Escasez y desabastecimiento de alimentos y medicamentos en la Venezuela del 2016
Heiber Barreto Sánchez|
A continuación presentamos completo un trabajo que desmenuza y a su vez sintetiza una investigación desarrollada durante tres meses por el equipo de investigación de Visor 360 sobre las causas reales, en el marco de la Economía Política, de la escasez y desabastecimiento que padece todo el pueblo venezolano, con datos inéditos cuantitativos y cualitativos de los elementos estructural que originaron tal hecho y se reflejaron en el 2016, situación que aún continua.
Ajuste económico, fuga de capitales y deuda externa
La fuga de capitales, el desfalco a la nación y el pago de la deuda externa, constituyen la causa del ajuste económico adelantado por el gobierno de Nicolás Maduro entre 2014 y 2016. La reducción de las importaciones de alimentos, medicamentos e insumos médicos, y el desmontaje progresivo de programas sociales que disminuyeron su alcance a los más pobres, generó una creciente crisis social agudizada por la caída del precio del petróleo y los ingresos de la nación.
En la primera sección abordamos el ciclo del capitalismo rentístico iniciado en 2003 con el auge petrolero, el aumento de la deuda externa y la fuga de capitales. Luego describimos las medidas de ajuste económico instrumentadas entre 2014 y 2016 por el gobierno nacional, en desmedro del derecho a la alimentación y a la salud. En la tercera y cuarta sección caracterizamos el clima psicosocial de familias de estratos medios y bajos, que padecen la escasez y desabastecimiento de alimentos, medicamentos e insumos médicos. La última sección condensa algunas de las reflexiones a las que intentamos invitar a lo largo de este trabajo.
El capitalismo rentístico: auge petrolero, endeudamiento externo y fuga de capitales
Entre 2005 y 2013 Venezuela recibió ingentes ingresos por el incremento del precio del petróleo de US$8 en 1998 a US$85 en 2007, hasta US$ 106,7 en 2011, gracias al fortalecimiento de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep). El aumento de esta renta reavivó un nuevo ciclo de expansión del capitalismo rentístico, delendeudamiento externo y la fuga de capitales; siempre recurrente en Venezuela cada vez que se elevó la cotización del crudo a partir de 1950.
En el lapso 1950-1999 se fugaron del país más de US$ 70 mil MM, aunque al final de este periodo los venezolanos poseían en el exterior más de US$ 150 mil millones”. Subestimadas o no estas cifras, lo relevante es que la salida de capitales fue mayor en años de auge petrolero (1974-1981) y que a pesar de la caída de la renta a partir de 1981 la fuga no mermó, incluso aumentó al ritmo que creció el endeudamiento externo hasta 1983, cuando se inició la “crisis de la deuda”.
En 1983 un “Viernes Negro” de febrero se devaluó el bolívar y días después se implementó un sistema de control de cambio que se hizo más “estricto” a partir de 1986. Esta regulación para la adquisición de divisas logró disminuir la fuga de capitales, más aún por la “ausencia de un nuevo refinanciamiento de la deuda” y la suspensión de empréstitos de la “banca privada internacional”. Esto reveló la existencia de “una relación profunda entre la deuda externa y la salida de capitales”, lo que “implica que más a menudo de lo que se presume los nuevos préstamos huyeron hacia el exterior nuevamente, sin embargo, esta vez con un nuevo atuendo, a saber, en la forma de fuga de capitales”.
En 1989 este control cambiario se flexibilizó, estimulando en 1990 una de las estampidas de capitales (US$ 7.785 mil MM) más altas desde 1950, cercana a la de 1979 (8.023 US$ mil MM) y muy por encima de 1982 (US$ 6.641 mil MM). Entre 1991 y 1998 la huida de riquezas fue similar a 1977, 1978 y 1982, siendo las de 1997 y 1998 las más elevadas con US$ 5.514 mil MM y US$ 5.045 mil MM, respectivamente.
El mercado de divisas se liberó finalmente en 1998, luego de once años de regulación, lo que provocó de nuevo un éxodo de riquezas. Esto obligó al gobierno nacional a instaurar otra vez el control cambiario en 2003, pues durante en el lapso 1999-2003 la salida de capitales alcanzó los US$ 34,2 mil MM.
Este regreso a la regulación cambiaria no impidió que entre 2003 y 2016 se fugaran alrededor de US$ 500 mil MM, lo que equivale a 10 años de importaciones del país o a 36 mundiales de futbol como el de Brasil 2014. En el lapso 2003-2007 migraron cada año un promedio US$ 26.146 mil MM. En 2008 alcanzó su nivel más alto con US$ 53 mil MM; en 2009 fue de US$ 20.183 mil MM; en 2010 se ubicó en US$ 30.536 mil MM. El año 2011 ocupa el segundo de mayor fuga de capitales con US$ 48.548 mil MM; 2012 con UIS$ 22.543 mil MM, y en 2013 se contabilizaron US$ 14.360 mil MM. En el año 2008 esta trasferencia de riquezas al exterior representó el 46,7% de los ingresos petroleros brutos y en 2011 más del 35%.
La fuga de capitales ocurrida a partir de 2003 se produjo, en su mayor proporción, por la actuación de sectores empresariales junto a funcionarios de la alta burocracia gubernamental, que se asociaron para la captación y utilización fraudulenta de divisas para importaciones, otorgadas a través de los sistemas de control cambiario.
En 2012 se destinaron US$ 59.000 MM para importaciones y un 37% (US$ 20.000 MM) fue otorgado a demandantes “artificiales” de divisas de las llamadas “empresas de maletín”. Este desfalco a la nación que prosiguió durante el actual gobierno, se conjugó, por un lado, con la caída del precio del petróleo a partir de inicios de 2015 (US$ 40,3), ocasionando el descenso de los ingresos del país a un tercio de lo percibido en 2014; y por otro, con la pesada carga del pago del servicio de la deuda externa que en 2012 representó el 12% de la renta petrolera; en 2013 y 2014 cerca de un 19%; y en 2015 un 40%, hasta remontarse a 57% en 2016 (US$ 13.999 MM); similar proporción se estima para 2017. El resultado fue el desplome de las reservas internacionales que pasaron de US$ 26.000 MM en abril de 2013 a menos de US$ 11.000 MM en enero de 2017.
En diciembre de 2016 el Presidente informó que la nación había “pasado de pagar US$3.500 millones (en 2014) a US$100 millones mensuales en importaciones. Casi un período especial”. Entre 2015 y 2016 se canceló en 20 meses unos US$ 60.000 MM en su deuda externa consolidada, que alcanzaba a más de US$160 mil MM. El pago de esos “compromisos ocupó una buena parte de los ingresos externos por petróleo, lo que desvió divisas que se usaban para las importaciones de bienes de consumo e insumos para la agroindustria”.
Este oneroso pago del servicio de la deuda externa, junto a la fuga de capitales y el desfalco perpetrado a la nación, provocó una crisis que se agudizó luego de 2013 con un creciente costo social. Ese año el gobierno nacional inició la instrumentación de medidas de ajuste económico que se tradujeron en una disminución abrupta de la importación de alimentos, medicamentos e insumos médicos entre 2014 y 2016. Esto generó un extendido desabastecimiento y escasez que viene sometiendo a la población al agobio y las penurias que actualmente atraviesa para paliar la precarización de su calidad de vida.
Alimentos, medicamentos e insumos médicos: el costo de un ajuste económico
En 2016 la importación de alimentos fue inferior que 10 años antes. El valor per cápita cayó en 2016 un 51% (US$ 93) respecto a 2015 (US$ 189), y en 75% en comparación con 2014 (US$ 371). En 2015 se importó 49% menos alimentos por habitante y en 2016 apenas el 25% de 2014. Situación agravada por la exigua producción nacional con un Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) en decrecimiento sobre todo en 2014 y 2015, cuando se ubicó en -4,6% y -14%2. En 2013 se importó más del 50% de la carne y leche consumida en el país, en 2015 más del 65% del maíz blanco y amarillo; y en 2016 más del 70% del café.
La importación de medicamentos e insumos médicos también registró un vertiginoso descenso en 2015, cuando se ubicó en US$ 1.993 MM, reduciéndose respecto a 2014, 2013 y 2012 en un 21% (US$ 2.530 MM), 38% (US$ 3.207 MM), y 42% (US$ 3.411 MM) respectivamente. En 2015 el valor per cápita de estas importaciones fue de US$ 65, una disminución de más de 22% respecto a 2014 (US$ 83,78); y de 40% y 50% en comparación con 2013 (US$ 107,67) y 2012 (US$ 116,5).
Entre 2013 y 2015 se recortó la inversión en importantes programas sociales de salud y alimentación. El Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar) aminoró en 2015 su producción de medicamentos a 714.740 unidades, equivalente a sólo el 9% del año 2014 (8.035.701 unidades); al 7% del año 2013 (10.211.616 unidades); y al 1% del año 2012 (813.826.803 unidades). Igual ocurrió con la Misión Mercal que en 2015 benefició apenas un 56% de la población atendida en 2014; Pdval a 72% y Abastos Bicentenario a un 15%. El total de beneficiarios de estas redes fue en 2015 un 64% menos que en 2014.
Las Casas de Alimentación, uno de los más exitosos programas sociales de los gobiernos del presidente Hugo Chávez, fue también objeto de una sorprendente reducción a partir de 2014, a pesar de su significativa importancia en la disminución del hambre y la subnutrición en “menos del 5% dos años antes de la meta del milenio establecida para 2015”, ganándose el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El desmontaje de las Casas de Alimentación fue dado a conocer por el gobierno nacional un año después, en noviembre de 2015, cuando anunció que la meta para 2019 era lograr una “reducción significativa”.
Esto debido, según la vicepresidenta para el Desarrollo Social, Gladys Requena, a que “gracias” a esta política social “se ha superado la situación de pobreza”, y que esta reducción en los últimos años “dan cuenta de que a menos Casas hay menos demanda en el sentido de atender las necesidades de nuestro pueblo más pobre (…) ha habido mayor acceso, se ha universalizado más la alimentación en nuestro país”. Según el método de Línea de Pobreza por Ingreso en 2013 este programa social sólo atendió a un 15% de la población en extrema pobreza; en 2014 a un 16,5% y en 2015 a 9%.
Estas medidas de ajuste económico de carácter regresivo, rápidamente lanzaron nuevamente a la exclusión social a gran cantidad de familias de los estratos socioeconómicos más vulnerables, a las que se había garantizado, hasta entonces, el pleno disfrute de sus derechos fundamentales.
En 2016 la tasa de inflación nacional se elevó a 720%, alcanzando 1080% en los rubros alimenticios. Esto agudizó aún más las críticas condiciones de sobrevivencia de la población que además enfrentó una escasez y desabastecimiento de alimentos y medicamentos que rondó el 80%; incluidos los medicamentos de alto costo suministrados por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para el tratamiento de enfermedades como el cáncer.
El impacto de esta crisis empezó a reflejarse en las estadísticas oficiales de 2015, mostrando una reducción en la cantidad de comidas realizadas diariamente por la población. Las personas que consumían tres o más comidas al día disminuyeron en casi 2% respecto a 2013, pues éstas pasaron a ingerir sólo dos comidas en 2015, totalizando así un 5,7% de la población.
No obstante, el consumo de alimentos en Venezuela medido en kilocalorías (Kcal) se mantuvo estable los últimos seis años, con leves variaciones de 2009 a 2015. Ese año cada habitante consumía al día 3.092 Kcal, muy por encima de las 2.720 Kcal establecidas como nivel de seguridad alimentaria por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
En 2015 la atención en salud comenzó a evidenciar deficiencias, por la inexistencia o fallas severas de insumos médicos y material quirúrgico que alcanzó a 61% y 65%, superando entre 4 y 10 puntos porcentuales la de medicamentos. En 2016 esta falla en hospitales públicos se ubicó en 81% y 87%.
En 2012 las denuncias en centros hospitalarios por la falta de medicamentos e insumos médicos ocuparon el primer lugar con 12% del total. En 2013 éstas se incrementaron a 17%, en 2014 a 18% y en 2015 al 21% de todas las denuncias, sobrepasando más de tres veces la “Falta de personal médico” que llegó a 6%. En 2015 se redujo en 16% el promedio diario de camas ocupadas y el porcentaje de ocupación fue de 40%, menos de la mitad del año anterior (90%). Los pacientes diariamente atendidos en consulta externa decrecieron un 57% y en emergencia 58%; las intervenciones quirúrgicas en 18% y la atención de partos un 57%.
La escasez de insumos médicos se extendió a los centros de salud del sector privado. En 2015 la Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos, Odontológicos, de Laboratorios y Afines (Avedem), reportó que, en diciembre de 2015, “64% de sus 128 productos estaban agotados y el resto por debajo de 30%”. Igualmente informó que “45% de los equipos en centros de salud se habían paralizado por falta de repuestos”. Por su parte la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (AVCH) aseveró que “75 de sus 274 clínicas habían suspendido cirugías electivas por falta de insumos” y la Cámara de Clínicas del Centro (Cacentro) “que solo contaba con 40% de los 450 insumos requeridos”.
En 2015 la trasferencia de recursos a centros de salud descentralizados se redujo en casi 13% respecto a 2014. Los estados afectados por esta restricción fueron Yaracuy (-40,76%), Falcón (-32%), Zulia (-33,15%), Sucre (-28%), Aragua (-25,15%), Trujillo (-24,31%), Carabobo (-16,10%), Mérida (-12,36%) y Lara (-2,65%). Este recorte del presupuesto para gastos de salud, se expresó en los diversos obstáculos y dificultades que enfrentaron las instituciones de salud en estas entidades federales.
Ese mismo año la malaria adquirió la categoría de epidemia en la mayoría de los estados. Reportaron un aumento de casos Monagas con un 3426% respecto al 2014; Sucre un 261%, Zulia con 223,8%, Amazonas cerca de 100%, Delta Amacuro más de 100%, Apure 79,48%; y el estado Bolívar un 45%, de donde proceden más del 80% de los casos, concentrándose en el municipio Sifontes 78% de los afectados en 2015.
Al finalizar 2015 se “habían agotado totalmente” los “medicamentos antimaláricos”, según la Sociedad para el Control de las Enfermedades Endémicas y Asistencia Sanitaria a los indígenas del Estado Bolívar (Cenasai), adscrita al MPPP Salud. Ésta informó que no contaba “con suficientes insecticidas ni transporte terrestre y aéreo para acceder a las zonas”. Los “Informes Mundiales sobre el Paludismo 2014 y 2015”, ubicaron a Venezuela como el país de América Latina y el Caribe con mayor número de casos de malaria por 100 mil habitantes y el único que no avanzó en su reducción.
Miedo, discriminación y exclusión social
En febrero de 2017, la mayoría de la población venezolana (83,3%) evaluaba negativamente la situación del país. Esta opinión la compartían 54% de las personas identificadas como chavistas y 97,4% como de oposición; y un 82% de los estratos más pobres (C y D) tenían la misma percepción. Un 88,7% prefería el abastecimiento de los supermercados y abastos donde pudiera comprar libremente los productos requeridos, frente a sólo un 10,4% que optaba por los CLAP como mecanismo de distribución de alimentos.
Estas valoraciones de la población se expresan en los testimonios de personas pertenecientes a diversos estratos sociales, edades, sexo y ocupación. Algunas describen la agudización de su crítica situación como un tránsito “de la escasez al hambre”, por la dificultad que antes representaba la consecución de los alimentos y que luego se convirtió en la imposibilidad de sufragar sus precios, lo que ha obligado a muchos padres a realizar una o ninguna comida al día para cederla a sus hijos.
Sin embargo, cada vez son más los niños y adolescentes que no sólo comen una vez al día, sino que incluso han pasado uno, dos y hasta tres días sin ingerir alimentos, como atestiguan docentes de instituciones de educación públicas a las que asisten estudiantes que se duermen en clases por la debilidad que padecen. En algunas escuelas esto se agrava entre los niños de menos edad que cursan la etapa primaria, en los que aumenta la cantidad de alumnos en esas condiciones.
En otros casos encontramos familias con ingresos estables y empleos formales, que están contrayendo deudas hasta el límite máximo de tarjetas de crédito para adquirir alimentos, en los que también han invertido los aguinaldos, el adelanto de prestaciones sociales o préstamos en cajas de ahorro. El auxilio que consiguen en estas nuevas modalidades para adquirir los alimentos, se ve disminuido por la dolarización de los precios que desde octubre de 2016 el gobierno consintió a través del Plan de Abastecimiento Complementario (PAC), con el fin de incentivar a los comerciantes a importar productos con divisas propias, adquiridas en el mercado paralelo a elevadas cotizaciones.
En sectores más pobres sus habitantes recienten, cada vez más, el desmantelamiento de Misiones de alimentación como Mercal, cuyos establecimientos están desabastecidos. El gobierno al mismo tiempo es permisivo con la expansión del comercio especulativo de los llamados “bachaqueros”, que expenden alimentos en las afueras de mercados municipales o se establecen en espacios urbanos donde conviven con funcionarios de cuerpos de seguridad encargados de sancionarlos.
El fracaso del racionamiento de las compras de alimentos básicos y productos de limpieza doméstica e higiene personal, a través de los últimos números de la cédula de identidad, ha generado desconfianza en las políticas del gobierno, más aún por el limitado alcance de los CLAP. Éstos han provocado, además, la fragmentación del entramado organizativo de los sectores populares, dividiendo o incluso desplazando a los consejos comunales, produciendo enfrentamientos y “odios a muerte” entre sus habitantes quienes compiten férreamente por el acceso al reducido suministro de alimentos.
La discriminación aumenta continuamente en barriadas populares y zonas de estratos sociales de mejores ingresos, debido a la exclusión social a la que están sometidos sus habitantes en la distribución de los alimentos a través de los CLAP, por no formar parte de éstos o no contar con vínculos entre miembros de las Unidades de Batalla UBCH, los que en muchos casos ya constituyen toda una “burocracia popular”. Esta exclusión se combina con el miedo que experimentan aquellas personas estigmatizadas como opositores, otras que son o temen ser execradas por emitir opiniones críticas sobre el gobierno y que incluso sienten amenazado su empleo.
La escasez y desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos acrecienta los síntomas de esta subjetividad maltratada, herida y muy sensible. En peligro de vida se encuentran los sectores más vulnerables socioeconómicamente, que transitan por el viacrucis de conseguir los medicamentos o la atención hospitalaria requerida, sobre todo para la población de niños y adultos mayores. Son frecuentes las expresiones de frustración, depresión o tristeza por la impotencia que sufren muchas familias ante el agravamiento de una enfermedad que, por falta de medicamentos o atención hospitalaria, termina en muchos casos con la muerte. La esperanza es la respuesta ante la constante incertidumbre y el riesgo de vida que intentan sortear con la fe puesta en tratamientos caseros para paliar cualquier enfermedad.
Un desabastecimiento hasta de moral
Una conciencia como sujeto de derecho y no de necesidad emerge frente a la dependencia y el control social que se instaura a través del sentimiento de conmiseración y no de justicia, que el gobierno transmite constantemente a la población por los “favores concedidos”. La población ha comenzado entonces a juzgar a la sociedad y al gobierno por padecer “un desabastecimiento hasta de moral”.
Este juicio es el que manifestaba más de un 19% de la población en enero de 2017, cuando consideraba a “la corrupción y la impunidad” como uno de los seis principales problemas del país, mientras que para más del 50% eran “las largas y muchas colas para comprar; inseguridad personal y delincuencia”. En esa medición de opinión, “la honestidad, sinceridad y apego a la verdad” fueron valores y cualidades que un 16,3% de los venezolanos demandaban de sus representantes y servidores públicos; “probidad y eficiencia administrativa y gerencial” un 30,8%, “confiable y que inspire confianza” un 25,8%. Apenas un 11,9% consideró que el presidente Nicolás Maduro era honesto, mientras que 41,5% opinó que “No es honesto”; un 43% que “No es confiable”. La mayoría (63%) lo tildó de “corrupto” y un 50% de “Falso”.
La probidad de los gobernantes y líderes políticos es abiertamente cuestionada porque “ellos están más gordos” y “no hay equilibrio”. La atribución de responsabilidades por la crisis del país, marca la diferencia valorativa de muchos venezolanos respecto a los últimos gobiernos y sus gobernantes. Por eso “Chávez era mejor que Maduro”, incluso era mejor el periodo de la llamada IV República, cuando “los productos estaban en los anaqueles, pero la gente no podía comprarlos. Hoy no están en los anaqueles y tampoco puede comprarlos”. Es que con Chávez “teníamos la convicción y la confianza de que el país estaba marchando bien”.
La deuda de un ajuste y la fuga de una deuda
El gobierno nacional optó por un ajuste económico en vez de ajustar la deuda externa. Su fiel cumplimiento con los acreedores internacionales, cancelando puntualmente el servicio anual de la deuda, consumió más de la mitad de los ingresos de la nación en 2016 y posiblemente sea similar en 2017. La renegociación del pago de este endeudamiento externo por el desplome de la renta petrolera, constituye una alternativa financiera admisible que se prefirió evadir.
La deuda externa contraída por Venezuela en épocas anteriores nos muestra que estas transferencias de recursos recibidas por la nación, así como las provenientes de la renta petrolera, regresaron al exterior a través de la fuga de capitales que fueron capturados muchas veces de manera fraudulenta o aventajada. Socavadas así las reservas internacionales en momentos en que declinaron los ingresos petroleros, se justificaba siempre la contratación de un nuevo endeudamiento.
El actual desenlace del reciente ciclo del capitalismo rentístico en Venezuela tiene, como antes ocurrió, un elevado costo que prefirió cargarse a una población que paga con el sacrificio de padecer el desabastecimiento y la escasez de alimentos y medicamentos, debido al recorte de divisas para su importación en aras de obtener un remanente de recursos para el pago de la deuda.
El desmontaje de importantes políticas de salud y programas sociales de alimentación igual sirvió al gobierno para financiar su lealtad con los acreedores, mayor a la justicia social que al pueblo adeuda. Los antes incluidos ahora como excluidos están de vuelta. El temor a la discriminación política que subordina la inclusión social de operativos esporádicos para la distribución de alimentos en los sectores más desfavorecidos, se impone y propaga con la conformación de una “burocracia popular”, que reclama el agradecimiento a un gobierno que cambió la justicia por compasión.
Esta perversión de los arreglos sociales tiene su correlato en la lógica política de un ajuste económico que se sustenta en un patrón regresivo en la distribución de justicia social, que pretende imponer el gobierno a pesar de la extendida resistencia que enfrenta en la población. La redefinición que aspira del régimen político a través de una Asamblea Nacional Constituyente, podría ser un intento de purgar las amenazas a su legitimidad para avanzar con el desmontaje de las conquistas sociales, políticas y económicas alcanzadas durante los gobiernos de Hugo Chávez y con la Constitución de 1999.
*MSc. en Ciencias Políticas y politólogo e investigador, director de la Consultora y Coordinador de los procesos de investigación de Visor 360 Consultores