“Es muy evidente que hay una orientación de no matar”

Douglas Bolívar | 

Antonio González Plessmann es un activista en defensa de los derechos humanos e integrante del colectivo Surgentes. Recurrimos a él para conocer los componentes esenciales de las guarimbas antichavistas y las respuestas que a ellas ha ofrecido el Gobierno nacional.

-¿Qué definición hace de las llamadas guarimbas?-, iniciamos la consulta a González Plessmann, quien es sociólogo de la UCV con maestría en “Derechos humanos y políticas públicas” por la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito).

-Son modalidades confrontacionales de manifestación que implican el cierre de vías públicas, con o sin enfrentamiento con los cuerpos de seguridad.

¿Las considera un método legítimo de lucha o son actos terroristas?

-Sobre la primera parte de la pregunta hay que decir que se trata de un método que no es ni legal ni legítimo. Me explico:

-La manifestación pacífica es un derecho humano. El artículo 68 de la Constitución señala que todas las personas tienen derecho a manifestar “pacíficamente y sin armas”, cumpliendo los requisitos señalados por la ley. Entre estos requisitos se encuentra la notificación previa a las autoridades municipales.

-Si los manifestantes asumen prácticas violentas o exhiben armas de fuego no están ejerciendo el derecho a la manifestación, sino incurriendo en distintos tipos de faltas y delitos. Lo mismo ocurre cuando la manifestación no cuenta con la notificación a las autoridades municipales o cuando, habiéndola notificado, las autoridades justifican la imposibilidad de la manifestación, porque hay otra manifestación en el mismo lugar solicitada previamente o por la imposibilidad de garantizar la seguridad de los propios manifestantes.

-Las guarimbas (tanto en sus expresiones violentas de confrontación a los cuerpos de seguridad, como en sus expresiones no autorizadas de cierre de vías) son prácticas de manifestación contrarias a la ley y, por tanto, no están protegidas por las garantías del derecho a la manifestación pacífica.

-Ahora bien, la legitimidad está más allá de la legalidad. Tiene que ver, en parte, con el logro de acuerdos y respaldos de mayorías sociales. Una acción ilegal, como una insurrección, puede llegar a convertirse en legítima. Pero, tal como señalan todas las encuestas, las guarimbas son rechazadas, tanto por la población que respalda el proyecto bolivariano, como por la mayoría de la población de oposición. En particular, ésta última, en los sectores de clase media las aplauden los primeros días pero terminan hastiados, convirtiéndose en víctimas de sus propios vecinos manifestantes. Entonces, podemos decir que las guarimbas, además de ser ilegales, son ilegítimas.

-Sobre si las guarimbas encuadran o no dentro de la definición de terrorismo hay que hacer precisiones y particularizar. No es lo mismo una guarimba de doñitas quemando basura frente a su casa que un grupo armado quemando una institución pública con gente adentro como parte de una estrategia golpista. En el primer caso hay faltas y posibles delitos, pero no terrorismo. El segundo podría encuadrar en la definición que la Ley Contra la Delincuencia Organizada da de terrorismo. Sin embargo, no soy partidario del abuso del término terrorismo en el discurso político, ni de su uso preferencial por el aparato penal. Los militantes de izquierda, en todo el mundo, hemos sido víctimas de la estigmatización de nuestras luchas y de la persecución penal bajo el discurso antiterrorista. Este discurso suele generalizar, construir como demonios a los adversarios políticos y asociarse a múltiples violaciones a los derechos humanos: maltratos antes y después de la detención y violaciones a las garantías procesales. Por ello prefiero que los actos ilegales e ilegítimos que constituyen las guarimbas sean enfrentados desde el Estado cuidando los extremos de la protección a los derechos humanos, en el marco de los mecanismos políticos y penales que posibilita nuestra democracia. La consistencia es un valor a preservar. Venimos de las luchas de calle de los años 80 y 90, muchas de ellas de carácter insurreccional y, en caso de perder el Gobierno, volveremos a esas luchas. No podemos justificar hoy lo que nos victimizó en el pasado y muy probablemente nos victimizará en el futuro.

El Gobierno nacional afirma que las guarimbas han pasado al nivel de lucha armada. ¿Concuerda?

En el marco de las guarimbas, según muestran fotos y videos públicos, ha habido uso de armas de fuego por parte de manifestantes. También es muy evidente que hay niveles importantes de organización para su preparación y ejecución. No obstante, por las mismas razones que señalé antes, no creo que se deba generalizar. Corresponde al Estado establecer mecanismos diferenciados para enfrentarlas. En Venezuela, con la reforma policial iniciada en 2006, se establecieron legalmente unos estándares para el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. El Estado tiene el deber de controlar la violencia, pero de manera proporcional a la violencia que recibe y también de manera particularizada sobre quien la está ejerciendo, intentando siempre minimizar el daño sobre las personas y proteger la vida. El discurso generalizador que convierte en guerrillero a cada guarimbero, no solo no es útil para una contención policial asociada a estos estándares creados en revolución, sino que resulta ineficaz para nuestra necesaria problematización política. En la primera línea de las guarimbas muchas veces hay chamos del barrio y de clases medias populares que sirven de carne de cañón de los operadores políticos. Debemos interpelarnos, respondernos por qué están ahí, más que criminalizarlos en bloque.

¿Las guarimbas son expresiones autónomas o vanguardia de calle de la oposición?

-La oposición ha manejado, a veces de manera alternativa y otras de manera combinada, distintas formas de lucha: la pacífica, con manifestaciones legales, estrategias electorales e institucionales; la insurreccional, con guarimbas y actos de sabotaje, como el petrolero (2002-2003); y la golpista. En este momento están combinando un discurso pacífico de algunos de sus dirigentes con acciones violentas, evidentemente organizadas por una parte del liderazgo opositor, aunque pueda haber uno que otro espontáneo que no tiene idea de estar formando parte de una estrategia. Tienen un sentido muy claro: provocar la reacción violenta de los cuerpos de seguridad para generar indignación y removilización en la población opositora y sostener el discurso de la existencia de un Estado represivo, que solo se sostiene por la fuerza que ejerce contra un sector pacífico de la sociedad. Por eso, buena parte de este conflicto se resuelve con la capacidad de contener la violencia de los manifestantes, con un mínimo uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.

¿Cuáles son las secuelas principales de las guarimbas para la sociedad?

-La principal consecuencia es la pérdida de vidas humanas, el dolor que ocasiona en sus familias y el daño sociopolítico que generan. Cada muerte nos degrada como sociedad, más allá de la orientación política de víctimas o victimarios. Son un indicador de nuestra dificultad para procesar democráticamente nuestros conflictos sobre el proyecto de país. Cada muerte, además, es leída en el bando de la víctima como la prueba del carácter demoníaco del bando contrario. Y frente al mal absoluto se legitiman agresiones absolutas que son construidas como “acciones defensivas”. Esa lógica nos empuja a un enfrentamiento armado de dimensiones mayores, en el que, como suele ocurrir, perderían más los que menos tienen. Por eso Chávez siempre cuidó que el conflicto se mantuviera dentro de los canales institucionales. Sabía que, en caso de desbordarse, el proyecto de la democracia socialista y la inclusión y protagonismo de los sectores populares se vería postergado.

¿Qué valoración hace de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, tanto en las manifestaciones no autorizadas hacia el municipio Libertador, como las que derivan en guarimbas?

-En líneas generales es muy evidente que hay una orientación de no matar y de minimizar daños en los momentos en los que realizan acciones de contención. Aunque la reforma policial está prácticamente detenida en este momento, se nota algo de ella en el accionar de los cuerpos de seguridad. Han resistido provocaciones y agresiones directas y, en múltiples casos, han actuado consistentemente con los principios del uso diferenciado y proporcional de la fuerza. Pero también hay casos concretos de claras violaciones a los derechos humanos. Entre ellos, disparos de bombas lacrimógenas a personas que estaban atravesando el Guaire, malos tratos en momentos de detención y uso de objetos (cuáimaros) como municiones. Esto último es una práctica cuarta republicana que debe ser radicalmente condenada.

El Gobierno nacional afirma que los efectivos que actúan en manifestaciones y guarimbas lo hacen sin balas. ¿Cree usted en esa afirmación?

-Esa es la orientación del Ejecutivo y es acertada. Forma parte de nuestros avances normativos. Pero, en Venezuela y en cualquier parte del mundo, los cuerpos de seguridad tienden a autonomizarse. Así que no todos los funcionarios atienden a esa instrucción. En particular, el uso de cuáimaros ha sido denunciado abundantemente en esta última semana de conflictos.

¿La Fiscalía ha cumplido un rol adecuado durante este nuevo conflicto?

-En relación con los casos en los que los presuntos responsables son funcionarios de seguridad, la Fiscalía General de la República ha actuado con celeridad, al igual que en las guarimbas de 2014. Y eso es muy positivo, pues, a diferencia del manto de impunidad que existía en la Cuarta, hay un mensaje claro del Estado que condena los excesos del propio Estado. No obstante, la velocidad con la que han ocurrido los homicidios y lesiones en estas jornadas de protesta ha sido tal que no hay información suficiente para hacer un balance global de su actuación. Habría que pedirle mayor celeridad en las investigaciones y en su información al país sobre el estatus de los casos.

¿La posición de la Fiscal General contra la decisión del TSJ atiza a las guarimbas?

-La Fiscal expresó su posición y, de hecho, fue reconocida como válida por el alto Gobierno y el TSJ, dado que este último modificó las sentencias. Pero, claramente, por el modo en que fueron formuladas, con aplausos de sus funcionarios de alto nivel y con frases maximalistas, se convirtieron en un detonante para la removilización opositora. Hay que preguntarse, como lo hizo Luigino Bracci en uno de sus textos, si la Fiscal recurrió a esa vía luego de intentar, sin éxito, una conversa con los otros actores institucionales. Si es así, por qué ocurre esto. Cerrarse en lógicas sectarias es todo lo contrario a la unidad sobre la que insistió Chávez en su último discurso. Las diferencias y críticas a lo interno del chavismo, a lo interno del Gobierno y a lo interno del Estado, deben resolverse con espíritu de diálogo. Si en cada caso de crítica (interna o externa) se convierte al otro en un traidor, terminaremos espantando aliados, debilitando las fuerzas bolivarianas y haciéndole el trabajo a quienes pretenden la restauración del neoliberalismo y la desmovilización popular.

¿Qué opinión tiene de que algunos detenidos de las guarimbas sean presentados ante tribunales militares?

-Estoy absolutamente en contra de ello. Uno de los logros de nuestra Constitución fue, justamente, la prohibición expresa del juzgamiento de civiles por tribunales militares. Práctica común, por cierto, en la Cuarta República contra militantes de izquierda. Que nuestras prácticas se parezcan a las de quienes adversamos debe darnos asco, interpelarnos y generar cambios inmediatos. Intensificar una estrategia punitivista, contraria al espíritu y la norma de la Constitución, lejos de amedrentar y neutralizar a los sectores violentos de la oposición, deslegitima las prácticas propias.

¿Qué valoración tiene del desempeño de la Defensoría del Pueblo en el conflicto actual?

-Creo que ha actuado de manera correcta. Ha atendido a todos los sectores sociales y ha tenido especial cuidado con los casos políticos, como debe ser. Los ataques al defensor y a la fiscal están orientados a quebrar el Consejo Moral Republicano para facilitar cambios en los otros poderes.

¿Las denominadas ONG de derechos humanos han hecho un trabajo objetivo?

-Las más importantes ONG de DDHH vienen de ser coprotagonistas, en los 80 y 90, de las luchas contra el neoliberalismo, la represión y la confiscación de la soberanía popular por las élites de entonces. Lamentablemente, con excepciones notables, en la actualidad se han insertado en las distintas estrategias de la oposición, con lo que han echado por la borda el prestigio que algún día tuvieron.

¿Hay una crisis humanitaria en Venezuela?

-En Venezuela hay una grave crisis social, política y económica. Pero tenemos, a lo interno, posibilidades reales de atenderla y resolverla. Eso hace inadecuado el adjetivo “humanitaria” para describir nuestra crisis. Su uso por actores políticos y medios de oposición es parte de una táctica que apunta, en el corto plazo, a la deslegitimación de las instituciones y, en el largo plazo, a sembrar la idea de que el chavismo, como proyecto de país fracasó, dificultando con ello la posibilidad de su reconstrucción.