miserables condiciones de trabajo. Todo esto, no solo con la complicidad, sino igualmente con la participación directa en el negocio por parte de las autoridades regionales y cuerpos de seguridad del Estado que serían supuestamente los encargados de impedir la realización de estas actividades. Con el inicio de la mega minería a cielo abierto esta catástrofe no puede sino profundizarse.

Se trata, en síntesis, de una profundización estructural de la lógica de mercantilización/ comodificación de la naturaleza que ha sido hegemónica en la sociedad venezolana durante un siglo.

Se le ha dado prioridad en el corto plazo a la maximización del ingreso fiscal a través de las actividades extractivas. Las más importantes políticas públicas han sido de un carácter distributivo, sin cuestionar la estructura de la economía venezolana. Como consecuencia, a pesar de los muchos discursos que han afirmado lo contrario, reivindicando por ejemplo, los diálogos de saberes, el contenido fundamental de los patrones tecnológicos de producción y consumo heredados no ha sido cuestionado en términos prácticos.

La transformación tecnológica más importante de los últimos tres lustros no ha sido particular a Venezuela, la acelerada expansión de la telefonía celular y de las redes sociales. Estas jugaron un papel clave en la resistencia popular en contra del golpe de la derecha opositora en abril de 2002 y han jugado un papel igualmente importante en la organización/coordinación de las protestas masivas realizadas contra el gobierno en los meses de mayo a julio de 2017.

 2. La centralidad del Estado

En los principales debates políticos de estos años ha habido una severa carencia de un debate teórico sobre lo que podría ser una sociedad post-capitalista en este siglo y sobre cómo podría o deberían ser las relaciones entre Estado, mercado y sociedad organizada, que incorpore una evaluación crítica de las experiencias del socialismo del siglo pasado. Igualmente ausente ha sido una lectura informada y reflexiva sobre las potencialidades y limitaciones post-capitalistas de las actuales transformaciones en marcha en China, Viet Nam y Cuba. Esto, por supuesto no es un problema particular venezolano, es una expresión más de la situación de la izquierda que en todas partes del mundo ha demostrado su impotencia y falta de respuestas creíbles ante la actual crisis global del capitalismo y la forma como ésta ha sido aprovechada para avanzar en la restricción de la democracia y una aún mayor concentración del poder y de la riqueza.

En ausencia de reflexiones y búsquedas más sistemáticas o estratégicas sobre las alternativas post-capitalistas, en estos años, desde el gobierno venezolano han predominado dos tipos de propuestas. La primera consiste en el automatismo que identifica socialismo con estatismo (propiedad estatal y/o control estatal).[25] En el momento en que alguna empresa es estatizada, pasa inmediatamente a ser denominada Aempresa socialista@. La segunda es la que identifica al post-capitalismo con el Estado comunal, asunto que será abordado más adelante en este texto.

En el proyecto político bolivariano, el Estado ha sido concebido como el principal agente o sujeto de la transformación social. Una lógica Estado-céntrica ha caracterizado a la mayor parte de América Latina durante toda su historia. En el caso venezolano, el petróleo ha acentuado esta lógica hasta extremos excepcionales. El conjunto de la sociedad se ha organizado en torno al Estado. El sistema político y los partidos han girado en torno a la intermediación en la pugna por la apropiación de partes de la renta por diferentes sectores de la sociedad. La acumulación privada de capital y la emergencia de los sectores empresariales ha sido directamente alimentada por políticas crediticias, subsidios, protecciones arancelarias y la privatización corrupta de lo público. En los años del proceso bolivariano esta lógica Estado-céntrica se acentuó.

La Constitución del año 1999 amplia la esfera de acción del Estado, especialmente del Ejecutivo, tanto en el terreno productivo como en la definición de sus atribuciones como garante de los derechos sociales y económicos de la población, especialmente de los sectores más necesitados. Esta ampliación de los ámbitos de competencia del Estado incluye, entre otras cosas, el control sobre procesos electorales sindicales,[26] gremiales, estudiantiles y los referidos a las elecciones de autoridades de las universidades autónomas, y el poder para decidir qué partidos políticos pueden ser reconocidos. Igualmente, desde el punto de vista del proyecto político bolivariano, el Estado ha sido asumido como el principal agente y/o sujeto de la transformación social. En la medida en que la renta petrolera fue asumida como la herramienta para el impulso de los cambios deseados, el control cada vez más centralizado de ésta por parte del Poder Ejecutivo se ha reforzado.

Además de las tres ramas de gobierno correspondientes a la tradición liberal (ejecutivo, legislativo y judicial) la Constitución del año 1999 creó dos poderes autónomos adicionales, el Poder Electoral y el Poder Ciudadano. Esto, sin embargo, no alteró la plena preponderancia que ha tenido históricamente la rama ejecutiva del gobierno en el país. Durante el proceso bolivariano las otras ramas del poder público han estado en lo fundamental sometidas a las directrices del ejecutivo. Cuando la oposición ganó una mayoría en la Asamblea Nacional, la asamblea fue declara en desacato y despojada de la mayor parte de sus atribuciones. En varias ocasiones en que partidos de oposición ganaron elecciones municipales o de gobernadores, el ejecutivo creó estructuras ad-hoc paralelas para limitar la acción de estos gobiernos.[27]

La identificación de socialismo con control estatal ha tenido consecuencias devastadoras para el aparato productivo del país al crearse condiciones que impiden la operación efectiva tanto del sector público como del sector privado. El Estado ha carecido de la capacidad para gestionar la amplia gama de empresas que ha estatizado. Buena parte de las empresas industriales y agrícolas estatizadas pasan a ser gestionadas con menor eficiencia y menores niveles de producción. Esto ha sido el resultado del burocratismo, continuos conflictos laborales, precios de venta de sus productos que no corresponden a los costos de producción, así como la falta de inversión, no solo para mantenimiento, sino igualmente para actualización tecnológica de plantas. En algunos casos como en la producción de acero y aluminio éstas presentan extraordinarios niveles de deterioro y obsolescencia.[28] A todo esto se agrega la corrupción[29]. En consecuencia, una elevada proporción de estas empresas está produciendo pérdidas y solo sobreviven gracias a la inyección de recursos provenientes de la renta petrolera.

Esta lógica Estado-céntrica estuvo acompañada desde el principio del reconocimiento de la necesidad de transformar profundamente el Estado Aheredado@, o Estado capitalista, como condición para impulsar el proceso de transformación. La noción de la transición fue formulada en términos del viejo Estado que se resiste a morir y lo nuevo estado que no termina de nacer. Las forma en que este reto ha sido abordado ha variado a lo largo del proceso bolivariano. Cuando los primeros programas sociales en gran escala, las misiones fueron impulsadas (e la misión Barrio Adentro apoyada por Cuba, las primeras misiones educativas…) Hubo el reconocimiento de la necesidad de sobrepasar los obstáculos burocráticos que dificultaban el contacto directo con la población. Así estructuras informales, paralelas, fueron creadas para implementar estos programas. Esto fue en parte una respuesta al hecho de que estos programas encontraron frenos y a veces hasta saboteos por parte de los funcionarios que no compartían las orientaciones políticas del gobierno. Estas fueron pensadas como estructuras de emergencia o de transición, no como el modelo del nuevo Estado. Una consecuencia negativa fue que esto condujo a un incremento del aparato burocrático y el empleo público, y a hacer que el Estado tuviese una estructura más engorrosa, menos transparente.

Con el tiempo, la concepción estratégica del Estado alternativo ha sido concebida como el Estado comunal. Esto ha sido enunciado como un Estado descentralizado controlado directamente por la población en el ámbito comunitario, esto es, como parte de la transición hacia forma de autogobierno democrático desde abajo. Sin embargo, esto ha sido una fuente permanente de tensiones y contradicciones ya que estas modalidades de autogobierno gobierno democrático comunal son difícilmente compatibles con el control vertical y el vanguardismo que tanto como concepción y como practica han prevalecido en el proceso bolivariano.

Venezuela antes del proceso bolivariano se caracterizaba por ser una sociedad con un débil tejido social, consecuencia fundamentalmente de la fuerte presencia del Estado y el peso de los partidos políticos como principales vías de canalización de las aspiraciones y demandas de la sociedad. Esta extendida presencia o control partidista se daba no solo en las organizaciones sindicales y gremiales, sino igualmente en las organizaciones estudiantiles, vecinales y culturales. Era limitada la existencia de organizaciones sociales autónomas fuera de esta red Estado/partido.

Desde el inicio del gobierno de Chávez se dieron amplias y vigorosas dinámicas organizativas y participativas en el mundo popular que involucraron a millones de personas: Mesas Técnicas y Consejos Comunitarios de Agua, Comités de Salud, Comités de Tierras Urbanas, Consejos Comunales, Comunas… Esta dinámica organizativa fue el resultado tanto de los desplazamientos políticos e ideológicos que ocurrían en el país, como de políticas públicas expresamente orientadas a promover estos procesos. Algunas de las políticas sociales fueron conceptualizadas de tal manera que para llevarse a cabo fuese necesaria la organización popular de base. Hay en esto un claro contraste con las experiencias de Ecuador y Bolivia donde las políticas públicas condujeron a la división y el debilitamiento de las organizaciones populares preexistente.

Las políticas públicas de fomento y financiamiento de diversas modalidades de organizaciones de base, en especial de los Consejos Comunales y las Comunas, han producido consecuencias contradictorias. Por un lado ha impulsado niveles de organización popular desconocidos en la historia del país y ha transferido enormes cantidades de recursos a comunidades para abordar la solución de sus problemas: vialidad, vivienda, algunas actividades productivas, etc., contribuyendo igualmente al fortalecimiento del tejido social de las comunidades. Sin embargo, la tendencia dominante ha sido que, como resultado de la reafirmación de la histórica lógica estatista centralizadora de la economía petrolera rentista, en la medida en que las organizaciones populares tienden a depender directamente de transferencias de recursos del Estado, se han bloqueado las posibilidades de consolidación y autonomía de estas modalidades comunitarias de base como alternativa a la estructura del Estado, como espacios de experimentación de otras formas de hacer y gestionar las cosas. Las formas múltiples de organización de la sociedad no pueden ejercer control e influencia sobre la orientación de las políticas públicas a menos que cuenten con un grado significativo de autonomía. La profundización de la cultura rentista y del patrón productivo extractivista operó en contra la autosuficiencia y alimentó una concepción consumista de la calidad de vida. Adicionalmente, la corrupción asociada a las pugnas por el reparto de la renta ha llegado por esta vía también a la base de la sociedad.

Las contradicciones entre autonomía y control vertical desde el Estado se acentúan a partir de los años 2005-2007 con la definición de la revolución bolivariana como socialista. A partir de esa época se profundiza no solo el control vertical desde el Estado, sino que se busca reducir la rica pluralidad de formas organizativas que había para transformarlas en modalidades organizativas estandarizadas. Se aprueban un conjunto e nuevas leyes y se crean nuevas instituciones destinadas a promover lo que se denominó el Poder Popular. Finalmente en el año 2009 se crea el Ministerio del Poder Popular para las Comunas. Estas leyes e instituciones, lejos de promover al poder popular en términos de autonomía y capacidades de autogestión, parecen haber sido expresamente diseñadas para incrementar el control estatal sobre estas organizaciones. En lugar de incrementar la transparencia, todos los niveles de la administración pública se hicieron más opacos.

Las leyes de los Consejos Comunales y de las Comunas especifican con gran detalle el propósito de estas organizaciones, cómo deben estar estructuradas y las atribuciones específicas de cada parte de la organización. Estas normas detalladas sugieren que estas organizaciones son concebidas como parte de la estructura del Estado. Esta ambigüedad está reflejada en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007‑2013 que se refiere al poder popular tanto como si fuese una rama del Estado que se tiene que relacionar con otras ramas del Estado, y como algo externo al Estado que tiene que preservar una relación de equilibrio con el Estado.

Como consecuencia de este nuevo andamiaje institucional y de las concepciones políticas que lo orientan, se produce una reducción de la rica diversidad de formas organizativas que se habían creado en los años anteriores, en la medida en que fueron presionadas para adaptarse a las nuevas modalidades organizativas estandarizadas iguales para todos. Con esto termina de consolidar la primacía de la mirada normalizadora desde el Estado sobre la multiplicidad de la experimentación social.

Dada la plena primacía de la lógica redistributiva sobre la lógica productiva, predominaron las relaciones clientelares entre Estado y organizaciones populares. En la transferencia de recursos del Estado a las comunidades el énfasis ha sido mayoritariamente en la solución de problemas inmediatos de la población, no en la producción ni en cambios estructurales. Esto tiene como implicación el que, sobre todo en el ámbito urbano no se incorporasen, en la mayor parte de las experiencias, las cuestiones referidas a otras modalidades de producción y consumo. En consecuencia, no se cuestiona el modelo de desarrollo petrolero dependiente ni la lógica rentista, ya que es precisamente ese modelo el que hace posible que ese tipo de relación entre Estado y organización popular pueda mantenerse. El peso de la llamada economía social sigue siendo insignificante.

A pesar de los millones de personas involucradas en estos procesos organizativos, el tejido solidario de la sociedad, dada su dependencia de los recursos del Estado, en su conjunto terminó teniendo mucha fragilidad. En un proceso político que reivindicó durante años los valores de la solidaridad y la promoción de múltiples forma de organización popular de base extendidas por todo el país, podría haberse esperado que la respuesta a la crisis hubiese sido una de solidaridad, de creación colectiva ante la nueva situación. Este no ha sido el caso. Las respuestas que han dominado han sido de carácter pragmático individualista y competitivo. Las significativas transformaciones en la cultura política popular de años anteriores, los sentidos de dignidad, las subjetividades caracterizadas por la auto confianza y el entusiasmo con relación a sentirse parte de la construcción de un mundo mejor, con la crisis, entran en dinámicas regresivas, expresión del severo proceso de erosión que han sufrido el tejido social solidario y los valores éticos en esta sociedad en los años de crisis. Buena parte de las organizaciones sociales de base creadas durante estos años se han debilitado, tanto por la carencia de los recursos estatales de los cuales se habían hecho dependientes, como por el creciente deterioro de la confianza en el gobierno y en el futuro del país. Como caso extremo, algunos de los llamados colectivos en Caracas que habían surgido como grupos en defensa del proceso bolivariano se han convertido directamente en grupos armados delincuenciales que controlan territorios y están involucrados en el tráfico de drogas y alimentos. Otras organizaciones populares debaten sobre cómo continuar operando en este nuevo contexto. A pesar de las dificultades y obstáculos, existen, en estos tiempos de profunda crisis, muchas experiencias de base, que si bien son minoritarias, se han nutrido de la politización y activismo que ha atravesado a la sociedad venezolana en estos años, para llevar a cabo procesos comunitarios de una extraordinaria riqueza y autonomía. Son, en este sentido, ejemplos vivientes de lo posible hoy en el campo popular.

Después de casi cuatro lustros del proceso bolivariano, la organización social popular autónoma más importante del país sigue siendo la red de cooperativas, Organismo de Integración Cooperativa CECOSESOLA, que tiene como centro de operaciones la ciudad de Barquisimeto. Se trata de una muy amplia red de cooperativas de ahorro, producción agrícola, servicios de salud y funerarios, y muy especialmente, realiza actividades de distribución de alimentos que articulan a productores y consumidores. Involucra a decenas de miles de personas como socios o beneficiarios. A lo largo de sus décadas de vida y con continuados procesos de reflexión, debate y experimentación, han logrado modalidades de organización y gestión genuinamente horizontales y democráticas con una muy limitada división del trabajo, los afiliados participan en la más amplia gama de responsabilidades. Todas las decisiones son tomadas en asamblea. Esta experiencia ha contado con un amplio reconocimiento internacional.[30] Hay un contraste fundamental entre esta forma horizontal de organización construida a lo largo de cinco décadas de debates y experimentación, y múltiples organizaciones verticales creadas por decreto por el gobierno bolivariano.

A pesar de permanentes referencias genéricas a Alos trabajadores@ en el discurso bolivariano como sujeto activo, ni los trabajadores, ni los sindicatos han desempeñado un papel central en los procesos de organización popular de estos años. Esto tiene que ver, como se señaló arriba, con el hecho de que el proceso bolivariano se ha caracterizado más por sus políticas distributivas que por transformaciones productivas. Las organizaciones de base territorial han sido, de lejos, mucho más importantes que las organizaciones basadas en los centros de trabajo. El papel de los sindicatos ha sido bastante marginal, incluso han sido limitadas las negociaciones de los trabajadores públicos con el Estado. Los aumentos salariales han sido otorgados en la mayor parte de los casos por la vía de decisión gubernamental unilateral. En su conjunto, los sindicatos no solo se encuentran severamente debilitados, sino que, muchos casos, han pasado a operar más como mafias armadas, que como organizaciones en defensa de los intereses de los trabajadores. Este ha sido el caso en algunos sindicatos de la construcción y de la minería.

4. El desdibujamiento de las fronteras entre lo público/estatal y lo político/ partidista

Estrechamente asociado con el papel central del Estado en el proceso bolivariano, tanto en términos económicos como políticos, está lo que ha sido el desdibujamiento sistemático de las fronteras entre lo público-estatal y lo político partidista, dinámica que ha tenido severas implicaciones. El uso de recursos públicos para fines políticos partidistas del gobierno de turno no es una novedad en la historia política venezolana, sin embargo este asunto adquiere nuevas características cuando está sustentado por la justificación ideológica, expresa o implícita, de que, como se está haciendo la Revolución, hay que utilizar todos los medios para derrotar al enemigo, por lo tanto, éticamente, todo vale. Esto ha tenido severas implicaciones a propósito de dos temas estrechamente interrelacionados: la democracia y la corrupción.

La extendida fusión entre lo público/estatal y lo político/partidista, se constituyó en un severo obstáculo a la posibilidad de construcción de una democracia plural, tal como lo establece la Constitución del año 1999. Desde su creación, el Partido Socialista Unido de Venezuela se apoyó en la institucionalidad pública, y -a pesar de una expresa prohibición constitucional- ha utilizado recursos del Estado para propaganda, movilizaciones, encuentros. Altos funcionarios han declarado que quienes no se inscriban en el partido o apoyen con su firma una iniciativa de la oposición, perderán su empleo público. Expresión de estas tensiones son las controversias existentes en el movimiento sindical identificado con el proceso de cambio, entre quienes defienden la autonomía de los sindicatos tanto con relación al gobierno como a los partidos, y quienes por el contrario, argumentan que contando con un gobierno popular como el actual, no es necesaria la autonomía, porque los intereses de los trabajadores están garantizados, o incluso caracterizan como contrarrevolucionarias las demandas de autonomía.

A lo largo de la última década las organizaciones de base más importantes que han sido impulsadas por el gobierno han sido los Consejos Comunales, concebidos como las organizaciones básicas de la democracia participativa, que con el tiempo, conjuntamente con las Comunas, irían reemplazando a las estructuras existentes del Estado (estados, municipios, parroquias). Debates y confrontaciones conceptuales y prácticas se ha dado en estos años a propósito de cómo son concebidos los Consejos Comunales, como ámbitos privilegiados de la participación. )Se trata de espacios plurales, abiertos al conjunto de la sociedad, al interior de los cuales puedan darse confrontaciones entre proyectos o visiones sociales y políticas diversas, o son por el contrario pensados como espacios políticos del chavismo, de “los revolucionarios”, de “los socialistas”? Mientras por un lado se han conformado Consejos Comunales en ámbitos residenciales en los cuales predominan las fuerzas políticas de la oposición, muchos de los integrantes de las instancias gubernamentales responsables del impulso de los Consejos Comunales argumentan que éstos deben ser espacios políticos exclusivos de “la revolución”. Es este un asunto fundamental para el futuro de la democracia en el país. Si este ámbito público, definido como el núcleo básico a partir del cual debe estructurase el nuevo modelo socialista de Estado, se define en forma sectaria y excluyente, como restringido a quienes comparten el proyecto político actual del gobierno, se dejaría afuera a una proporción significativa de la población venezolana que no se ha identificado ni con el gobierno ni con el socialismo. Se niega así de entrada la posibilidad de que los Consejos Comunales puedan ser parte de un proceso de construcción de una sociedad democrática donde participe el conjunto de sus ciudadanos.

Un ejemplo claro de esta fusión entre el ámbito político/partidista (que representa a una parte de la sociedad) y lo público/estatal (que se supone que representa al conjunto de la sociedad) es la organización de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) creados como mecanismo para la distribución de bienes básicos (especialmente de alimentos) en condiciones de una profunda crisis de abastecimiento. A pesar de que se trata de un programa público, financiado con los recursos del Estado, está constituido fundamentalmente por estructuras del PSUV, como las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH) y el Frente Francisco de Miranda.[31] En estas condiciones, no son de extrañar las reiteradas denuncias de discriminación política en este programa de distribución de alimentos.

Son igualmente severas las consecuencias de esta fusión Estado/partido desde el punto de vista de la corrupción. Cuando en el uso de los bienes públicos se desdibuja la barrera entre lo público-estatal y lo político partidista, termina por desdibujarse igualmente la frontera entre lo público y lo privado. Va haciéndose cada vez mayor la ausencia de transparencia de la gestión pública, es cada vez menor el acceso a la información y se establecen las bases institucionales para unos niveles extraordinariamente elevados de corrupción.[32]

5. Un patrón de liderazgo carismático unipersonal

La extraordinaria capacidad de liderazgo de Chávez fue, en términos contradictorios, tanto una de las fuerzas del proceso bolivariano, como fuente de algunas de sus principales limitaciones.             Sin el carisma, la capacidad de liderazgo y notables dones comunicativos y de pedagogía popular con los cuales contó Chávez, difícilmente hubiese podido darse un quiebre a la jaula de hierro, al letargo de una sociedad que, como se ha señalado arriba se caracterizaba, por crecientes desigualdades y exclusiones y por un sistema político extraordinariamente deslegitimado y un mundo popular sin perspectivas. Al haberle dado voz y dirección al enorme descontento existente en las mayorías populares, y haber impulsando procesos de organización y participación popular que se extendieron por todo el país, Chávez operó como un potente agente catalizador del cambio.

Sin embargo, el grado de dependencia de todo este proceso en una sola persona, el culto a la personalidad, y los elevados niveles de concentración del poder constituyeron un severo límite a la dinámica de la profundización de la democracia. Este tipo de liderazgo bloquea la emergencia de liderazgos alternativos, lo que constituye una extraordinaria fuente de fragilidad para todo el proceso de cambio. La ausencia de líder indispensable, como quedó demostrado con el fallecimiento de Chávez, podía generar una profunda crisis.

La consolidación en el tiempo de un liderazgo incuestionado de una sola persona impide la creación de una cultura de debates entre perspectivas diferentes y de profundización democrática. Personas que estuvieron cercanas al Presidente Chávez han descrito cómo tendía a instalarse en su entorno una cultura de incondicionalidad -de ausencia de debates y confrontaciones entre opciones diversas- y de protección del líder de los aspectos menos favorables de la realidad que lo rodeaba. En estas condiciones, el acceso al poder se identifica fácilmente con el acceso a, y la confianza del Presidente. El oportunista se disfraza fácilmente de “revolucionario”. La reelección indefinida del Presidente aprobada mediante una enmienda constitucional en el año 2009, dada la edad de Chávez en ese momento, hizo posible que el tema de la creación de liderazgos de relevo desapareciese del horizonte.

Pero aún más problemática ha sido la tensión entre, por un lado, el discurso y la práctica de la participación popular, como condición de las nuevas formas de democracia en la que el poder debía residir en el pueblo, y por el otro, el hecho de que una y otra vez, a propósito de aspectos fundamentales para el futuro del país (creación de un partido único de gobierno, necesidad de una reforma constitucional, financiamiento de grandes proyectos, acuerdos internacionales, la creación de nuevas modalidades de organización popular o de nuevos programas sociales), las decisiones fueron anunciadas por televisión a la población, una vez que éstas habían sido tomadas por el Presidente. Las decisiones que se han tomado en los ámbitos de la Ademocracia participativa y protagónica@ del mundo popular se han limitado a ámbitos fundamentalmente locales, mientras que las principales decisiones sobre el rumbo del proceso se tomaban unilateralmente, desde arriba: Ahe decidido@, Ahe ordenado@. A partir de cierto momento de los procesos de cambio, la tensión entre estas dos lógicas divergentes necesariamente se hace evidente, socavando en los hechos y en los imaginarios las expectativas de la construcción de una nueva cultura democrática.

En la práctica, en reiteradas ocasiones la modalidad de ejercicio unipersonal del poder por parte del Presidente Chávez, se convirtió en una expresa negación del ejercicio de la democracia. Los candidatos del chavismo a la Asamblea Nacional o a gobernadores de Estado en muchos casos eran seleccionados personalmente por Chávez, a veces a pesar del expreso rechazo del pueblo chavista, o de ser notoria la responsabilidad del seleccionado en hechos de corrupción.

Otra consecuencia significativa de esta modalidad de liderazgo ha sido la falta de continuidad en la implementación de muchas políticas públicas. En la medida en que fueron surgiendo nuevas situaciones, tanto Chávez como Maduro anunciaron, una y otra vez, nuevas iniciativas y programas comisiones y comites que se sobreponía o reemplazaban programas existentes. Esto ha estado acompañado de frecuentes cambios y rotación de ministros y responsables de las principales empresas e instituciones del Estado. Algunos de esos funcionarios recién nombrados han actuado como si se tratase de un nuevo gobierno, ha sido escaza la evaluación de los programas y políticas que venían implementándose, y mucha la improvisación.

6.La preponderancia de lo militar en el proceso bolivariano. La creciente  militarización del bolivarianismo.

Durante todo el proceso bolivariano ha sido muy marcada la presencia de los militares y de una cultura militar, tanto en el Estado como en el terreno político partidista. Por su formación, Chávez tenía relaciones de mayor confianza y lealtad con el mundo militar que con el mundo civil. Durante todos estos años, militares activos o retirados han desempeñado altos cargos públicos como Ministros, miembros de la Asamblea Nacional, gobernadores y responsables de muchas de las principales empresas públicas.

Hay una inevitable tensión entre la búsqueda de la democracia en todos los ámbitos de la sociedad, tal como está contemplado en la Constitución, y la amplia presencia de imaginarios bélicos y de militares activos y retirados en el proceso bolivariano. La cultura de la institución armada es, por su propia naturaleza, de obediencia vertical y de carácter no deliberativa. La extensa presencia militar en todas las instituciones del Estado en estos años no es compatible con una gestión pública transparente y democrática. Lo que ocurre al interior de las instituciones militares, su espíritu de cuerpo, y las redes informales de lealtades que en éstas se conforman, son poco transparentes para el resto de la sociedad. Entre las múltiples denuncias de los masivos niveles de corrupción que han sido formuladas durante estos años, una elevada proporción se han referido a militares que han ejercido cargos de responsabilidad en las instituciones de asignación de divisas subsidiadas, puertos, distribución de alimentos, vigilancia de fronteras, y control de la minería ilegal del oro, precisamente los ámbitos en los cuales se han dado los mayores volúmenes de corrupción.

Igualmente problemática ha sido la expansión de los imaginarios de lo militar al conjunto de la vida política, impregnándola de reiterados referentes a guerras y batallas. En la guerra se busca la derrota, el exterminio del otro, entendido como enemigo. Es este un modelo poco propicio para una cultura política democrática de diálogo y construcción colectiva. La concepción de la política como confrontación entre amigo y enemigo que ha informado tanto a los imaginarios políticos del chavismo como muchas de las modalidades político-organizativas que se han creado en estos años tienen claras raíces militares. Las campañas electorales por la ratificación de Chávez en el referéndum revocatorio del año 2004, y por la reelección el año siguiente fueron denominadas como “Batalla de Santa Inés I y II”, se le da el nombre de “batallones” a las unidades constitutivas del Partido Socialista Unido de Venezuela. De denominan como Aestados mayores@ a diversas instancias de dirección de procesos de activación del poder popular. A partir del año 2007 se decide un nuevo lema de la Fuerza Armada Nacional: APatria, socialismo o muerte@.

En el gobierno de Nicolás Maduro, se ha acelerado el proceso de militarización del país, y se le ha continuado otorgando poderes y privilegios adicionales a las fuerzas armadas. Entre otras cosas, se ha incrementado la presencia militar en todos los niveles de la gestión pública. En el mes de febrero del 2017, 34% de los integrantes del Gabinete del Presidente Maduro eran militares, activos o retirados. Se incluyen aquí ministerios tan importantes como el de la Presidencia de la República; Ministerio del Interior, Justicia y Paz; Ministerio de la Defensa; Ministerio de Agricultura y Tierras; Ministerio de Alimentación; Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas.[33] Se le ha otorgado plena autonomía administrativa y empresarial al Ministerio de la Defensa y todos sus organismos adscritos, al quitarle a la contraloría General de la República su función constitucional de contraloría externa sobre las actividades de las fuerzas armadas.[34] Se le ha dado continuidad a la política de creación de empresas militares.[35]

7.¿Superación del patriarcado?

Al igual que en otras dimensiones de la vida colectiva durante el proceso bolivariano, los asuntos referidos al enfrentamiento al patriarcado han estado atravesados por importantes tensiones y contradicciones, habiéndose logrado algunos significativos logros parciales. Son importantes los avances en el terreno jurídico, especialmente en el terreno constitucional. La Constitución del año 1999, no solo establece la plena igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada, sino que igualmente establece que “La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerablesY” (Artículo 21). Se garantiza la igualdad y equidad entre hombres y mujeres en el trabajo y se reconoce el valor del trabajo en el hogar. “El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley.” (Artículo 88). Sobre la maternidad y los derechos sexuales y reproductivos, se establece que:

La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre. Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos. (Artículo 76).

Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, el cual se funda en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio. (Artículo 77).

En todo el texto se utiliza un lenguaje expresamente no sexista: Aciudadanos y ciudadanas@, Apresidente o presidenta@, Ajueces o juezas@.

En el año 2007 entra en vigencia la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, instrumento legal de amplia cobertura en la defensa de los derechos de las mujeres, especialmente, pero no solo, en lo referido a la violencia.

Con relación a la paridad de género, en el año 2000, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió no aplicar la ley electoral de 1998 en lo referido a la postulación de por lo menos 30% de mujeres a los cargos públicos por parte de los partidos, por considerarla contraria al principio de igualdad consagrado en la Constitución. Posteriormente en los años 2005 y 2008, el CNE emitió dos resoluciones obligantes referidas a cuotas de participación femenina. Sin embargo ya sea porque esa misma institución aceptó las postulaciones presentadas por los partidos que no cumplían con estas normas y no se estableció ninguna sanción por su incumplimiento, o porque en muchos casos las mujeres fueron en las listas como candidatas suplentes, fue limitada la incidencia de estas resoluciones. No la cumplieron ni los partidos de gobierno ni los partidos de la oposición.[36] Estas normas no fueron exigidas en los procesos electorales posteriores. En la Ley Orgánica de Procesos Electorales del año 2009, actualmente vigente, no hay referencia alguna al tema de la paridad de género. Sin embargo, en estos años se ha producido un incremento significativo en la participación de las mujeres tanto en los órganos legislativos (nacional y estadal) como en los Consejos Municipales.[37]

En las múltiples modalidades de organización popular de base que se han desarrollado durante los años del gobierno bolivariano, ha sido muy destacada, en muchos casos preponderante, la participación de las mujeres. Sin embargo, Aen estas iniciativas es muy débil ‑en general‑ la incorporación de un componente crítico de género@.[38]

En la gestión pública ha habido un significativo incremento de la participación de las mujeres, incluso llegando en un momento a encabezar cuatro de los cinco poderes públicos existentes en el país, siendo la excepción, la Presidencia de la República. Sin embargo, Ala participación de las mujeres está desproporcionalmente concentrada en la gestión pública vinculada a las áreas sociales; y en cambio sub-representada en las áreas políticas consideradas tradicionalmente de mayor importancia.@[39]

Es en el ámbito educativo donde han sido más notorios los cambios en el papel de la mujer en los últimos años, habiéndose producido una marcada diferencia a favor de las mujeres en la expansión de la matrícula educativa. Entre 1999 y el 2015 el porcentaje de estudiantes entre la población de 15 años o más fue de 10 % y en el año 2015 de 12 %. Entre las mujeres se pasó de 11,2 % a 19 % entre esos mismos años. En el año 1999, 30 % de la población entre los 15 y los 24 años se encontraba estudiando; mientras que para el primer semestre del año 2015, la cifra había subido a 45,3 % (hombres 41,1 % y mujeres 49,7 %). Para el conjunto de los niveles educativos, hay más mujeres que hombres estudiando. La participación de las mujeres en el mercado de trabajo ha permanecido prácticamente inalterada: 49,7% en 1999 y 50,3% en el año 2015.[40]

Las políticas sociales del gobierno bolivariano referidas a las mujeres se han caracterizado, como el resto de las políticas sociales de estos años, por su carácter predominantemente distribucionista y paternalista. Estas políticas orientadas a las necesidades más inmediatas de las mujeres de los sectores populares, y focalizadas en actividades en su localidad, pueden reforzar la división sexual del trabajo existente, no a cuestionarla. Una indicación de esto es el hecho de que Aquehaceres del hogar@ sigue siendo una actividad casi exclusivamente femenina, la proporción de mujeres dedicadas a esta actividad disminuyó de 35,1% en el año 1999 a 28,5% en el año 2015, pero un 98,1 % de las personas que afirman dedicarse a oficios del hogar son mujeres. (Ibíd.).

Como señala Anaís López: Los esfuerzos del Estado venezolano por redistribuir la renta petrolera en función de programas sociales han colocado a las mujeres en la posición de ser destinatarias de políticas de género y políticas sociales al mismo tiempo, lo que trae como consecuencia que en términos de indicadores de inclusión pueda verse muy favorecida su situación, mientras que en términos reales de transformación de relaciones de género es poco lo que se avanza.[41]

En Venezuela, durante las décadas anteriores a la elección de Chávez, se venía conformando una rica experiencia de construcción de una agenda o plataforma de lucha común de mujeres a pesar de su pertenencia a diferentes partidos políticos (Movimiento Ampliado de Mujeres).[42] Durante los años del proceso bolivariano, ha sido tan intensa la polarización política que esta posibilidad de trabajo conjunto ser ha hecho más difícil, pero para algunas iniciativas y termas específicos ha sido posible conservar un cierto grado de unidad. No se ha superado, sin embargo, la subordinación de las agendas de las mujeres a las agendas de los partidos. El ejemplo más claro de esto es el hecho de que a pesar del incremento notorio de las mujeres en el ámbito público, las posiciones patriarcales de la dirección política del chavismo ha impedido la posibilidad de que se produjese algún avance en la reivindicación efectiva de la soberanía de las mujeres sobre su propio cuerpo, en particular en el tema del aborto, que si bien no es activamente criminalizado, se continúa realizando en condiciones precarias produciendo muchas muertes entre mujeres del campo popular. La tasas de embarazos adolescente son muy elevadas. ALa tasa de nacimientos para las edades de 15 a 19 es de 101 por mil mujeres, mientras que el promedio para toda América Latina y el Caribe es de 75 por mil@[43]

Por otro lado, es difícil imaginar cómo se pueda transitar en la dirección de una cultura no patriarcal en un contexto que celebra la existencia de liderazgos masculinos fuertes y donde son tan preponderantes las lógicas militares patriarcales.

8. La plurinacionalidad y los pueblos indígenas

Como se destacó arriba, la Constitución define a Venezuela como un país multiétnico y pluricultural. En lo que es quizás la ruptura más radical con toda la historia anterior del país, la Constitución contiene un capítulo completo dedicado a una amplia garantía de los derechos de los pueblos indígenas.[44] Estos derechos están sintetizados en el Artículo 119 en los siguientes términos:

El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y la ley.

Se crea, por primera vez en el país, un Ministerio de Pueblos Indígenas y sus principales funcionarios han sido indígenas. Se le asignado ha este Ministerio un importante presupuesto que ha hecho posible que el Estado llegue a zonas del país ocupadas por pueblos indígenas que habían estado históricamente al margen de las políticas públicas. Se construyeron viviendas, centros de salud y escuelas y se apoyaron algunas actividades productivas.

Sin embargo, vistas en conjunto, estas políticas, lejos de fortalecer al mundo indígena, sus culturas y sus organizaciones, las han debilitado. Se ha tratado de una política que, como ha sido notorio el caso de Ecuador, independientemente de los discursos públicos, ve a los indígenas como pobres, como carentes, como requeridos de la asistencia estatal. Se construyen a partir de esto prácticas que no pueden ser calificadas sino de colonizadoras, como es el caso de los Consejos Comunales Indígenas. Pasando sobre las formas organizativas propias existentes, plenamente garantizadas por la Constitución, se ha llevado a los pueblos indígenas la misma modalidad organizativa estandarizada que se ha impulsado desde el Estado al resto del país. Para tener acceso a recursos públicos hay que estar organizado en Consejos Comunales Indígenas. Esto no solo socava las formas de organización y autoridad propias sino que ha generado conflictos al interior de las comunidades indígenas.

Los derechos de los pueblos indígenas están construidos en la Constitución a partir del supuesto del reconocimiento de los territorios de los pueblos indígenas (denominados tímidamente hábitats para no herir sensibilidades nacionalistas sobre todo entre los militares). Son derechos que se refieren fundamentalmente a los pueblos indígenas en su hábitat. Para ello, en las disposiciones transitorias del texto constitucional, se fija un plazo de dos años para la realización de la demarcación de dichos hábitats indígenas.

Sin embargo, después de 17 años de entrada en vigencia de la Constitución se han entregado algunas haciendas a algunas comunidades indígenas, pero no se ha demarcado y reconocido el territorio de ninguno de los pueblos indígenas. En consecuencia, prácticamente todos los derechos garantizados en la Constitución quedan en letra muerta. El derecho a preservar Asu organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida@, depende del reconocimiento de un territorio en el cual puedan llevarse a cabo estas actividades. Lo mismo con el Aderecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto@ (Artículo 121); el Aderecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio, sus actividades productivas tradicionales@ (Artículo 123); y el derecho a la consulta previa con relación al Aaprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado.@ (Artículo 120) Si no se ha llevado a cabo el reconocimiento del territorio, el Estado puede ignorar todo lo referido a la consulta previa. Lo mismo con relación al derecho a la aplicación de normas de justicia propia. ALas autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes…@ (Articulo 260) Si no hay territorios reconocidos como propios de los pueblos indígenas, no hay lugar alguno en el cual pueda ejercerse el derecho a sus propias normas de justicia. Sin demarcación territorial, los derechos de los pueblos indígenas garantizados en la Constitución han quedado vaciados de todo contenido.

Existen razones de mucho peso para entender porque el gobierno bolivariano durante todos estos años ha demostrado carecer de la voluntad política para hacer realidad uno de los logros más importantes de la Constitución del año 1999. Por un lado ha estado la poca disposición a enfrentar los intereses de los ganaderos, y las empresas mineras y madereras que han seguido avanzando en la ocupación de los territorios de los pueblos indígenas durante estos años. Pero mucho más importante ha sido la visión neo extractivista y neo desarrollista que ha caracterizado al proceso bolivariano. Demarcar los hábitats indígenas hubiese supuesto severos obstáculos a futuro para explotar comercialmente las abundantes reservas de minerales, como el oro y el coltán, que se encuentran precisamente en los territorios ancestralmente habitados por los pueblos indígenas. Eso quedó claro con el decreto de creación del Arco Minero del Orinoco al cual se ha hecho referencia anteriormente en este texto. Los territorios que se ofrecen para la minería en gran escala a cielo abierto por parte de corporaciones transnacionales se sobreponen con parte de los hábitats tradicionales de los pueblos E´ñepá, Hiwi, Mapoyo, Piaroa, Ye=kuana y Kari=ña. Ninguno de estos pueblos ha sido consultado sobre este mega proyecto.

9. El socialismo bolivariano

El punto de inflexión política más importante que ocurrió durante los años del gobierno de Chávez fue la declaración de la revolución bolivariana como Revolución Socialista. Significó claramente un antes y un después, que alteró profundamente el rumbo del proceso político que venía dándose en el país. Se pasó de una dinámica política incluyente, relativamente flexible y de futuro abierto, a un proceso excluyente, con crecientes tendencias verticales y autoritarias, con matices claramente estalinistas.

Como se señaló arriba, el proyecto inicial del chavismo estuvo orientado más por principios y valores generales que por caracterizaciones precisas del tipo de sociedad que se proponía construir. Este proyecto estuvo concebido como enraizado en la especificidad de la realidad histórico cultural de los pueblos de América Latina, como una alternativa claramente diferenciada tanto del capitalismo como del socialismo soviético.

Este imaginario abierto fue pasando por sucesivos desplazamientos y radicalizaciones, producto entre otras cosas, de las intensas confrontaciones con la oposición venezolana, las serias amenazas y acciones desestabilizantes del gobierno de los Estados Unidos, una creciente influencia cubana y las lecturas y reflexiones políticas cambiantes del propio Chávez.

En enero del año 2005, en el Foro Social Mundial de Porto Alegre declara que no hay otra forma de ir más allá del capitalismo que el socialismo:

No tengo la menor duda. Es necesario, decimos y dicen muchos intelectuales del mundo, trascender el capitalismo, pero agrego yo, el capitalismo no se va a trascender por dentro del mismo capitalismo, no. Al capitalismo hay que transcenderlo por la vía del socialismo. (Por esa vía es que hay que trascender el modelo capitalista, el verdadero socialismo, la igualdad![45]

En las elecciones presidenciales del año 2006, Chávez presenta su candidatura como una opción por el socialismo y gana con el 62,8% de los votos. Sin embargo, cuando se busca constitucionalizar el socialismo como modelo de sociedad, algo que no está presente en la Constitución del año 1999, mediante el Referendo de la Reforma Constitucional realizado en diciembre del siguiente año, la propuesta es rechazada por una diferencia de poco más de 1% de los votos, a pesar de que Chávez había presentado dicho referendo como una opción entre George Bush y él. De acuerdo a las encuestas de opinión Chávez seguía contando con un amplio respaldo de la población. Sin embargo el apoyo a la reforma constitucional propuesta por Chávez obtuvo casi tres millones de votos menos que lo que él había obtenido en las elecciones presidenciales solo un año antes. Se han dado diversas explicaciones para este enorme desplome en los votos, entre éstas el hecho de que se estaban sometiendo a votación en dos boques unas 70 reformas a la Constitución que no habían sido suficientemente debatidas. Pero el hecho es que en este referendo la mayoría de la población venezolana no votó a favor del socialismo.[46]

Entre finales de la década de los 60 y la década de los 70 en Venezuela se dio un rico debate crítico sobre las experiencias del socialismo realmente existente y sobre las diferentes modalidades de lucha por la superación del capitalismo y sobre otras formas de organización política. Estos debates se dieron en el contexto de la derrota de la lucha armada en el país, la Revolución Cultural China, el Mayo Francés y la emergencia del Eurocomunismo en los partidos comunistas de Italia y Francia y España, así como el vigoroso movimiento de la Renovación Universitaria que se dio en varias universidades del país. Ejes centrales de estos debates fueron el anti-autoritarismo y la búsqueda de nuevas formas de organización política diferentes a las estructuras verticales altamente centralizadas, poco democráticas, que habían caracterizado históricamente a los partidos comunistas. Se exploraron modalidades organizativas de partido de movimientos que buscaban superar las barreras que existían entre las estructuras cerradas de los partidos políticos, y la diversidad de organizaciones, colectivos y movimientos existentes más allá de éstos.[47]

Cuando el proceso bolivariano es declarado como Socialismo del Siglo XXI, esto se hace en lo fundamental sin memoria histórica. No se debaten los grandes temas que habían conducido al fracaso del socialismo del siglo XX como alternativa al capitalismo y al patrón civilizatorio hegemónico que fueron señalados al inicio de este trabajo: antropocentrismo, eurocentrismo, su carácter universalista monocultural, patriarcado, fe ciega en el progreso y en las llamadas fuerzas productivas del capitalismo. Los debates realizados en Venezuela en décadas anteriores habían sido olvidados porque había desaparecido la idea de socialismo del horizonte político, o porque sus protagonistas habían muerto, se habían alejado de la política o habían adoptado posturas neoliberales. Las publicaciones que recogían estos debates no se reeditaron y/o dejaron de circular.

Al adjetivarse como “del Siglo XXI”, parecía estarse afirmando que este nuevo proyecto de sociedad no sería similar a la experiencia del socialismo del siglo XX, en particular a la experiencia soviética. Sin embargo, )podía la idea de socialismo deslastrarse de su carga histórica, de su anclaje eurocéntrico, progresista, de identificación radical con el proyecto universalista monocultural de la modernidad occidental y su guerra permanente por el control/manipulación/destrucción de las condiciones que hacen posible la vida? En ausencia de

la voluntad y/o capacidad para abordar estas vitales cuestiones, no era posible pensar que el Socialismo del Siglo XXI podía diferenciarse significativamente del Socialismo del Siglo XX. A los jóvenes que se incorporan con entusiasmo a este proyecto político en la primera década del siglo XXI la idea del socialismo les llegó incontaminada, solo como promesa de futuro, sin carga histórica alguna. En el caso de los jóvenes del Frente Francisco de Miranda, formados bajo la influencia ideológica cubana, el socialismo fue asumido como una verdad a aplicar sin necesidad de reflexión crítica.

La primera señal preocupante de que la propuesta de Socialismo del Siglo XXI no parecía haber aprendido mucho de la experiencia del socialismo soviético se dio en el momento en que Chávez llamó a la conformación de un partido único.

Anuncia Chávez que para avanzar en este proceso de construcción del socialismo, era indispensable superar el fraccionamiento político organizativo existente entre las fuerzas que forman parte del gobierno. Con este fin, anunció que era necesario conformar un partido único de las fuerzas que apoyan al proceso. Sugirió como nombre el Partido Socialista Unido de Venezuela.

“Declaro hoy que voy a crear un partido nuevo. Invito a quien me quiera acompañar a venirse conmigo…”

“Los partidos que quieran manténganse, pero saldrán del gobierno. Conmigo quiero que gobierne un partido. Los votos no son de ningún partido, esos votos son de Chávez y del pueblo, no se caigan a mentiras.”[48]

En forma consistente con la forma en la cual se llegó a la formulación del Socialismo del siglo XXI, la creación del partido tampoco incorporó una reflexión crítica sobre la experiencia histórica de los partidos únicos en los regímenes socialistas. Como se señaló en ese momento:

Entre los debates vitales sobre la experiencia de lo que fue el socialismo que realmente existió en el siglo XX, están los asuntos del papel del Estado y del partido y sus relaciones con la posibilidad de la construcción de una sociedad democrática. Un Estado-partido que copó cada uno de los ámbitos de la vida colectiva, terminó por asfixiar toda posibilidad de debate y disidencia, y con ellos la posibilidad misma de la pluralidad y la democracia. Es por ello que entre los debates medulares para un orden socialista democrático que no repita los contenidos autoritarios de la experiencia del siglo pasado están los referidos al papel del Estado, al carácter del Estado, a las relaciones entre el Estado y la pluralidad de formas de organización y sociabilidad que se agrupan bajo la idea de sociedad. Igualmente medulares son los debates referidos a la búsqueda de las formas político-organizativas que sean más propicias para la construcción de una sociedad cada vez más democrática. La experiencia histórica sugiere con contundencia que la identidad Estado-partido no es la vía que conduce hacia la democracia.[49]

Sin un diagnóstico crudo de las razones por las cuales el modelo de Estado/partido soviético condujo al establecimiento del orden autoritario que tuvo su máxima expresión en el estalinismo, se carece de herramientas para prevenirse en contra de la amenaza de su repetición.

Otra señal de lo que vendría, en términos de la verticalidad de la estructura partidista y de la exigencia de la lealtad incondicional a Chávez, fue el hecho de que un partido político en proceso de creación, partido que todavía no tenía militantes, documentos doctrinarios, estatutos, ni estructuras orgánicas, ya tuviese un Tribunal Disciplinario en funcionamiento.[50] En un acto realizado en agosto 2007, el Presidente Chávez, haciendo referencia al alto nivel de disciplina que debe tener todo candidato a militante del futuro partido revolucionario, informó que se había creado un Comité Disciplinario Provisional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Como resultado de su desacuerdo con unas declaraciones públicas de quien era en ese momento coordinador del Bloque Socialista Unido en la Asamblea Nacional, Chávez informó:

“He pasado a Consejo Disciplinario a un dirigente nacional que aspira a ser del partido por andar hablando pistoladas. Voy a estar muy atento (…). El pensamiento crítico es fundamental para una revolución, pero eso es una cosa muy distinta a andar hablando mal del partido que no ha nacido, recogiendo firmas para presentarlas no sé dónde. El que quiera ser un anarquista váyase de aquí, no lo queremos, aquí se requiere una militancia creativa pero disciplinada”[51]

Posteriormente voces disidentes, altos funcionarios del gobierno y del partido que formularon denuncias sobre la creciente corrupción existente en el gobierno fueron catalogados como traidores y sumariamente puestos a un lado o expulsados del partido.

A pesar de que Chávez afirmó que el PSUV no sería marxista-leninista porque “es una tesis dogmática no acorde con la realidad de hoy”,[52] los estatutos del PSUV establecen como principio organizativo el centralismo democrático Aentendido éste como la subordinación del conjunto de la organización a la dirección; la subordinación de todos los militantes a sus organismos; la subordinación de los organismos inferiores a los superiores; la subordinación de la minoría a la mayoría…@[53]

Estas tendencias propiamente estalinistas con las cuales el Socialismo del Siglo XXI da sus primeros pasos se van imbricando estrechamente con procesos y tendencias políticas, históricas y estructurales que le preceden en el país. Son estas la existencia de abundancia de recursos petroleros, un siglo de un modelo político y económico Estadocéntrico clientelar, y una larga historia de liderazgos y gobiernos militares. Todo esto se reorganizó en torno a la lógica mesiánica del liderazgo de Chávez para cristalizar en el socialismo rentista bolivariano.

VII.   ¿Podemos aprender de la experiencia?

Con las limitaciones o incluso el fracaso de las experiencias de los gobiernos progresistas en América Latina como alternativas capaces de ir más allá del capitalismo, parece terminar un ciclo histórico. Pero no se trata solo del corto ciclo histórico de los commodities o de los gobiernos progresistas, sino de un ciclo histórico de más larga duración cuyo inicio podría identificarse con la publicación del Manifiesto del Partido Comunista en el año 1848. Es el ciclo histórico de la lucha anticapitalista que tiene como eje central la idea de que, mediante la captura de o el acceso al Estado sería posible conducir un proceso de transformación profunda del conjunto de la sociedad. Este ha sido un supuesto compartido independientemente de los medios postulados para llegar al control del Estado: mediante un alzamiento revolucionario como al asalto al Palacio de Invierno; mediante elecciones al modo socialdemócrata europeo; mediante la lucha guerrillera o; nuevamente, por la vía electoral en los recientes procesos progresistas suramericanos. Al mismo tiempo estamos al final de una época histórica que, desde las más diversas posturas políticas e ideológicas, identificó el bienestar y la felicidad humana con una abundancia material siempre creciente, con el progreso y el crecimiento económico ad-infinitun. Los límites del plantea nos obligan a reconocer que hemos entrado a una nueva era.

En el mundo globalizado actual, no es indiferente lo que haga el Estado. Por la vía de políticas públicas es posible frenar algunas de las tendencias más destructivas del neoliberalismo. Es posible incidir en la mejoría de las condiciones de vida de la población, ampliar los derechos para las mayorías, o ampiar o reducir en alguna medida las desigualdades. Por otra parte el Estado no es un ente ni unitario ni homogéneo. Existen múltiples experiencias en todo el mundo de dinámicas de democratización basadas en estructuras del Estado, sobre todo en el ámbito local o municipal. Sin embargo, para que se lleven a cabo políticas democráticas, es necesaria la existencia de fuertes organizaciones sociales y políticas, redes y movimientos con capacidad para ejercer presión y lograr algún grado de impacto en el impulso o el freno de determinadas políticas públicas. A pesar del hecho de que los Estados reproducen dentro de si muchas de las contradicciones y tensiones de la sociedad, en el mundo post-democrático contemporáneo, la mayor parte ed las políticas públicas o están diseñadas para operar como una contra poder para la regulación y el control del mercado, sino como garantes de las condiciones requeridas para la operación de los mercados.

Hay, por otra parte, muchas experiencias a través del mundo de dinámicas democratizadoras basadas en la interfase entre organizaciones sociales e instituciones, especialmente a niveles locales y municipales. Sin embargo la experiencia histórica parece haber demostrado que el Estado, el Estado nacional no es, no puede ser, el lugar o sujeto privilegiado para un proceso de superación del capitalismo ni del impulso de una profunda transformación del patrón civilizatorio que hoy amenaza la vida, sobre todo en la medida en que la centralidad del Estado conduzca a limitar las potencialidades autónomas del resto de la sociedad.

El neoextractivismo, instaurado como régimen de acumulación hegemónico en todos los países de gobiernos progresistas, es una consecuencia inevitable de las concepciones Estadocéntricas de la transformación societal. Estado centrismo y extractivismo se retro alimentan. Se le ha dado prioridad al incremento de los ingresos del Estado, identificando a éste como el lugar de síntesis de los intereses generales de la nación, y del proceso de transformación. Ante ese interés general, todo otro interés, toda otra opción político/cultural, aunque sea la preservación de la Amazonía o impedir el exterminio de un pueblo indígena es denominada como un interés “sectorial o corporativo”. Las consecuencias son especialmente severas para los pueblos y comunidades indígenas y campesinas cuyos territorios son abiertos a ser explotados por corporaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, orientales u occidentales.

Los proyectos políticos del progresismo, en lugar de tomar siquiera pasos iniciales en la confrontación con los retos y exigencias planteadas por la profunda crisis civilizatoria que confronta la humanidad, terminaron por asumir y profundizar la lógica de la prevalencia del consumo material y la mercantilización, tanto en sus relaciones internacionales como al interior de cada país. Al profundizar las formas coloniales de inserción en la división internacional del trabajo y de la naturaleza, contribuyeron activamente a acelerar la dinámica de acumulación depredadora del capitalismo global y el cambio climático. Hacia el interior de cada uno de los países, en cierta medida, al sustentar su legitimación y su respaldo electoral en su capacidad para satisfacer las expectativas sociales de incremento masivo del consumo, contribuyeron activamente a consolidar la cultura del individualismo posesivo que, con el tiempo, ha contribuido a socavar el apoyo político a la izquierda y a sus derrotas electorales. Como ha afirmado Boaventura de Sousa Santos, los gobiernos del PT tuvieron más éxito en crear consumidores que en la creación de ciudadanos.

Hoy tendríamos que formularnos una interrogante nada trivial y cuya respuesta no es obvia. Después de los lustros de gobiernos progresistas en Sudamérica, )estaremos más cerca de superar el capitalismo y con mayor capacidad de responder a los retos que nos plantea la crisis civilizatoria, o por el contrario, hemos profundizado nuestra inserción en los engranajes de la reproducción del capital global y se han naturalizado aún más los valores hegemónicos de esta civilización en crisis?

Aparte de su dimensión militar, la victoria principal de la contrarrevolución del neoliberalismo de las últimas décadas ha sido la profunda transformación en los imaginarios que ha universalizado la lógica cultural del individualismo posesivo, como patrón cultural hegemónico en la mayor parte del planeta. Proyectos de cambio que para legitimarse tengan que apoyarse en el reforzamiento de esta lógica cultural, como ha ocurrido en todos los gobiernos progresistas, no pueden considerarse hoy como alternativas válidas ante los retos que confrontamos.

Habría que repensar que se entiende hoy por izquierda, si se caracteriza como de “izquierda” el desarrollismo estatista extractivista de los gobiernos llamados “progresistas”.[54] )Son de Aizquierda@ aunque ello implique la devastación de la naturaleza? )El ataque sistemático a la pluralidad de culturas indígenas y afrodescendientes de estas sociedades? ) Si se opera mediante patrones culturales patriarcales, que desconocen entre otras cosas, la soberanía de las mujeres sobre su propio cuerpo? )Si lejos de profundizar las prácticas democráticas, tienden a limitarlas y controlarlas? )Se puede caracterizar como anticapitalista a la profundización de la lógica primario exportadora de bienes agrícolas, minerales y energéticos que está contribuyendo activamente a alimentar la insaciable y devastadora maquinaria de acumulación del capital global? ) Las categorías históricas de izquierda y derecha han dejado de ser relevantes para la caracterización de estos asuntos?

Por otra parte, en el terreno geopolítico han venido operando significativas transformaciones. Las categorías reduccionistamente binarias “Norte-Sur”, y/o “imperialista-antiimperialista” sustentadas en identificar a los Estados Unidos como el imperio y en considerar como amigos o aliados antiimperialistas a todos los gobiernos y movimientos que tengan contradicciones con éste, aunque éstos sean países tan poco democráticos, tan poco expresión de otro mundo posible, como lo son Rusia, China, Irán, Bielorrusia o Siria, no pueden de modo alguno dar cuenta de la cambiante realidad del sistema mundo contemporáneo. Desde una perspectiva socio ambiental, )son las corporaciones chinas y rusas, públicas o privadas, mejores que las corporaciones que tienen sede en los Estados Unidos o en la Unión Europea?

Para aprender de la experiencia es absolutamente necesario reflexionar críticamente sobre qué pasa y por qué pasa. Conocemos la historia de la complicidad de los partidos comunistas del mundo con los horrores del estalinismo. No fue por falta de información. No fue que se enteraron después de los crímenes de Stalin. Hubo complicidad producto de una concepción maniquea de acuerdo a la cual el mundo se dividía entre imperialistas (malos) y antiimperialistas (buenos). En la medida en que la Unión Soviética se enfrentaba al imperialismo estadounidense, se consideró conveniente ser solidarios, dejando a un lado otros asuntos como el carácter totalitario de ese régimen y los Gulags, asuntos medulares para los millones de personas que lo vivieron. Han pasado décadas y la izquierda mundial, aunque tuvo posturas muy diversas con relación al mundo soviético, no ha logrado librarse de su asociación con dicha experiencia histórica.

Esta historia se repite una y otra vez. Hoy el analista español Santiago Alba Rico nos advierte sobre lo que denomina la tumba de la izquierda en Alepo, Siria. En la geopolítica del Medio Oriente el gobierno de Bashar al-Ásad en Siria (“asesino de cientos de miles de sirios, bombardeados, torturados o desaparecidos”) ha sido visto por amplios sectores de la izquierda como aliado antiimperialista o como un “mal menor” ante el proyecto imperialista en la región.

Para permitir a Asad matar a gran escala ha hecho falta mentir mucho: ha hecho falta negar que el régimen sirio fuera dictatorial y afirmar, aún más, que es antiimperialista, socialista y humanista…

Una buena parte de la izquierda mundial se ha situado, en efecto, al margen de la ética y al lado de los dictadores y de los muchos imperialismos que doblegan la zona […] este nuevo error, sumado a tantos otros, nos puede costar muy caro.[55]

Notas[1]. Quisiera comenzar por agradecer las valiosas observaciones y sugerencias formuladas por Miriam Lang, Ivonne Yánez y Ada-Charlotte Regelmann a versiones preliminares de este texto.
[2]. Este texto fue presentado en el taller del Grupo de Trabajo Global Más allá del Desarrollo@ organizado por la Fundación Rosa Luxemburg realizado en Quito los días 10 al 18 de mayo de 2017.
[3]. Madre Tierra es un concepto ampliamente compartido por pueblos indígenas a través de las Américas. Sin embargo, desde algunas perspectivas feministas, es esta una caracterización patriarcal de la naturaleza como el lugar en el cual la vida y la cultura son creadas y reproducidas, visto como un protector maternal, virginal e inmaculado, similar a la forma en la cual el patriarcado entiende a las mujeres.
[4]. La excepción más importante fue el radical cuestionamiento que se llevó a cabo durante la Revolución Cultural China.
[5]. Esto, a pesar de la lucha guerrillera que se llevó a cabo durante la década de los sesenta, inspirada en la Revolución cubana.
[6]. Edgardo Lander, “Movimientos sociales urbanos, sociedad civil y nuevas formas de ciudadanía”, Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2-3, 1995.
[7]. Ver: Edgardo Lander, “El impacto del ajuste neoliberal 1989-1993”, en Edgardo Lander, Neoliberalismo, sociedad civil y democracia. Ensayos sobre América Latina y Venezuela, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1995.
[8]. El libro de entrevistas a Chávez realizadas por el historiador Agustín Blanco Muñoz en los años previos a la elección constituyen la presentación más completa del pensamiento del futuro presidente. Ver: Agustín Blanco Muñoz, Habla el comandante Hugo Chávez Frías, Caracas, Cátedra Pio Tamayo, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1998.
[9]. De acuerdo al Artículo 70 de la Constitución: Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.
[10]. Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD) (2001b), Ley Habilitante, disponible en: http://www.mpd.gob.ve/decretos_leyes/decre_leyes.htm.
[11]. Este asunto crucial será abordado más adelante en este texto.
[12]. CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, Santiago, 2013, p. 79.
[13]. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, “Reconocimiento de la FAO a Venezuela”, 26 de julio, 2013.
[http://www.rlc.fao.org/es/paises/venezuela/noticias/reconocimiento-de-la…
[14]. Instituto Nacional de Estadísticas. Fuerza de Trabajo, “Población de 15 años y más ocupada, según sector formal e informal, categoría ocupacional del sector informal y sexo”,
[http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=103&…
[15]. Jorge A. Giordani, “Testimonio y responsabilidad ante la historia”, Correo del Orinoco, Caracas, 18 de junio 2014.
[16]. Instituto Nacional de Estadísticas, Índice de Desarrollo Humano,
[http://www.ine.gov.ve/documentos/Social/IndicedeDesarrolloHumano/pdf/Des….
[17]. The White House, Office of the Press Secretary, Notice, Continuation of the National Emergency Respect to Venezuela, Washington, January 13, 2017.
[https://obamawhitehouse.archives.gov/the‑press‑office/2017/01/13/notice‑continuation‑national‑emergency‑respect‑venezuela]
[18]. Posture Statement of Admiral Kurt W. Tidd Commander, United States Southern Command before the 114th Congress Senate Armed Services Committee March 10, 2016.
[https://www.armed‑services.senate.gov/imo/media/doc/Tidd_04‑06‑17.pdf]
[19]. Ben Jacobs, “Trump threatens ‘military option’ in Venezuela as crisis escalates”, The Guardian, Londres, 12 de agosto, 2017.
[20]. Banco Central de Venezuela, Información Estadística, Exportaciones e importaciones de bienes y servicios según sectores, [http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp], Parte, pero solo parte, de este incremento es consecuencia del alza de los precios del petróleo entre esos años.
[21]. Banco Central de Venezuela, Información Estadística, Exportaciones e importaciones de bienes y servicios según sectores, [http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp].
[22]. Banco Central de Venezuela, Información Estadística. Producto Interno Bruto por clase de actividad económica. [http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp]
[23]. Asamblea Nacional, Ley del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, Caracas, diciembre 2013.
[http://gobiernoenlinea.gob.ve/home/archivos/PLAN-DE-LA-PATRIA-2013-2019….
[24]. Artículo 305. El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantiza la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria deberá alcanzarse desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiera, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola.
[25]. Entre el primer semestre del año 1999 y el primer semestre del año 2014, la participación del sector público en el total de ocupados pasó der 15,5% a 20,7%. Instituto Nacional de Estadísticas, Fuerza de Trabajo, Población de 15 años y más ocupada, según sector empleador, categoría ocupacional y sexo
[http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=103&…
[26]. Las elecciones de uno de los mayores sindicatos del país, el de la planta siderúrgica SIDOR, fueron suspendidas indefinidamente porque el gobierno está consciente de que sus partidarios las perderían en caso de realizarse.
[27]. Cuando el candidato de la oposición Antonio Ledezma fue electo como Alcalde Metropolitano de Caracas en el año 2008, la Asamblea Nacional aprobó una ley creando el Distrito Capital, directamente dependiente del Ejecutivo. Muchas de las atribuciones y fuentes de financiamiento fueron transferidas de la Alcaldía Metropolitana a esta nueva estructura controlada por el Ejecutivo. Cuando uno de los principales dirigentes de la oposición, Henrique Capriles, fue reelecto como gobernador del estado Miranda en el año 2002, La Asamblea Nacional creó CorpoMiranda, una institución paralela controlada por el gobierno central que legó a tener un presupuesto mayor que el de la gobernación.
[28]. De acuerdo a las últimas cifras del Índice de Producción Física dadas a conocer por el Banco Central de Venezuela, en el año 2011 la cifra de producción física de acero primario en el país representó el 74,92% del monto correspondiente para el año 1997, En el caso del aluminio, el descenso fue aún mayor, siendo la cifra del año 2011 sólo el 52,31% de la producción correspondiente al año 1997. Banco Central de Venezuela, Información Estadística, Indice de producción física para algunas actividades económicas.
[http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp]
[29]. Al anunciar la decisión de intervenir la dirección de PDVSA encargada de la distribución de combustible, el presidente Nicolás Maduro afirmó que: “Hay indicios muy serios de la vinculación de grupos mafiosos con algunas instancias de empresas del Estado, los vamos a perseguir y los vamos a castigar con el doble de la severidad con que se castiga normalmente”, Presidente Maduro ordena intervenir dirección de Pdvsa encargada de distribución de combustible@, Aporrea, 11 de septiembre 2014, [http://www.aporrea.org/contraloria/n257519.html]
[30]. Colectivo de autoras y autores de Cecosesola, AVenezuela: La red cooperativa Cecosesola Una experiencia de transformación cultural@, )Cómo transformar? Instituciones y cambio social en América Latina y Europa, Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, Fundación Rosa Luxemburg, Quito, 2015.
[31]. Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Todo el Poder para los CLAP. Edición 1, Caracas, 6 de octubre 2016.
[http://www.minmujer.gob.ve/?q=descargas/publicaciones/todo-el-poder-para…
[32]. La corrupción a gran escala ha sido uno de los problemas más graves del proceso bolivariano. Ha habido una severa falta de transparencia en los gastos del gobierno. Los procedimientos previos de rendición de cuentas pública han sido por lo menos parcialmente desmantelados, o han sido utilizados casi exclusivamente para castigar a la oposición. La principal fuente de corrupción se ha asociado con la creación de departamentos para el control del intercambio de moneda extranjera con el fin de limitar la fuga de capitales del país. Dado que la demanda siempre ha sido mucho mayor que la oferta proporcionada por el gobierno, han surgido mercados de cambio paralelos (ilegales) especulativos. Esto ha producido una extraordinaria variedad de paridades del bolívar en relación al dólar estadounidense. En agosto de 2017, mientras que el tipo de cambio oficial fijo para importaciones de alimentos básicos y medicinas era de diez bolívares por dólar estadounidense, el tipo de cambio paralelo fluctuaba entre diez mil y dieciocho mil bolívares por dólar. Las oficinas responsables de decidir qué solicitudes de moneda extranjera subsidiada serían satisfechas han tenido tiene un tremendo poder discrecional. Como resultado se crearon nuevos millonarios. Según la ex-presidente del Banco Central de Venezuela, Aimeé Betancourt, sólo en el año 2013 unos 20 mil millones de dólares subsidiados fueron suministrados por el gobierno a las llamadas empresas de maletín@ para las importaciones que nunca ocurrieron, una demanda artificial no relacionadas con actividades productivas. [Presidenta del BCV: Parte de los $ 59.000 millones entregados en 2012 fue una ’empresas de maletín’ “, Aporrea / AVN ‑ www.aporrea.org, Caracas, 25 de mayo de 2013.] Esto representa enormes niveles de corrupción pública/privada que, de acuerdo con algunas estimaciones, asciende a 300.000 millones de dólares en los últimos diez años.
[33].Control ciudadano, Participación militar en el gabinete ministerial@. Caracas 2017, [http://www.controlciudadano.org/infografías]
[34]. “El negocio de los militares: Se elimina el control sobre las empresas de las Fuerzas
Armadas”, La Izquierda Diario – Aporrea, Caracas 1 de febrero 2017 [www.aporrea.org/civico-militar/n303582.html]
[35]. “FANB monta emporio industrial con 17 empresas propias y mixtas”, El Nacional, Caracas, 9 de diciembre 2016.
[http://www.el-nacional.com/noticias/politica/fanb-monta-emporio-industri…
[36]. Nélida Archenti y María Inés Tula, A) Las mujeres al poder? Cuotas y paridad de género en América Latina@, Universidad de Salamanca, 22 de febrero de 2013.
[http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/tula_PAPERseminario9… y Evangelina García Prince, La participación política de las mujeres en Venezuela: Situación actual y estrategias para su ampliación@, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS, Caracas, 2012.
[37]. Carmen Teresa García y Magdalena Valdivieso, Las mujeres venezolanas y el proceso bolivariano. Avances y contradicciones@, Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales,_vol.15_no.1,_Caracas, _abril_2009.
[38]. Idem.
[39]. Jhannett M. Madriz Sotillo, Visibilización de la mujer en la República Bolivariana de Venezuela@. Revista Derecho Electoral, n°13, Tribunal Supremo de Elecciones, República de Costa Rica, enero-junio, 2012.
[40]. Instituto Nacional de Estadísticas, Indicadores globales de la fuerza de trabajo, según sexo, 1er semestre 1999-1er semestre 2015″, Caracas 2016.
[41]. Anaís López, “Movimiento de Mujeres, Estado, Política y Poder: Lecturas Feministas de la Política Pública de Género en la Venezuela Bolivariana”, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Buenos Aires, 2015.
[http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20150730112502/INFORMEFINAL…
[42]. Carmen Teresa García y Magdalena Valdivieso, op.cit.
[43]. United Nations Population Fund, Draft Country programme document for the Bolivarian Republic of Venezuela, Geneva, 2014.
[44]. Más que unos derechos conquistados mediante la capacidad de movilización y lucha de los pueblos indígenas venezolanos en el momento del debate constituyente, la amplia gama de derechos contemplados en la Constitución incorporan buena parte de la agenda de lucha que venían articulando las organizaciones indígenas en todo el continente. Es esto parte de la explicación de por qué ha sido tan limitada la capacidad del mundo indígena en estos años para hacer realidad el cumplimiento de estos derechos.
[45]. Hugo Chávez Frías, Discursos y Alocuciones. Gimnasio Gigantinho, Porto Alegre, 30 de enero 2005.
[http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/3661-v-foro-social-mundial-el-su…
[46]. Edgardo Lander, El proceso político en Venezuela entra en una encrucijada crítica”, Aporrea, Caracas, 22 de diciembre 2007. [www.aporrea.org/actualidad/a47861.html]
[47]. Entre las múltiples contribuciones a este debate destacan los textos de Teodoro Petkoff (Checoeslovaquia: el socialismo como problema, Monte Avila Editores, Caracas, 1990); los textos de Alfredo Maneiro (Escritos de filosofía y política, Colección Doxa y Episteme, N° 1, Los Teques 1997) e Ideas Políticas para el Debate Actual, Selección realizada por Marta Harnecker, Editorial El Perro y la Rana Caracas, 2007); y los trabajos del Congreso Cultural de Cabimas en 1970, que reunió a políticos, activistas, artistas, intelectuales en una reflexión crítica sobre al país.
[48]. Hugo Chávez Frías, ALineamientos para la construcción del Socialismo del Siglo XXI@. Acto de reconocimiento al Comando Miranda. Teatro Teresa Carreño, Caracas, 15 de diciembre de 2006.
[49]. “Edgardo Lander – www.aporre . “Creación del partido único, )aborto del debate sobre el Socialismo del Siglo XXI a.org, Caracas 25 de diciembre 2006.
[www.aporrea.org/ideologia/a28743.html]
[50]. Edgardo Lander, El Tribunal Disciplinario del PSUV y la construcción de la democracia@, Aporrea, Caracas, 11 de noviembre 2007. [ww.aporrea.org/ideologia/a41010.html]
[51]. Sara Carolina Díaz y María Daniela Espinoza Ameliach fuera de Presidencia de la Comisión de Defensa de la AN. El legislador presentó descargos ante el tribunal disciplinario del PSUV@, El Universal, Caracas, 30 de agosto, 2007.
[52]. APSUV no será marxista-leninista porque >es una tesis dogmática no acorde con la realidad de hoy=, afirma Chávez@, Agencia Bolivariana de Noticias (ABN)-Aporrea, Caracas, 22 de julio 2007. [www.aporrea.org/ideologia/n98401.html]
[53]. Estatutos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Caracas, Caracas, 2009.
[http://www.psuv.org.ve/psuv/estatutos/]
[54]. En términos rigurosos, estos gobiernos son propiamente progresistas, pero en un sentido diferente al uso que se le da usualmente a esta categoría. Son progresistas en el sentido de que no han abandonado una dogmática fe ciega en el crecimiento económico sin límite, en el desarrollo y en el progreso.
[55]. Santiago Alba Rico, Alepo, la tumba de la izquierda@, Aporrea, Caracas, 23 de diciembre 2016. [www.aporrea.org/ddhh/a238979.html]